El paro de los aceiteros del Gran Rosario generó pérdidas de 50 mil dólares diarios por barco. Es una demostración de la fuerza de uno de los gremios más relevantes del país. Desde la entidad indicaron que el conflicto se debe a las tensiones entre el gobierno y las aceiteras. Y en el centro de esa problemática aparecen las retenciones y el tipo de cambio. El contexto es una crisis inédita para el sector que encabeza la exportación argentina.
En el mercado local el precio de la soja cae absorbiendo la caída internacional. Desde la devaluación de diciembre, el precio disponible promedio de la soja en pesos subió 12 por ciento, con una inflación acumulada del 80 por ciento. En términos reales, la soja ronda los 428 dólares (precio internacional para la tonelada). Es el valor más bajo de las últimas cuatro presidencias.
El repliegue de China guardando alrededor de 30 millones de toneladas en un escenario global de alta volatilidad y los resultados de Estados Unidos indican un incremento en los stocks y, por lo tanto, la continuidad de los precios bajos. Las perspectivas pesimistas eliminan los incentivos para la producción nacional.
En el mediano plazo, la Argentina tiene el desafío de encontrar nuevas formas para agregar valor ante un mercado internacional donde la industrialización de la soja ya no es la panacea. En lo inmediato, el gobierno necesita defender el superávit externo que, junto al blanqueo de capitales y la moratoria tributaria, le permita acumular dólares para eliminar el cepo cambiario.
En vísperas de la novena revisión del FMI, cuando el Banco Central logró dar vuelta dos meses con saldo vendedor y déficit de cuenta corriente externa, con más pesos que dólares y sin crecimiento que fundamente el equilibrio fiscal, el levantamiento de las restricciones es más un estribillo para el lucimiento de consultores y conferencistas que una medida realista.
En el primer semestre de 2024, la Argentina exportó 38.176 millones de dólares. Es el cuarto valor más alto de la historia para el período. La agroindustria representó 22.905 millones, un 60 por ciento. El superávit comercial fue de 10.708 millones de dólares. Ajustado por la inflación en dólares, el resultado del primer semestre solo es superado por el de 2009 y los tres años que van del 2002 al 2004. La proyección es que en el año se logre un positivo de 21.237 millones de dólares.
Santa Fe fue la provincia que más sufrió la sequía en 2023, cuando las exportaciones nacionales cayeron un 25 por ciento. Fue el mayor retroceso exportador desde 1975 y la participación de la agroindustria fue la más baja en 10 años. Los volúmenes y montos exportados por Santa Fe se retrotrajeron un 40 por ciento. La industria aceitera fue la principal damnificada, con los niveles de molienda más bajos en casi 20 años.
La pelea por los incentivos
El pedido del sector agroindustrial se dirige a recomponer los incentivos. Eso quiere decir, ante todo, una reducción de los impuestos. Pero el gobierno se enfrenta a la eterna manta corta donde la salud financiera del Estado depende de las retenciones. Es un dilema que también afecta a los gobiernos subnacionales.
La recaudación pública se ve golpeada por el ciclo económico y el ajuste llevado a cabo por el gobierno nacional implicó un retroceso en los recursos de origen nacional girados a las provincias del 20 por ciento interanual y del 18 por ciento en los fondos coparticipables durante los primeros 7 meses. La recesión impacta de lleno sobre los tributos provinciales. En junio, la recaudación por ingresos brutos se derrumbó un 10 por ciento interanual.
Esa necesidad acuciante está en la base de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de aumentar el inmobiliario rural y reinstalar el debate sobre la polémica figura del Gran Propietario Rural, que se considera a partir de las 301 hectáreas. Es una primera fricción con el principal sector económico de la provincia para un gobierno que hasta ahora solo acumulaba elogios y acompañamientos.
Lo cierto es que, en la nueva Argentina que propone el gobierno nacional, los problemas de las provincias son, ante todo, provinciales. Es decir, existen otras prioridades para los administradores de la economía nacional que solo tienen ojos para observar que las reservas aún son negativas y que sería necesario un gran flujo de dólares para regularizar el mercado cambiario.
La eliminación de retenciones alternativas y la desregulación de trabas burocráticas resultan un empujón micro para los objetivos macro. Con activos argentinos fuera del sistema financiero local calculados en torno a 401.000 millones de dólares, la expectativa por el blanqueo es mayúscula. Ese ingreso sería un combustible para el crédito privado, que se retomen proyectos de inversión que pongan más dinero en circulación y permitan una recuperación que apenas comienza a insinuarse de un mes al otro.
Autor
