“Lo del Gobierno de Milei no es ajuste, es gasto reprimido”. La definición es tan concisa como precisa y su autor es Pablo Gerchunoff, destacadísimo historiador y economista argentino. La frase de Gerchunoff aplica a todas las áreas de gestión del gobierno libertario, incluida por supuesto la ambiental, que desde el primer momento fue denigrada en términos institucionales y presupuestarios al punto de llegar a la casi inexistencia de instancias estatales nacionales que se ocupen del tema. Desfinanciar o subejecutar partidas ya de por sí muy exiguas es la manera más efectiva de hacer desaparecer políticas públicas: esto está pasando de manera cada vez más acentuada con el presupuesto ambiental de la Argentina, cuyo mayor órgano de acción —la Subsecretaría de Ambiente de la Nación— tuvo en 2025 el presupuesto más bajo de la última década. Este año todo será peor, ya que se espera una caída presupuestaria en términos reales de casi el 80 % para esa dependencia del Estado.
Parques Nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Plan de Protección y Conservación de Áreas Marinas, las partidas para la Ley de Bosques, los programas de energías renovables y eficiencia energética, el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y el Servicio Meteorológico Nacional: absolutamente todas las partidas de dinero público que atienden a cuestiones relacionadas con la conservación, el cuidado de la naturaleza o la adaptación frente al cambio climático han sido y seguirán siendo duramente recortadas, según un informe reciente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Recortes que están a tono con la doctrina de Milei, que piensa y sostiene que “el Creador no nos dio este planeta sólo para contemplarlo”.
Un territorio abandonado
Según se detalla en el documento de trabajo de la FARN, una de las áreas abandonadas a su suert e es el sistema de Parques Nacionales, una joya de prestigio internacional que no solo está siendo desfinanciada sino que además está siendo subejecutada: esto significa que las partidas asignadas para su buen funcionamiento ni siquiera se gastan en su totalidad. Así se desprende del documento “Presupuesto ambiental en Argentina: resultados del 2025 y proyecciones para el 2026”, que puntualiza que la Administración de Parques Nacionales (APN) subejecutó su presupuesto en 2025, con 13.720 millones de pesos sin utilizar. “De esta manera, la APN presentó una caída real del 39,3 % de sus fondos en 2025 en comparación con 2023, mientras que para 2026 se espera una caída real del 32,3 % con respecto a 2023”.
Algo parecido ocurre con el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), que el año pasado ejecutó 2.383 millones de pesos, 155 veces menos que los 368.633 millones que debería haber ejecutado para cumplir con la Ley 26.331. Para el corriente año, FNECBN cuenta con apenas 17.468 millones de pesos, según la FARN. Un área particularmente sensible que tampoco escapó a la motosierra es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que en 2025 ejecutó apenas el 75,7 % de sus fondos, dejando sin utilizar 19.300 millones. “El 38 % de sus fondos se ejecutaron en el mes de diciembre, lo que permite inferir una falta de planificación preventiva para la gestión integral del fuego. En el presupuesto de 2026, el SNMF vuelve a presentar una fuerte caída real: 69,2 % en comparación con 2023”, explica el trabajo.
Finalmente el Sistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP), que cubre unas 13 millones de hectáreas, ejecutó 666 millones durante 2025, un gasto de 61 pesos por hectárea protegida a precios constantes de 2026.
El desguace del Servicio Meteorológico
El SMN arrancó el año pasado con un presupuesto de 25.541 millones, luego ampliado hasta 32.083 millones. Si bien fue ejecutado casi en su totalidad, en términos reales perdió el 37,9 % respecto de 2023. Para este año, las partidas suman 37.651 millones, lo que significa una caída real del 37,2 %, en lo que ya es el presupuesto más bajo de la última década.
Además de pérdidas presupuestarias importantes, el Servicio —uno de los más antiguos del mundo— también atraviesa un fuerte recorte de personal: ya en diciembre de 2025 la plantilla se redujo a 992 empleados, un 5,7 % menos que un año antes cuando había 1.053 trabajadores. Según un informe del portal Chequeado, a principios de este año el organismo tenía 987 empleados, 175 menos que en diciembre de 2023. En la actualidad, ese organismo mantiene una fuerte disputa con el gobierno nacional, que sigue usando la tijera y acaba de despedir a 140 trabajadores más, bajo el argumento de la modernización del servicio.
Más combustibles fósiles, menos energías renovables
Otra área donde aparece de manera muy visible la faceta anti naturaleza del actual gobierno argentino es la energética, donde todas las fichas están puestas en el desarrollo de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en detrimento de las energías renovables. Desde la FARN pusieron también la lupa en estos rubros, con resultados elocuentes: el año pasado, las partidas destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética tuvieron 9.190 millones de pesos a disposición, una caída real del 64 % en comparación con lo ejecutado en 2023. Un dato interesante del informe de la Fundación es el de los subsidios a algunos sectores, algo que en lo discursivo estaba vedado para la doctrina libertaria: “además de los cambios estructurales generados a favor del sector hidrocarburífero a través de la modificación de la Ley de Hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, los subsidios destinados a empresas hidrocarburíferas (377.824 millones de pesos) representaron 41,5 veces más que lo destinado al fomento de energías renovables y eficiencia energética”.
Este año, el monto de los subsidios para la producción de combustibles fósiles será de 651.600 millones. El año pasado, la plata que se usó para subsidiar a estas empresas representó más de 6 veces la plata que usó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 158 veces el monto destinado al Fondo de Bosques. Otro dato clave: 2025 fue el año con mayor cantidad de fracturas hidráulicas (23.896) para extraer gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, así como el año con mayores registros de sismos en Neuquén (120). Al mismo tiempo, el Programa de Prevención Sísmica registró su presupuesto histórico más bajo desde 2017.
La plata que sí hay
No todas las áreas gubernamentales son víctimas de los recortes, ni todas las políticas públicas son desfinanciadas de la misma manera. Desde la FARN recordaron, en ese sentido, que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contó con 105.197 millones de pesos en 2025, el mayor presupuesto en 7 años. Este monto es 2,6 veces el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente y 1,3 veces el de la Administración de Parques Nacionales. Esto demuestra que el ajuste brutal de las partidas ambientales no obedece a restricciones técnicas o económicas, “sino que refleja decisiones políticas que subestiman e incluso niegan la magnitud de la crisis climática, ambiental y de biodiversidad actual”. “Cuando se debilitan políticas ambientales a través del ajuste fiscal, el Estado deja de cumplir plenamente su función como garante del derecho a un ambiente sano, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y contribuye a generar condiciones que facilitan su vulneración”, concluye el trabajo de los expertos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
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