La cita es el próximo lunes a las 8 en la sala 1 de los Tribunales Provinciales y tendrá lugar en un microclima marcado por la recusación frustrada de un camarista, la denuncia contra un fiscal ante la Legislatura provincial y la suspensión de una audiencia a la que debían comparecer cuatro abogados, un empresario y un ex diputado provincial. Los jueces Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrín revisarán las condenas de prisión de Patricio Serjal y Nelson Ugolini, apeladas por sus defensas, una instancia trascendente para la causa del juego clandestino en Santa Fe y para la situación de los restantes implicados, entre ellos el senador Armando Traferri, imputado como jefe de la asociación ilícita.
Los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro recusaron al juez Beltramone por su amistad con Fernando Moschini, considerado parte de la asociación ilícita montada alrededor del juego clandestino. Los camaristas rechazaron el planteo después de afirmar que Moschini no es parte del asunto actual, aunque este abogado de Casilda mereció dieciséis menciones en la sentencia del Tribunal que condenó a Serjal y Ugolini.
A criterio del Tribunal que dictó las condenas en noviembre de 2025 Moschini ejerció entre otras funciones una “defensa paralela” de Leonardo Peiti, el empresario del juego clandestino que contribuyó a campañas electorales, hizo “regalos” a jueces y pagó coimas a policías en el empeño de explotar el juego en la provincia. El abogado debía presentarse por otra parte a una audiencia prevista para el martes pasado y finalmente suspendida, junto con sus colegas José Francisco Fernández Chemes, Aníbal Porri y Alberto Tortajada, con Darío Scataglini, ex diputado provincial del Partido Justicialista, y el empresario Oscar Larrauri.
Esa audiencia quedó suspendida a pedido de la defensa de Serjal, para quien resultó convocada de sospechoso apuro. A su vez la defensa de Fernández Chemes denunció previamente al fiscal José Luis Caterina ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial por un supuesto ofrecimiento irregular para que el abogado se convirtiera en arrepentido y declarara contra Traferri.
El puzzle tiene otra pieza notable: la Fiscalía Regional de Rosario se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia contra el sobreseimiento de Serjal y el ex Fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini en la causa por el encubrimiento de la contaminación que Petroquímica Bermúdez produjo en un predio vecino al río Paraná.
La cuarta pata
Si según los términos de la acusación Serjal y Ugolini conformaron “la pata judicial” de la asociación ilícita, mientras el ex comisario Alejandro Torrisi y otros jefes retirados y en actividad aportaron el infaltable componente policial y el senador Traferri “la pata política” en la cúspide, las citaciones de la fiscalía para la audiencia suspendida representarían la decisión de avanzar en otro frente, el de abogados, lobistas y empresarios relacionados con Peiti.
Sin embargo, la fiscalía rehúsa adelantar los cargos contra Fernández Chemes, Larrauri, Moschini, Porri, Scataglini y Tortajada. En el alegato del juicio que finalizó en noviembre pasado los expuso dentro de “una asociación ilícita cuya organización contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos y determinados”, entre ellos “esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino”.
El estudio de Fernández Chemes, en Corrientes 842 de Rosario, fue allanado en diciembre de 2020 y febrero de 2021. Uno de los principales hallazgos para la causa fueron las conversaciones con Peiti y con otros mencionados en la causa que surgieron entonces de su teléfono celular. Estas conversaciones documentaron encuentros del empresario con Traferri y gestiones para blindar a la organización criminal, como la resolución 68/12 concebida por Serjal el 28 de marzo de 2018 a fin de torpedear una investigación de la fiscal Marianela Luna sobre casinos clandestinos en Casilda.
Fernández Chemes y Oscar Larrauri fueron imputados por estafa y lavado de activos el 5 de agosto de 2021. El ex corredor de automovilismo fue acusado de utilizar sus empresas para blanquear dinero de las actividades ilegales de Peiti, y también apareció mencionado en las maniobras para “lavarle la cara” al empresario del juego, según los términos de las conversaciones, a fin de que fuera más presentable para la concesión del juego en la provincia.
El teléfono de Fernández Chemes también deparó conversaciones con Scataglini entre marzo y mayo de 2020, vinculadas con la autorización del juego on line. El abogado hacía gestiones en Lotería de la provincia para Peiti y era secretario de Legal y Técnica de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, cargo al que renunció en febrero de 2021, empujado por el escándalo. Scataglini había sido convocado por Traferri y era “el hombre fuerte” en Diputados, según Peiti, y en tanto tal una influencia clave para el convenio que lo desvelaba.
Scataglini asomó en la investigación el 10 de julio de 2020, cuando llamó a un teléfono de Peiti que estaba pinchado y le dijo a la secretaria que hablaba en nombre de Traferri. Cinco días después los tres se encontraron en la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe y hablaron sobre la posibilidad de firmar el convenio con la Lotería de Santa Fe, algo que Peiti dio por “hablado con Perotti”.
Peiti comenzó a perder el entusiasmo el 20 de julio de 2020, cuando el ex comisario Alejandro Torrisi fue detenido a la salida de un ciber donde había cobrado dividendos de la organización. Sin perder tiempo al día siguiente fue con Alberto Tortajada al Centro de Justicia Penal; como quedó registrado en las cámaras de vigilancia, el abogado habló con el entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien estaba tan sorprendido como ellos: “Hay mucho hermetismo”, dijo.
Tortajada entró en escena en diciembre de 2020 cuando se presentó en la mesa de entrada de la fiscalía de Melincué como defensor de Peiti y se reunió con el fiscal Matías Merlo. Estaba en curso una investigación sobre casinos clandestinos en el departamento General López. Merlo denunció a Tortajada por ofrecerle dinero en nombre del empresario e inició una investigación de oficio en su contra que incluyó el pedido de allanamientos a su casa y estudio en Rosario.
La “defensa paralela” de Fernando Moschini habría consistido menos en salvaguardar a Peiti que en proteger al senador Traferri, según la fiscalía. Entre otras gestiones, ese habría sido el fin de la insólita intrusión del abogado a través de una llamada de Whats App cuando el empresario participaba de una audiencia por el acuerdo de juicio abreviado que firmó con la Fiscalía de Rosario.
Moschini fue allanado por la filtración del preacuerdo de Peiti con la fiscalía y de su teléfono, secuestrado, surgieron datos sobre encuentros con Traferri y con el abogado del senador, Oscar Romera. Entre esa masa de comunicaciones, hubo algunas que se actualizaron el mes pasado: los mensajes que denotan una larga relación de amistad del abogado con el juez Javier Beltramone.
Los fiscales Caterina y Fabbro argumentaron que el 10 de junio de 2021 Beltramone suspendió el juicio a prueba de Gastón Graf, “imputado de peso” por juego clandestino en Villa Constitución que fue defendido por Moschini y considerado parte de la organización de Peiti. La recusación para que intervenga en la apelación por las condenas contra Serjal y Ugolini estuvo precedida por otros encontronazos entre los acctores, en particular la absolución de un padre que fue acusado por abuso sexual de su hija. Beltramone se defendió diciendo que también dictó “resoluciones claramente favorables a la Fiscalía” en aquella causa, según declaró en una nota dirigida por escrito a Hernán Funes, de Cadena 3: por ejemplo la revocatoria de una probation concedida a Roberto Esteban Peiti, hermano de Leonardo. Y sus colegas le dieron la derecha.
En busca de una causa perdida
La mala noticia de la condena como organizador de una asociación ilícita estuvo precedida para Serjal de una buena noticia, a principios de noviembre de 2025: su sobreseimiento, junto con el de Gustavo Luzzini, por la omisión de investigar la contaminación que provocó la empresa Petroquímica Bermúdez. Pero la Fiscalía de Rosario acudió ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para revertir la resolución del camarista Tomás Orso.
Serjal y Luzzini habían sido imputados en esa causa por abuso de autoridad, omisión de persecución penal y encubrimiento agravado. Para el camarista Orso no hubo tal cosa, sino que ambos actuaron en ejercicio de sus funciones sin incurrir en ningún delito.
La “bomba ambiental” que Petroquímica Bermúdez dejó en un predio de 23 hectáreas envenenado a conciencia con gas cloro se trasladó a dos causas, aunque ambas parecen encaminadas a la impunidad: por un lado la contaminación y por otro el encubrimiento. La Corte Suprema de Justicia de la provincia salvó a Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y Matías Gallego, titulares del directorio de la empresa, de afrontar las consecuencias por sus delitos: “en un fallo inédito, del que no existía jurisprudencia mundial, la Corte sostuvo que no podían ser perseguidos porque un juez de primera instancia (Juan José Tutau) había dispuesto el archivo y entonces ya no podían ser juzgados; pero para aplicar ese principio constitucional debía estar identificada la persona, el hecho y la causa, como se hace en el mundo entero, lo que aquí no ocurrió”, señala una fuente judicial que pidió reserva.
El “disparate jurídico”, como lo calificó la fuente, tendría su continuación en el fallo del camarista Orso. “Le llamaron investigación penal agotada al legajo que el juez Tutau archivó sin imputados, sin hechos y sin identificar la causa —insiste la fuente—. Ahora, ¿cómo se le explica a la ciudadanía que un fiscal puede decidir no investigar una contaminación de este volumen, como dijo Orso?”
La fuente se lamentó porque “esta fue una causa que nació ganada para el Estado provincial y parece perdida”. El predio de Petroquímica “se usó para cometer delitos, primero para enterrar el residuo tóxico que generó Petroquímica durante muchos años y después para ocultar el desplazamiento de bombonas que desaparecieron del predio de manera completamente informal y fuera de las normas sanitarias, y sin embargo el Estado está resignando la posibilidad de un decomiso”.
Mientras la Corte Suprema de Justicia se aboca al tema, los camaristas rosarinos revisarán el fallo de los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese que impuso nueve años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida a Serjal, como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo y peculado de servicios y pena de cinco años de prisión e inhabilitación por diez años a Ugolini como miembro de asociación ilícita y por cohecho pasivo. Qué es Justicia se verá en los próximos días.
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