En cuestión de horas, del jueves 28 al viernes 29, cambió el tono de las posiciones en torno a la ahora muy concreta —casi segura— posibilidad de que en diciembre se vote una ley que declare la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de Santa Fe.
De los misterios de una rosca para contar posibles votos “a cazar” en otros bloques desde el oficialismo en la Cámara de Diputados, se pasó a un acuerdo político de cara a la sociedad en la que están involucrados el gobernador Maximiliano Pullaro, que deberá ser parte al habilitar el tema del que se pretendía ajeno en sesiones extraordinarias, y el ex gobernador Omar Perotti, que no se apartó de lo dispuesto por el PJ y ahora parece abierto a que se avance. Habrá que ver si encabezando una posición partidaria o solo de una línea del peronismo.
La preferencia votada por el oficialismo y parte de los diputados que llegaron por el PJ (no es el único bloque quebrado, también lo está la izquierda) dice con todas las letras que se espera poder tratar una ley que declare la necesidad de reformar la Constitución “dentro de dos sesiones”. Y eso no colisiona con la resolución que había adoptado orgánicamente el Partido Justicialista. En tanto no haya convocatoria a extraordinarias y habilitación del Ejecutivo, dos sesiones quiere decir mayo del año que viene.
Un lunes clave
El lunes 2 de diciembre, a las 10, volverá a reunirse la Mesa Ejecutiva del PJ de Santa Fe que lo mismo hizo una semana antes y provocó (con un juego de silencios del perottismo que le resultó exitoso para reposicionarse) que finalmente Pullaro quede expuesto a convocar y habilitar el tema. A pagar, en definitiva, un costo político.
¿Qué sucederá en esa nueva reunión del principal partido de la oposición? Aún no está claro. Un grupo puja por mantener lo dicho siete días atrás sin tocar una coma al duro pronunciamiento que trató de pretensión autoritaria a la iniciativa reformista del oficialismo. Otro que se planteó la necesidad de ser institucionalmente convocados al diálogo para avanzar en una reforma y por lo tanto que el escenario es distinto. En la primera opción están los senadores justicialistas que tienen en el presidente del PJ Guillermo Cornaglia a uno de los suyos, y en la segunda quienes votaron por la preferencia y ahora por un (cuanto menos innecesario) proyecto de comunicación que pide al Ejecutivo que habilite los diez proyectos propuestos, nueve de Diputados y uno del Senado.
Sin dudas, el acuerdo es hasta aquí entre los legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe y una parte de los representantes electos por el justicialismo. En este último grupo ya se contaba al diputado Juanjo Piedrabuena, un popular cantante de cumbias santafesinas que ya fue concejal y tiene su propio bloque unipersonal al margen del PJ, y la novedad crucial del jueves que marcó un cambio de tono es el perottismo que aceptó votar la preferencia.
En la medida en que avancen esos contactos entre oficialismo y una parte representativa de la oposición (Perotti encabezó la lista de diputados provinciales tras imponerse en las Paso) se agota la rosca, la idea de convencer como sea a legisladores de otros partidos, y comienza una discusión política de fondo y sin misterios, ahora sobre la letra de los proyectos de reforma en el seno de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que preside Pablo Farías.
La otra novedad fuerte del jueves 28 es que el perottismo tiene su propia versión de cómo reformar la Constitución, con una cláusula transitoria que excluye a Pullaro de ser reelecto (porque juró por la Constitución a reformar, no la futura). Seguramente, ese argumento se buscará hacer pesar en la reunión del lunes en la sede partidaria de calle Crespo en la capital provincial.
Los gritos y las voces calmas
Por las razones que fueran, el jueves no sucedió lo que hubiera sido un primer paso difícil de digerir en términos institucionales. No hubo un sobre tablas sin despacho aprobado a las apuradas, sino una preferencia. El oficialismo lo pudo digerir y preparó una estrategia que, resolución mediante, pretende que la habilitación del Poder Ejecutivo es simplemente “ante un pedido” de la mayoría en Diputados, compuesta por radicales, socialistas y macristas de Unidos, una parte de los perottistas (el ex ministro Walter Agosto votó en contra y de eso se hablará más abajo) y dos de los tres diputados de la izquierda, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué (Carlos del Frade se opuso).
Si se analiza lo ocurrido en Diputados ante esa resolución, un pedido público para que el gobernador haga lo que ya está acordado, puede ser criticado de dos formas: una es la que eligió con alta repercusión Amalia Granata y otra la que con muy pocas palabras certeras pronunció Lucila De Ponti: “El gobernador puede llamar a extraordinarias sin necesidad de que se lo pidamos”, describió.
Agosto, aún más escueto porque no dio un por qué, también votó por la negativa y eso puede significar tanto que le haya molestado la sobreactuación del pedido o que se haya comenzado a acercar a las posiciones más duras de los senadores en aquel comunicado del PJ que, junto al silencio de Perotti hasta el momento clave, cambió el rumbo de las cosas.
Agosto tiene obviamente un perfil propio anterior a Perotti. Fue el ministro de Economía de Jorge Obeid y quienes participaron de las reuniones de Gabinete del gobierno anterior sostienen que solo el economista hablaba de igual a igual con el rafaelino.
Granata, en tanto, intentó mantener el tono (los gritos y el sesgo de denuncia) sin advertir que ahora hay un cambio. Se ocupó de señalar que el gobernador Pullaro decía una cosa y ahora tendrá que hacer otra si quiere reforma (y reelección) y deslizó otra vez un supuesto intento de compra de voluntades, sin usar esas palabras.
Cuando dijo que Pullaro “manda” a un diputado que “está pagando su banca” porque al jefe del Estado santafesino “no le da la cara” para habilitarlo en extraordinarias pareció pasar un límite, que con calma y altura le respondieron primero Del Frade, en defensa de Palo Oliver, y luego Farías al explicar los pormenores de un fallo de la Corte que convalida la interpretación que de la banca N°50 hizo la propia Legislatura.
Del Frade aseguró que lo dicho por la diputada tenía “la profundidad de un charco” y se refirió a la necesidad de que se respeten las trayectorias políticas de quienes componen la Cámara.
Más allá del debate jurídico fue una muestra de cómo cuando hay política sin misterios y se comienza a crear un escenario de consenso, pierde fuerza el discurso de la antipolítica, al menos en los ámbitos legislativos.
De hecho, el mejor de todos los dardos que había lanzado Granata (y que quedó sin respuesta) fue dicho casi al pasar como una pregunta lanzada “al universo”, según su reflexión. Ella se dijo: “si el gobernador Pullaro es candidato a convencional constituyente… ¿va a tomar licencia como gobernador?”. Pero luego puso más énfasis en la búsqueda de desmontar algo que ya era evidente. Como dijo De Ponti (y no dijeron Agosto, ni Verónica Baro Graf, Natalia Armas Belavi o Miguel Rabbia) no hacía falta la resolución.
Farías, siempre lúcido, explicó que sí era necesaria la resolución impulsada por la izquierda del ex intendente de Santo Tomé, al indicar que el pedido contiene todos y cada uno de los diez proyectos en debate, lo que sería “la consecuencia directa de la preferencia votada 24 horas antes”.
Vaticinios y candidatos
En el debate en Diputados, curiosamente, los únicos que anunciaron candidaturas y hasta vaticinaron resultados electorales fueron quienes con más empeño han dicho que no quieren que Santa Fe entre en ese proceso. Granata afirmó que habrá elecciones, que será candidata, que ganará y que buscará una Constitución “contra la casta”, a la que identificó con el Senado santafesino: se proclamó partidaria de un sistema unicameral.
Más tarde, de su mismo bloque y desde siempre más cercana a las ideas libertarias, Silvia Malfesi aseguró que con un triunfo opositor en 2025, “Santa Fe va a tener una Constitución más liberal que la de Alberdi”. Y luego Farías, igual de calmo, explicó que participar en la elección es convalidar la legitimidad del proceso, aún para oponerse o proponer reformas diferentes a las que hoy plantea la mayoría.
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