Si el sueño de la casa propia se transformó en una meta cada vez más inalcanzable, la realidad para los inquilinos tampoco ha sido fácil en los últimos años, sobre todo para los sectores de más bajos recursos. Según datos de la Subsecretaría de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, 387 familias recibieron asistencia estatal para pagar el alquiler, de las cuales 220 corresponden al 2023 y 167 para lo que va del 2024. Las ayudas provienen del Programa de Emergencia Habitacional que está vigente desde el año 2000 en la ciudad y depende del Servicio Público de la Vivienda (SPV)
Además, se otorgaron 305 subsidios destinados a la compra de materiales para la refacción de hogares precarios con el objetivo de mejorar la calidad habitacional mediante la construcción de nuevos ambientes o la adecuación de los ya existentes. Los criterios de intervención son diversos, pero habitualmente están vinculados a situaciones graves de salud como el caso de pacientes oncológicos, trasplantados o electrodependientes, o frente al peligro de derrumbe, incendios, desalojos o conflictos con bandas narco.
También se contemplan casos de violencia de género donde las mujeres no cuentan con los recursos económicos para independizarse, por medidas de protección integral a la niñez o para familias expulsadas de sus barrios por violencia altamente lesiva. “La pobreza crece estructuralmente a ritmo agigantado, pero nosotros trabajamos con poblaciones especialmente vulnerables. Obviamente que vemos un aumento, pero tenemos una demanda muy sostenida en relación a este universo”, señaló Josefina del Río, subsecretaria de Hábitat municipal.
En general son las propias familias las que llevan adelante el proceso de alquiler y el SPV interviene en la fase final para concretar la operación, aunque existen casos puntuales donde el propio organismo es el que realiza la búsqueda a través del Colegio de Corredores Inmobiliarios. En cuanto a la localización, la mayoría de las viviendas se ubican entre los barrios y el macrocentro, y preferentemente los beneficiarios optan por permanecer en sus lugares de origen. Las migraciones internas se dan en contextos de alta violencia social.
“Si la familia se tiene que mudar no se viene para el centro, van para otros barrios donde están sus padres o hermanos”, explicó la funcionaria. Para mujeres que ingresan a través de protocolos por razones de género, el trabajo consiste en la reubicación domiciliaria o en la construcción de cerramientos a través de tapiales o rejas que garanticen la protección de las víctimas. El beneficio puede extenderse por un año, especialmente para situaciones de salud, con posibilidad de renovación y revisiones cada tres o seis meses.
La clase media, entre las más afectadas
En el contexto de un aumento significativo de la pobreza, con 46.8% para el Gran Rosario según la última medición del INDEC, desde el SPV admiten que el impacto resulta sumamente negativo para la problemática habitacional. La ciudad, con más de un millón de habitantes, tiene casi al 20% de su población que debe alquilar para vivir. A eso debe sumarse la derogación de la Ley de Alquileres que propició el gobierno de Javier Milei en el marco del DNU 70/2023. Si bien hubo un aumento de las plazas disponibles, la desregulación disparó los valores.
El último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) reveló que el precio promedio de un monoambiente en Rosario es de 165 mil pesos, un departamento de un dormitorio llega a costar 220 mil y uno de tres, 275 mil. Eso sin contar las expensas cuya suba promedio llega al 14.8%. En este sentido, el Centro Social de Alquileres (CASA) que funciona en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano recibió 2214 consultas hasta julio del 2024, mayoritariamente de familias de la clase media rosarina complicadas para afrontar los gastos de una mudanza.
En números, la Municipalidad a través de la banca pública entregó 3 millones 400 mil pesos durante este año en concepto de préstamos a través del programa “Hoy Alquilo” con un monto de 750 mil pesos destinados a solventar los gastos iniciales derivados de un contrato de alquiler, con una tasa de interés que ronda el 55% y un plazo de devolución de 18 meses. Desde su implementación en el año 2016, se entregaron casi 15 millones en créditos, alcanzando a un total de 428 familias.
La mitad de sueldo para alquilar
Pese al andamiaje estatal que tiene Rosario en materia habitacional, la desregulación del mercado inmobiliario que promueve el gobierno libertario empieza a mostrar signos de un deterioro acelerado y pocas veces visto. Un relevamiento realizado por la organización Inquilinos Agrupados reveló que una de cada cuatro personas tuvo que rescindir el contrato por no poder pagar el alquiler durante el mes de septiembre, y la mayoría destinó la mitad de su salario para solventar los gastos de vivienda, sin contar los servicios.
También aquellos que iniciaron su contrato con posterioridad a la derogación de la Ley de Alquileres pagan un 35% más que quienes aún se mantienen bajo la antigua norma. En la provincia de Santa Fe, la brecha llega incluso al 40% por encima de la media nacional. Otro de los datos sobresalientes es que el 64.6% de los inquilinos posee algún tipo de deuda; en el desagregado se puede observar que mayoritariamente se trata de deudas con tarjetas de créditos, compra de alimentos y por supuesto alquileres.
Entre las alternativas para contener el valor de los alquileres se encuentra un proyecto del partido Ciudad Futura para la construcción de viviendas públicas que nunca prosperó en el Concejo Municipal. La iniciativa toma como ejemplo a la ciudad de Berlín, en la que el Estado se hizo cargo de las viviendas ociosas para intervenir el mercado y establecer precios de referencia. Sin embargo, esa posibilidad aún no aparece entre los planes del oficialismo y su instrumentación resulta poco probable en medio un escenario económico recesivo y con el ajuste como eje de las políticas nacionales.
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