El coche que llevaba al general Juan Carlos Sánchez fue por Oroño hasta Rioja. Dobló por esa calle y al llegar a la esquina de Alvear se le cruzaron una camioneta y otro auto. “Empiezan a los tiros. El vehículo del general intenta seguir”, relata un periodista rosarino en un registro en video de la época.
Pero el chofer había sido herido y terminó por chocar contra una pared después de sobrepasar la calle Córdoba; su pasajero, el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, estaba muerto.
Era la mañana del 10 de abril de 1972. El atentado provocó accidentalmente la muerte de Dora Cucco de Araya, una vecina que atendía el quiosco de diarios de Córdoba y Alvear, y un herido grave, el suboficial Celestino Berneche, chofer del jefe militar.
El asesinato de Sánchez desdibujó el contexto político en el que se produjo, caracterizado por operaciones represivas de creciente magnitud a partir de los Rosariazos de mayo y septiembre de 1969. Cincuenta años después, el significado del acontecimiento es particularmente relevante en la historia de las organizaciones armadas y en la génesis del terrorismo de Estado, cuyos primeros experimentos se realizaron por la época en el ámbito del II Cuerpo de Ejército y la Policía de Rosario.
La muerte del comandante del II Cuerpo fue reivindicada por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en un comunicado conjunto enviado al Correo Central. “Tuvo un enorme impacto público y político por el tipo de atentado, el lugar donde fue realizado y porque fue el primer alto jefe de las Fuerzas Armadas asesinado por una organización político-militar”, destaca Gabriela Águila, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Conicet.
El comunicado del ERP y las FAR enumeró una serie de razones para llevar a cabo el atentado: “los operativos rastrillo en la búsqueda de elementos combatientes”, las acciones para impedir el reparto de víveres y otros elementos expropiados por el ERP a diversas empresas, las muertes de Luis Pujals y Segundo Telésforo Gómez y el maltrato a los presos políticos. Un ajuste de cuentas con el militar que se había propuesto “erradicar la subversión”.
Perfil de un duro
Nacido en 1919 en Villa Guillermina, el general de brigada Juan Carlos Sánchez asumió la comandancia del II Cuerpo de Ejército el 24 de noviembre de 1970. “Era uno de los jefes considerados duros dentro del elenco militar de la dictadura iniciada en 1966”, explica Águila. Un perfil que se imponía, agrega la historiadora, desde que “una de las principales líneas de acción del régimen tuvo que ver con el reforzamiento de la legislación represiva y con la intervención cada vez más activa de las Fuerzas Armadas en la represión”.
En ese contexto, “se dictan leyes vinculadas con lo que ya en ese momento se denominaba la lucha contra la subversión, en un lenguaje que nos resulta familiar para la última dictadura pero no tanto para este período”. Entre esas disposiciones, la ley 19.081 autorizó en junio de 1971 a las Fuerzas Armadas para “prevenir y combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos” y puso a las policías provinciales bajo el control operacional de los respectivos cuerpos de Ejército.
Horas después de la ejecución de Sánchez, otra muerte sacudió a la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse: el gerente de la empresa Fiat, Oberdan Sallustro, fue asesinado por el ERP en el barrio de Lugano como desenlace de un secuestro extorsivo. “El impacto se mantuvo a lo largo del tiempo y fortaleció el perfil represivo que tenía la dictadura militar en ese momento. Sánchez fue ascendido post mortem, se realizaron homenajes durante años, incluso hasta la década de 1980. Se colocó su nombre a dependencias militares, escuelas y calles”, señala Águila.
El nombramiento de Sánchez al frente del II Cuerpo se produjo en coincidencia con la designación de otro personaje emblemático como jefe de policía de Rosario: el comandante de Gendarmería Agustín Feced (1921-declarado muerto en 1986), quien inició entonces su primer período al frente de la fuerza.
“Feced vuelve a ser nombrado jefe de policía en abril de 1976, es una figura asociada a los períodos más represivos —destaca Águila—. Cuando se produce el asesinato de Sánchez, se ocupa con intensidad de localizar e identificar a los responsables y al declarar ante la Justicia Militar en 1984 reivindica como parte de su actuación el hecho de vigilar, perseguir y detener a personas a las que acusa del asesinato no solamente en el momento en que se produce sino incluso hasta 1976, cuando todavía vigila, persigue y detiene a personas a las que responsabiliza del asesinato”.
Con el ejército y la policía alineados en la denominada lucha antisubversiva, “la represión se intensifica en sintonía con la creciente presencia de las organizaciones armadas que ingresan en el panorama político argentino a principios de la década de 1970: Sánchez viene a implementar esta fase de ejercicio de la violencia estatal en el área del II Cuerpo de Ejército”, agrega Águila, autora entre otros estudios de Dictadura, sociedad y represión en Rosario (2008).
El ERP había realizado su primera acción armada el 18 de setiembre de 1970, cuando un comando tomó por asalto la comisaría de Empalme Graneros y provocó la muerte de dos policías después de un tiroteo. “El ERP llama al pueblo argentino a organizarse en grupos armados para luchar contra la dictadura militar, asesina y pro yanqui, hasta derrocarla para construir una patria justa donde el trabajo del pueblo sea para el pueblo y no para una ínfima minoría de privilegiados”, anunció la organización en un comunicado de prensa.
Al año siguiente, ya con Sánchez en el comando del II Cuerpo, las acciones guerrilleras escalaron en su frecuencia y repercusión pública. El 23 de mayo de 1971 el ERP secuestró a Stanley Sylvester, cónsul inglés en Rosario y directivo del Frigorífico Swift; el 1° de junio, Montoneros copó San Jerónimo Norte y asaltó el Banco Provincial y la comisaría local; el 26 de julio las Fuerzas Armadas Revolucionarias dinamitaron la sede del Rosario Golf Club después de exigir dinero para comprar alimentos y útiles escolares que serían destinados a niños de Villa Banana.
“Las condiciones que impuso el PRT-ERP para la liberación del gerente de Swift —puntualiza Marcelo Larraquy en el libro Primavera sangrienta. Argentina 1970-1973— fueron la reincorporación de ochocientos trabajadores despedidos, el pago de salarios adeudados, cambio en el trato laboral y reparto de 25 millones de pesos en alimentos, útiles y frazadas. La empresa cumplió con el pliego de exigencias; el 29 de mayo de 1971, 3.600 personas se acercaron a la planta del frigorífico con un bolso para retirar las provisiones, que incluía propaganda del PRT-ERP. Un día después, Sylvester fue liberado”.
La acción fue explotada por el ERP a los fines de su propaganda con un cortometraje realizado por Raymundo Gleyzer en base a fragmentos de los noticieros televisivos rosarinos, incluyendo una conferencia en que Feced responde con fastidio a los cronistas, y a registros de trabajadores en el Swift y la zona sur de Rosario.
También difundió el recurso de las expropiaciones a empresas, por lo que el II Cuerpo resolvió detener como encubridores a los vecinos que recibieran mercaderías incautadas por guerrilleros.
La represión visible a través de las leyes y los procedimientos policiales y militares se asoció con acciones clandestinas. “El funcionamiento de dichos dispositivos no tuvo en aquel contexto la extensión y centralidad que ostentó a partir de 1975-76, pero constituyó una dimensión a considerar en el área en esos años”, plantean Águila, Lucas Almada, María Elena Divincenzo y Marianela Scocco en Territorio ocupado, un estudio sobre la historia del II Cuerpo de Ejército que publicaron la Editorial Municipal y el Museo de la Memoria de Rosario.
El Centro de Operaciones Tácticas, conformado durante la comandancia del general Sánchez en el II Cuerpo, se instaló precisamente en la convergencia de la represión legal e ilegal. En las sombras, además, comenzó a operar un organismo denominado con la sigla SAR: Servicio Área Rosario o Sub-Área Rosario, Servicio Anti-Subversivo de Rosario o, incluso, Comando ZAR (Zona Área Rosario), dirigido por Sánchez e integrado por militares, gendarmes y policías. Testigos de la época afirman que el SAR contaba con un camión equipado con picana y otros instrumentos de tortura que circulaba por la ciudad en busca de sospechosos.
Entre los hechos que los guerrilleros imputaron a Sánchez, el secuestro y desaparición de Luis Pujals había sido objeto de una campaña de denuncia tan intensa como infructuosa. Pujals fue secuestrado el 17 de setiembre de 1971 por la Policía Federal en un departamento de Canning (hoy Scalabrini Ortiz) y Nicaragua, en Buenos Aires, y trasladado primero a Coordinación Federal y después entregado al II Cuerpo del Ejército.
Según fuentes de la embajada norteamericana, Pujals fue asesinado el 23 de octubre de 1971. Era uno de los fundadores del PRT-ERP y militaba en Rosario desde mediados de los años 60. En 1972, Roque Narvaja le dedicó “Balada para Luis”, una canción de su disco Octubre (mes de cambios).
“Se implantaba así un nuevo método represivo que comenzaba con el secuestro por parte de fuerzas de seguridad sin identificación —señalan los autores de Territorio ocupado—. Luego el detenido era trasladado a un lugar secreto en el que se lo torturaba para obtener información. Finalmente reaparecía en el circuito legal en alguna comisaría o dependencia oficial”. Lo que era un experimento se convirtió en poco tiempo en la práctica cotidiana del terrorismo de Estado.
El iceberg de la represión
En Primavera sangrienta, Marcelo Larraquy incluye un testimonio sobre el asesinato de Sánchez de Jorge Luis Marcos, militante histórico del PRT-ERP. Según su versión, el objetivo inicial de la operación era el secuestro del militar y la ejecución habría sido resuelta por Juan Julio Roqué, militante de las FAR muerto en mayo de 1977 en un enfrentamiento con agentes de la Escuela de Mecánica de la Armada.
“En el momento fuerzas coordinadas del ejército, la policía federal y provincial llevaron adelante operativos en los accesos a la ciudad y en los barrios en busca de los responsables, y hubo cientos de detenciones por averiguación de antecedentes”, recuerda Águila. En julio de 1972, apremiado por la urgencia de mostrar resultados, el II Cuerpo de Ejército afirmó que habían sido capturados varios de los integrantes del comando conjunto del ERP y las FAR. Sin embargo, Roqué se mantuvo prófugo.
El 28 de noviembre de 1972 el dispositivo ilegal de la represión se hizo visible a una cuadra del lugar donde había muerto Sánchez. En Córdoba y Oroño, un estudiante de Ciencias Económicas y militante de la Unión de Estudiantes del Litoral, Ángel “Tacuarita” Brandazza, salió por un momento del baúl de un auto en el que lo llevaban y alcanzó a decir: “Me raptan. Son policías”.
Brandazza estuvo en manos del comando SAR y murió como consecuencia de las torturas que recibió en la antigua Jefatura de Policía de Rosario, según la comisión investigadora que presidió al año siguiente el diputado Juan Lucero. “Aparentemente lo confunden con el principal responsable del asesinato de Sánchez. Lo cierto es que Tacuarita está desaparecido”, dice Águila. Un drama que preanunció a los que siguieron y cuyas claves comenzaron a configurarse aquella mañana del 10 de abril de 1972.
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