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Sigue tensa la relación del Senado con Perotti, ahora por dos leyes vetadas y el retraso de fondos

Sigue tensa la relación del Senado con Perotti, ahora por dos leyes vetadas y el retraso de fondos



Redacción Suma Política


Los senadores empezaron el año con la cara pintada. Cansados de lo que consideran “un manoseo permanente” con los fondos que el gobierno de Omar Perotti les debe enviar cada mes, se reunieron y analizaron reclamar que se establezca un cronograma mensual de remisión de partidas, y hasta amenazaron con una denuncia penal al ministro de Hacienda de la provincia por “retención indebida”, si las demoras se repiten. La petición iba a ser enviada hoy mismo, pero se decidió esperar una semana más.

Paralelamente, el Senado sesionará este jueves para volver a pedir que el gobierno incluya en el temario de sesiones extraordinarias el veto del gobernador Omar Perotti a las denominadas leyes “anti Sain” para que la Legislatura pueda considerarlo (y probablemente rechazarlo). Son las que se aprobaron de manera exprés en 2020 y que plantean que se rindan cuentas sobre el uso de los fondos reservados del ministerio de Seguridad y que los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación no puedan desempeñarse en otro poder del Estado provincial o nacional. Esta medida afecta directamente al ministro Marcelo Sain, que tiene licencia en el Organismo de Investigaciones del MPA.

En cuanto al tema de los fondos, a la hora de explicar la decisión de pasar de los reclamos informales a los hechos, los senadores no ocultaron su molestia: “No estamos dispuestos a soportar más eso. Lo bancamos todo el año pasado. Tienen que entender que no son los dueños de la plata, que esos dineros son parte del presupuesto de un poder independiente, que es la Legislatura, y que lo tienen que enviar en tiempo y forma, no cuando se les antoja”.

Estas demoras en el envío de fondos a las dos cámaras legislativas ya había sido motivo de reclamos durante todo el año pasado. Y ahora el 2021 no empezó mejor, aunque los primeros meses suelen ser especiales. Lo que cambió es que los senadores decidieron pasar a los hechos a la hora de reclamar y a hacer valer lo que consideran una obligación del Ejecutivo. La decisión se tomó en una reunión que tuvieron en la tarde del miércoles en Santa Fe, aunque el reclamo que iba a ser inmediato se demorará unos días a la espera de novedades.



¿Qué reclaman?


El Senado -al igual que Diputados- tiene al menos tres ítem con fondos que deben ser cubiertos por el Ejecutivo cada mes, en el marco de las partidas asignadas en el  presupuesto anual, que entre ambas cámaras no llega al 1%.

El primer desembolso del gobierno al Senado se produce la primera semana de cada mes y corresponde a lo que se llama “Asistencia legislativa”, que contiene entre otras cosas las partidas de publicidad para los medios de comunicación de la provincia.

A mediados de mes se suelen remitir los fondos que corresponden al llamado “Fondo de Fortalecimiento Institucional”, con el que los legisladores pagan subsidios y ayudas en sus departamentos.

 Una tercera partida se paga entre la tercera y cuarta semana del mes y corresponde a los gastos denominados “protocolares”, que incluye desde viáticos de los legisladores hasta otras erogaciones de la Cámara como alquileres de oficinas donde funcionan algunas comisiones.

“Estuvimos un año al borde de que cada mes nos corten los teléfonos o de no poder pagar los alquileres. Es insólito porque el dinero está. Se pasó el límite de la tolerancia”, explicaron al salir del encuentro en el Senado santafesino.

El reclamo de los senadores se inscribe en el marco de una relación tensa entre el Ejecutivo y la Legislatura, especialmente con el Senado y uno de los bloques que representa al oficialismo.

 Las diferencias por la aprobación o demora en el tratamiento de algunas leyes, así como la crisis institucional después que dos fiscales pidieran el desafuero del senador por San Lorenzo Armando Traferri alimentaron ese espacio de disputa, al que se agregó al inicio de enero la decisión del gobernador de poner fin a las adscripciones de personal, que mayoritariamente afecta a empleados que trabajan en la Legislatura.


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