Reformas en seguridad: media sanción con amplia mayoría, cruces en el oficialismo y el PJ de testigo

El debate principal sucedió adentro de Unidos y lo sorprendente es que quedaron las puertas abiertas, que hubo incluso gritos que traspasaban las paredes de ese espacio partidario. 

La oposición, convidada a presenciar la interna entre radicales y macristas por una parte y socialistas por otra, fue extraordinariamente educada frente a la pelea dentro del gobierno, por un asunto de fondo. Acaso Marcos Corach y Lucila De Ponti de distintos sectores del justicialismo fueron quienes mejor describieron la escena, antes de explicar su voto por la negativa.

La sesión de este jueves 5 en Diputados repasó el debate de más interés en la Legislatura en el año y lo cerró con unos números que son el resultado de la labor parlamentaria: discutir, negociar y acordar. O no hacerlo y jugar con los plazos.

El texto votado, que es finalmente lo que cuenta, tiene el respaldo de casi dos tercios de la cámara baja. Poco faltó para alcanzar una mayoría especial en la votación en general que una ley de este tipo no requería.

Recibieron media sanción, con un enorme consenso, las Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Por como quedaron sean acaso unos instrumentos de precisión más delicados, menos rudos, y cercanos al instrumental quirúrgico que a unas herramientas.

Antes de la medicina, se sabe, el herrero tanto se ocupaba de los cascos de los caballos como de las muelas de sus jinetes. Tenía la fuerza y las herramientas necesarias. 

Y al paquete de reformas que la Casa Gris había bautizado como “herramientas” le sucedió lo que a las pinzas, cortafierros y martillos que evolucionaron en instrumental médico.

Se calibraron las herramientas con límites constitucionales. Eso parece haber ocurrido con los cambios propuestos en el mensaje original, que atropellaban derechos, según casi todas las opiniones jurídicas relevantes que escucharon los diputados en las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales.

Posiciones

La Corte en una visita inédita y abierta a la prensa, los colegios profesionales, la academia y figuras muy reconocidas del derecho lo advirtieron en reuniones y declaraciones públicas: los cambios inicialmente pedidos por la Casa Gris eran contrarios a la Constitución y el mensaje de ley fue reformulado.

En apretada (e injusta) síntesis: los socialistas reivindicaron el proceso en el que con sus no y sus argumentos (o su falta de tratamiento) consiguieron que el texto del gobernador Maximiliano Pullaro se modifique seriamente. Los radicales, en cambio, subrayaron el resultado de tener el mismo empeño en que haya cambios pese a los prejuicios ideológicos. Y quien mejor lo expresó fue José Corral que a manera de cierre dijo que se había logrado aprobar diez de las once herramientas pedidas por el gobernador, dentro del mensaje ingresado por Diputados.

En política cuentan los resultados, importa hacer que las cosas sucedan, reflexionó con un tono de voz de un optimismo y una celebración que fueron creíbles. Y que contrastó con las caras largas y los ceños fruncidos, en casi toda la sesión, dentro del oficialismo.

El dos veces intendente de Santa Fe explicó que cuenta más lo que se logra que el tener o no la razón. Y en eso se concentró.

Y también sonrió al volante de su vehículo el ministro de Gobierno Fabián Bastia, contento con la aprobación. Pasó unos minutos por la playa de estacionamiento de la Legislatura  que pronto volverá a ser, en su totalidad, una plaza. Lo hizo cuando quedaban unos pocos diputados y también algún senador, como Felipe Michlig, que supo de la sesión de Diputados desde su despacho sin poner más presión a la otra cámara una vez alcanzado el acuerdo.

Fueron tres de los radicales clave en lo sucedido durante casi toda la segunda mitad del año legislativo en Diputados. 

De las otras tres figuras relevantes para el largo debate por el lado del socialismo se ocupó en su discurso el jefe del bloque, Joaquín Blanco.

Primero expuso la paciencia y la experiencia para negociar del diputado Rubén Galassi y del ex gobernador Antonio Bonfatti, que parecen haber resultado vitales para sostener el diálogo. Blanco recordó que al segundo gobernador socialista le tocó negociar con las mayorías justicialistas de ambas cámaras y que su por entonces ministro de Gobierno tuvo esa habilidad. (Recordó que esa gestión enfrentó “un intento de intervención kirchnerista” cuando se rebeló la policía).

También elogió a quien inició la ronda de oradores en la sesión, la diputada Lionella Cattalini que marcó los límites de lo aceptable en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y que convocó a un debate amplio para escuchar a ministros de la Corte, jueces, abogados y académicos.

Por último destacó la labor de la presidenta de la Cámara, Clara García, que optó por no responder y así cuidar las chances de llegar a un acuerdo y sostener el frente de frentes.

37 a 11

Si se cuenta solo el final, pareció una victoria más de una coalición que tiene la mayoría en ambas cámaras que contó con apoyos por derecha y ninguno por izquierda.

En cambio, cuando se mira toda la historia completa, a lo largo de los meses, el debate fue por lo menos desgastante para el oficialismo. Hoy luce contradicciones que parecieron insalvables, propias de las alquimias entre aguas y aceites.

Los que cedieron dijeron que lo obtenido era en realidad lo que se buscaba y los que lograron cambios al mensaje del Ejecutivo que sin su porfía en respetar la Constitución, el gobierno iba a cometer un grave error.

Con un voto justicialista

Una de las voces que siempre vale la pena oír en los debates, ya sin grabadores ni cámaras encendidas, resumió desde el peronismo casi en broma: “alguien tiene que ser oposición”, como si se tratara de un juego de roles al hablar del voto en contra de casi todos los justicialistas y de lo que se cree que sucederá en el Senado.

En el “aprobado” de una sesión que alteró su orden para facilitar el debate sobre las 50 bancas prestaron su acuerdo 37 legisladores y 11 se opusieron. Uno estuvo ausente y no hubo abstenciones. (La presidencia sólo vota cuando es necesario).

Al texto que finalmente logró acordar Unidos, tras la dura pulseada entre radicales y socialistas, lo legitimaron también todos los integrantes de los bloques celestes que alguna vez o ahora ingresaron a la Cámara con Amalia Granata, los diputados que respaldan al mileísmo con igual origen, y los bloques unipersonales que suelen orbitar a Unidos, como Juanjo Piedrabuena.

También votó a favor la ex jueza Rodenas, que dijo estar “comprometida” con el proceso de discusiones en comisiones y buscaba con su voto premiar esa labor que mejoró un texto que era, sostuvo, insalvable.

La ex presidenta de la comisión de Derechos y Garantías durante la Convención les recomendó prudencia a todos sus pares. Y también a los funcionarios que opinaron. Las expresiones de figuras de segundo y de tercer orden sobre la presencia de “abogados de los narcos” entre quienes fueron a dar su opinión a la Legislatura cayeron muy mal. 

El texto que finalmente llegó al recinto no avala el interrogatorio policial sin derechos ni garantías, ni las zonas de intervención policial que lucían como mini estados de sitio y tampoco contempla la “condena por decreto” en el Código de Procedimiento Penal; “el trabajo en las comisiones sirvió”,  resumió Rodenas.

Lionella Cattalini, al abrir las exposiciones, se privó de decir que el texto aprobado es, en buena medida, más de la Cámara que del Poder Ejecutivo. Y ella como los demás miembros de la bancada del PS siempre dejaron de lado en sus críticas a la figura del gobernador, lo preservaron.

La diputada blandió un ejemplar de la Constitución reformada en 2025 para defender los cambios al mensaje del Ejecutivo, que los diputados tuvieron a media mañana, luego de largas negociaciones.

Explicó que se habían hecho mejoras a lo propuesto por la Casa Gris “hace más de cinco meses”, citó, en un discurso encendido. Aquella expresión de Michlig caló profundo en Unidos y desató una catarata de quejas públicas de otros dirigentes frente a los no del PS.

De esos funcionarios que buscan ser reconocidos como “empleados del mes”, en palabras de Cattalini, para que los sumen a una lista “en febrero” quien más críticas recibió fue el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angellini, por haber vinculado un operativo policial fallido con la ausencia de las herramientas.

Ariel Bermúdez, del bloque Creo del espacio que conduce el intendente Pablo Javkin, recomendó a Unidos y al peronismo ir a un posible acuerdo de política de seguridad que sea por fin “transversal” a los partidos políticos con representación parlamentaria y que logre sostenerse con unos u otros en el gobierno. Una política de Estado para luchar contra el delito y cuidar los derechos ciudadanos, pero con sentido práctico. En la misma dirección y con elogios a las normas que se “avanzó” en sancionar, el radical Martín Rosúa, recalcó que la norma finalmente votada contiene al menos una parte de lo que el Ejecutivo fue a buscar a la Legislatura.