El monotributo es el hecho maldito de la clase trabajadora argentina. El mundo del trabajo se ve cada vez más habitado en proporción por los trabajadores autónomos que aportan al Estado de manera registrada por medio de este sistema, pero este crecimiento de la población monotributista no es acompañada por un crecimiento en materia de acceso a derechos para los trabajadores.
Una disposición del gobierno nacional determinó que los monotributistas ya no pueden elegir entre las distintas obras sociales sindicales a las que podían adherirse hasta fines del año pasado, para dirigir allí sus aportes y acceder a la correspondiente cobertura de salud, y estableció en cambio un nuevo registro de entidades habilitadas para tomar a esa categoría de trabajadores como afiliados. En Rosario sólo quedaron dos.
El decreto 955/24, publicado en el Boletín Oficial el 25 de octubre del año pasado bajo la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, dispuso la creación de un registro específico de prestadores que aceptan monotributistas, en el que pueden anotarse obras sociales y prepagas.
El gobierno nacional justificó la medida aduciendo que muchas obras sociales sindicales se negaban a dar de alta a los monotributistas a pesar de estar recibiendo sus aportes, lo cual daba lugar a que los trabajadores elevaran reclamos a la Superintendencia de Servicios de salud de la Nación, lo cual podría llegar a abrir las puertas a posibles acciones judiciales contra el Estado.
Por ese motivo, el decreto dispuso que las entidades “del Sistema Nacional del Seguro de Salud que acepten recibir, como parte integrante de su población beneficiaria, a los Pequeños Contribuyentes adheridos al mencionado régimen”, deben inscribirse en el nuevo registro “quedando facultadas para distinguir las categorías cuyo ingreso permitan”. Además, define que el acceso a las prestaciones de salud será escalonado en el tiempo.
En otras palabras, los monotributistas quedan limitados a elegir entre las pocas opciones que actualmente ofrece ese registro, que al cierre de esta edición eran 41 en todo el país: sólo dos de ellas en Rosario.
Elefantes sobre telas de araña
Los monotributistas actualmente tienen una situación “bien complicada, porque cuentan con muy pocas opciones para obtener cobertura de salud”, explicó a Suma Política la vicepresidenta del Instituto de Acceso a la Salud del Colegio de Abogados de Rosario, Julia Canet. Según la letrada, “las pocas obras sociales que se inscribieron en el registro carecen de estructura para brindar cobertura adecuada a sus afiliados. Máxime cuando hay monotributistas en todos los rincones del país y la mayoría de las inscriptas carecen de alcance nacional”.
De las 41 obras sociales y entidades registradas en el Registro Nacional, 20 están radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres en provincia de Buenos Aires, dos en Córdoba, dos en la ciudad de Rosario, una en Mendoza y otra en Santiago del Estero.
Las únicas dos entidades autorizadas para aceptar a monotributistas y trabajadores autónomos rosarinos para darles cobertura de salud son la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (Osvvra) y Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT).
Fuentes de una de las obras sociales damnificadas por la aplicación de este decreto apuntaron que “las prepagas no saben cómo cubrir los tratamientos en curso de pacientes” que se suman a las mismas tras quedar impedidos de ir a la obra social y, en paralelo, “la obra social quedó sin recursos para hacer frente a esos tratamientos”. A esto se suma que “los pacientes con diabetes, tratamientos oncológicos, discapacidad y VIH quedan desamparados”.
Cabe destacar que aquellos trabajadores que estén derivando aportes a una obra social con anterioridad a esta disposición no pierden el derecho adquirido y pueden exigir que los admitan como afiliados, por más que se trate de una obra social que ya no admita monotributistas.
Al ser consultada sobre la sostenibilidad de esta medida en el tiempo, la abogada Canet apuntó que “hoy en día hay obras sociales con pocos afiliados, que aportan muy poco dinero que no alcanza para brindar cobertura de las prestaciones. De esta forma lograron que el sistema no se pueda sostener. Es necesaria una discusión mucho más profunda sobre el sistema de salud argentino”, analizó Canet.
Si se reduce la cantidad de trabajadores registrados, se restringe la cantidad de afiliados que puede aceptar como afiliado una obra social sindical, se desregula el límite de aumento de la tarifa de las empresas de prepaga de servicios de salud y los salarios pierden su capacidad adquisitiva, el margen de acceso a una cobertura de servicios de salud para los trabajadores monotributistas es cada vez más chico.
El monotributo crece en silencio
Según la última publicación de los números del Sistema Integrado Previsional Argentino, de los trabajadores que perdieron su puesto laboral formal (en blanco) durante el tercer trimestre del 2024 la mayoría pasaron a ser trabajadores independientes: mientras que 187.700 trabajadores formales que fueron despedidos o perdieron su trabajo —tanto en el sector público como en el privado—, el número de trabajadores independiente o monotributistas aumentó en 182.300 personas.
Además, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estableció en diciembre pasado que poco más de uno de cada cuatro trabajadores (26,3 % del total de la población ocupada) representa a los no asalariados, de los cuales la mayoría de ellos es cuentapropista, mientras que el 36,7 % de los trabajadores que son asalariados no cuenta con aportes jubilatorios, lo cual hace presumir una relación laboral “en negro” o una importante falta por parte de los empleadores para con sus empleados, además de una merma en los ingresos netos del sistema jubilatorio y, eventualmente, de las obras sociales.
En números, se trata de 3.114.000 personas aproximadamente que trabajan de manera autónoma, a los cuales se suman los 3,6 millones de trabajadores asalariados que no tienen aportes jubilatorios. En abril de 2023 había 2,9 millones (una quinta parte de la población trabajadora registrada). En suma, se trata de casi la mitad de la masa laboral ocupada argentina registrada por el organismo estadístico oficial del Estado: 13,4 millones de personas.
Este universo de trabajadores está inmerso en una densa nebulosa debido no sólo al cambiante escenario normativo que regula sus condiciones de trabajo, sino que además es inasible en tanto categorización de ingresos y características sectoriales: muchos profesionales liberales se ven obligados a inscribirse en el monotributo para poder facturar con sus clientes o pacientes (contadores, psicólogos, corredores inmobiliarios, comunicadores, community managers, entre muchos sectores más) con diferentes ingresos. La mayoría de ellos con facturaciones por debajo de la línea de la pobreza.
Autor
