El gobierno de Javier Milei no necesitó ni comenzar para ubicarse en el cuadrante conservador del espectro ideológico. Con sus ataques a la comunidad de las diversidades sexuales y sus constantes apariciones entre 2018 y 2020 en las movilizaciones celestes o también llamadas “provida”, fue impactante mas no inesperado que desde el Poder Ejecutivo se amenazara con derogar la ley de despenalización voluntaria del embarazo. Si bien esto generó una fuerte reacción en la sociedad civil al punto de no avanzar con la iniciativa, no es esa la única forma de negar un derecho adquirido.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzaron un comunicado el pasado 19 de febrero donde denunciaron que el Estado incumple con la ley 25.673, que no es otra cosa que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, y con el acceso al aborto legal y voluntario en el país.
“Este incumplimiento es una política sistemática que lleva adelante a través del desfinanciamiento y de la suspensión de la compra y distribución tanto de métodos anticonceptivos como de medicación para realizar los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y gratuita”, acusaron en un documento.
La situación en Santa Fe
A partir de un pedido de acceso a la información pública, se estableció que en el primer semestre del 2024 se llevaron adelante 2.946 abortos entre interrupciones legales (ILE) e interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) en la provincia de Santa Fe. A nivel nacional se registraron 86.565 IVE e ILE durante el 2023, último año del cual se tienen números fehacientes, siendo Jujuy (13,8), San Luis (13,2) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,8) los distritos con la tasa más importante de IVE e ILE por cada 1.000 mujeres en edad fértil en 2023.
“En la provincia de Santa Fe hay un panorama bastante diferente en relación a otras provincias”, dijo a Suma Política la ex diputada nacional e integrante de la Campaña Silvia Augsburger, y señaló que la provincia “ha intentado resolver esta problemática con licitaciones que han sido bastante tardías. El primer semestre del 2024 se cubrió con el stock que quedaba del 2023 y se cubrieron las necesidades, pero a partir del segundo semestre del año pasado, con licitaciones que no se habían ejecutado, empezó a haber faltantes preocupantes”, situación que se pudo revertir recién en diciembre pasado, con lo cual la región estuvo al menos cinco meses sin provisión de materiales anticonceptivos.
“En la ciudad de Santa Fe, un centro de salud directamente puso un cartel que decía que no había anticonceptivos. Nunca vi una cosa igual”, dijo la activista, azorada, ante la fragmentación del “enorme trabajo en salud reproductiva que tiene Santa Fe, sobre todo lo que se hizo durante el gobierno de (Hermes) Binner y que se supo mantener en los siguientes gobiernos”.
Según lo denunciado por las diferentes organizaciones que integran la Campaña Nacional, el misoprostol (droga de circulación legal de producción regional utilizada para abortos medicamentosos) recién empezó a estar disponible nuevamente en los efectores públicos en diciembre del año pasado, gracias a la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia, el primer laboratorio público que lo produce para su distribución desde 2021. Entre julio y diciembre, las personas gestantes que buscaron hacer uso de sus derechos reproductivos estuvieron arrojadas a su suerte en búsqueda de algún efector al que todavía le quedaran recursos.
Augsburger sostuvo que, en el orden nacional y haciendo un balance del 2024, “el gobierno redujo en más del 95 por ciento la entrega de preservativos, sólo distribuyó el 5 por ciento de lo que se distribuyó el 2023. Y en relación a la anticoncepción sólo entregó el 35 por ciento”, lo cual también incumple con el programa de salud sexual y reproductiva vigente desde 2002 y exige al Estado Nacional la provisión de preservativos y métodos de anticoncepción.
Las marcas de la intención
“Hay un enorme compromiso por parte de los profesionales que desarrollan las interrupciones legales y voluntarias del embarazo en los efectores públicos. Se comunican entre los centros de atención para ver cuál tiene las medicinas para poder brindar el acceso y respetar el derecho a la interrupción de ese embarazo”, contó Augsburger.
Desde el comienzo de la gestión libertaria, la distribución de anticonceptivos y medicaciones para llevar adelante IVE e ILE se detuvieron, por lo cual las provincias quedaron desabastecidas en este aspecto. Según un relevamiento de la organización Proyecto Mirar, sólo 14 provincias informaron “haber iniciado procesos de compra de misoprostol o de tratamiento combinado (mifepristona y misoprostol) en distinto grado de avance”.
La falta de insumos, de financiamiento, de capacitación, las demoras y derivaciones para los turnos y la asignación de profesionales, la reducción de las prácticas de aspiración manual endouterina (AMEU) tras la centralización en Santa Fe de la atención y la consecuente sobrecarga de los profesionales que se encargan de esta área son la muestra de las consecuencias de la vulneración de un derecho desde la eliminación de secretarías, reducción de presupuestos y la subejecución de los mismos.
Según lo reportado por el Ministerio de Economía de la Nación, había 36.275.843 pesos destinados a las áreas referidas a la salud sexual: a diciembre de 2024 apenas se ejecutaron 4.746.071, es decir el 13 % del presupuesto planificado. De allí se destaca que para los rubros “Capacitación Docente en Educación Sexual”, “Cobertura de la Población Elegible con Tratamientos Anticonceptivos” y “Distribución de Medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley N° 27.610)” el gobierno destinó literalmente cero peso.
Cabe aclarar que los números observados pertenecen al Presupuesto 2024, que a su vez es una prórroga del Presupuesto 2023, que fue calculado con las proyecciones inflacionarias de noviembre de 2022. Desde ese momento la inflación general creció 334,3 puntos porcentuales acumulados hasta diciembre pasado.
Al ser consultada sobre la posibilidad de diálogo con referentes del área de salud sexual del Ministerio de Salud, Augsburger aclaró que al momento en que fue designada la actual directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Mara Pérez Reynoso (oriunda de las tropas del PRO), la Campaña solicitó una entrevista con la flamante funcionaria para abordar la problemática del desfinanciamiento: “Hace muy poco tiempo que designaron a Pérez Reynoso, que no tiene ningún antecedente en materia de salud sexual y reproductiva y a quien se le pidió una reunión formal. Nunca obtuvimos una respuesta”.
Así las cosas, la preocupación está puesta en el ejercicio 2025, debido a que el presidente Milei resolvió prorrogar por segunda vez el Presupuesto 2023, convirtiendo a las partidas presupuestarias en remesas discrecionales para cada área según los criterios del Poder Ejecutivo: “Estas dificultades se van a agravar durante este año. Con el viento de cola del gobierno anterior, más o menos se fue llevando, pero teniendo la prórroga del presupuesto 2023, va a ser muy difícil”, sostuvo la militante.
“No hemos tenido en el país muertes por aborto inseguro desde la sanción de la ley en diciembre de 2020, pero frente a este escenario de restricción de anticoncepción y preservativos, podemos llegar a tener muertes por abortos inseguros aún teniendo la ley. Eso es lo que más nos preocupa”, alertó Augsburger y sentenció: “Una persona a quien se le obstaculiza la práctica del aborto puede llegar a perder la vida en una práctica no segura realizada en la angustia de su situación. Además de que no tenemos dudas de que van a aumentar fuertemente los embarazos y las madres niñas con el desmantelamiento del plan ENIA, ya que se echó a todos los funcionarios que trabajaban en esa área”.
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