“Muchos en este gobierno venimos de pueblos chicos de la provincia”, dice con el sentido de pertenencia de los que no se olvidan de su origen. Radical y alfonsinista, Juan Cruz Cándido es uno de los dirigentes de confianza del gobernador Maximiliano Pullaro. Encabezó su lista de candidatos a diputado nacional y hoy ocupa la Secretaría General de la Gobernación. “Recibimos una provincia con un déficit de 200 mil millones”, advierte, aunque no es eso lo que más le preocupa de la herencia recibida: “Quedó un Estado muy desarmado en sus capacidades de respuesta, con una planta estatal muy desincentivada”, advierte.
Cándido marca diferencias con la gestión anterior y se encolumna en lo que parece ser un sello de los funcionarios actuales: “Hay que ponerle trabajo, ejecución, ejemplaridad, que los funcionarios vean todos los días que el gobernador es el primero que llega a la Casa de Gobierno y el último que se va”, y tiene una receta para defender “la democracia como valor supremo”, tal como se los enseñó Alfonsín: “No hay hoy en democracia posibilidad de sostener la legitimidad del sistema si no es con gobernantes que tengan ejemplaridad”.
Tras calificar en sus redes el plan económico de Milei como “pinochetismo puro y duro”, no tiene reparos en cuestionar “las formas” que eligió el gobierno nacional para llevar adelante sus políticas y cree que ante eso el radicalismo en el Congreso “debe aferrarse a la Constitución nacional”.
Lo que sigue es la charla que mantuvo con Suma Política.
—La Legislatura santafesina aprobó la Ley de Inteligencia. ¿Qué aporta en la lucha contra el delito y la inseguridad?
—Es una herramienta para investigar en el marco de la ley. Es un combo, en realidad; es un conjunto de leyes que garantizan respeto a la ley y transparencia, porque también se aprobó la ley de control de los gastos reservados; son herramientas necesarias frente al desafío que tiene la provincia de desarticular las bandas narcocrimiminales y la economía del delito. Hay que hacer cada vez más investigaciones vinculadas a cuestiones patrimoniales, que puedan implicar lavado de activos, etcétera, y para eso hay que contar con instrumentos de información, pero no se puede hacer sin un marco legal que lo ordene y dé garantías del debido proceso. Nosotros además intentamos hacerlo con el mayor consenso posible; podríamos haber hecho abuso de la mayoría que tenemos en las dos cámaras, pero elegimos dialogar con el resto de las fuerzas. Esa es la tónica con la que queremos seguir trabajando con la Legislatura.
—¿Influyen en la gestión las amenazas que el gobernador recibe de parte de las bandas delictivas?
—No hay ninguna alteración de la agenda del gobierno. El gobernador tomó la decisión de ir de frente contra estas organizaciones y no dejarse llevar por las amenazas y los amedrentamientos.
—Es común que cuando asume un nuevo gobierno hable de la herencia recibida. ¿Qué les tocó a ustedes?
—Hay una herencia que se puede mensurar en números, que es la del déficit, del orden de los 200 mil millones en el cierre del año. Estamos tomando medidas para reducir esa bomba, pero también quedó un Estado muy desarmado en sus capacidades de respuestas, con una planta estatal muy desincentivada. Recorrés las oficinas públicas donde hay funcionarios de carrera, que han concursado sus cargos y que trabajan en programas de los diferentes ministerios, y te dicen que nunca vieron a un funcionario de la gestión anterior en la oficina, que nunca les bajaron directivas, que había como un desencuentro entre la gestión política y la gestión pública. Y eso también hay que reconstruirlo; hay que reconstruir muchas cadenas de conducción dentro de la administración. Cada uno hacía lo mejor que podía según su leal saber y entender, y eso ha debilitado la capacidad del Estado para dar respuestas ante los problemas. Es una herencia mucho más complicada que la económica. Además hay una cantidad de obras que están ralentizadas, también producto de la situación nacional y de la desidia en muchas áreas, como por ejemplo en seguridad pública, donde llegamos al límite de encontrarnos en Rosario con solamente veinte patrulleros funcionando. El mismo exministro (Claudio) Brilloni reconoce que no le daban plata ni para cambiar una batería.
—Transcurridos los primeros veinte días del gobierno de Pullaro, ¿cuál cree que es la mayor diferencia con la gestión Perotti?
—El gobierno que nos antecedió lo primero que resolvió fue un asueto administrativo de un mes; nosotros en estos 20 días tomamos medidas, por ejemplo, para recuperar la calidad educativa; el fin de la no repitencia fue la primera que tomó nuestro gobierno. Y lo hicimos porque la no repitencia era una manera de disimular el mal funcionamiento del sistema; se empezó a recuperar el control de las cárceles y los detenidos más complejos vuelven al pabellón de alto perfil; se constituyó la unidad ejecutora para hacer la cárcel para tres mil personas, que había sido anunciada en la campaña electoral; se comenzó a trabajar con la mejora del sistema productivo. Acabamos de largar el primer programa que vincula producción y educación para tener capacitaciones laborales que nos permita mejorar la oferta laboral de la provincia de Santa Fe y que el sistema productivo tenga personal capacitado acorde a las necesidades de cada una de las regiones. Además empezamos a trabajar en la recuperación de patrulleros y ambulancias que estaban paradas. Esa es la principal diferencia en estos 20 días.
—Desde Amsafé Rosario se manifestó preocupación por el estado de las escuelas y las dificultades que implica para comenzar las clases el 26 de febrero.
—El gobierno ya puso en marcha un relevamiento para priorizar las necesidades de cada escuela con el objeto de que se puedan comenzar las clases el 26. La sociedad espera de nosotros, y también de la representación gremial de la docencia, la proactividad necesaria para que las clases empiecen. Hay una mirada que pareciera que está más enfocada en ver cómo se hace para que las clases no empiecen en lugar de ver qué es lo que tenemos que hacer para que empiecen. Dentro de ese esfuerzo conjunto el gobierno ya abrió el diálogo a los sectores que se sientan en la mesa de las paritarias sobre educación, dejando en claro obviamente que la política educativa, escuchando a todo el mundo, valorando todas las opiniones, la define el Poder Ejecutivo.
—La semana pasada cuando se debatió el presupuesto, desde la oposición se marcó que habían caído las partidas destinadas a Niñez, Medio ambiente y Género.
—El Presupuesto se hizo antes de nuestra asunción, si bien es cierto que se conversó; y también es real que por el cambio de gestión es menos restrictivo que otros años y otorga potestades para hacer modificaciones de acuerdo a lo que decida el Ejecutivo. Por ejemplo, se promulgó la ley que reforma el Código Procesal Penal Juvenil, que implica mayores inversiones en el área de Niñez. Eso no estaba presupuestado, pero luego de la promulgación de esa ley seguramente se van a redireccionar partidas extraordinarias a ese tema.
—¿Cómo evalúa las políticas y las formas que impulsa el gobierno de Milei? ¿Afectan a la provincia?
—Me preocupa la manera. Se gobierna de acuerdo a lo que se hace pero también a cómo se lo hace. Nosotros en Santa Fe optamos por el respeto a la división de poderes y a las reglas de la República y por ende enviamos un paquete de leyes por separado, por temas, para que los legisladores puedan resolver y discutir. Y esto ocurrió con mucha celeridad porque hubo un proceso de diálogo muy importante entre los ministros y los legisladores, pero a nivel nacional lamentablemente eso no ha ocurrido. Primero hubo un mega DNU y después un mega proyecto de ley donde se mezclan cuestiones en las cuales se puede estar de acuerdo —por ejemplo, una mayor liberalización de la economía que venía bastante asfixiada— con la vestimenta de los jueces. Esa mezcla tan diversa en un solo proyecto impide que se pueda abordar de una manera seria y responsable; pareciera que nos quieren hacer discutir entre el todo y la nada. Eso en Santa Fe lo tratamos de evitar. Y por otro lado, si dentro de ese paquete del todo o nada, hay iniciativas como por ejemplo la que impone mayores retenciones al biodiesel o algunas economías regionales o a las exportaciones industriales, obviamente que afectan a Santa Fe. Ratifico lo que dijo el gobernador en una actividad que hicimos junto al sector empresarial y de los trabajadores: vamos a defender con uñas y dientes los derechos, los recursos, el trabajo y la producción de la provincia. Si dentro del paquete de leyes hay propuestas que atentan contra el desarrollo de Santa Fe, obviamente que no podemos acompañar.
—Como radical y funcionario, ¿cómo cree que debe pararse la UCR ante el DNU?
—Contesto como radical, no como funcionario. Hay un anónimo del derecho que dice que las “constituciones son los chalecos de fuerza que se ponen los pueblos en épocas de cordura para no dañarse en tiempos de locura”. Cuando hay tanta confusión, las sociedades tienen que aferrarse a su Constitución. Y el radicalismo, que es un partido constitucionalista, que de la mano de la Constitución nacional condujo la vuelta de la democracia en la Argentina, lo que tiene que hacer es aferrarse a la Constitución.
—La provincia volvió a tener un gobierno radical después de 60 años. ¿Usted es el más alfonsinista de los funcionarios santafesinos?
—Puede ser el gobernador también. La realidad es que muchos de la generación a la que hoy nos toca estar en el gobierno somos alfonsinistas. Convivimos con Raúl Alfonsín en los últimos años de su vida y tuvimos la oportunidad de conocerlo, de aprender con él, y eso nos ha marcado como generación. Pero también nos ha marcado el entender que siempre el valor supremo a defender es la democracia. Y a la democracia se la defiende no solo desde lo declamativo, también se la defiende trabajando para que la gente crea en el sistema. Y para que eso suceda tiene que haber un funcionariado político que trabaje las 24 del día, que sea ordenado con las cuentas, que no despilfarre los recursos del Estado, que tenga claro las prioridades, que no se dedique a hacer diagnósticos sino que trate de cambiar la realidad, y eso nosotros lo intentamos hacer. Creemos que ese es el mejor legado de Alfonsín.
—¿Una parte de la sociedad descree de la democracia?
—La gente descree del sistema cuando no hay respuestas elementales, como en seguridad pública. Ahí hay un choque si se quiere entre discurso y praxis política; entendemos que es tiempo de la praxis y tenemos como desafío de gestión transformar esa realidad, no escudarnos en lo que falta para no hacer nada. Es al revés: hay que ponerle trabajo, ejecución, ejemplaridad, que los funcionarios vean todos los días que el gobernador es el primero que llega a la Casa de Gobierno y el último que se va. No hay hoy en democracia posibilidad de sostener la legitimidad del sistema si no es con gobernantes que tengan ejemplaridad.
—Cuando se conoció el DNU del gobierno nacional usted escribió en redes: pinochetismo puro y duro. ¿A qué se refirió?
—No al carácter democrático del gobierno, que no se pone bajo ningún punto en duda, es el gobierno que la gente eligió. Lo que hubo en el DNU fue un plan económico a la chilena, con un dato distintivo: el programa de Pinochet nunca dejó de tener al cobre en manos del Estado chileno, su bien máximo a defender quizás como manera de garantizar la sostenibilidad de las otras reformas. No hago valoraciones respecto al total de las medidas porque, insisto, hay algunas con las cuales estamos de acuerdo y otras con las que no podemos estar de acuerdo como santafesinos. También creo que mientras más se puedan debatir las medidas, una por una, es mucho más fácil que puedan salir. Cuando se juega a todo o nada se corre el riesgo que sea nada. Muchas veces los que propugnan cambios creen que el cambio es solamente lo que ellos sostienen y no abren la posibilidad a que otros sectores con igual vocación puedan aportar su mirada; en el fondo lo que hacen es que nada cambie. No es el objetivo del gobierno nacional y tampoco del gobierno de Santa Fe.
—Hace pocos días el ministro Enrico fue a pedirle a la Nación que se encargue de mantener y reparar los 2.800 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia. ¿Teme que el Estado nacional no se ocupe de lo que se tiene que ocupar?
—Si nos guiamos por los anuncios, es lo que dijeron que iba a ocurrir. Santa Fe solamente con financiamiento no estatal de las obras nacionales tiene 11 que se sostendrían, más allá de las obras provinciales que vamos a hacer el esfuerzo por sostener porque además de progreso generan empleo genuino. Cuando el gobernador Perotti anunció que se suspendía la obra pública se calculó que se afectaban 40 mil fuentes de trabajo, nosotros no queremos que eso vuelva a ocurrir. Por eso el pedido a Nación, aún entendiendo que el Estado nacional está en una situación complicada desde lo financiero, que tiene una sábana muy corta y que a veces puede tener otras urgencias; por eso le pedimos como gobierno de Santa Fe que mantenga, al ritmo que pueda, pero que mantenga las obras públicas y las rutas, que no solamente benefician a Santa Fe ya que por nuestros puertos sale la producción de la Argentina para que ingresen las divisas que el país necesita. Si no tenemos en condiciones las rutas que llegan a esas zonas portuarias, los caminos, la red vial que conecta la producción con los puertos exportadores, vamos a perjudicar a los sectores que necesitamos proteger porque son los que generan divisas.
Autor
