El gobierno de Javier Milei apostó a una estrategia ya conocida pero ineficaz para la promoción del empleo registrado en Argentina. La sanción de la Ley Bases significó la derogación de una serie de derechos relacionados a las cargas previsionales y la implementación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que con una cierta cantidad de beneficios para los empleadores brinda facilidades para la formalización de aquellos trabajadores sin registrar.
A un año de la implementación de esta normativa, un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) estableció que esta medida alcanzó al 0,35 % del público objetivo, es decir que por cada 100 trabajadores informales que el Estado estima que existen en la población económicamente activa, no se llegó a blanquear ni a uno.
El relevamiento está sostenido en información proveniente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, lo que hasta octubre era la Agencia Federal de Impuestos de Argentina, Afip) e indica que 1.603 empleadores se adhirieron al régimen de blanqueo y regularizaron la situación laboral de 13.218 trabajadores.
No obstante, si se observan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares en el Tercer Trimestre de 2024, la tasa de la informalidad en Argentina es del 36,7 %, lo cual se traduce en 3,6 millones de asalariados sin descuento jubilatorio, o trabajadores informales.
Ahora bien, si se pone la lupa en Santa Fe, el informe sostiene que hay 510.700 empleos privados registrados, según los números que se desprenden del SIPA al mes de octubre pasado, “a lo que habría que sumar unos 190.000 trabajadores del sector público Nacional, Provincial y Municipal”.
Si bien no existe información pública al respecto, discriminada por provincia, en la gobernada por el radical Maximiliano Pullaro la medida habría alcanzado a unos 1.000 trabajadores santafesinos “a los cuales se los inscribió o se les corrigió su situación de registro (fecha de ingreso, jornada, categoría, salario o cualquier otra que afecte aportes y contribuciones)”. Es decir, la estrategia de blanqueo laboral del primer gobierno libertario de la historia alcanzó al 0,19 % de los trabajadores informales de Santa Fe.
En un mismo lodo, manoseados
“Las modificaciones que se han llevado adelante no promueven el empleo registrado sino otro tipo de relaciones laborales”, sostuvo a Suma Política el exministro de la cartera de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri.
Según el exfuncionario y alfil del exgobernador justicialista Omar Perotti, “se intentó hacer una flexibilización, que no fue muy grande” con las modificaciones introducidas por la mega ley aprobada por el Congreso de la Nación, pero lo “sustancial” es la eliminación de “los recargos por trabajo en negro, y se previó este régimen con la idea de que los empleadores regularicen la situación, pero esto no ocurrió. Los números indican todo lo contrario”.
Pusineri afirmó que el régimen de blanqueo laboral establecido por el gobierno de La Libertad Avanza es “un intento de flexibilización de las relaciones laborales” y explicó que la Ley Bases prevé “cuatro o cinco cuestiones en materia laboral. La regularización era una, otra era el fondo de cese laboral que venía a reemplazar las indemnizaciones, otro de los puntos que se persiguió tenía que ver con el período de prueba de los nuevos empleados, que era de tres meses y pasó a ser de ocho meses por convenio colectivo”.
Sin embargo, la modificación más importante para el exministro “fue la eliminación de todos los recargos por trabajo en negro. Al momento del despido, el trabajador en negro tenía una indemnización agravada o reparación por la falta de aportes que había tenido por el periodo que trabajó. Todos esos recargos fueron eliminados con la Ley Bases”.
El régimen de promoción del empleo promovido por el Ejecutivo que culminó el pasado 31 de diciembre ofrecía una exención del 70 % del valor de las contribuciones, multas e intereses a las grandes empresas que pasaran a la formalidad a aquellos empleados clandestinos, al 80 % en el caso de las medianas empresas y un 90 % para las pequeñas firmas de hasta 20 empleados.
“Si eliminaste los recargos por trabajos sin registrar, al empleador ahora le da lo mismo tener un trabajador no registrado que uno en blanco, porque paga la misma plata”, analizó Pusineri y agregó que esas exenciones miran “hacia atrás, pero no disminuyen la carga fiscal desde el momento de la regularización del empleado. Cuando registrás a un trabajador que tenías en negro, empezás a pagar una carga laboral que en las empresas medianas o chicas termina teniendo un impacto importante” en la estructura final de costos. Es decir, la medida tampoco incentiva a que las patronales busquen ingresar al régimen.
A su vez, en cuanto a la eliminación de la responsabilidad indemnizatoria, el gobierno libertario dejó en la misma situación a los trabajadores registrados que a los no registrados: a los fines del despido, el monto que debe abonar el empleador es el mismo para un trabajador registrado o en negro.
Según el exfuncionario peronista, los espacios de mayores cúmulos de informalidad no están en las empresas más importantes sino en las pequeñas, como los comercios y los locales gastronómicos: “Para promover el trabajo en blanco hay que tener una mirada sobre todo para la microempresa de aliviar la carga fiscal. Si tienen hasta cinco trabajadores, ahí existe una carga fiscal importante en relación al tamaño de la empresa. Si hacés eso, alivias al empleador sin desproteger a los trabajadores, ahí está el principal problema de la incidencia fiscal, en las pequeñas y medianas empresas”, esgrimió.
Flexibilización en la sombra
Otro de los cambios subrayados por el especialista en materia laboral es la introducción del trabajador independiente con hasta tres colaboradores, “los cuales no son otra cosa que monotributistas que el decreto regulador habilitó para todas las actividades. Y atado a eso se eliminó la presunción que tenía la ley de trabajo que presumía una relación de dependencia a partir de la entrega de servicios, salvo que existan facturas o recibos”.
“Se declama que el trabajo en blanco no crece y es necesario realizar modificaciones, pero dichas modificaciones que se promueven lo que facilitan es otro tipo de relaciones, como el monotributo o el trabajo independiente que sabemos que son relaciones laborales encubiertas”, expresó Pusineri.
Así las cosas, estas nuevas normativas desprotegieron a los trabajadores pero no llevaron a la formación de nuevos puestos de trabajo. Según el informe del SIPA correspondiente al mes de noviembre de 2024, en el Gran Rosario el empleo varió sólo 0,5 % hasta el anteúltimo mes del año, mientras que el promedio general fue de una retracción de casi dos puntos porcentuales: se perdieron puestos de trabajo, sobre todo en Gran Santa Fe (3,3 % en el año) y Gran Jujuy (4 %).
Mientras que 39 mil obreros perdieron su trabajo registrado durante el año pasado, el monotributo y el empleo precario pasaron a crecer rápidamente: 182.300 personas se convirtieron en independientes —es decir, a trabajar en modalidades no sindicalizadas, sin protección de una obra social o por fuera del abrazo de un convenio colectivo de trabajo del sector al cual dedican su fuerza de trabajo—, mientras que en el mismo período el trabajo asalariado, tanto público como privado, se redujo en 187.700 laburantes en todo el país. Una auténtica y agresiva transformación de la población trabajadora argentina y santafesina.
En este marco de situación, Pusineri adelantó en exclusiva a Suma Política que entre los oficialismos nacional y provincial se cuece la intención de introducir para este año “una modificación a la ley de contrato laboral, pero veremos qué se proponen hacer, todavía no han presentado nada más que rumores e intenciones”.
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