“Si entrás en una guerrilla, te podés comer un pleito”. La frase refleja el estado de opinión que existe en la Justicia provincial sobre la anunciada decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro de llevar adelante una renovación total o parcial de los actuales seis miembros de la Corte Suprema santafesina. Los cortesanos saben que por más que se pinten la cara no podrán evitar una negociación para ver en qué orden y a cuántos afecta el recambio previsto. Ya hay una lista con prioridades de nombres para encarar la jubilación, y se menciona con insistencia a dos mujeres para ser propuestas como reemplazos, en un intento por igualar la paridad de género en los asientos.
Termina una feria judicial atípica, con actividad inusual para la época de fiscales y jueces y hasta con una guardia engrosada en los Tribunales, y parece que no pasa nada, pero hay movimientos por lo bajo. El gobierno no tuvo margen para enfocarse en el tema porque es enero y porque a nivel nacional el frente de batalla estuvo atendiendo otros asuntos decisivos y más urgentes, pero nadie se olvida de uno de los cambios con los que se quiere cambiar el estado de cosas en la provincia.
No se dejaron de registrar los gestos de mayor actividad durante la feria, donde la Justicia parece haberse puesto a tono con las exigencias del nuevo gobernador, pero nada podrá evitar que en febrero se den los primeros pasos hacia un recambio de los cortesanos.
“Vamos a seguir cambiando cosas en Santa Fe”, prometen desde el gobierno cuando hablan del tema, y ponen sus condiciones: “Será con diálogo y consenso, pero todo tiene un plazo. No será hasta la eternidad ni vamos a perder tanto tiempo”.
Se viene la modernización
Desde antes de asumir, voceros del gobierno electo con el mayor número de votos de la historia provincial dejaron trascender que una de las ideas centrales de la gestión incluye una modernización de la Corte a través del recambio de sus miembros.
Después fue el propio gobernador, apenas asumido, quien admitió públicamente el proyecto de llevar adelante alguna renovación y disparó todas las alertas. Incluso se habló de que la movida afectaría a los seis miembros.
Sin embargo, transcurrido ya más de un mes de gestión, en la superficie no hubo ni pedidos de reunión ni se dieron pasos hacia el recambio. Lo único concreto fue la instalación mediática del tema, que podría ser interpretada como una marcada de cancha antes de avanzar con las negociaciones.
La idea de sacudir la modorra con la que se suele ver a la actual Corte provincial no cayó nada mal en el ambiente político santafesino, consciente de que la época admite la necesidad de algunas necesarias reformas, incluso de estilos.
Pero las formas con las que se impulsó o podría concretarse, produjeron por ahora un efecto contrario al buscado: los cortesanos sellaron una suerte de abroquelamiento entre sus miembros y tejieron una cadena de solidaridad que no se había visto antes en su funcionamiento de décadas.
¿Un nuevo “Resistiré”?
No es que piensen en reeditar el famoso “Resistiré” con el que la Justicia santafesina recibió al gobierno a Hermes Binner, en un reclamo de otro tipo y por otros motivos. Pero molestos por las formas, parecen haberse pintado la cara para que la avanzada, si se da, o cuando se dé, conserve al menos algunos gestos de mínima cortesía.
Nadie podría argumentar en contra de que un gobierno legitimado por más de un millón de votos y una amplia mayoría legislativa se proponga poner en línea a la Corte Suprema.
El problema está en los modos, que podrían ser amables y lograr resultados más rápidos que los que se consigan yendo por las variantes estrictamente legales, siempre sujetas a una amplia discusión y a diferentes miradas.
Hay tres ministros en la mira, dos de ellos mayores de 80 años, y en algunos casos atravesando algunos problemas de salud: el rosarino Mario Netri y el santafesino Eduardo Spuler. El objetivo de renovación podría centrarse en esos lugares y hasta sería viable un diálogo que los convenza de la necesidad de aceptar despedidas elogiosas y un retiro con programados honores. En el medio, no cayó nada bien la frase: “Que los más ancianos den un paso al costado”, como llegó a declarar sin demasiado tacto político el fiscal de Estado entre las fiestas de fin de año.
El tercer lugar de salida está en discusión. María Angélica Gastaldi, además de sus pergaminos profesionales, ostenta la condición de única representante del género femenino, con lo que sería una descortesía apuntar a ella. Roberto Falistocco tiene en contra la marca de ser el integrante más antiguo de los seis que componen la actual Corte (desde los tiempos en que gobernaba Víctor Reviglio), aunque todavía con algunos años por debajo de la edad de sus colegas que superan los 80.
De esos cuatro nombres podrían surgir tres vacantes, y el gobierno podría propiciar también aumentar a siete el número de miembros, un reclamo de absoluta legitimidad y conveniencia, a tenor de los cuestionamientos que se han hecho en los últimos 20 años por ser la de Santa Fe la única Corte con número par en sus miembros, lo que obliga en caso de empate a que intervenga un magistrado de menor jerarquía nada menos que para dirimir asuntos polémicos.
Los problemas que enfrenta el gobierno para avanzar en su propósito con este plan, que se conoce como “3 más 1”, es cómo lo hace. El ex diputado radical Santiago Mascheroni está al frente de la Secretaría de Justicia, que podría llevar adelante con astucia tan ardua tarea, pero todavía no se registran pasos oficiales en ese sentido.
Con una trayectoria de manejo político y cintura parlamentaria, se duda que intente ir por el camino escabroso de poner límites sin convencer antes. Tampoco es la manera en la que el gobernador se viene manejando, incluso en la Legislatura, donde a pesar de poder imponer, intenta explicar y buscar mayores consensos.
Los problemas del recambio
Además de que se trata de una vía más atinada, la negociación es la mejor alternativa. Si se quisiera imponer de prepo el recambio, se podrían atravesar algunos inconvenientes de orden legal.
El primero es que si bien la Constitución de Santa Fe establece que la inamovilidad de los jueces cesa a partir de los 65 años (siempre que estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria), ese tope fue superado después de que el ex juez Casiano Rafael Iribarren acudiera a la Corte nacional y lograra en 1999 que le dieran la razón para seguir hasta después de los 75.
Acá surge otro problema. La reformada Constitución nacional también alargó los tiempos y dispuso la caducidad del carácter vitalicio de los jueces nacionales y federales a los 75 años (no el día del cumpleaños, sino durante ese año), pero puso una condición para seguir en el cargo cinco años más una vez superada esa edad: un nuevo acuerdo del Senado. En Santa Fe parece haberse tomado sólo una parte de esa definición, con lo que la inamovilidad es en la práctica de por vida, sin que sea necesario que se ratifique la función en ningún momento. Eso es algo que se quiere modificar.
Para sumar detalles al conflicto, el flamante fiscal de Estado del gobierno aceptó ahora que el artículo provincial que limita las edades dejó de tener vigencia por aquella disposición de la Corte Nacional (aunque otros podrán alegar que la inconstitucionalidad sólo vale para el caso para el que se presentó), y se pronunció a favor de que una ley nueva fije claramente los límites de edad, que podrían ser los nuevos 75.
El problema es que todo eso está bien y podría hacerse, pero no resuelve el asunto actual, que es lo que importa estos días. Cualquier disposición que se agregue regiría hacia el futuro, pero no sería válida para los cargos en marcha. Al menos eso podría alegarse. Y por sobre todas las limitaciones que se pongan, siempre existiría la posibilidad de que los afectados reclamen, avalados por el respaldo de algunos tratados internacionales que hablan en contra de poner límites laborales en función de la edad para el caso de los magistrados.
Si pese a todo algunos de los topes se impusieran, también se desataría otra polémica: si valen tales limitaciones para los ministros de la Corte, del mismo modo deberían afectar al resto de los jueces y camaristas, con lo que se generarían en un solo movimiento alrededor de 70 vacantes, que deberían ser reemplazadas después de un proceso que incluye concursos, exámenes y aprobaciones respectivas.
Otra discusión más política se parecería a una chicana: por qué se puede limitar la edad para jueces y eso no afecta a funcionarios políticos del gobierno, donde ya varios cruzaron la barrera de los 65 años, y algunos la de los 70.
Es por todo esto que parece va a imponerse alguna negociación, que en el medio podría utilizar advertencias severas, pero que debería terminar en acuerdos de reemplazo que no agiten demasiado las tensiones políticas, en un escenario donde el gobierno impone un estilo de resultados rápidos y concretos, pero por ahora sin provocar demasiadas heridas.
Un termómetro de cómo está el tema seguramente podrá detectarse en el mes de febrero en lo que pueda decir o callar en su discurso de apertura del año judicial el nuevo presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, uno de los que por ahora aparecen como intocables en el recambio.
Mientras, y como una demostración de que hay preparativos sobre el asunto, ya suenan los nombres de dos mujeres para preparar el recambio: una de dilatada trayectoria en el Tribunal, y otra con cercanía al actual gobierno.
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