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Vecinos de 27 de Febrero al 200 exigen al municipio que informe sobre un gran desarrollo inmobiliario en la zona

Vecinos del barrio República de la Sexta, lindante con la Ciudad Universitaria, efectuaron días atrás una presentación judicial contra la Municipalidad de Rosario mediante la cual exigen “recabar la totalidad de antecedentes técnicos, administrativos y normativos” que les permita saber, con certeza, “si es factible la obra que se está llevando a cabo en el solar de bulevar 27 de Febrero 250”: se trata de un edificio de treinta y seis metros de altura cuya autorización para ser erigido según el Código de Edificación —dicen los vecinos— desconocen por completo hasta el momento. “La actitud de la Municipalidad de Rosario es esquiva al no darnos la información pública que le solicitamos en tres ocasiones, información que ahora es menester obtener de manera urgente a través de vuestro imperio”, expresaron, dirigiéndose al juez.

La presentación judicial tiene el formato de un “aseguramiento de pruebas”, una instancia prevista por el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe cuando, por cualquier circunstancia, alguna persona se halle en peligro de perder sus derechos. En el documento los vecinos de la Sexta dan cuenta de sucesivos intentos fallidos a lo largo de tres años para obtener información sobre la normativa que permitiría la construcción del edificio.

“En junio de 2018, mediante la publicación de una revista —relataron a Suma Política—, tomamos conocimiento de que en 27 de Febrero 250 la Cooperativa de Vivienda de Rosario proyectaba construir dos importantes edificios”. El newsletter número 93 de dicha Cooperativa, correspondiente a esa fecha, anunciaba que se seguía “avanzando con la realización del proyecto para el próximo edificio de la Operatoria Macrocentro Edificio Rosacoop LXIII”: dos torres, una con planta baja y doce pisos al frente del bulevar, y otra con planta baja y tres pisos hacia el contrafrente. “Ante el hecho de que se pretendía la construcción de tremenda obra, en un lugar que no permitiría alcanzar la altura estimada para un edificio de doce pisos, comenzamos los contactos con distintas áreas de la Municipalidad para que se nos informara sobre su factibilidad”, precisaron.

La presentación judicial realizada ahora recuerda que “alentando las sospechas sobre las irregularidades” de la obra proyectada, el diario La Capital en su edición del lunes 27 de agosto de 2018 (dos meses después de la publicación del proyecto en el newsletter de la Cooperativa), “informó que el Municipio estableció nuevos indicadores urbanísticos para el corredor de 27 de Febrero, entre Alem y Necochea, aumentando las alturas de construcciones hasta los treinta y seis metros”, afectando justamente el solar de bulevar 27 de Febrero 250. “Como observará Su Señoría —sugieren los vecinos al juez—, la elección de ese predio fue un gran acierto de la empresa constructora”.

Después de varios contactos infructuosos por obtener información, los vecinos cursaron una nota formal a la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Municipal el 17 de septiembre de 2019. “Relatamos lo que pasaba y le pedimos nos brindaran detalles sobre los indicadores urbanísticos que el diario La Capital informaba se habían modificado y también sobre el grado de avance de la mega obra anunciada”, dijeron a Suma Política.

“Tuvimos, mientras tanto, contactos con distintos funcionarios: la arquitecta Alicia Pino, del Distrito Centro; la ingeniera Lorena Plano, de Obras Particulares; el arquitecto Javier Fedele, de Planeamiento: nunca tuvimos una respuesta —se explayaron—, no logramos que el Municipio informara sobre el proyecto de la Cooperativa de Vivienda de Rosario y nos diera precisiones acerca de las nuevas normativas aplicadas al área del Plan Especial Central Córdoba, donde suponemos nos encontramos viviendo”.

Después de aquella primera nota al Concejo, presentaron una segunda, por Mesa de Entradas General del Municipio, el 2 de octubre de 2020. No les fue contestada. “Para entonces ya veíamos cómo comenzaban las obras en el terreno: desmalezamiento, cercamiento de todo el frente de la propiedad, inspecciones permanentes por distintos profesionales, mediciones…”, expusieron.

“Cursamos una tercera nota, poniendo en conocimiento sobre el inminente comienzo de los trabajos y pidiendo que en diez días hábiles se nos informara si existía pedido de permiso de edificación, sobre especificaciones técnicas, cuál era la altura máxima permitida allí y si el proyecto contaba con un estudio de impacto ambiental favorable. Al igual que como ocurrió con las notas anteriores, esta tampoco fue contestada”, concluyeron.

Ahora los vecinos esperan que la instancia judicial, con la presentación del “aseguramiento de pruebas” mediante, les dé las respuestas que esperan hace tres años. El Municipio tiene “una conducta reticente a brindar información precisa”, señala el documento llevado a la justicia, y pide finalmente una inspección judicial y datos sobre la mentada Cooperativa de Vivienda Rosario.

“Una vez que comience efectivamente la obra será muy tarde para concretar las averiguaciones que desde septiembre de 2018 estamos intentando por la vía administrativa —explicaron los vecinos—; una vez que empiecen los trabajos quedaremos a merced de riesgos y daños sobre nuestras vidas y patrimonios. No es menor el control ciudadano que ejercemos como vecinos linderos del complejo habitacional proyectado. Nos interesa que la ciudad se desarrolle de manera armoniosa, procurando que estos edificios sean sustentables y de calidad, preservando así el valor urbano de los barrios”, concluyeron.

Historias repetidas y recientes

En noviembre de 2020, Suma Política reconstruyó la historia en torno a los permisos y contra permisos de edificación en altura para la cuadra de avenida Pellegrini al 3000 (entre Francia y Suipacha). Bajo un contundente título (“Una cuadra donde el Código Urbano y los negocios inmobiliarios van y vienen”), ese artículo dio cuenta de cómo dos años antes de esa nota, en 2018, el Concejo Municipal había sancionado una ordenanza que permitía construir a mayor altura en el lugar, pero luego, escuchando tardíamente el reclamo de los vecinos, o revisando sus decisiones anteriores, el mismo cuerpo legislativo había vuelto sobre sus pasos y establecido que, en esa cuadra particular, sólo se permitiría construir cuatro pisos (en 14 metros de altura).

Hacia fines de 2020, en plena pandemia, y ya por iniciativa del Ejecutivo de Pablo Javkin, todo volvió a cambiar para los vecinos de la cuadra de Pellegrini al 3000: el Concejo sancionó una ordenanza que permitía, otra vez, levantar en el lugar edificios de doce pisos (en 36 metros de altura): el triple que antes. Atrás habían quedado los reclamos de veinticinco vecinos frentistas para que se preservaran condiciones de vida en la manzana comprendida por Pellegrini, Suipacha, Francia y el paredón del Cementerio El Salvador (al sur). Como señaló Suma Política en aquel momento, Pellegrini al 3000 se había convertido en un terreno en disputa. ¿A quién beneficiaba el último cambio? A los vecinos seguramente no; a los desarrolladores inmobiliarios, con certeza.

Ahora, los vecinos de 27 de Febrero al 200, además de reiterar su queja y preocupación de cara al futuro, expresaron que “la falta de información, pública y precisa, sobre permisos, excepciones al Código de Edificación y demás en torno a nuevas construcciones de edificios, a más de ir a contramano de las buenas prácticas políticas, tiñe de sospecha el buen hacer de funcionarios e instituciones”.


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