Qué se juega con el cambio de estatus jurídico de la EPE, la empresa estatal más grande y estratégica de la provincia
Hipólito Ruiz
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe es una de las empresas estatales más grandes de la provincia. Brinda un servicio esencial como el de la distribución de la energía eléctrica en un área 101.000 kilómetros cuadrados de los 133.007 que tiene de superficie el territorio santafesino y brinda 1.400.000 suministros. El resto está en manos de las cooperativas.
Hoy la política santafesina está discutiendo el futuro de la firma estatal. Ya se redactaron dos proyectos: uno que ingresaron a la Legislatura los diputados del Frente Progresista en septiembre de 2020 proponiendo un marco regulatorio para todo el sistema energético provincial; el otro fue anunciado por el Ejecutivo provincial pero todavía no fue enviado.
Desde el oficialismo quieren crear una Sociedad del Estado que, sostienen, le daría mayor libertad y agilidad para contrataciones y compras. En el gobierno aseguran que ese paso es fundamental para volver eficiente a una estructura que cuenta con 72 estaciones transformadoras de 132 kilovoltios, una estación transformadora de 220 kilovoltios, 2.100 kilómetros de líneas de alta tensión operadas, 30.00 kilómetros de líneas de media tensión, 31.500 kilómetros de líneas de baja tensión y 25.371 centros de transformación de media tensión.
Lo primero que aclaran los impulsores de esta iniciativa es que el proyecto no es transformar a la empresa en una Sociedad Anónima, sino en una Sociedad del Estado. “Eso es algo que inventó Dromi (Roberto, exministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem) en su momento y que funciona como una sociedad normal de la Ley 19.550, que es la ley de las sociedades comerciales habituales. Pero el total del paquete accionario está en manos del Estado y es intransferible. No se puede vender ni enajenar nada”, remarcó en diálogo con Suma Política Daniel García, integrante de la Unidad Asesora del Directorio de la EPE y uno de los encargados de diseñar el proyecto de ley.
García, para graficar en qué situación se encuentra hoy la EPE, propone imaginar una cuerda donde en un extremo está la administración pública y en el otro la actividad privada. Para el asesor de la EPE, en la actualidad el funcionamiento de la empresa está más condicionado por las reglas de la administración pública que por las de la actividad privada y eso le quita competitividad.
Para García, como en la Argentina se privatizaron la mayoría de las empresas y aparecieron en el mercado algunas como Edenor y Edesur que son una Sociedad Anónima que cuentan con inversores de capitales que pueden ser nacionales o internacionales, la EPE termina compitiendo contra figuras jurídicas que son mucho más ágiles que la de una empresa del estado.
En el horizonte de ese proyecto está la Legislatura, el lugar que la oposición encontró para disputarle poder a Omar Perotti. La pelea que mantiene desde el inicio de su gestión el gobernador con el Frente Progresista, que tiene la mayoría de las bancas en la Cámara de Diputados, aparece en lo inmediato como un muro difícil de saltar para el proyecto oficialista.
Fabián Bastía, diputado radical y ex vicepresidente de la EPE en la gestión de Miguel Lifschitz, aseguró no estar de acuerdo con este proyecto y defendió la iniciativa presentada en septiembre del año pasado. Se trata de un marco regulatorio energético que no sólo incluye a la EPE, sino a todo el sistema de energía de la provincia; a las distribuidoras cooperativas; que aborda la cuestión tarifaria y las energías renovables, entre otras cosas.
“No vamos a convertir a la EPE en una Sociedad Anónima y menos argumentando que haya menos controles”, le dijo Bastía a Suma Política y agregó: “Creemos que los controles que hay son muy buenos y todos los retoques del oficialismo obedecen a una matriz en la cual se van a conceder o tercerizar distintos servicios o actividades que hoy tiene la EPE. Conceder significa, de hecho, privatizar áreas”.
Bastía se mostró a favor de continuar con la figura actual que tiene la EPE, pero reconoció que hace falta una legislación que progrese muchísimo para aggiornarse a la nueva realidad energética y sobre todo a las nuevas características de la distribución.
“Santa Fe tiene un 10 por ciento de distribución en cooperativas. Hay asimetrías territoriales muy importantes. El marco regulatorio es mucho más completo y obedece a una mirada política totalmente distinta a la de una Sociedad del Estado. Queremos fortalecer la materia energética y especialmente a la EPE, pero dentro del área estatal. Para nosotros es un servicio público estatal y un bien inalienable del Estado de parte de la EPE. Eso es indiscutible”, señaló.
Por su parte, García insistió con que la Sociedad del Estado es una figura que impide vender la empresa y con que los tiempos actuales exigen otro tipo respuestas. En ese sentido, el asesor aseguró que si hoy se quiere hacer una licitación para comprar transformadores, desde que se toma la decisión hasta que la licitación está en la calle pasan seis meses. “Una empresa de un servicio público que requiere inmediatez no puede estar sometida a esos tiempos”, se quejó.
En esa línea cuestionó que con la actual figura jurídica para hacer una compra, a priori, interviene el Tribunal de Cuentas para analizar si los procesos que se van a realizar están bien. “Yo no critico eso, pero prefiero que me digan después si me equivoqué o hice macana porque esto ralentiza todo. La empresa necesita otros grados de libertad y después sí se debe someter a todos los controles habidos y por haber”, argumentó.
Luego agregó que la sociedad del Estado a la que se quiere ir desde el gobierno tiene a los síndicos, que es el control interno de la empresa. Sin embargo, admitió que esos cargos son designados por el Poder Ejecutivo que es quien busca darle más agilidad a la empresa a través del proyecto de ley.
“El Tribunal de Cuentas también la va a controlar, pero en los balances, cuando ya está terminado el ejercicio. Los controles van a estar, pero no te ponen el freno de mano antes”, abundó García.
El fantasma de las privatizaciones
Bastía no tiene dudas que el hecho de empezar a darle flexibilidad en las contrataciones a la empresa la van a ir desnaturalizando. “Pero esa es nuestra mirada —aclara—, la de ellos está claro que es otra. No nos olvidemos que esta es la gente que privatizó la EPE. La ley de privatización de la EPE se sancionó, pero nunca se pudo hacer operativa. Después, (el entonces gobernador Jorge) Obeid con la caída del uno a uno, con la caída del sistema privatizador deroga esa ley y deja vigente la 10.014”.
El diputado radical reconoció que la EPE debe mejorar y que debe ser eficiente. “Pero lo que tenemos que saber es que es una empresa que está sobre la media de la eficiencia del país y, en servicio, era la mejor del país cuando estábamos nosotros. Ahora hay cortes de luz que duran cinco horas. Si no se hace mantenimiento se cae la calidad del servicio”.
“Todo lo que tenga que ver con flexibilidad en el funcionamiento y la posibilidad de conceder determinadas áreas o servicios para tercerizar son argumentos para privatizaciones encubiertas”, advirtió Bastía y argumentó: “Si durante 20 años parte de la medición, más esto o aquello se concede, se produce un desguace. Hoy no te lo van a decir, pero eso va a pasar. Esto lo movilizan las mismas personas que promovieron la privatización de la EPE”.
Por su parte, García, cuando se lo consultó sobre las acusaciones de la oposición de velar privatizaciones de áreas o servicios detrás de la nueva figura jurídica que se le quiere dar a la empresa, contestó: “Atrás de eso hay toda una intencionalidad política para asustar a los gremios. Nosotros hablamos con Luz y Fuerza y apoyan todo esto. Es imposible que una sociedad del Estado vaya a una privatización. No se pueden delegar funciones que son propias en terceros. Esos son fantasmas que vienen agitando desde hace mucho”.
“Si bien los problemas que puede tener la EPE no son sólo su figura jurídica, también hay deficiencias propias del funcionamiento que son derivadas de esa figura jurídica porque la gente se va achanchando, se va acostumbrando al empleo público que tiene la ventaja de que no se puede echar a nadie. Todo eso hace que haya un estado de bienestar de la gente que hace que la gestión sea más lenta. Cuando se compara Edesur, de propiedad privada, con la EPE hay una diferencia enorme. Tenemos que tratar de acortar camino para que la empresa sea más eficiente y nuestras tarifas sean más económicas”, sostuvo.
Luego se le repreguntó por la situación de los trabajadores y el asesor del directorio de la EPE respondió: “El impacto sobre los trabajadores es de cero porque tienen un convenio colectivo todos los que tienen relación de dependencia. Sin contar a los gerentes y la dirección de la empresa, los demás no tienen cambios porque están bajo convenio”.
En ese sentido, Suma Política consultó al secretario General de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, quien dijo que conversaron el proyecto con el gobierno y aseguró estar de acuerdo en líneas generales y que hasta pudieron hacer sugerencias a la iniciativa oficial.
“Lo analizamos y concuerda con nuestra postura histórica de que la empresa tiene que ser cien por ciento estatal, tal como lo prevé una Sociedad del Estado porque la composición accionaria establece que la totalidad de las acciones sean del Estado y sean intransferibles e inalienables”, dijo.
Además no permite en su composición que intervenga el capital privado. Sí se rige con el derecho privado para hacerla más ágil en sus respuestas. Con todo lo que mejore el funcionamiento de la empresa y no vulnere los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la estabilidad laboral, entre otras cosas, nosotros vamos a estar de acuerdo”, agregó.
Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que con la nueva figura crezcan las tercerizaciones de servicios, Botto señaló: “Con la actual ley puede pasar lo mismo. Nosotros siempre fuimos fervientes defensores de los trabajadores en relación de dependencia y nunca permitimos que se avance sobre los trabajos normales y habituales que hacen nuestros compañeros y compañeras”.
“El trabajo que se realiza en la EPE es muy calificado y conlleva muchos riesgos para los que hay que estar preparados y conocer bien cómo funciona el sistema eléctrico. De hecho se dieron muchos problemas con personal tercerizado, aunque no en mantenimiento porque es un área muy sensible y que protegemos muy especialmente, pero sí en obras donde intervienen empresas privadas”, concluyó.
Para tener una referencia de la importancia de la Empresa Provincial de la Energía hay que saber que tiene una participación en el mercado eléctrico mayorista del 10 por ciento a nivel país; que en 2019 llegó a abastecer 10.985,6 GW de energía entre los grandes usuarios mayores y los grandes usuarios menores; que tiene una planta de 3.900 trabajadores y que maneja un presupuesto anual de 45.000 millones de pesos.
La política santafesina empieza a discutir el futuro de una empresa que no sólo tiene grandes dimensiones, si no que es la firma que tiene a su cargo uno de los servicios esenciales en la provincia para la vida cotidiana de todos los santafesinos y, también, para el desarrollo productivo.
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