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Política

Biocombustibles: media sanción al proyecto de ley que dividió el voto de los diputados santafesinos

El oficialismo, puntualmente La Cámpora, se anotó un triunfo en la madrugada del viernes al alzarse con la media sanción del nuevo marco regulatorio de biocombustibles en Diputados. Se trata de la iniciativa que reemplaza al régimen de promoción para el sector sancionado durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuyo impulso sorprendió a ajenos, pero sobre todo a propios. Por varios motivos. Es que, de acuerdo a sus detractores, la normativa da marcha atrás con las conquistas en materia de medioambiente, le pone un cepo al crecimiento del sector, pone en riesgo la continuidad de buena parte de las plantas que crecieron al calor del régimen nestorista y, con ello, de miles de puestos de trabajo. Pero, sobre todo, porque se lo impulsa en un año de elecciones de medio término, en el que senadores de provincias como Santa Fe (unos de los distritos más afectados si la ley llegara a ser sancionada) ponen en juego su banca.

Para buena parte de la oposición, el proyecto impulsado por el camporista Marcos Cleri “borra con el codo lo que escribieron con la mano”.  ¿Por qué? El mismo kirchnerismo que firmó el Acuerdo de París en el que se compromete a fomentar el uso de los biocombustibles acaba de darle media sanción a un proyecto que va a contramano de ese compromiso. En lugar de fomentar, desincentiva.    

Es que el proyecto que ahora deberá ser refrendado en el Senado reduce los cortes de biocombustibles con combustibles fósiles (nafta o gasoil). Solo mantiene en 6% el bioetanol a base de caña de azúcar. En cambio, reduce el corte obligatorio del bioetanol a base de maíz del 6% al 3% y al biodiesel del 10% al 5%, con la posibilidad de disminuirse hasta el 3%.

El argumento del oficialismo, puntualmente de Cleri, es que el marco regulatorio de su autoría tiene un objetivo claro: cuidar la economía y a los productores nacionales. “Industrializar en plantas nacionales es pensar en el futuro. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino como garantiza esta ley con mirada integral y federal”, dijo durante su intervención en la sesión.  

Esta fundamentación, que algunos oficialistas refutan por lo bajo, fue puesta en duda durante la sesión por varios diputados. Entre ellos, la diputada por Santa Fe de Juntos por el Cambio Ximena García, que viene siguiendo de cerca el tema. “Estas modificaciones condenan al cierre a las pequeñas empresas del sector cuya ecuación económica se tornará inviable al tener que trabajar, como máximo, al 50% de su capacidad”, afirmó.  

Asimismo, la diputada alertó los efectos que la baja del corte tendrá en buena parte de las pymes. “Mi provincia, Santa Fe, será directamente golpeada”, advirtió la radical sobre el distrito en el que se localizan 18 de las 54 plantas de biocombustibles que hay en todo país, y donde se produce el 80% de biodiesel de la Argentina.

Además, la santafesina alertó sobre la instalación de un cepo al crecimiento del sector, porque no permite la ampliación ni instalación de plantas. “Aquellas empresas que sobrevivan a la ley, lo harán en un sistema absolutamente cerrado donde ganarán las de mayor capacidad instalada, no las pequeñas”. Y remató: “La ecuación es clara: reducción del corte más imposibilidad de ampliarse y de crear nuevas plantas decanta en la expulsión de las pequeñas, por lo que hay más cupos en menos manos ¿Capitalismo de amigos?”. 

A propósito de la fijación de los precios, para García, la ley tampoco introduce modificación alguna, la fija la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía. En otras palabras, “la arbitrariedad sigue en pie”.

Quien se encargó de retrucar buena parte de las críticas en el recinto fue el oficialista Germán Martínez, al asegurar que corte y precio deben “ir de la mano”. “Vos tenés mucho corte, y si no le das el precio correspondiente, la ecuación económica y financiera a las empresas no le cierra”, advirtió el oficialista. 

El referente del Frente de Todos negó que el proyecto retroceda en el porcentaje de corte: “Tenemos el mismo 5% para el biodiesel”, subrayó. Es que ese porcentaje ascendió a 10% a través de resoluciones. Además recalcó  que el actual régimen no cuenta con un piso mientras que el proyecto de Cleri lo establece en un 3%. 

Azúcar, moneda de cambio

En Santa Fe, la grieta se hizo sentir. De los 19 diputados que tiene la provincia, los siete que acompañaron la ley con su voto forman parte del Frente de Todos. El resto son opositores. Además de Cleri, el primer grupo lo integran Esteban Bogdanich, Josefina González, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Patricia Mounier y Alejandra Obeid.     

En tanto, los diputados de Juntos por el Cambio Federico Angelini, Albor Cantard, Laura Castets, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Juan Martín, José Núñez y Gisela Scaglia, así como los dos integrantes del Interbloque Federal Luis Contigiani y Enrique Estévez, rechazaron la medida

Pero a nivel nacional, el proyecto traspasó la grieta. Hubo diputados de Juntos por el Cambio, así como también del Interbloque Federal, que acompañaron la medida. Puntualmente aquellos representantes de las provincias azucareras, las únicas realmente beneficiadas por esta medida por una simple razón: mantiene en 6% el corte de bioetanol a base de caña de azúcar. 

Ese bien no exportable quedó blindado. 

Para esos distritos, la iniciativa camporista podría equiparar los efectos negativos que temen que acarreará otro proyecto que la semana que viene podría aprobarse en Diputados. Se trata de la Ley de Etiquetado Frontal que alerta a los consumidores sobre los alimentos elaborados, por caso, con exceso de azúcares. Esto podría desincentivar su consumo y, por tanto, perjudicar al sector. Quid pro quo.

Para JxC, más superpoderes

En la previa a la sesión comenzaron a circular rumores. El proyecto camporista recibiría modificaciones a pedido de los senadores oficialistas, que deberán justificar por qué luego de impulsar, con María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), la prórroga del régimen nestorista, ahora  votarán esta iniciativa, que podría ponerles en contra a su propio electorado en un año de elecciones de medio término.  

“Hubo contactos”, aseguraron desde el entorno de un senador oficialista que, en off, opina que el proyecto de Cleri “no tiene ni pies ni cabeza”. 

Pero esos contactos no surtieron efecto. Apenas se registró una modificación entre la firma del dictamen y el proyecto aprobado en la Cámara baja. Y, paradójicamente, esa modificación pondría en jaque los vestigios de “promoción” del nuevo marco regulatorio para un sector que entre los años 2007 y 2020 generó divisas por más de 14.000 millones de dólares.  

La iniciativa que busca garantizar las mezclas mínimas de biocombustibles en los surtidores eliminó la palabra “mínima”. Sí, la eliminó. 

Quien alertó esta supresión fue la radical por Mendoza Jimena Latorre. Sin esa palabra, “lo único que estamos discutiendo acá es una autoridad de aplicación y sus facultades. Y, como le gusta al oficialismo, es una autoridad de aplicación con superpoderes”, denunció la diputada durante la sesión. 

“Todo el mundo discute las alícuotas de corte y, en verdad, hay una delegación al Ejecutivo para que haga lo que quiera”, sintetizó un diputado opositor en diálogo con Suma Política. Incluso, que el corte obligatorio pueda ser llevado a cero

La lectura que hacen algunos opositores y empresarios del sector es que el proyecto es un traje a la medida de unos pocos empresarios amigos del oficialismo.

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