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Política

Scaglione y UPCN contra Sain: la causa del supuesto espionaje suma querellantes pero sigue sin caratular

Todo lo que va, vuelve, y la investigación en torno al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y el equipo que lo acompañó en su gestión parece confirmar el dicho popular. La presentación de nuevos querellantes en la causa todavía sin imputación en torno a presuntas tareas de inteligencia clandestinas y de testigos a propósito de una licitación para la compra de armas reactualizan enfrentamientos que atravesaron el primer año del gobierno de Omar Perotti. Pero también aparece en el escenario un actor que en principio no forma parte de ese reparto, aunque también se declara ofendido por haber sido objeto de averiguaciones: el empresario Gustavo Scaglione, propietario del multimedios que incluye al diario La Capital, Canal 3, Radio 2 y Radio La Ocho.

La seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el abogado Jorge Juan Bedouret fueron admitidos como querellantes por el juez Gustavo Urdiales en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe el 26 de mayo. Se sumaron así al ex ministro y actual diputado Maximiliano Pullaro, la abogada Evelin Andriozzi y el gobierno de la provincia.

En una próxima audiencia la justicia deberá considerar el pedido de Scaglione, cuyo nombre habría aparecido en el radar de una investigación. “Se considera ofendido porque dice que fue espiado. Todavía no hay imputación y la Justicia Federal se expidió diciendo que no existió espionaje. Hay mucha gente ofendida: lo que no tenemos es un delito”, dice Hernán Martínez, abogado de Marcelo Sain.

“No tenemos nada que ocultar —dice el abogado de Sain sobre el pedido de Scaglione para sumarse a la lista de querellantes—. La fiscalía difundió una lista de 661 espiados. Que vengan todos los que quieren venir al proceso. Pero se van a tener que hacer cargo de sus acusaciones”.

El entramado de Santa Fe

La presentación de UPCN remite a investigaciones realizadas en torno al asesinato del empresario Hugo Oldani, un caballito de batalla de Sain que lo llevó a denunciar el 1° de junio de 2020 la existencia de una cueva financiera y la complicidad de la fiscal Cristina Ferraro en la desaparición de pruebas y que al mismo tiempo detonó su enfrentamiento con el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, al que enrostró tener “una mirada palaciega de la Justicia”.

Una línea directriz de la defensa de Sain pasa justamente por señalar que la causa por averiguaciones indebidas es una devolución de gentilezas del fiscal Arietti. El perfilamiento de Jorge Molina, secretario de UPCN y “heredero de la caja de (Alberto) Maguid” según un audio de la ex funcionaria Débora Cotichini que se pasó en la audiencia, habría respondido al intento de despejar el misterio del millón de dólares y los tres millones de pesos que desaparecieron de las oficinas de Oldani poco después del crimen ocurrido el 11 de febrero de 2020. Sin embargo, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez argumentaron que esas gestiones se realizaron sin control judicial.

El empresario asesinado Hugo Oldani

El fiscal Hernández presentó dos fragmentos de audios de Cotichini —ex jefa del Área de Inteligencia Criminal en el Organismo de Investigaciones— y de Pablo Álvarez —ex secretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad— para apoyar la constitución de UPCN en la causa. En el primer registro, del 14 de febrero de 2020, Cotichini se dirigió a un empleado del Organismo de Investigaciones para resaltar la importancia de Molina como sucesor de Maguid: “no es un vínculo menor, así que yo lo sumaría en todo este mapa político que tenemos, que ahora saltó por el quilombo este del homicidio (de Oldani) en Santa Fe”. El dirigente gremial aparecía “como un actor a relacionar con todo este entramado de Santa Fe”.

En el segundo audio, del 19 de febrero de 2020, se escuchó la voz de Pablo Álvarez, también dirigiéndose a una empleada del Organismo de Investigaciones: “Hay que rasquetear todo, todo, bien profundo a Molina, pero bien profundo. Agotemos todas las bases, habidas y por haber, vamos a rastrear todo y después, una vez que rastreemos todo, vamos a hacer unas tareítas de calle, pero primero necesitamos toda la información habida y por haber de él, Catastro, el sistema de legajos, Sudamerica (Data), Afip, DRPA , Migraciones. Agotemos todos los cartuchos ahí”.

El fiscal Hernández enfatizó en las referencias a un mapa político y a tareas de calle. “Las motivaciones para indagar no tenían que ver con causas judiciales —dijo—. Tenemos gran evidencia de búsquedas realizadas sobre Jorge Molina desde un IP del gobierno de Santa Fe, desde la Casa de Gobierno. Además se buscaron a otras personas como (el contador) Augusto Borrle, las empresas para las que trabaja y una gran cantidad de fotografías de Molina con otras personas vinculadas con UPCN como Sebastián Pignata y Héctor Acuña”.

Jorge Molina, secretario de UPCN

La presentación de Bedouret remite a otro frente de conflicto en la gestión de Sain: el enfrentamiento con “la familia azul”, como se presentó un grupo de policías que acampó frente a la Jefatura de Policía de Rosario en setiembre de 2020 en reclamo de aumento de sueldos.

Bedouret fue asesor de “la familia azul”, junto con Evelin Andriozzi, también querellante e hija del ex comisario Jorge Andriozzi, quien llegó a ser jefe de la Unidad Regional XVII. El fiscal Hernández acompañó su pedido con la presentación de un “informe reservado” que contenía datos sobre el abogado y en el que habría intervenido el ex secretario de Control Institucional Diego Alfredo Rodríguez.

Tiempo de justicia

La difusión de los hechos se concentró en la aceptación de los querellantes, pero no todas fueron mieles para los fiscales en la audiencia. En su exposición, el juez Urdiales resaltó también que “pasado un año no se han efectuado imputaciones y es un error de la fiscalía” y advirtió que la situación puede justificar un litigio de los ex funcionarios que todavía son identificados públicamente por tareas de espionaje cuando no hay nada planteado al respecto.

“Si bien la causa lleva un año se encuentra en una etapa procesal primigenia, porque no se ha hecho imputación alguna. No hay un concreto análisis de las calificaciones legales de los hechos. La fiscalía tiene que precisar por qué hechos está persiguiendo penalmente a ciudadanos y por qué no imputa”, señaló Urdiales.

“La denuncia fue en marzo de 2021 —puntualiza el abogado Martínez—. Quince meses después no existe una imputación. ¿Cuánto tiempo más hace falta? Teóricamente ya tienen la documentación. No es complicado dilucidar si el Ministerio de Seguridad cumplía sus funciones o había una KGB en sus oficinas. Entendemos que la tarea propia del Ministerio de Seguridad es delinear políticas de seguridad y para eso deber tener una actividad dentro del marco de la ley que necesita esos elementos (los perfilamientos)”.

Hernán Martínez, abogado de Marcelo Sain

El juez Urdiales concedió que “hay muchas tareas de investigación pendientes” pero acto seguido volvió a cargar contra Hernández y Jiménez: “la fiscalía no puede referirse a cuestiones políticas o ideológicas, tiene que referirse a cuestiones jurídicas y precisar el hecho que investiga y adoptar una calificación legal, aunque sea provisoria, tiene que precisar su discurso de acuerdo a un contenido jurídico”.

Después de advertir que “esto tiene su límite de razonabilidad”, como remate de su dictamen, Urdiales restó gravedad a una posible imputación: “Dicho esto no descarto, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal, que pueda haber existencia de delito en figuras generales como incumplimiento de deberes de funcionamiento público”.

El abogado Hernán Martínez insiste en el lawfare contra Sain: “Las investigaciones que siguió le costaron la expulsión de la provincia. Las causas que enfrenta son la utilización de un proceso judicial con fines políticos”. El defensor pone como ejemplo la resolución judicial que dictó un embargo de cien mil dólares a Sain y los ex funcionarios Germán Montenegro y Maximiliano Novas por presunto intento de defraudación al Estado en una licitación para la compra de armas. “No llegan a notificarnos las decisiones que ya hay jugadores políticos, como Pullaro y el senador Lisandro Enrico, haciendo un provecho de ese tema y tergiversando la cuestión en Twitter”, dice.

La causa por el intento de defraudación tuvo como testigo a Víctor Sarnaglia, jefe de policía de Santa Fe hasta su enfrentamiento con Sain y el roce de una sospecha en la causa del juego clandestino. Sarnaglia se explayó acerca del presunto lobby ejercido por Sain y Montenegro para direccionar la compra de armas a una empresa.

“Sain se fue de la provincia pero la campaña electoral para 2023 está en proceso —dice Martínez—. Pullaro quiere ser gobernador. Cada movimiento, por pequeño que sea, genera una exposición pública. Hay un modo de hacer política que consiste en manchar al otro y mejor si se puede con una denuncia penal. Lo que llega al público es la declaración política, la gente no se fija en los tecnicismos legales, y la causa no es sólida”.

Los audios difundidos por los fiscales fueron una primera muestra de su juego. Las fichas parecen puestas en los seis teléfonos celulares secuestrados a ex funcionarios de Seguridad que fueron enviados a la empresa Cellebrite de la ciudad de San Pablo para su desbloqueo. Una pericia que corre contra el reloj de la tolerancia institucional ante el empeño en una causa sin título.

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