La luz azul cambió a roja. La movilización de policías provinciales en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo descubrió un malestar generalizado en la fuerza y sorprendió por la rápida extensión de la convocatoria, difundida por redes sociales. La coordinación de las concentraciones que coincidieron en forma simultánea en jefaturas de distintos puntos de la provincia introduce además una característica inédita en los reclamos.
El gobierno de Maximiliano Pullaro “es pro policía y pro fuerzas de seguridad”, según la definición del ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni, y los gestos en esa dirección caracterizan el tiempo que lleva en el Poder Ejecutivo: la compra de 720 móviles en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad; la reivindicación del oficial Luciano Nocelli, condenado por doble homicidio, escoltado por funcionarios cuando recuperó la libertad y finalmente absuelto en un nuevo juicio, y los reiterados reconocimientos a la policía de Rosario por su acción contra las bandas criminales, aun después del fraude con combustibles que implica a una docena de jefes, explicitan el compromiso. Pero las demandas se plantearon en otro plano y encendieron alarmas de retorno a un pasado que todavía acecha.
Los patrullajes no se interrumpieron en las calles de Rosario durante las horas que insumió la protesta. Lo que puede haber de alivio en esa observación también contuvo el temor de que el orden pudiera trastocarse, con las consecuencias conocidas. La muerte del suboficial Oscar Valdez impulsó al mismo tiempo la movilización e impacta por múltiples razones. Este policía de 32 años se disparó un balazo en la Jefatura de la Unidad Regional II, el lunes pasado: el escenario carga a la tragedia de un peso simbólico imposible de desconocer respecto al estado de las cosas y a la atención que se demanda de las autoridades.
El malestar policial no es un estado de ánimo repentino. La demanda salarial era pública: aun cuando el gobierno provincial priorizó a los policías en los aumentos concedidos a estatales, ya en marzo de 2024 una encuesta de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe afirmó que ocho de cada diez efectivos no cubrían la canasta básica. Valdez no es tampoco el primer policía santafesino que se quita la vida en la historia reciente, pero este problema no parece hasta ahora un tema de discusión dentro de la fuerza. La última publicación que el suboficial hizo en su cuenta de Facebook fue una catarsis, una expresión de angustia frente a la falta de reconocimiento profesional y las penurias económicas; un cuadro en el que muchos otros policías pudieron observarse como en un espejo.
Valdez era oriundo de Vera y había sido trasladado a Rosario por los problemas de seguridad, por lo que su historia refleja también en ese sentido la de muchos otros agentes y expone problemas de los que no se hablaba: el desarraigo de los policías y la pérdida de afectos y vínculos familiares que implica el trabajo. La protesta pone así en primer plano el factor humano como condición del desempeño profesional, un planteo desconocido hasta ahora: los policías de la provincia dicen que necesitan atención en salud mental y contención institucional.
Las manifestaciones se realizaron frente a las sedes de las jefaturas policiales de Rosario, Reconquista, Vera, San Javier, Helvecia y Tostado, y frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe. Policías y familiares se presentaron como autoconvocados y “en asamblea pública” elaboraron un petitorio y designaron como “único vocero” al abogado y ex policía Gabriel Sarla. “El malestar que atravesamos se expresa en hechos cotidianos: remuneraciones que no cubren necesidades básicas, cargas horarias y recargos incompatibles con el descanso, desarraigo sin compensación suficiente, falta de previsibilidad en horarios y un deterioro sostenido de la salud mental del personal”, afirmaron.
El petitorio incluyó entre otros puntos la “recomposición salarial real, verificable y sostenible”; el reordenamiento del régimen de guardias y descanso “evitando que el traslado y el desarraigo se conviertan en una carga invisible” y la implementación de un programa específico de salud mental garantizando “que el acceso a asistencia no sea causal de estigmatización ni represalias administrativas”. El “Plan de acción para el bienestar de las fuerzas de seguridad de Santa Fe” que presentó el gobierno respondió de inmediato a las demandas con plus salariales mensuales para el personal de calle, operativo y choferes; un incremento en las tarjetas alimentarias policiales y en los valores de las horas adicionales; transporte y alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe y cobertura en salud mental para el personal y sus familias.
De ayer a hoy
La policía no se movilizaba desde septiembre de 2020, cuando hubo un acampe de efectivos y familiares frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Eran otros tiempos y había otros modos: mientras el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, apodó “cachivaches” y “abogados de policías feos” a los líderes de aquella convocatoria, el actual ministro Cococcioni llamó al diálogo y recibió al abogado y ex policía Sarla.
Los motivos tampoco son los mismos, porque en 2020 los reclamos salariales se agregaron al rechazo a la reforma que proyectaban Sain y el gobierno de Omar Perotti y no hubo planteos respecto a cargas horarias o traslados. El abogado Sarla ya representaba a los policías como vocero en aquella demostración; en 2023 se candidateó a la intendencia de Rosario dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y en 2024 creó la fundación Proteger y Servir, destinada a “los buenos policías” según sus palabras.
La modalidad de la protesta tiene el sello de Apropol, la Asociación Profesional Policial: desde su creación en junio de 2001, este grupo ha escenificado de modo recurrente acciones frente a la jefatura de la Unidad Regional II y los pedidos de aumentos salariales y de mayores medios y recursos de trabajo para la actividad policial forman parte de su interpelación a los sucesivos gobiernos provinciales. Apropol afirma que los reclamos son presentados por “la familia policial”, una expresión reminiscente de las acciones del pasado.
Pero la situación actual tiene otro contexto, porque la policía de Santa Fe no es la única fuerza de seguridad con salarios insuficientes. El descontento también se extiende a las fuerzas federales: entre otras demostraciones, en febrero de 2025 familiares de gendarmes y policías de seguridad aeroportuarios se concentraron en reclamo de sueldos dignos en el Monumento a la Bandera, frente al Edificio Centinela en la ciudad de Buenos Aires y frente a plazas de Jesús María, Tartagal y San Salvador de Jujuy. En octubre de 2025 el gobernador Pullaro anunció que la provincia subsidiaría en forma complementaria la cobertura social de los efectivos del Plan Bandera ante la crisis financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, disuelto precisamente esta semana.
El martes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva visitó Rosario, celebró la disminución de homicidios en el mes de enero y anunció la continuidad del Plan Bandera. La movilización policial en la provincia traza una grieta en ese panorama y abre interrogantes sobre las proyecciones posibles del inédito reclamo gremial en otras fuerzas de seguridad.
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