Un debate tan extenso y diverso con la pretensión de reescribir las normas en casi todos los campos de la vida nacional se empezó a mover en el Congreso. Es la ley “ómnibus” con 664 artículos que no deja territorio jurídico sin tocar y que impulsa el nuevo gobierno, a 30 días de asumir, bajo el formato de sesiones extraordinarias, por ahora vigente hasta fin de enero.
El primer tramo de tremenda empresa legislativa sin precedentes en la historia del Congreso —por el volumen de temas que se abordan, todos dentro del mismo paquete de ley—, refiere a la parte informativa de la propuesta gubernamental.
El pasado martes comenzó con la presencia del vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Este miércoles la figura central del gobierno fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que expuso en el plenario de las comisiones de Legislación General (presidida por Gabriel Bornoroni, LLA), Presupuesto (José Luis Espert, Avanza Libertad) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz, LLA).
El proyecto de ley denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” conmueve al sistema político por su profundidad y amplitud; por su pretensión de refundar todos los lineamientos incluso constitucionales que con matices rigieron a la Argentina desde hace casi un siglo.
Con casi dos jornadas de plenario de comisiones transcurridas, con un centenar de diputados integrando las tres comisiones —38 por comisión, 114 en total, aunque algunos nombres se repiten ocupando una banca en dos o más comisiones— el clima es desordenado, con muchas peleas reglamentarias y por el uso de la palabra, con discusiones tan amplias y dispersas como la gigantesca propuesta que trajo el gobierno de La Libertad Avanza en su afán refundacional de la Argentina.
A la ley ómnibus o “bases”, el gobierno le sumó otro proyecto también de enormes dimensiones: un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que también bate récords de extensión y alcance temático, y que todo indica debería ser tratado por una comisión revisora bicameral que aún no fue constituida. Los bloques parlamentarios ya propusieron los nombres de diputados y senadores que la integrarán.
Ambas presidencias de las cámaras deberán perfeccionar esa conformación y dar inicio al tratamiento del DNU con fecha límite el 19 de enero próximo. Caso contrario, los plenarios de la Cámara alta y baja podrían constituirse y dar tratamiento al DNU incluso cuando las autoridades eventualmente posterguen la composición de la comisión bicameral.
Descontado el rechazo de plano que harán del proyecto “Bases”, de igual modo del contenido del mega DNU, los legisladores de UxP (102 en Diputados) además de los cinco miembros de la izquierda clasista (FIT), todo el interrogante político se enfoca en la conducta que terminarán tomando un par de decenas de diputados de bloques provinciales alineados parcialmente con el nuevo gobierno, así como un sector de origen radical o monobloques aliados de Juntos por el Cambio.
Con el objetivo de conseguir la aprobación del proyecto ómnibus y el mega DNU, el oficialismo necesitará que no deserten más de una veintena de diputados (excluyendo a UxP y la izquierda) de la gran asociación de mayorías que consiguió tanto en la Cámara baja como en la alta. Allí tributan, hasta ahora, acompañando a la Libertada Avanza y al núcleo macrista del PRO, radicales, los llamados peronistas cordobeses, Miguel Angel Pichetto, representantes de fuerzas provinciales como Río Negro, Salta y Misiones, y autodenominados de tradición progresista —aliados a Juntos por el Cambio— como la diputada Margarita Stolbizer o incluso de la Coalición Cívica, entre otros, que vienen tomando alguna distancia del embate mileísta.
El proyecto “Bases”, a favor de las chances del oficialismo, podría ser retocado con el correr de los días para dejar afuera los elementos más irritantes de su contenido que incluso espantan a los aliados del nuevo gobierno. Esa lógica ya se hizo evidente este miércoles con los anuncios de Bullrich en el sentido de modificar, por caso, la pretensión posiblemente inconstitucional de impedir la reunión de tres o más personas en la vía pública con el objetivo de manifestarse. Sin cambiar el nuevo paradigma de control estricto sobre el uso del espacio público de parte de manifestantes que reclamen contra el nuevo gobierno, Bullrich mostró una supuesta flexibilidad, posiblemente ligada a su experiencia y a diferencia de otros miembros de LLA del elenco gubernamental que cuentan con cero recorrido de gestión.
Las expresiones más consistentes para defender la propuesta oficialista en la primera jornada estuvieron en las voces de los experimentadísimos Rodolfo Barra, desde el 10 diciembre pasado Procurador del Tesoro (fue convencional constituyente en 1994 y miembro de la denostada Corte Suprema de la mayoría automática de Carlos Menem, entre muchos otros cargos) y de Mariano Cúneo Libarona, abogado con alta reputación, trayectoria en los medios de comunicación y con intervención en juicios resonantes de narcotráfico rosarino como el caso del “rey de la efedrina” Mario Segovia.
Para Barra, “la Argentina está grave y no es culpa de nadie en particular, pero es necesario tomar acciones de crisis ante la crisis. Esto ya lo vio (Juan Bautista) Alberdi. Si hay crisis económica no habrá Constitución, y como lo dijo Alberdi en el siglo XIX, las facultades especiales (para gobernar) son el único medio”.
Desde ya, el primer punto de choque irreconciliable entre el proyecto “Bases” y la oposición mayoritaria en ambas cámaras pasa por la pretensión de aprobar delegaciones del Congreso al Ejecutivo nacional que superan ampliamente todo lo conocido desde 1983 a la fecha, tanto en profundidad, amplitud, como en variedad de temas. Es cierto que en distintos momentos los gobiernos se otorgaron legislativamente facultades delegadas para temas específicos, aunque nunca con el volumen y alcance que se pretende en este enero de 2024.
Uno de los socios estratégicos del gobierno en el Congreso, el titular del bloque radical Rodrigo De Loredo, que repitió varias veces su convicción de que el gobierno sigue contando con la legitimidad de origen (los 14,5 millones de votos), que “tiene crédito electoral” y que pretende acompañar las iniciativas “sin buscar el pelo en el huevo”, alertó sin embargo por la “inédita extensión del DNU”, habló de un proceso “vertiginoso” en el que será necesario “cuidar los procedimientos”, por caso tratar la ley ómnibus en 25 comisiones (acorde a su verdadero alcance temático) y no en tres como se pretende en estas horas.
La voz más relevante de la oposición de UxP en la primera jornada del plenario de comisiones en el Congreso fue la de Leopoldo Moreau. “Con un DNU y una ley temáticamente enlazadas pretenden modificar con unos mil artículos el Código Civil, Comercial y Penal de Argentina. Ninguna crisis se solucionó otorgando poderes especiales al gobierno; Alfonsín recibió un país con mucha más crisis que la actual y no la resolvió con la suma del poder, buscó consensos. Menen también recibió una crisis muy grande y también buscó acuerdos políticos”, apuntó el histórico dirigente radical en UxP. Para concluir que “la peor de todas las crisis, la del 2001, con De la Rúa, la resolvió la política, respetando la Constitución y no violándola como se pretende ahora”.
A estas horas, la disputa política principal que intenta la oposición es llevar al plenario de comisiones al jefe de Gabinete Nicolás Posse y al ministro de Economía, Luis Caputo. Así como también tramitar decenas de pedidos de miembros de asociaciones de ciudadanos afectados por la nueva propuesta de leyes, que pretenden testimoniar en el Congreso.
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