La provincia prepara una jugada fuerte en el tema más mentado, sufrido, extendido y que, como mal rayo, no cesa: la inseguridad. Esta semana licitó dos innovaciones tecnológicas que se aplicarán intramuros, en las Unidades Coronda, Las Flores y Piñero, números 2, 1 y 11 respectivamente; en esta última debutará el control total de la señal de celulares a través de inhibidores, que la empresa estatal Invap hará efectivos con know-how israelí. En la raíz de la decisión están las balaceras, un formato áspero del delito, cuyo origen la justicia rastreó hasta los lugares de detención. En el último año, de las prisiones provinciales se retiraron unos 4.500 teléfonos móviles, mientras que las líneas fijas de los pabellones para comunicarse con el exterior registran menos demandas.
“Uno de los pilares estratégicos para el servicio penitenciario es la incorporación de tecnología, de la que hoy carece, excepto algunas paletas obsoletas que se pasan a las visitas, y que dividimos en dos, los elementos de control para los ingresos en las tres unidades más grandes que tiene la provincia”, explicó a Suma Política el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez. La otra incorporación son los más de una vez anunciados inhibidores de celulares, una inversión que supera el millón de billetes verdes.
“Después de reuniones con los fiscales se acordó la necesidad de que la Unidad 11 de Piñero esté inhibida ciento por ciento, no uno o dos pabellones sino todo el perímetro porque lo necesita”, enfatizó. Además señaló que la tecnología que se aplicará no existe en las unidades penitenciarias del país. La aplicación estará a cargo del Invap, que después de una selección optó por tecnología israelita. “El gobernador firmó un decreto aprobando esta gestión en la que estuvimos trabajando durante el último año y medio, hasta llegar a este acuerdo final”, comentó. Cuando esta semana autoridades del Invap y el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi sellen el compromiso, comenzarán a correr los plazos que se prevén en no menos de cuatro meses, por la complejidad de la gestión comercial, en dólares, y despachantes de aduana en La Plata e Israel.
“El sistema se llama full jamming y la provincia adquirió diez antenas de inhibición que se colocarán en las columnas de luces, y pretendemos a través de esta tecnología poner al menos un obstáculo mayor a las comunicaciones”, afirmó. Y precisó el alcance de sus palabras, “más allá de los teléfonos el interno se comunica con su abogado y su familia, pero creemos que según los fiscales con los cuales nos reunimos, esta medida permitirá disminuir al menos un 90 por ciento las órdenes que se dan desde adentro de las cárceles”.
La contratación con Invap no sólo incluye la adquisición de la aparatología, software y monitoreo, sino también un servicio postventa, con el objetivo de contar con la asistencia de la empresa estatal para la capacitación y el seguimiento, fungiendo como nexo con Israel, para garantizar el sistema al estar operativo.
Puntos ciegos
“En una nota periodística dijeron que cuando se endurecen los controles aparecen los problemas”, prologó Gálvez, en respuesta a la opinión del criminólogo Enrique Font, quien en julio pasado le dijo a Suma Política que cuando se restringe algo, “se arma un mercado negro alrededor de eso, que en general lo manejan los servicios penitenciarios” y que en los penales siempre hay puntos ciegos donde no se alcanza a cortar la señal y “se termina tarifando la zona”.
“Mejor que decir es hacer y nosotros hacemos esto, y por puntos ciegos compramos un 20 por ciento más de aparatología por consejo del Invap, tenemos voluntad de que sea el cien por ciento, claro que es un sistema y puede fallar”, consideró. Y puntualizó su respuesta al criminólogo: “Lo que dice Font, que puede haber una esquina en Piñero donde se pueda hablar, como hace un celador con su propio celular, para sacar de un pabellón —hay seis— a un alto perfil, no a un preso pobre, y llevarlo a un rincón, sin que nadie lo vea y volverlo a traer, tendría que negociar con diez penitenciarios anteriores porque cada pabellón tiene su celador y grupo de operaciones especiales de alto perfil, y seguridad a la salida del pabellón, ¿cómo hace?”, planteó.
“Esto es ciencia ficción, hay cámaras y es una cárcel muy bien diseñada, los pabellones, que son como seis unidades penitenciarias, están separados; y los pabellones de alto perfil, que son más pequeños, están monitoreados”, describió. Y dijo que no hay en el país una cárcel de similares dimensiones, que tenga el cien por ciento del predio inhibido. La experiencia se podría trasladar a Las Flores y Coronda, aunque en estos casos al estar en una zona urbana la inhibición de señal podría extenderse hacia áreas vecinas. “En cambio Piñero está en medio de un campo”, comentó.
¿Se puede objetar que esta medida afecta el derecho de los detenidos a la comunicación? “En los seis pabellones hay teléfonos fijos y con horarios determinados pueden utilizarlos para la comunicación que legalmente tienen que tener”. Al respecto dio un dato: “Hoy casi no lo usan (a los fijos) porque si tienen otro tipo de comunicación, para qué se van a comunicar a través de un teléfono donde están siendo escuchados”, relató. Además, dijo que a pesar de las requisas, los celulares ingresan. En el último año se sacaron 4.500 teléfonos en toda la provincia, un porcentaje entra con las visitas y otro por personal, quienes sumariados pasan a disponibilidad”.
Rayos X
Disimular objetos en ropas, paquetes o hasta en concavidades de la propia humanidad ya no será tan fácil. Se instalarán bodyscan (escaneo corporal) en los ingresos de Las Flores, Coronda y Piñero, las tres unidades penitenciarias que congregan el 70 por ciento de la población penal de la provincia; las dos últimas incluyen “detenidos de alto perfil”. En adelante, se confía en que nada escapará a los rayos X, exterior e interior del cuerpo, ya que “así ingresan tarjetas y celulares pequeños”, explicitó Gálvez y dijo que se trata de radiaciones inocuas para las visitas que son esporádicas. A esto se suma una cinta transportadora de carga, similar a la que se utiliza en los aeropuertos, sobre la que se deberán dejar bolsos y paquetes, que también pasarán por la radiación X.
“Para el empleado, porque un porcentaje de ingreso de celulares o de otras sustancias, ingresa a través del personal, y esto es así porque en la pandemia no hubo visitas y seguíamos retirando celulares, estamos licitando arcos detectores de metales, pero no se emplearán rayos X”, explicó.
En su opinión, la tecnología en los ingresos de las tres unidades grandes permitirá “saber algo que hoy desconocemos” porque “todo lo que ingresa a estas cárceles ahora estará monitoreado. “Esta información será imposible de ocultar porque el software no permite alteraciones, uno pasa y otro no, todo queda grabado incluso las alertas que dispara”, graficó. El recurso haría imposible la discrecionalidad que puede haber en otro tipo de requisas. En la provincia, este sistema debutó en la flamante Alcaidía de Santa Fe, donde “está dando muy buenos resultados. Como esto es nuevo para el personal, seleccionamos a tres personas por turno y las estamos capacitando”. Además señaló que Córdoba aplica este paquete tecnológico, bodyscan, cinta transportadora y arco detector desde 2016, “con buenos resultados, porque por lo menos se cuida el empleado de no ingresar lo que no debe, ya que hoy día sólo se puede revisar la mochila pero no debajo de la ropa”, explicó.
“El pasado 14 de noviembre se abrieron los sobres de licitación de toda esta tecnología y creemos que en un mes se instalarán en las tres cárceles de la provincia”, comentó Gálvez, y reveló que la oferente es una empresa china con filial en Buenos Aires y es la misma que provee a la Aduana, Policía Aeroportuaria y a Córdoba. “Uno tiene que atacar todos los frentes, no sólo los inhibidores, desde la puerta hacia adentro hay que atacar todos los frentes y hoy todo es manual con la fragilidad que eso tiene en cuanto a los controles”, explicó.
Una Unidad ad hoc
Desde la Unidad de Balaceras y Extorsiones, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), creada en setiembre de 2020, ante la emergencia de estas formas de delito, la fiscal Valeria Haurigot dijo que desde esa fecha se pudo poner en evidencia “la cantidad de órdenes que se daban desde los distintos espacios penitenciarios, tanto provinciales como federales; esto es importante decirlo porque no estamos hablando de una problemática excluyente de la provincia sino todo lo contrario, incluso en el caso de servicios penitenciarios federales es aún más grave por la condición de peligrosidad de los presos que están alojados en esa dependencia”.
“Si se sigue el hilo de las imputaciones que realizamos desde 2020 en adelante, se advierte fácilmente que se trata de hechos que en un 90 por ciento se dan las órdenes desde la cárcel, por eso junto a los fiscales de la Unidad, Pablo Socca, Federico Rébora y Franco Carbone, expusimos la necesidad de que haya un replanteo de la política de comunicación hacia el afuera”, explicó. Y dijo que advierten que la sanción penal es cada vez más irrisoria y da menos resultado y ni siquiera la medida cautelar de prisión preventiva que es la más gravosa para terminar con este problema.
“Es hora de hacer un replanteo, hay una tasa cada vez mayor de encarcelamiento y sin embargo los índices en materia de seguridad empeoran, es bastante obvio que hay que dar una vuelta de tuerca. Es constante, todo viene desde la cárcel, las extorsiones, las balaceras en algún momento del crimen, para conseguir la mano de obra, está la persona privada de libertad, emitiendo una orden, organizando un plan”, citó a modo de ejemplo, y dijo que la Unidad que integra, acorde a la realidad, fue ampliando incumbencias y que ahora está “abarrotada de trabajo”.
Cien presos por mes
“La manera en que se trabaja sobre el derecho que tienen las personas privadas de libertad a la comunicación con el exterior es un problema porque muchas de las planificaciones de los delitos se llevan a cabo desde los lugares de encierro”, aseguró el fiscal de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra. Y dijo que el ingreso y circulación de los celulares está por fuera de las disposiciones vigentes, e ingresan a los pabellones a través de circunstancias por todos conocidas. Además reveló que existen varias investigaciones sobre el ingreso de celulares a las prisiones, e hizo foco en el Servicio Penitenciario, al menos por omisiones o negligencias.
Para Schiappa Pietra “esto demuestra la fragilidad de los servicios penitenciarios. En Argentina tenemos una precariedad absoluta en la institucionalidad de estos servicios, a los que durante mucho tiempo se les prestó poca atención, hasta son disminuidas en su consideración, y esto es un problema porque en esas condiciones les tocó hacerse cargo de una serie de actores de altísimo poder de fuego, de organización, de recursos económicos y contactos hacia afuera; creo que en esto hay un problema de base, que excede por mucho a la coyuntura e implica un desafío para el futuro”, describió.
“No se trata sólo de pensar una norma que regule la utilización de telefonía, que bienvenido sea —advirtió el fiscal—, lo que hay que transformar es la institución penitenciaria que quedó totalmente desfasada de lo que hoy se necesita que es poder gobernar un ámbito absolutamente complejo”. Además, realizó un repaso de las características del delito en la actualidad, representado por una estadística inquietante: en Santa Fe ingresan unos cien presos por mes. Y dijo que en la discusión de políticas públicas sobre criminalidad organizada, no está incluido el debate sobre el fenómeno penitenciario.
Experiencias anteriores
El actual diputado y ex ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, repasó los intentos de dar respuestas al tema durante su gestión. “Nosotros detectamos la necesidad y colocamos inhibidores en muchos pabellones de la cárcel de Coronda y Piñero, y tuvimos un inconveniente en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que en el año 2016 nos intimó a sacarlos porque la tecnología no era precisa e inhibía no sólo el pabellón sino que se dispersaba a parte de la ciudad o de quienes pasaban en las inmediaciones”, relató.
“Habíamos comprado una tecnología que nos permitía inhibir señales en los pabellones más pequeños, de alto perfil y funcionaron bastante bien hasta el final de mi gestión, pero al utilizarlos en pabellones más grandes, se dispersaban los límites de la señal y se iban más allá de la cárcel, por lo que tuvimos que sacarlos”, explicó. Y dijo que en aquel momento había que tener un inhibidor para cada tecnología, 2G o 4G, citó a modo de ejemplo, lo que hacía más difícil encontrar la herramienta precisa.
“Hasta el final de mi mandato, estuvo controlado en el pabellón de alto perfil, pero el gobierno actual los sacó y los llevó a los pabellones comunes, que era justamente lo que demandaban los presos, y en pabellones grandes no aplicaban los inhibidores que habíamos utilizado”, dijo Pullaro y criticó ese desplazamiento “Nosotros aplicamos el control en los altos perfil que estaban en pabellones más chicos, teníamos habeas corpus todos los días por eso, con inhibidores y monitoreo las 24 horas, además de visitas restringidas, pero teníamos un control importante”, comentó.
¿Qué son?
Los inhibidores son dispositivos capaces de interferir las señales de telefonía móvil, emitiendo un “ruido” en la misma sintonía, impidiendo la comunicación. Hay versiones para las distintas necesidades, desde inhibir una reunión en una oficina, a intervenciones en grandes predios, pasando por cumbres políticas o encuentros ultra confidenciales.
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