Trasante: un misterio impenetrable que suma sospechas y nuevas incógnitas
Por Osvaldo Aguirre
Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué son las preguntas que ordenan un relato según la construcción tradicional de los textos informativos. Dos de esos interrogantes no tienen hasta ahora respuestas en el asesinato de Eduardo Trasante, y sin ellas la historia no sólo está incompleta sino que se vuelve borrosa y todavía más inquietante. Los entredichos recientes entre los fiscales y Ciudad Futura, y la réplica de los hijos del pastor después de las declaraciones de la viuda parecen síntomas de un malestar que se profundiza, mientras el misterio resulta impenetrable.
La reacción de Ciudad Futura ante la difusión de imágenes halladas en el celular de uno de los detenidos —Juan Monteverde habló de “fiscales basura” y asoció a los investigadores con los implicados en la protección del juego clandestino— fue tan fuerte como el posteo de Catherine Trasante sobre la renuncia de su padre al Concejo Municipal. El crimen despliega así una especie de onda expansiva que deteriora vínculos sociales e institucionales e instala la sospecha generalizada de que algo se oculta al conocimiento público.
“En las reuniones particulares estaba todo bien pero después salieron a decir otra cosa. Insistieron con la desaparición de un teléfono (en la casa de Trasante) aunque nosotros les explicamos hasta el hartazgo que fue un error en el acta del procedimiento. Son cosas que no suman, y molestan, básicamente”, dice el fiscal Matías Edery, que investiga el crimen junto al fiscal Gastón Ávila. La querella y la viuda, Carolina Leones, los acusaron por revictimizar a Trasante y ocultar pruebas en relación a las imágenes que tenía el detenido Alejo Leiva, capturas de Google Street View del frente del domicilio del pastor y fotos de carteles con las frases “x violador”. “Nos pareció preferible decirlo primero en audiencia, porque no sabíamos si esos carteles se habían colocado en la escena del crimen”, responde Edery.
Trasante renunció al cargo de concejal el 27 de diciembre de 2018 “ante una reciente denuncia de un hecho de acoso agravado en este caso por el lugar de poder y de representación, la cual fue asumida”, según informó entonces Ciudad Futura. Si no se dieron detalles fue porque no se quería provocar un linchamiento mediático, aunque la figura del pastor quedó asociada a una falta de ética. Pero a la luz del presente algo falló en la comunicación pública, porque la especulación se alimenta precisamente de la falta de datos concretos.
La reacción inicial de Ciudad Futura ante el pedido de información de los fiscales tampoco contribuyó en ese sentido, aunque el partido aclaró que pondría a disposición los detalles. Lo que pareció la resolución ejemplar de un caso de violencia de género se volvió dudoso después del posteo de Catherine Trasante en Facebook, no con relación al acoso en sí —ahora, por otra parte, explicitado como “prácticas machistas” sin contacto físico— como a un desacuerdo político que en la práctica pudo ser tolerado pero que el malestar y la angustia ante el crimen reavivan.
Los carteles que tenía Alejo Leiva —vecino de Trasante en Villa Moreno, conocido de sus hijos— plantean varias preguntas. La primera es si apuntan a inducir una pista falsa —en línea con el testigo falso, un verdulero de 22 años, que intentó responsabilizar por el crimen a uno de los detenidos— o bien si tienen alguna conexión con el móvil. “Hoy no podemos descartar ninguna posibilidad —dice Edery—. La aparición de los carteles da la necesidad de investigar, sumada a la situación por la cual Trasante se desvincula del Concejo. Pero no es la principal línea, ni remotamente”.
Las sospechas apuntan en otra dirección: “Lo que sabemos es que una gran parte de Los Monos, incluso de distintas facciones y en distintos momentos, estuvieron detrás del homicidio de Trasante”.
Una señal para el crimen organizado
El diputado provincial Carlos Del Frade comparó el crimen del pastor y ex concejal, por su gravedad institucional, con el de Mario Domingo Armas, el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista asesinado el 8 de febrero de 1986 en las cocheras de Paraguay 846. La investigación del episodio se perdió en pistas falsas y cuando surgieron datos, treinta años después, fue demasiado tarde para la Justicia.
El caso Armas quedó impune porque no se probaron los cargos contra el sospechoso —un ex agente de inteligencia del Ejército, funcionario público durante el gobierno de José María Vernet— y porque no se acreditó la sospecha de que el diputado del PDP, como integrante de la Comisión de Acuerdos en la Legislatura, obstaculizó nombramientos de jueces. A la luz del presente, su enseñanza es que si el móvil no está determinado el relato judicial sobre un crimen resulta ineficaz en términos del castigo.
El crimen de Trasante tiene un antecedente más próximo en los atentados contra edificios de Tribunales y domicilios de jueces. No sólo en términos institucionales sino porque el asesinato comparte una matriz con las balaceras: fue organizado desde una cárcel provincial según un esquema reiterado en el que cada eslabón de la cadena conoce al siguiente pero ignora el conjunto del armado.
El fiscal Edery suele decir que el 80 por ciento de los asesinatos por encargo del crimen organizado surgen de órdenes dictadas desde las cárceles provinciales. “Esto no puede pasar sin que el Servicio Penitenciario lo sepa —afirma—. No los homicidios que se encargan sino el ingreso de teléfonos, que haya presos con hasta tres teléfonos y con wifi disponible. Para prevenir este problema, lo primero es saber de qué manera ingresan a la cárcel las cosas prohibidas”.
Las condiciones de alojamiento son otro factor para que los negocios continúen detrás de las rejas, según el fiscal: “Los presos de alto perfil, los que mandan a matar, no pueden estar en la misma situación que un pibe que fue detenido por un robo común. Hoy los presos de alto perfil son casi testimoniales. Más allá de Alvarado, Pillín Bracamonte y algunos pocos más, los presos de alto perfil conviven en pabellones de régimen común con hasta ochenta internos. No tienen ningún control”.
El peruano Julio Rodríguez Granthon, alojado en la cárcel de Piñero, señala el punto más alto al que llegó la Justicia por el crimen de Trasante, aunque muy por debajo de los responsables, ya que su rol pareció reducirse a proveer el auto utilizado por los sicarios. “Ordenamos el secuestro de tres teléfonos que usaba y los tres los rompió antes de que llegara la requisa al calabozo. Es mucha casualidad”, dice Edery.
El manejo telefónico de los presos desde la cárcel —en Piñero los pabellones 7 y 8 alojan a miembros de Los Monos, entre ellos Daniel “Teletubi” Delgado, imputado por balaceras contra domicilios del juez Ismael Mamfrin, uno de los que lo condenó por el triple crimen de Villa Moreno— está tan naturalizado que sigue una rutina. “El sistema consiste en que el chip con el que usan WhatsApp está circulando por la ciudad —explica Edery—. Una persona en la calle carga el chip en un teléfono, el preso carga el WhatsApp con ese número y entonces el que está afuera recibe el mensaje y lo envía. Cuando uno se pone a rastrear, los teléfonos parecen dar vueltas por toda la ciudad. En realidad un preso maneja el WhatsApp desde la prisión con otro aparato donde tiene wifi”. El crimen organizado nunca se queda sin señal en las cárceles santafesinas.
El mensaje vacío
Quince días antes del crimen Eduardo Trasante tuvo una pinchadura con su auto cerca de Villa Moreno, cuando estaba con su hijo Jonathan. Un vecino se acercó para interesarse por la situación: Alejo Leiva, a quien conocía de chico, del barrio.
Otro de los acusados de participar en el crimen, Facundo López, también conocía a los hijos del pastor y era contacto en Facebook de Catherine Trasante. La sospecha es que Leiva y López estaban relacionados con algún sector de Los Monos y en el caso del segundo con “Teletubi” Delgado, el acusado que permaneció impasible mientras el Tribunal dictó el veredicto que lo condenó a 30 años de prisión por el triple crimen de Villa Moreno. Más allá de los indicios sobre la presencia de Leiva en la casa de Trasante durante el crimen —habría sido el que llamó a la puerta y se presentó ante la esposa—, la pregunta es a quién le envió la imagen del frente y para qué lo hizo.
Como ocurre con el caso del pastor, el móvil de los atentados contra edificios de la Justicia desconcertó a los investigadores, que en principio buscaron la explicación en la reciente sanción de una ordenanza y en el control del estacionamiento en el Casino City Center, ese quiosco de 24 horas de Los Monos. La lección, en este caso, sería que el por qué de un acto del crimen organizado no tiene una respuesta directa sino que se ajusta a una estrategia global.
La producción de carteles marca otro punto en común. La leyenda “con la mafia no se jode” es prácticamente de rigor en balaceras con fines de extorsión o de usurpación de inmuebles y también como firma de crímenes resonantes. Los Monos la utilizaron para plantar una pista falsa en un atentado contra el Centro de Justicia de Penal: “Con la mafia no se jode. Atte., Esteban Alvarado” fue casi una tomadura de pelo para escrachar al principal competidor en el negocio local del narcotráfico.
La pregunta ante los carteles que Alejo Leiva preparó en la mesa de su casa de Moreno al 3900 es también por qué, finalmente, no fueron colocados en la escena del asesinato. Más allá de los avatares del plan criminal, la respuesta al interrogante cobra sentido en función de la impunidad a la que aspiran los responsables y, sobre todo, de los efectos que se proponen.
Carolina Leone, la viuda, dijo que el crimen fue “un mensaje al poder”. Pero los asesinos no se expresaron con palabras y ese vacío no fue un descuido: el silencio es todavía más aterrador que cualquier discurso porque esparce el miedo y la sospecha sin límite, y lo seguirá haciendo hasta que la historia pueda ser contada con las respuestas que faltan.
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