Hace diez días el fiscal regional de Rosario Matías Merlo fustigó de manera inusual a jueces de la Cámara Penal de Rosario que pasaron casos de drogas a la Justicia Federal. Dijo que esa medida frenaba investigaciones, generaba peligro en la calle e implicaría “más homicidios y balaceras” en Rosario. La respuesta de los camaristas fue acusarlo de emitir un exabrupto temerario y falaz, de generar una coacción institucional y de meterse con la independencia del Poder Judicial.
Frente a lo explosivo del conflicto el gobierno provincial que claramente está de acuerdo con el planteo crítico hacia la Cámara Penal primero recibió a Merlo y a la fiscal general de la provincia María Cecilia Vranicich, en una clara muestra de adhesión que además se expresó en la comunicación oficial. Días después Maximiliano Pullaro, colaboradores de su gabinete y el intendente Pablo Javkin invitaron a una reunión a integrantes de la Cámara Penal. El reporte oficial de la Gobernación fue mucho más económico. Apenas un posteo en redes celebrando la importancia de afianzar vínculos y unificar criterios en la lucha contra el delito.
El fondo del asunto permanece cruzado por varios fuegos. Una persona poco distinguida por intervenir en las polémicas públicas como Merlo se despachó con todo poco después de que la camarista provincial Gabriela Sansó hubiera girado a la Justicia Federal una causa con 40 imputados ligados a la barra brava de Newell’s y a delitos de competencia ordinaria aunque conectados a temas de narcotráfico.
El planteo de Merlo fue que ese traslado de la causa implicaba demoras que los involucrados en trámites de este tipo aprovechan por un lado y que se genera peligro. Estaban pensando, como el gobierno de Pullaro, en otras causas que camaristas giraron a la Justicia Federal. En la reunión, Pablo Javkin lo puso de manifiesto. Hablaba de un caso donde Mariana Cantero, hermana de Pájaro Cantero y referente de la banda de Los Monos, había quedado en prisión domiciliaria.
Era un caso que tuvo a cargo la camarista provincial Carolina Hernández. Ella se quedó perpleja y explicó los motivos. Adujo que Mariana Cantero tenía tres causas. Las dos primeras fueron en el Federal: en una está condenada y en otra que se juzgará en septiembre le dieron allí prisión domiciliaria. La tercera es un caso de narcomenudeo que tiene competencia provincial y donde ella confirmó su prisión preventiva en una cárcel. Luego de confirmarlo mandó el caso al federal porque es la ley de drogas la que define que ante causas de conexidad objetiva o subjetiva prevalece la competencia federal. Pero remarcó que ella delegó la causa dejándola presa.
Tanto en el gobierno de Pullaro como en el de la Municipalidad replican que cada vez que hay demoras en una causa, falta de entendimiento o errores jurídicos, en la calle hay muertos. “Un solo muerto nos tira abajo un enorme esfuerzo de trabajo comunitario en los barrios afectados por la violencia”, replican.
Igualmente para dar dimensión a lo que pueden las emociones y los equívocos, este viernes funcionarios del gobierno y camaristas cambiaron ideas en base a algo errado. Según le confirmó a Suma Política uno de los fiscales provinciales que conoce el trámite, Mariana Cantero no está en prisión domiciliaria.
Todo tiene una dimensión fuerte de malentendido. Los que firmaron el comunicado repudiando a Merlo de la Cámara Penal son 14 magistrados que ostentan criterios dispares sobre estas temáticas. Se unificaron porque sintieron un agravio y una impertinencia lo que dijo Merlo. Algunos de hecho no quisieron ni acercarse a la reunión con Pullaro tras su apoyo explícito a Merlo. “Que vaya el presidente de la Cámara Penal porque corresponde. Yo no voy a asistir a una reunión luego de que se avaló a un funcionario que nos responsabiliza de futuros homicidios”, le dijo uno del grupo a Suma Política.
Pero la cuestión es compleja. La Justicia Federal de Rosario tuvo un desempeño funesto en los tiempos en que el comercio de drogas disparó una violencia inédita, algo que en el presente se expresa hasta con funcionarios como Marcelo Bailaque en juicio. Pero ahora vive un proceso de renovación con jueces y fiscales críticos de la etapa pasada e impulsores de nuevos criterios de investigaciones.
Uno de ellos es Eduardo Rodrígues da Cruz que actúa como juez de garantías y vocal de Tribunal Oral. Justamente da Cruz acaba de rechazar en términos muy duros los traspasos de causas que hicieron los camaristas provinciales Javier Beltramone y Bibiana Alonso a quien, incluso, apuntó ante la Corte Suprema de la provincia, para que evalúe su conducta funcional. El caso de Alonso era un trámite donde la magistrada dejó detenidas a personas durante un tiempo prolongado, según da Cruz, sin resolver la cuestión de fondo y delegó la competencia al federal.
El caso de Beltramone también lo cuestionó con términos enérgicos y por último rechazó el trámite que la camarista Hernández remitió al federal. El argumento de da Cruz es que estos giros de expedientes entre jurisdicciones generan riesgos muy concretos.
Lo que provoca la discordancia técnica es que en 2023 entró en vigencia en Santa Fe la ley de microtráfico con la que los delitos de droga de pequeña escala empezaron a ser tramitados en la Justicia provincial, mientras que los de gran volumen seguían en el federal. En los casos donde hubiera conexión entre casos o imputados, la norma vigente asigna los casos a la Justicia Federal. Así es que en recientes ocasiones camaristas provinciales despacharon causas hacia el ámbito federal. Esto generó la reacción de Merlo por un criterio que es compartido por Pullaro y Javkin. Estos creen que el cambio normativo y funcional mejoró la persecución y las sanciones hacia los infractores, lo que es una de las razones de la baja marcada de delitos de sangre en Rosario, que desde 2023 cayeron un 50 por ciento respecto de la etapa anterior.
Rodrígues da Cruz cree que si los fiscales federales y provinciales acuerdan cómo tramitar los casos, los jueces de primera y segunda instancia no deben intervenir en dirimir nada, con lo que languidece el planteo normativo del artículo 3. Hay actualmente un acuerdo a la firma en este sentido. Igual los casos están remitidos a la Corte Suprema de la Nación para que se fije un criterio definitivo.
A la reunión de este viernes por la Cámara Penal acudieron Javier Beltramone, Nicolás Foppiani, Carolina Hernández, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín, Gabriela Sansó y Gustavo Salvador. Son siete de los 14 que firmaron la contundente declaración de repudio contra las expresiones del fiscal regional Merlo. De los ausentes hubo quien está de viaje, quien no reside en Rosario y quien prefirió que asistiera el presidente de Cámara.
Por el gobierno estuvieron Pullaro, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, el secretario de Vinculación Institucional Julián Galdeano y por el municipio Javkin.
La misma foto de la reunión generó enfados e ironías venenosas. Un ex ministro de un gobierno socialista dijo ante ella: “Es increíble que el Ejecutivo reúna a los camaristas penales para decirles qué tienen que poner en sus fallos”.
Se pusieron sobre la mesa los criterios de la provincia, que pasan por concentrar las actividades en los fiscales provinciales que se ocupan de microtráfico y por eso mismo de hechos violentos. Los camaristas remarcaron que son muy pocas las causas que pasan al federal y que esto pasa por cuestiones normativas. Alguien de la reunión recordó que si bien es exiguo el número en lo que va de 2026 hubo cuatro casos transferidos al federal que producen demoras en las investigaciones. Si es verdad que existe la coordinación entre ministerios fiscales provincial y federal, reponen los camaristas, no debería haberlas.
La posición de Pullaro parece ser golpear, exponer su preferencia y después sentar a la mesa al golpeado. Pasó claramente con los ministros de la Corte Suprema de la provincia a los que buscó desplazar y después agasajó. Ocurre ahora con los miembros de la Cámara. Que sienten poca compañía institucional de los propios. No hubo frente al conflicto ninguna voz desde la Corte Suprema de la provincia ni tampoco del Colegio de Magistrados. A uno y otro los suponen tan próximos al gobernador como, no lo dudan, la conducción del MPA.
El caso que dirimió la camarista Sansó mandando un expediente a la Justicia Federal, y que suscitó la reacción de Merlo, es contado así desde el MPA. “Es un caso con foco en Villa Gobernador Gálvez. Los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiasi intervienen pidiendo 100 allanamientos simultáneos que generan 38 detenidos. Eran Jano Fernández manejando los negocios de droga de Pupito Avalle, el Pollo Vinardi y el Toro Escobar. Tenemos mediciones que marcan que tras esa intervención las balaceras en la zona cayeron un 33%, los heridos de arma de fuego un 35% y los homicidios un 25%. Se imputaron además hechos conexos. Explicamos por qué entendemos que toda la dinámica investigada estaba asociada íntimamente a la violencia barrial. Tuvimos una persona que podía estar en un escalón distinto, vale decir, el federal. Nos comunicamos con fiscales federales, en especial Matías Scilabra, y ellos abrieron la investigación”.
¿Qué pasó luego? “Se le explicó todo esto a los jueces sobre la importancia de mantener el caso en los fiscales provinciales. El día de la audiencia de Cámara el fiscal federal Scilabra estaba esperando conectarse al zoom pero la camarista Sansó no quiso siquiera escucharlo y mandó el caso a la Justicia Federal”, indicaron fuentes de la Fiscalía Regional de Rosario. Tras este incidente el gobierno provincial que coordina a las fuerzas de seguridad para los allanamientos estalló de furia. Quien primero verbalizó el malestar fue Merlo detonando el rotundo comunicado de la Cámara Penal.
En el MPA también indican que hubo un curso de acción distinto que le reconocen a un camarista que es Beltramone. “Este fue un caso de barrio Godoy. La principal investigada era Jesica González, la Fea, que es la pareja de Claudio “Morocho” Mansilla, importante comercializador de drogas. Hubo una investigación con 21 personas imputadas, con hechos conexos, que empieza con un homicidio del 10 de marzo de 2025 del cual fue víctima Esteban Fernández. La defensa pidió que se trate en el federal. En primera instancia dijeron que era nuestro. Fueron a la Cámara los fiscales Franco Carbone y Lisandro Artacho. Le explicaron a Beltramone que había un acuerdo firmado con el fiscal federal jefe de Procunar Diego Iglesias donde entendíamos que la causa era de microtráfico pero que si en algún momento trascendía al ámbito federal los mismos fiscales provinciales pedirían la declinación de competencia. Beltramone dijo no estar de acuerdo con los fiscales pero por principio de celeridad procesal, sabedor de que si mandaba la causa la Justicia Federal la iba a devolver, mantuvo la competencia en el ámbito provincial”.
Lo que marca el funcionario del MPA que habla con Suma Política es que el problema no es quién se queda con un caso sino qué le conviene a la comunidad cuando se define quién interviene, dado que Justicia Federal y el MPA están mirando cosas distintas.
“Nosotros trabajamos sobre el territorio y sobre la violencia barrial. El microtráfico para nosotros no es solo la venta de droga en sí, sino que es uno de los motores de muchas violencias vecinales: balaceras, disputas entre bandas, amenazas, usurpaciones. Por eso armamos investigaciones por focos territoriales o por bandas que operan en determinados lugares”, indica.
La justicia federal, en cambio, tiene otra agenda: narcotráfico a mayor escala, avionetas, puertos, organizaciones grandes, corrupción federal. “Históricamente el microtráfico quedó bastante relegado ahí y ahora lo tenemos nosotros”, refiere el interlocutor.
“El problema aparece después”, continúa. “Supongamos que una investigación se federaliza porque se entiende que es narcotráfico. A partir de ahí, por la regla de conexidad subjetiva de la ley 26.052, si esa persona ya tiene una causa en el fuero federal, cualquier hecho posterior de drogas vinculado a esa misma persona lo termina absorbiendo la Justicia Federal”.
“Entonces, si mañana entra una incidencia diciendo que esa misma persona —por ejemplo desde la cárcel— sigue regenteando un punto de venta en un barrio, los fiscales provinciales ya no podemos intervenir, aunque sea claramente una dinámica de microtráfico territorial”.
En ese punto se da el problema práctico: para la Justicia Federal ese tipo de dinámica barrial queda muy lejos de sus prioridades, porque están abocados a otras escalas del fenómeno. “Pero para nosotros es central, porque impacta directamente en la violencia cotidiana del territorio que son los barrios de la ciudad. Por eso el punto no es si las investigaciones “se complementan”. El problema es que cuando eso queda absorbido por el fuero federal, la provincia pierde la posibilidad de seguir investigando esos focos territoriales de violencia. Y además está el problema del tiempo. Estos conflictos de competencia se eternizan. Hemos tenido casos donde un camarista estuvo siete meses solo para elevar el conflicto a la Corte Suprema. En otro caso, siete meses para rechazar un recurso de inconstitucionalidad”.
Mientras tanto las causas, en la impresión de los fiscales que llevan microtráfico, quedan congeladas. “Por ejemplo, en el foco Nuevo Alberdi ni siquiera nos dejan cerrar abreviados. Los jueces se niegan a resolver porque dicen que hay un conflicto de competencia planteado y que hasta que la Corte Nacional no decida no pueden avanzar”.
El resumen desde el MPA explican por qué apuntaron hacia algunos camaristas. “Rosario es el único lugar del país en que los fiscales provinciales dicen algo sobre temática de drogas y los fiscales federales lo mismo. Los jueces de primera instancia provinciales que son 30 coinciden y los jueces federales también. Solo lo ven distinto algunos jueces de la cámara de la provincia”.
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