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Política

“Caja negra de la política”: después de 4 años Traferri quedó imputado como supuesto jefe de una asociación ilícita

El fiscal José Luis Caterina lo dijo en voz baja, pero la frase resonó con fuerza el martes en la sala de audiencias número 10 del Centro de Justicia Penal: “El jefe de esta asociación ilícita ha sido el senador Armando Traferri”. A casi cuatro años del pedido de desafuero, el legislador peronista fue imputado además por organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho pasivo y peculado de caudales públicos.

En la segunda jornada, Traferri declaró ante la jueza Eleonora Verón “porque no quiero que a un ciudadano común le pase lo que me pasó a mí”, en alusión a lo que definió como una persecución iniciada por el exministro de Seguridad Marcelo Sain. Previamente, los fiscales Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato expusieron las evidencias en base a las cuales lo imputaron como jefe de una organización que apuntó a “usufructuar el dinero ilícito del juego clandestino” y “obtener la concesión del juego on line por el sistema VLT (terminales de lotería virtual)”.

Pasada la sorpresa inicial, el abogado Oscar Romera rechazó los argumentos de la fiscalía. “Fue un relato entretenido —ironizó—. Despertó el interés que puede tener una novela o una serie. Me gustó, pero el relato no engarza con el encuadre legal”. La defensa, compartida con Juan Ignacio Murray, no desconoció las entregas de dinero que hizo Peiti, unos 200 mil dólares, pero las consideró como contribuciones a la campaña electoral de Omar Perotti para las PASO de abril de 2019.

Una de las revelaciones de la imputación fue el juego pendular que mantuvo Peiti entre la organización y la Justicia: al mismo tiempo que se convirtió en imputado colaborador en la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, se mantuvo en contacto con Traferri y según los fiscales contribuyó al encubrimiento del senador. Traferri se habría servido entonces de los abogados Luis Rossini y Fernando Moschini para transmitir órdenes; en particular, “la de no ser nombrado y evitar su apodo, Pipi”.

Las maniobras para mejorar la situación de Peiti apuntaron a que no declarara contra Traferri, en la reconstrucción de la fiscalía. “No había que nombrar al jefe. Y mientras tanto que cayeran los fusibles”, dijo Caterina.

Según los fiscales, la asociación ilícita estuvo destinada “a la cobertura del juego clandestino y a ocultar ganancias producidas por esas actividades, habiendo logrado infiltrar al Ministerio Público de la Acusación”, y estuvo compuesta por tres niveles: político, de lobby por los negocios de Peiti y recaudación ilegal, con el propio Traferri y el ex secretario legislativo de la Cámara de Senadores, Ricardo Paulichenco (fallecido en diciembre de 2019); otro judicial, para el blindaje de las actividades ilegales, con el ex fiscal regional Patricio Serjal, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex empleado Nelson “Coqui” Ugolini; y un tercero de carácter económico, en el que mencionaron al ex diputado provincial Darío Scataglini, el abogado José Francisco Fernández Chemes y el ex automovilista Oscar “Popi” Larrauri.

En concreto, Traferri “recibió dinero de Peiti y Paulichenco”; “vinculó a Peiti con Serjal y Ponce Asahad para asegurar la cobertura judicial”; integró la Comisión Bicameral que debía reglamentar los casinos y considerar la concesión del juego on line, con Paulichenco y Scataglini en calidad de asesores; hizo lobby ante el ex fiscal general Jorge Baclini y Ricardo Silberstein, ex ministro de Justicia de Miguel Lifschitz, para “bajar línea” (textual de una conversación telefónica) sobre la aplicación del artículo 301 bis que a partir del 27 de diciembre de 2016 convirtió al juego clandestino en un delito y no ya en una falta; ordenó la simulación de la transferencia de la propiedad de la empresa Wildar Gaming SRL, de Peiti y configurada en función de la concesión del juego, a Fernández Chemes y Gustavo Reyes y luego a Nicolás Enjamio y Larrauri, para ocultar la sociedad ante el avance de la investigación judicial; intercedió y logró que Serjal resolviera en una causa a favor de Roberto Esteban Peiti, hermano de Leonardo, “porque es gente amiga” (textual de un dicho de Traferri).

Paulichenco habría sido un enlace decisivo en la organización. Peiti lo conoció en el Club del Orden, de Santa Fe, al que le había facilitado desinteresadamente una ruleta que funcionó de manera clandestina; el lugar, “una de las destacadas tradiciones de la ciudad” donde “están presentes los apellidos que forjan la historia profunda de Santa Fe”, como lo celebra el periodista Rogelio Alaniz en el diario El Litoral, habría sido el escenario de conversaciones donde el secretario legislativo le dijo al capitalista que “conocía a todos los senadores” y de hecho le presentó a Traferri en 2015.

Los fiscales también apuntaron la participación circunstancial de otras personas, entre las que particularizaron el caso de la psiquiatra Liliana Moriconi, cotitular de la fundación Palabra Mayor, de Casilda. Esta entidad fue beneficiada con un subsidio de la Cámara de Senadores presuntamente gestionado por Traferri después de que Moriconi produjo un dictamen que favoreció el traslado de Peiti de una dependencia carcelaria a una clínica privada.


La trama del juego


Los fiscales fecharon el origen de la organización en abril de 2017. El día 5 de ese mes fue aprobado el pliego de Serjal en la Legislatura, a lo que siguió la primera reunión comprobada entre el entonces fiscal regional de Rosario y el senador. También en abril de 2017, el presidente comunal de Hughes denunció la existencia de un garito clandestino en esa localidad del departamento General López, lo que originó una investigación del fiscal Matías Merlo. Dos mundos paralelos que no tardaron en chocar porque tenían un protagonista en común: Leonardo Peiti, cuyo nombre surgió de los teléfonos secuestrados por Merlo en Hughes.

Las declaraciones de Peiti, Ponce Asahad y Rossini (en anticipo jurisdiccional de prueba, por la enfermedad terminal que padecía), las interceptaciones de las líneas telefónicas donde Peiti abundó en detalles sobre su relación con Traferri y las extracciones realizadas en teléfonos y dispositivos electrónicos por fiscales de Rosario y Rafaela fueron el sustento de los fiscales para desgranar una serie de encuentros entre Traferri, Peiti y Paulichenco en Rosario, Ricardone, San Lorenzo, Cañada de Gómez y Santa Fe entre abril de 2017 y julio de 2020.

Entre el grueso de las referencias ya conocidas, los fiscales recordaron el armado de Serjal y Ponce Asahad para neutralizar las investigaciones del fiscal Merlo en Melincué y de la fiscal Marianela Luna, en Casilda, las reuniones en el estudio de Carlos Carranza para deliberar sobre el cuadro de situación ante el avance de los fiscales y la reunión del 12 de diciembre de 2020 en Santa Fe donde según Ponce Asahad el ministro de la Corte Rafael Gutiérrez entregó un paper a Traferri para accionar contra Marcelo Sain y dijo que iba a encargarse de la causa —entendiéndose cajonear— por los dos autos Toyota recibidos por Serjal, donde el entonces fiscal regional de Rosario empezó a desbarrancar.

Los fiscales atribuyeron a “una orden expresa de Traferri” la simulación de la transferencia de la propiedad de Wildar Gaming SRL, para ocultar a Peiti, y lo sustentaron en un mensaje del abogado Rossini a Peiti del 20 de agosto de 2020 que contiene esas indicaciones.

Otro aspecto poco conocido fue el trasfondo que rodeó a la detención de Peiti en la causa por juego clandestino que instruían los fiscales Gabriela Lema y Guillermo Loyola de Rafaela. “Juntate con el Pipi, me tiene que dar una mano”, dejó grabado Peiti en una conversación con el abogado Rossini. Se trataba de influenciar a la jueza Cristina Fortunato y al camarista Matías Drivet.

Traferri se habría reunido el 19 de agosto de 2021 con el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo. “Tenemos que seguir la investigación a fondo. No voy a defender a alguien que está acusado por juego clandestino”, dijo el fiscal, según transmitió a Peiti un fastidiado Rossini (“ahí lo tenés a Vigo”).

Rossini y Traferri habrían planificado entonces hablar con el ex gobernador Antonio Bonfatti y el ex ministro de Gobierno Rubén Galassi, quienes según el abogado “le llegan lo más bien a Drivet”. Lo cierto es que la jueza Fortunato concedió una morigeración de la detención de Peiti y el camarista Drivet la confirmó ante la apelación de la fiscalía. (N de la R: Al respecto la jueza Fortunato se comunicó con Suma Política para puntualizar que fue ella quien firmó “todos los allanamientos a Schiappa Pietra para la conexión del juego clandestino en Rafaela”, que “todos los informes médicos oficiales aconsejaban la internación psiquiátrica de Peiti” y que “eso fue lo que motivó la morigeración. Ninguna otra causa sospechosa“.)

“Pensaba que tenía a Dios de mi lado”, pensaba Peiti mientras pagaba una coima mensual a Ponce Asahad. Sus dificultades, en realidad, comenzaron antes de que la Justicia se orientara sobre los casinos on line, cuando debió lidiar con “policías insaciables”, como describió a José Luis Amaya y Daniel Corbellini, quienes “no querían cobrar sobornos sino quedarse con el negocio”, según se expuso en un tramo de la audiencia. La impunidad tuvo un precio alto, ya que las coimas era una especie de costo necesario para evitar ser esquilmado por otros sectores policiales que se abalanzaban sobre las ganancias del juego.


La otra campana


En la primera jornada, la jueza Verón le pidió a Caterina que hablara más lento y elevara el tono de voz. La fiscal Fabbro le dio más impulso a la exposición de la evidencia, pero a continuación Granato leyó con tono monocorde el documento de la imputación y el tedio volvió a imponerse en la sala. La segunda jornada se abrió con la expectativa por la declaración de Traferri y los contrapuntos entre la defensa y la fiscalía le dieron interés a una audiencia que se prolongó desde las 9 hasta media tarde.

Traferri comenzó por destacar su decisión de presentarse a declarar, aunque cuenta con la inmunidad de arresto y la fiscalía no pudo solicitar su prisión preventiva, como quería: “Hace mucho tiempo que solicitamos esta audiencia. Voy a demostrar mi inocencia y todas las irregularidades que cometieron los fiscales que antes investigaron esta causa”, anunció el senador.

Los abogados Oscar Romera y Juan Ignacio Murray consideraron muy confusa la presentación y pusieron entre signos de pregunta las principales afirmaciones de la fiscalía respecto de su fundamentación. Esta primera intervención fue contestada por la fiscal Fabbro, quien consideró que los pedidos de aclaración constituían “planteos solapados” con la pretensión de sugerir contradicciones.

Traferri atribuyó el origen de la causa al momento en que Sain asumió como director del Organismo de Investigaciones, el 20 de diciembre de 2018. “En enero de 2019 empezaron a circular perfilamientos intentando ligarme con Alvarado. Armaron grupos de tareas al mejor estilo de la dictadura, lo que está sustentado en la causa por espionaje ilegal”, afirmó en relación a la investigación de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg.

“Sain no vino a combatir el delito; armó carpetas y causas, defenestró a la política y a los legisladores. Más que un ministro fue un jefe de inteligencia ilegal”, enfatizó el senador por el departamento San Lorenzo.

Traferri reivindicó su trayectoria política de más de treinta años y destacó “la maliciosa obsesión” de los fiscales Edery y Schiappa Pietra. “Querían vincularme con cualquier causa, con el narcotráfico. Yo era la moneda de cambio de cualquier delincuente, y hoy resulta que son ellos los que están vinculados”, agregó respecto de la causa contra Mariana Ortigala.

“Jamás le pedí ni recibí dinero de Peiti”, dijo Traferri en otro pasaje de su declaración. “Peiti presentó toda la documentación que lo respaldaba como operador legal; es cierto, quería un convenio entre la Lotería de Misiones y la de Santa Fe. Como el acuerdo que acaba de firmar el gobernador Pullaro con la provincia de Buenos Aires”, agregó. También reconoció los contactos con los abogados Moschini y Rossini: “buscaron conectarme porque los fiscales le ofrecían la libertad a Peiti en un abreviado a cambio de que me involucrara”.

Oscar Romera definió la presentación de la fiscalía como “un relato desencarnado, desprovisto de evidencia fáctica que le dé sustento” y también como “un anacoluto”, “porque hay inconsistencias fundamentales”: entre otras, según su criterio, que las versiones de Peiti y Ponce Asahad “son excluyentes, incompatibles entre sí”.

A continuación, Juan Ignacio Murray se ocupó de desmenuzar los argumentos de la fiscalía. En ese sentido citó a Alberto Binder sobre los abusos y arbitrariedades que pueden cometerse a través de los imputados colaboradores, apuntó contra presuntas irregularidades y presiones en torno al testimonio de Peiti, dijo que Ponce Asahad mintió al dar cuenta del interés de Traferri por la suerte de Roberto Peiti ante la Justicia y cuestionó por irregulares los juicios abreviados que tuvieron el capitalista y el ex fiscal. La defensa también acudió a la investigación del auditor Leandro Mai del MPA para cargar contra el fiscal Edery y su relación con Mariana Ortigala, “quien manejaba muchísima información de Peiti”, dijo Murray.

En el contrapunto con las defensas, el fiscal Caterina sacó un as de la manga: las conversaciones de Peiti con S.Q., cuñada de Traferri, registradas por la fiscalía de Rafaela. “La traición nos hizo daño. Todo llega y la traición se paga”, afirmó la mujer en un diálogo, ante lo que Peiti dijo que apreciaba al senador “y haré todo lo posible por él”. La cuñada insistió en tono amenazante: “Todos pagarán. Cuide a su familia”; el capitalista juró su fidelidad: “Él (Traferri, supuestamente) y Dios saben cómo me porté”.

La jueza Verón formalizó la audiencia y como pidió la fiscalía prohibió a Traferri  por el plazo de seis meses acercarse a Mariana Ortigala, Rodrigo Ortigala, Lorena Córdoba (involucrada en la causa por juego en Rafaela), Leonardo Peiti, Gustavo Ponce Asahad, Patricio Serjal, Nelson Ugolini, Darío Scataglini, Fernando Moschini, José Fernández Chemes, Liliana Moriconi, Germán Hess (cotitular de Palabra Mayor), Oscar Larrauri y Lucio y Ángelo Rossini.

“El juego clandestino ha sido siempre una caja negra de la política”, dijo al pasar el fiscal Caterina. La decisión del gobernador Perotti de otorgar la concesión del juego on line por decreto clausuró los planes de Peiti, y también los de Traferri según los fiscales. Aquellos negocios frustrados quizá hayan sido la causa profunda de la inestabilidad que sacudió a la provincia en la historia reciente.


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