Libre, por el momento. Ezequiel David Pérez, “Lelo” para los amigos, fue excarcelado por decisión del juez federal Carlos Vera Barros aunque continúa la investigación federal que lo tiene en la mira por supuesto lavado de activos y todavía queda por resolver la situación procesal. También recuperaron la libertad el empresario Marcelo Eduardo Malatesta y el expolicía provincial Maximiliano Emanuel Novillo, mientras se dispuso la inhibición general de bienes de los tres y un embargo preventivo requeridos por la fiscalía.
La investigación transcurrió en secreto hasta el 30 de julio, cuando fueron allanados siete domicilios en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez. Según expusieron los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay Molina ante el juez Vera Barros, los antecedentes remiten a un parte de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la venta de armas de fuego con numeración adulterada, lavado de activos e infracciones a la ley de estupefacientes por parte de tres miembros de la Policía de Santa Fe: Maximiliano Emanuel Novillo, Emiliano Ezequiel Haro y otro que finalmente quedó al margen de la investigación.
Los tres policías tenían algo en común: la relación con Leandro David Pérez. Qué actividades compartían todavía no se sabe, pero según los investigadores tienen algo más en común: la disposición de fondos que no se condicen con los ingresos registrados y que provendrían de la venta de drogas. El 3 de octubre de 2024 la Procuraduría de Crimen Económico y Lavado de Activos (Procelac) ordenó así un informe patrimonial sobre Pérez, Malatesta y los tres policías.
Pérez ya estaba en la mira de la Procelac desde mayo de 2017 y no porque hubiera tenido un romance con Vicky Xipolitakis. En esa fecha compró dos cocheras en la Torre Aqualina a través de la empresa Palabra Santa S.R.L. y de un fideicomiso y la alarma se encendió porque tanto el escribano como el vendedor que intervinieron en la operación habían sido investigados por estafas.
“Lelo” ha dicho que hace negocios sin preguntarle a la contraparte cómo consiguió el dinero. Pero en algunos casos parece imposible no saber. Otra de sus empresas, la concesionaria Reina Automotores, tuvo vínculos tanto con Luis Roberto Medina como con la familia Cantero y Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero, habría retirado un vehículo del salón de ventas ubicado en Gálvez y Oroño.
Sin embargo, ese pasado no condena a Pérez. La única sentencia en su contra es de tres años de prisión por lavado simple, en un juicio abreviado firmado el 24 de febrero de 2023 con la Justicia provincial. Y todavía tiene una puerta entreabierta, porque el Tribunal que intervino en esa causa descartó que se hubiera configurado el delito de lavado.
En mayo de 2015, Pérez y Malatesta constituyeron Araca Corazón S.R.L.; un mes después Palabra Santa S.R.L. y en agosto de 2017, Transporte Overland S.R.L. Las tres empresas son investigadas por lavado, y en especial la última, en la que según la fiscalía “los estados contables revelan una estructura patrimonial incompatible con la magnitud de los bienes incorporados”.
Overland se dio de alta para actividades tan diversas como la “Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”, el “Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel”, “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados”, “Venta al por mayor de artículos para la construcción”, “Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados”, “Servicios de almacenamiento y depósito” y “Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas”.
Pérez es conocido como un vecino del piso 30 de la Torre Aqualina pero tiene otro lugar de residencia en el Country Miraflores de Funes Hills. Allí también constituyó su domicilio fiscal Malatesta, que desarrolla actividad empresaria al menos desde 2013 y adquirió el carácter de fiduciario en el Fideicomiso mediante el cual construyen un edificio de calidad Premium en avenida Pellegrini al 3800.
Maximiliano Emanuel Novillo tiene un antecedente notable en la policía: el 4 de junio de 2013 fue herido de bala en un tiroteo frente a un búnker de Moreno e Hilarión de la Quintana. Novillo recibió un disparo en la cabeza y el Comando Radioeléctrico informó el episodio como un enfrentamiento con un soldadito que murió en el episodio. Una década después, Novillo fue destituido de la Policía por enriquecimiento ilícito.
Como suele ser el caso en la fuerza, todo comenzó con una denuncia anónima que en 2018 alertó sobre el repentino buen pasar de Novillo. La División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía tardó cinco años en comprobar que Novillo no podía justificar la procedencia de los fondos con que había aumentado su patrimonio y recién entonces giró el caso al Ministerio Público de la Acusación. Ahora están bajo la lupa un inmueble comprado en Pérez, tres autos de alta gama, la compra de dólares y frecuentes viajes al exterior; Perú, Brasil, Colombia y Emiratos Árabes Unidos son los destinos preferidos por el expolicía. La fiscalía afirmó que los bienes de Novillo provienen “de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes”, sin más detalles.
El subinspector de la policía provincial Emiliano Ezequiel Haro es otro viajero por el mundo. Según la investigación, este policía ascendido en 2019 y con domicilio en Ibarlucea ha paseado por Perú, Brasil, Francia, Colombia, Panamá y Chile. Es dueño de una camioneta Ford Ranger y una motocicleta Benelli Leoncino y de más de una decena de inmuebles y locales comerciales. El sueldo promedio de un subinspector con antigüedad es de 2,18 millones de pesos, por lo que debe explicar el origen de su patrimonio, además porque registra acreditaciones bancarias por montos que duplican su salario.
“El denominador común entre ellos es que ninguna de las personas antes mencionadas tiene los medios necesarios para justificar patrimonialmente los movimientos pecuniarios que realizan ni para mantener los bienes que poseen. Asimismo, de las intervenciones telefónicas realizadas sobre el abonado de Leandro Pérez se obtuvieron conversaciones que hablan de una amplia gama de operaciones”, informaron los fiscales al juez.
Entre esas operaciones se cuentan la compra de terrenos sobre bulevar Avellaneda de esta ciudad, de una camioneta Ford Ranger 0km, de un camión, de autoelevadores, de un tótem de seguridad, así como la venta de motos, la entrega de un cuatriciclo y la gestión de la construcción del edificio de calle Pellegrini al 3800. Según un registro telefónico de Agustín Pérez, abogado e hijo de Leandro, un departamento en ese edificio cuesta 320 mil dólares.
La fiscalía también investiga el vínculo de Pérez con un empresario que explota una marca conocida de ropa en Rosario. Se trata del propietario del edificio de Buenos Aires 1063 que “Lelo” ofreció como pago de la multa impuesta en la causa de la Justicia provincial. “El Gringo”, como le dicen, salió ileso de tres balaceras, una adjudicada por él mismo a barrabravas de Rosario Central. “Los antecedentes de esta persona están siendo analizados a la fecha, es de interés para la causa”, apunta un investigador.
“La causa tiene distintas etapas —agrega el investigador— y alcanza a todas las personas que fueron objeto de denuncia. Algunas tuvieron una orden de detención para declarar en indagatoria y otras fueron allanadas. La investigación continúa, que no hayan sido indagados ni detenidos no significa que hayan quedado al margen”.
La fiscalía pidió la inhibición general de bienes de Leandro David Pérez (DNI 22.908.870), de Maximiliano Emanuel Novillo (DNI 33.916.624), de Marcelo E. Malatesta (DNI 17.891.895) y de Agustín Leandro Pérez teniendo en cuenta que no tienen a su nombre bienes suficientes para cubrir el monto total de un embargo requerido y que podrían existir bienes desconocidos. También solicitó el embargo preventivo sobre las cuotas sociales de las empresas que conformaron Leandro Pérez y Marcelo Malatesta y la intervención judicial a través de un síndico. El juez Vera Barros concedió esas medidas, mientras restan indagatorias y la cuestión de fondo, la situación procesal de los investigados.
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