Las recientes protestas de clientes que denuncian a Pilay Sociedad Anónima por múltiples incumplimientos encuentran su correlato en la acumulación de reclamos ante el fuero Civil y Comercial contra el grupo desarrollador que también integran Bauen SRL y Pilares SRL. En conjunto, registraron más de 1.100 demandas en los Tribunales Provinciales de Rosario durante la última década.
La cifra surge de un informe suministrado a través de la Mesa de Entradas Única en lo Civil y Comercial de los tribunales locales y detalla un total de 1.128 acciones judiciales, aunque el número de actores pueda ser menor debido a que hay quienes demandan a las tres empresas del grupo o sólo a alguna de ellas. Según los datos oficiales, 390 de esos expedientes fueron iniciados contra Bauen, 384 contra Pilay y 354 contra Pilares, integradas en una Unión Transitoria de Empresas (UTE). Los registros abarcan de principios de 2016 a la actualidad.
Los expedientes acumulados por incumplimientos contractuales durante la última década coinciden con la indignación en aumento de los clientes de Pilay SA, que estalló en la calle a fines de febrero. La escalada de protesta, que abarca a Rosario y Santa Fe, expone el agotamiento del histórico sistema de consorcios y planes de ahorro que le dio sustento financiero.
El cierre en la incorporación de nuevos aportantes bajo esa modalidad, decidido por la empresa en 2012, afectó su sostenibilidad y dio paso a nuevos modelos de negocios inmobiliarios orientados a un público de mayor poder adquisitivo. Este cambio de estrategia derivó en una acumulación de incumplimientos que hoy acorrala a una cantidad todavía indeterminada de clientes, en su mayoría asalariados y profesionales, quienes ven peligrar el acceso al departamento comprometido hace veinte años.
Nostalgias de una marca
“Estoy pagando un Bauen”. Es probable que esta frase, que alude a la constructora rosarina del mismo nombre, se haya instalado en más de una ocasión en conversaciones o reuniones sociales. Escuchar el nombre de la marca fue durante años señal de una buena elección al momento de acceder a la vivienda propia o proyectar una inversión en ladrillos, especialmente después de su asociación con la santafesina Pilay, que asumió el control administrativo del grupo.
Ambas empresas consolidaron sus negocios en el sector inmobiliario sobre la base de la confianza de los sectores medios, convirtiéndose en sinónimo de calidad constructiva y seriedad, cualidades que supieron acompañar con consignas progresistas. “El futuro de su familia no es un juego”, proclamaban los folletos con los que la empresa seducía a quienes pretendían salir de la trampa de alquilar eternamente. “Bauen Pilay le ofrece la posibilidad de dejar de malgastar su dinero en alquileres y le permite acceder a su casa propia, sin necesidad de aportar elevados anticipos ni solicitar créditos bancarios, asegurando así su futuro sin comprometer su patrimonio”.
También se publicitaba “el revolucionario sistema de consorcios” lanzado al mercado santafesino en 1985 “sin depender de entidades financieras o bancarias”. Y, hacia 2006, remataban: “Cumplimos veinte años cumpliendo”.

Hoy la historia es otra. Los medios, la calle y las instituciones políticas se han convertido en los principales escenarios donde se potencian las voces. “¡Nosotros pagamos, Pilay cumplí!”, se escucha al unísono en un tono que crece y se reproduce como un eco. Los reclamos apuntan directamente a la firma administradora de los ahorros.
Reclamos
El universo de reclamos comprende aumentos extraordinarios no contemplados originalmente, falta de sorteos en el área central, entrega de departamentos de menor superficie, retrasos en las construcciones y adjudicaciones. En el último tiempo, la situación se agravó cuando, al momento de cancelar todas las cuotas pactadas, Pilay comenzó a adjudicar de manera compulsiva terrenos en el límite oeste de la ciudad y sin plazos de entrega, entre otras opciones no estipuladas en los contratos y que enfurecen a los clientes cumplidores.
La última convocatoria de Autoconvocados por Incumplimientos de Bauen Pilay se llevó a cabo el domingo en la Calle Recreativa, frente a las oficinas de la empresa ubicadas en Oroño al 100, con el objetivo de continuar visibilizando el conflicto. “Autoconvocados surgió como respuesta a lo que algunos sospechábamos que ocurría, pero que solo pudimos confirmar cuando nos reunimos con otros ahorristas y compartimos datos y experiencias. Durante años y de forma sistemática, la empresa fue sumando faltas contractuales que escalaron hasta este incumplimiento que hoy nos genera tanta incertidumbre: la negación de las viviendas por las que pagamos con esfuerzo durante 20 años”, señala Alicia Bernal, una de las referentes del espacio.
Advierte que el actual conflicto “trasciende lo privado y es de carácter público”, sobre todo por su vinculación con el acceso a la vivienda y la cantidad de personas que aportan al sistema. “Lamentablemente, los números los conoce solo la empresa, pero calculamos que son miles y miles los afectados”, afirma y sostiene que la magnitud del conflicto debe ser un llamado de atención para las instituciones políticas y el Estado. La semana pasada, referentes de Autoconvocados e integrantes del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) mantuvieron una audiencia con diputados provinciales de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, quienes solicitaron la intervención de oficio de la Secretaría de Comercio Interior, organismo que canaliza las denuncias de consumidores.
No se trata del primer conflicto que enfrenta el grupo. A lo largo de las décadas atravesó profundas crisis de las que logró salir indemne, aunque en esta oportunidad la tensión obedece a factores estructurales y financieros que van más allá del alza en los precios de la construcción.
Lo cierto es que el sistema original que dio fama a la empresa se basaba en un esquema de plan de ahorro con locación de servicios que, supuestamente, permitía una forma solidaria de distribuir los aportes. Durante 20 años, los clientes en espera pagaban una cuota base que casi se triplicaba cuando lograban la posesión del departamento. Ese mecanismo prometía equilibrio: quienes aún no accedían al bien aportaban menos, mientras que aquellos que obtenían la vivienda por sorteo o licitación contribuían con un mayor aporte para sostener nuevas construcciones.

Un sistema “corrido”
Pero ese modelo, que los directivos de Pilay todavía califican como “colaborativo”, se quebró a partir de 2012, cuando la empresa decidió dejar de comercializar el sistema tradicional y reemplazarlo por modalidades más rentables, como el fideicomiso, cortando el flujo natural de aportantes y limitando su retroalimentación. El principal argumento de la empresa es que la Inspección General de Justicia (IGJ) impidió su continuidad.
Según notas publicitarias pautadas por la empresa hace unos años, “entre 2012 y 2016 la empresa concretó su nuevo modelo de negocios, los fideicomisos financieros. Se inscribieron en la Comisión Nacional de Valores y constituyeron dos fiduciarias: una que controla las operaciones en Santa Fe y Paraná y otra en Rosario y Córdoba”.
La oleada de reclamos en redes sociales y medios de comunicación empujó a las cúpulas empresariales a responder. Fue el propio director de Pilay SA, Gonzalo Crespi, quien, en el marco de una entrevista con Alberto Lotuf por Cadena 3, reconoció que los reclamos de los ahorristas se fundan en razones atendibles. “Tenemos este problema, estamos corridos y estamos trabajando para regularlo. A lo largo de estos 20 años han sucedido un montón de cosas en el país, salvo el diluvio universal. Todo esto hace que, en la fórmula económica del modelo, el sistema esté corrido”, justificó.
No es casual que unos años después de la clausura del sistema tradicional comenzaran a intensificarse los reclamos por incumplimientos. En 2017, un grupo de clientes, luego ampliado a 1.200, reclamó ante la Oficina Municipal del Consumidor por incrementos unilaterales de las cuotas del 53,21 por ciento por encima de los índices contractuales. Si bien en un primer momento se lograron audiencias de conciliación, posteriormente la empresa cambió su estrategia y el conflicto derivó en un controvertido fallo judicial que, según los reclamantes, convalidó “aumentos abusivos”. Precisamente, la mayoría de esos ajustes se justificaba en cambios urbanísticos recientemente aprobados que encarecían la construcción en el área central, la misma de la que hoy son excluidos los ahorristas que debieron absorber los incrementos.
En primera persona
Por estos días, cuando los clientes, como quien escribe, nos encontramos próximos a saldar las últimas cuotas y consultamos la fecha de entrega del departamento acordado, nos comunican que para el sistema tradicional “en el centro no se construye más”. Cuando preguntamos puntualmente por cada uno de los edificios que exhiben cartel de obra en localizaciones entre bulevares, según nos corresponde por contrato, aclaran que se trata de proyectos premium, vendidos bajo la modalidad de fideicomiso o que ya están adjudicados.
A quienes finalizan el pago de las últimas cuotas se les notifica por correo electrónico que fueron incluidos sin consulta previa en un sorteo extraordinario y adjudicados compulsivamente al emprendimiento Los Pasos, ubicado a más de 10 kilómetros del área central pactada por contrato y con plazos de entrega indefinidos. Inclusive, hay casos a quienes se les informó que, por demoras en las construcciones, las fechas de entrega podrían demandar una espera de siete años o más.
También existen testimonios de clientes a quienes, luego de abonar cuotas que a valores actualizados superan los 100 mil dólares, se les sugieren sumas significativamente superiores para acceder a viviendas de mejor localización o se les ofrecen unidades de una gama mayor, siempre con costos mayores en dólares que resultan inalcanzables.
Ese es el resultado del “sistema corrido”, un esquema que nos mantiene atrapados y relega a quienes dimos y seguimos dando sustento al negocio: asalariados, monotributistas, profesionales y jubilados, muchos sin acceder aún a la primera vivienda. “Nosotros cumplimos, ahora queremos que cumpla Pilay”.



































