El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario absolvió a los seis productores agropecuarios y al peón rural acusados por contaminar con agroquímicos en la zona de Pergamino. En el veredicto, los jueces reconocieron el impacto de los agroquímicos en la salud de las personas y valoraron la prueba científica aportada. Sin embargo, consideraron que no hay pruebas suficientes para acreditar los hechos imputados a los acusados. En tanto, dictaminaron dos años de prisión condicional para los exfuncionarios públicos Guillermo Naranjo y Mario Tocalini por “incumplimiento de sus deberes” de control y fiscalización. El tribunal ordenó mantener la cautelar vigente que aleja las fumigaciones de esa localidad, aunque se negó a ampliarlas, como había pedido la querella. Como novedad, los jueces solicitaron investigar la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, por posibles responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural. Para los abogados querellantes el fallo representa “una aberración jurídica” y adelantaron que apelarán la decisión.
Después de 16 audiencias, y diversas jornadas de alegatos, el jueves pasado al mediodía se conoció el veredicto del juicio por fumigaciones en Pergamino. El tribunal integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario definió absolver a los siete productores y trabajadores agropecuarios imputados, y condenar a los dos exfuncionarios públicos de la localidad bonaerense. El fallo quedó lejano del pedido del fiscal Federico Reynares Solari, que había solicitado penas de hasta cinco años de prisión, que incluso contemplaban el decomiso de los campos fumigados.
De esta forma, fueron absueltos los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, el ingeniero agrónomo José Luis Grattone y el peón rural Cristian Taboada. Las siete personas estaban imputadas por el delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que fija penas de entre 3 y 10 años de prisión contra quien “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
No obstante, el tribunal federal sí encontró culpables a Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, que se desempeñaban en la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino. Ambos fueron condenados a dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación, por incumplimientos en su deber de control y fiscalización de las aplicaciones que se realizaban en la zona rural de Pergamino. Al ser una pena condicional no irán a la cárcel, aunque se les aplicarán una serie de restricciones y deberán realizar tareas sociales.
Los argumentos
Durante la lectura del veredicto, el juez Lanzón reconoció que en el proceso quedaron probados los efectos que la exposición a agroquímicos generaron en la salud de Sabrina Ortiz y su entorno familiar. La historia de Sabrina es uno de los ejes del juicio: en 2011 comenzó a denunciar que las fumigaciones en los campos linderos a su casa generaban problemas en su salud y de su familia, tras perder un embarazo y sufrir dos ACV isquémicos. “La prueba científica avala esta conclusión”, sostuvo el magistrado.
Sin embargo, para el Tribunal los testimonios aportados en la causa no pudieron demostrar que las fumigaciones se hayan realizado “incumpliendo intencionalmente la ordenanza municipal o la medida cautelar de la Justicia federal”, ni que los productores hayan fumigado “con el fin de contaminar, envenenar o adulterar el suelo, el agua, o el aire de un modo peligroso para la salud”.
Para los jueces, el bloque acusador refirió “de manera imprecisa y sin identificar adecuadamente” un comportamiento imprudente relacionado con el manejo de agroquímicos, además de infracciones administrativas que fueron reconocidas por los propios acusados. Y remarcaron la necesidad de determinar “el nexo causal” entre los comportamientos atribuidos a los productores y el resultado contaminante esgrimido.
“Esto sella la suerte del pedido de Fiscalía y querella porque impide tener por probado no solo la contaminación en términos dolosos, sino también que los sucesos atribuidos a cada uno de los dueños de los campos estén directamente vinculados con la contaminación alegada en Pergamino y alrededores”, planteó. Lanzón también señaló que el alegato del fiscal estuvo “plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”.
Desde el tribunal también aclararon que el objetivo del juicio es “resolver un conflicto de naturaleza penal”, desligando al Poder Judicial de medidas que entienden fuera de su alcance, como la peligrosidad de las sustancias habilitadas para fumigar, o las distancias permitidas para su aplicación. “Un juez penal no está acá como un superhéroe para darle respuestas a lo que pide la sociedad, sino para aplicar la ley”, dijo Lanzón, en una frase que hizo ruido entre las víctimas presentes.
Respecto a las condenas contra Tocalini y Naranjo, el juzgado consideró que hubo “innumerables alertas que no fueron atendidas por esos funcionarios” y señaló que durante las audiencias quedó probada la falta de controles y prevención en el tema. Entre las novedades del fallo, Lanzón solicitó al Juzgado de San Nicolás que investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, entendiéndolo como la cabeza de la cadena de mando a cargo de la fiscalización.
A su vez, el veredicto dejó vigente la cautelar que establece una zona de exclusión de 1.095 metros en Pergamino, pero se negó a extender esa protección al resto de los poblados y escuelas rurales del partido.
“Aberración jurídica”
“No vamos a parar hasta que paren de fumigar y hasta que paguen todo lo que hicieron”, dijo Sabrina Ortiz a la salida de los tribunales federales de calle Oroño, una vez finalizada la audiencia. Salió con uno de sus hijos en brazo y un cartel amarillo con un mensaje: “Paren de fumigarnos”. Desde la acusación se mostraron molestos por el fallo, pero confiados con la posibilidad de darlo vuelta en segunda instancia: desde la querella adelantaron que apelarán la sentencia.
“Esto es solo una instancia. No hay que quebrarse ante tanta impunidad. Las pruebas científicas son contundentes. Nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces que vive frente a mi casa y está probado”, sostuvo Ortiz. “Esto es solamente una instancia y sabemos que podemos doblar este veredicto. Así que vamos a seguir para que esto se logre y para que dejen de enfermarnos para siempre”, añadió.
En diálogo con Suma Política, el abogado Fernando Cabaleiro calificó el fallo como “una aberración jurídica” de los jueces. “Es absolutamente contradictorio, plagado de formulaciones genéricas y hasta políticas, es decir no jurídicas. Si hay algo que se probó en este juicio es la relación de causalidad, solo basta tener sentido común, cosa que no han tenido estos jueces”, cuestionó y agregó: “Lo que más indigna es la falta de perspectiva ambiental y hasta de género, que son cuestiones que deben ser valoradas para decidir un caso como este”.
El abogado también adelantó que se trata de un “primer paso” y que el proceso judicial continuará con la apelación. “Nadie pidió jueces superhéroes. Las víctimas reclamaron justicia ambiental, como todas las madres de niños, niñas y adolescentes fumigados de Pergamino que prestaron su testimonio. Hoy el Poder Judicial de la Nación les dio una bofetada, pero vamos a apelar. Es un fallo peligroso que debe ser neutralizado porque no es el camino que marca la jurisprudencia previa y consolidada en la materia”, cuestionó.
Greenpeace
El fallo generaba expectativas en la previa, por lo inédito del proceso: es la primera vez que la Justicia sienta en el banquillo de los acusados a productores agropecuarios, por el presunto delito de contaminación. La absolución también generó repercusiones entre las organizaciones ambientales de la ciudad y la región. Incluso Greenpeace se pronunció con un comunicado, cuestionando el veredicto de los jueces.
“El fallo deja sin responsabilidad penal a los acusados por contaminar y representa un retroceso grave para la protección del ambiente, la salud de las personas y el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano”, cuestionó en el escrito. “Después de años de denuncias, testimonios de la comunidad, estudios científicos y reclamos de las familias afectadas, la absolución de quienes fueron acusados por contaminar deja un mensaje peligroso: que la contaminación puede no tener responsables y que la salud de las personas vale menos que los intereses de quienes contaminan”, apuntaron.
Desde la organización ambientalista remarcaron que Pergamino “no es un caso aislado” y expone una problemática estructural, que abarca el uso de agrotóxicos y la falta de controles, dejando a las comunidades expuestas a sustancias peligrosas. “No se trata solo de quienes aplican estos productos, sino de una cadena que permite que los agrotóxicos se produzcan, circulen, lleguen al agua, al suelo y a los cuerpos de las personas, sin respuestas proporcionales al daño causado”, indicaron. “Frente a esta realidad, no alcanza con administrar el daño ni tratar la contaminación como un costo inevitable”, finalizaron.
Autor
