En el inicio de los alegatos, los abogados querellantes y la Fiscalía solicitaron penas que van de dos a cinco años de prisión para los imputados en el juicio por contaminación con fumigaciones en Pergamino. Son seis productores agropecuarios y un empleado rural, acusados de contaminar con agroquímicos peligrosos para la salud y el ambiente campos de su propiedad cercanos a viviendas y escuelas. La causa también tiene imputados a dos funcionarios públicos, para los que se pidieron dos años de prisión condicional, por lo que podrían evitar la cárcel. La solicitud del bloque acusador fue acompañada del pedido para que se amplíe la medida cautelar que restringe las fumigaciones a 1.095 metros de la zona urbana de Pergamino, y avanza con una medida de fuerte impacto: el decomiso de los campos a los productores agropecuarios. Se estima que el veredicto se puede conocer a finales de junio.
El juicio, que tramita en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, entró en la instancia de alegatos este miércoles, con la exposición de la querella. Durante más de dos horas y media, los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana repasaron el material probatorio reunido en ocho años de investigación, y expuesto a lo largo de las 16 audiencias que tuvo el proceso judicial. Desde pruebas científicas hasta el testimonio de los vecinos afectados. El jueves hizo lo propio el fiscal Federico Reynares Solari. Tanto para la querella como para Fiscalía, durante el juicio quedó probada la contaminación y el daño ocasionado.
Los seis productores agropecuarios y el trabajador rural están imputados por el delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que fija penas contra quien “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Parte de la prueba expuesta en el juicio da cuenta de elevadas cargas de herbicidas como atrazina, metolaclor, acetoclor y glifosato, detectada en los campos inspeccionados. En tanto, los dos funcionarios públicos están acusados por incumplimiento de sus deberes, a la hora de controlar que las fumigaciones se realicen de acuerdo a las normativas vigentes.
A mediados de mayo, los jueces realizaron una inspección ocular sobre los campos señalados por los vecinos, con la intención de corroborar distancias y conocer en persona los puntos de extracción de muestras de suelo y agua que conforman la prueba científica de la causa. Se trata de una pericia que tiene solo dos antecedentes en el país: una en el Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, en 2012; la otra en una escuela rural de Coronel Suárez, en el sur bonaerense, en 2014.
El proceso tiene como uno de los ejes centrales la historia de Sabrina Ortiz, una vecina del barrio Villa Alicia de Pergamino, que denunció por primera vez las fumigaciones cercanas a su casa en 2011. La exposición a los contaminantes repercutió en su salud con un aborto espontáneo al quinto mes de gestación y dos ACV isquémicos. También en la de sus hijos, que comenzaron a tener síntomas difíciles de diagnosticar: unos análisis realizados en el Hospital Austral de Pilar arrojaron que su hija tenía cien veces más de sustancias agrotóxicas de lo que su cuerpo podía tolerar. En su hijo, más chico, la cifra era ciento veinte veces más.
Pedido de penas
La solicitud de la querella contempla cinco años de prisión efectiva para los productores agropecuarios Fernando Cortese y Mario Roces. También, una inhabilitación por diez años para el ejercicio de la industria agrícola en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. En ambos casos, los abogados alegaron un rol central en las maniobras de fumigación, así como también “un pleno dominio” de la actividad desplegada en sus campos, contraria a la legislación que protege el ambiente y la salud pública.
A ellos también les atribuyen “actitudes temerarias” contra los vecinos afectados. Parte de esas “presiones y hostigamientos” fueron expuestas durante el juicio. En la audiencia de apertura, Sabrina Ortiz recordó el episodio en que Roces mató al perro de su hija de un disparo, frente a su casa. “Negra de mierda, no sabés con quién te metiste”, le dijo, según describió la denunciante. Para la querella ese hecho describe “el carácter de la personalidad del imputado” y por eso definieron como “justo y equilibrado” el pedido de pena en su contra.
También solicitaron una pena de cinco años de prisión efectiva contra el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, y una inhabilitación por diez años para ejercer su profesión en la provincia de Buenos Aires. Los abogados argumentaron que el imputado poseía “conocimientos técnicos y específicos” en materia de resguardo ambiental y sanitario, que le impedían desconocer el daño ocasionado. En ese sentido, entienden que validó prácticas “riesgosas e incompatibles con el principio precautorio y preventivo que gobierna la materia ambiental”.
En el caso del productor Víctor Tiribó, los abogados pidieron cuatro años de prisión, reconociendo “una conducta más reflexiva” por parte del imputado. Desde la querella destacaron un reconocimiento acerca de la problemática que generaba su actividad en el barrio, incluso antes de que empiece a regir la medida cautelar que alejaba las fumigaciones en la zona. “Espontáneamente dejó de producir en su campo y hoy tiene una actividad que dista mucho de la que en su momento fue”, describió González Quintana en su exposición.
En tanto, para los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, la querella solicitó tres años de prisión, el mínimo previsto en la escala de este tipo de delitos, y una inhabilitación de seis años para ejercer la actividad agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. Además, los abogados pidieron el decomiso de “todos los elementos que han sido utlizados en el tramo de ejecución de cada uno de los hechos”, incluyendo maquinarias, equipos de fumigación y sustancias, entre otros.
Respecto al caso de Cristian Taboada, la querella solicitó una condena de dos años de prisión, atribuyéndole una participación secundaria en los hechos. Se trata de un empleado rural que realizaba tareas de aplicación en las fumigaciones. “No era propietario, ni arrendatario. Tampoco tenía un beneficio o una renta producto del fruto que ese campo daba. No decidía qué aplicar, ni bajo qué condiciones operativas había que hacer la tarea. Iba y la hacía”, explicaron.
Además de las penas, los abogados querellantes solicitaron que se sostenga y amplíe la medida cautelar vigente desde agosto de 2019 en Pergamino, donde se establece una zona de exclusión para las fumigaciones de 1.095 metros. El planteo es que eso se haga extensivo a todas las escuelas rurales y los pueblos que conforman el partido de Pergamino.
Decomiso de campos
Durante la audiencia del jueves se conocieron las penas solicitadas por el fiscal Reynares Solari, que van en una línea similar a la de la querella. Para Cortese pidió cuatro años y tres meses de prisión efectiva, mientras que para Roces y Tiribó cuatro años de prisión efectiva.
Para el resto de los imputados, las solicitudes son de prisión condicional, es decir que podrían cumplir su condena evitando la cárcel. Para los hermanos Sabbatini el pedido es de tres años de ejecución condicional y para Taboada dos años. En el caso del ingeniero Grattone, la solicitud del fiscal también contempla un pedido tres años de ejecución condicional.
En ese marco, el fiscal se detuvo en la situación de Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, que se desempeñaban como auditor y director de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino. Para ellos pidió una pena de dos años de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En su argumentación, Reynares Solari explicó que los funcionarios estaban insertos en una gestión municipal “que no participaba de una política activa de la prevención de estos hechos”, al mismo tiempo que destacó la actitud procesal de los dos imputados: “Hemos usado evidencia que ellos han acercado para acusar a otros imputados y entendemos que esa actitud posterior al delito merece un reconocimiento”.
El pedido del fiscal también plantea el decomiso de los elementos de fumigación secuestrados, amparándose en el Artículo 23 del Código Penal que establece la posibilidad de decomisar bienes que han servido para cometer un delito. No obstante, para Reynares Solari el “instrumento” no se limita a las maquinarias utilizadas para la fumigación. Por eso, solicitó decomisar los campos sobre los que se aplicaron esas fumigaciones. En concreto, que pasen al Estado como parte de la pena.
“Entendemos que han sido cosas utilizadas para cometer el delito. Por esas razones es que solicitamos el decomiso de estos inmuebles. Entendemos que estamos frente a una cosa inmueble registrable”, explicó y agregó: “No se ve esta medida como una mera sanción patrimonial, sino una disposición de reconversión ambiental que garantice la restricción del uso. Y también como una medida de restauración y eco recuperación, porque se ha comprobado daño acumulativo e incumplimientos reiterados”.
En diálogo con Suma Política, Reynares Solari consideró que el juicio deja en evidencia “el delay” de la Justicia con los asuntos de interés social. “Quienes fueron víctimas de estos hechos tuvieron que militar muchísimo para que se conozcan, y después para que se inicie la causa. No hay muchas explicaciones de por qué se tardó tanto para llevar a juicio si la discusión siempre era la misma: que en los campos de los imputados se ejercía una actividad agropecuaria que dañaba el ambiente y la salud”, sostuvo. “Desde el punto de vista científico estaba claro que había habido contaminación”, completó.
La defensa
La jornada del jueves también dejó tiempo para que la defensa inicie sus alegatos. En su exposición, el abogado Juan Carlos Marchetti planteó que ni desde la querella ni desde la Fiscalía se logró acreditar delito contra sus defendidos: los funcionarios Tocalini y Naranjo, los hermanos Sabbatini y el empleado rural Cristian Taboada. Por eso, solicitó la absolución de los cinco imputados.
En cuanto a los funcionarios públicos, la defensa planteó que “no hay indicadores” para imputar una violación a sus deberes de funcionario público y señaló que ambos funcionarios se encargaron de labrar actas e iniciar procedimientos contra algunos de los productores que hoy están imputados. Para el abogado eso demuestra una “actitud proactiva” en el trabajo por controlar las fumigaciones.
“Con lealtad procesal la Fiscalía admitió hoy que había problemas estructurales y escasez de recursos que no les permitía hacer su trabajo como correspondía. Y es cierto”, explicó. “No se puede hablar de omisión”, añadió.
Con relación a Taboada —al igual que lo planteado por la querella— señaló que se trataba de un trabajador que manipulaba la maquinaria pulverizadora, siguiendo órdenes técnicas. Asimismo, consideró que la acusación contra Carlos y Hugo Sabbatini, se basa en un “oscuro testimonio” de un vecino y adelantó que se encuentran elaborando una denuncia penal formal por falso testimonio contra ese testigo.
La instancia de alegatos continuará la próxima semana con la exposición del resto de la defensa. Se estima que el veredicto del juicio se podrá conocer a finales de junio.
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