¿Estuvo entre 2020 y 2021 realmente en juego la posibilidad de que el senador por San Lorenzo Armando Traferri fuera preso? ¿Por qué es necesario que los senadores aprueben o rechacen pedidos de desafueros? ¿Qué tienen de particular las inmunidades parlamentarias en Santa Fe? ¿Podría hoy ser arrestado el legislador?
Una escena completamente ajena al caso del ex jefe del bloque de senadores provinciales del peronismo puede servir para responder esas cuatro y también otras preguntas. Las cosas son distintas en Santa Fe con respecto a la Nación.
A manera de ejemplo: el 25 de octubre de 2017, por primera vez desde la restauración de la democracia, la Cámara de Diputados de la Nación votó a favor del desafuero de uno de sus miembros, por unanimidad, con la ausencia de una parte del kirchnerismo en minoría. Entonces fue preso el ex ministro de Infraestructura Julio de Vido que contaba con una banca en el Congreso.
Más allá de que el año pasado fue sobreseído de todos los cargos y recuperó la libertad, a partir de aquella sesión de 2017, el ex funcionario fue en estrictos términos judiciales un imputado más, sin inmunidades. Sin embargo hay una sustancial diferencia anterior respecto de la realidad santafesina y sus súper fueros. A nivel nacional no hace falta ninguna autorización legislativa para que cualquier diputado nacional o senador nacional o miembro del Poder Ejecutivo Nacional pueda ser investigado, ser llamado a declarar, imputado o condenado. La Cámara de Diputados de la Nación respondió a un pedido de desafuero de dos jueces federales, no de fiscales ya que estos pudieron actuar sin interferencias.
En el país el caso más conocido en ese sentido es el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que afronta varios juicios por los que ha tenido que presentarse a declarar, está imputada en diversas causas y fue condenada en primera instancia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en un fallo que fue apelado. Aunque esa causa quedara firme mañana, por sus fueros, no podría ir presa. Sólo de ir a prisión se protege en el orden nacional a las autoridades electas en la Casa Rosada y en el Congreso.
En cambio, a nivel provincial la inmunidad parlamentaria llega al punto en que si un fiscal pide el desafuero de un legislador y no logra su cometido está incluso obligado a pasar al archivo esa causa, según la doctrina vigente.
Tan de fondo es el asunto que ya existe un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en el que contestó no a la pregunta: ¿puede un legislador de una provincia tener no solo inmunidad de arresto sino que sus fueros le permitan, además, no ser investigado por la Justicia? Su opinión es relevante para la discusión sobre los límites de las constituciones desactualizadas pero también sobre las potestades y las autonomías provinciales. El tema sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora tiene ya poca relevancia para el caso de Traferri, porque ya no goza de esa coraza privilegiada frente a las acusaciones por tener presuntos vínculos con el juego ilegal. Está bajo proceso.
A esta altura es imprescindible entender que es la Constitución de la provincia de Santa Fe la que otorga fueros tan especiales. De todos modos, los diputados y los senadores pueden perfectamente desprenderse de ellos y así despejar cualquier duda, lo que ha ocurrido en los casos del justicialista Joaquín Gramajo ante una acusación sobre el manejo de subsidios y del radical Lisandro Enrico cuando llevó a juicio a Leonardo Peiti por falso testimonio. Ambos ganaron sus casos.
Situación actual
El Senado de Santa Fe votó por unanimidad el 19 de octubre “autorizar” lo que pidieron infructuosamente los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en diciembre de 2020, cuando por 14 votos a solo 4 se rechazó la misma petición. Ahora finalmente lo han obtenido, tras casi tres años en que judicializaron los súper fueros y llegaron hasta la Corte Provincial que les rechazó el planteo y llevaron entonces la cuestión ante el máximo tribunal argentino.
El texto de la resolución es claro: Traferri podrá “ser sometido únicamente al proceso penal dentro de la Carpeta Judicial CUIJ 21-08438216-4 y por los hechos descriptos en la Nota Oficial 42524NO”, la causa del juego ilegal. Pero “continuando vigentes las demás inmunidades —de opinión y de arresto—, debiendo el citado continuar ejerciendo el cargo para el cual fue electo (Artículo 51 de la Constitución Provincial)”.
Por supuesto, Traferri (como en su momento De Vido hasta aquella sesión) u hoy CFK si se confirmara la condena, no puede ser detenido sin que medie una sesión que así lo decida.
¿Por qué ahora?
El senador reelecto por más del 40 por ciento de los votos jura que su intención fue esperar a que pasen los comicios provinciales y entonces sí presentarse. Ya contaba con lo necesario, repite. Para él ganar era lograr que “la opinión pública le gane a la opinión publicada”. Considera que fue perseguido injustamente y que sin las inmunidades parlamentarias el mismo proceso acusatorio lo hubiera destruido como dirigente político o llevado preso. (Como ya se dijo, esto último dependía y depende de los restantes 18 pares).
Antes del estallido del escándalo de Edery sobre sus vínculos y el presunto intercambio de información con Mariana Ortigala, presa por integrar la banda Los Monos, Traferri ya había adelantado que dejaría la presidencia del bloque Juan Domingo Perón para tener completa dedicación a su caso. En la misma semana pidió el desafuero y partió en viaje familiar a España a ver a uno de sus hijos. Sabía que al volver, ya sin parte de sus fueros sería el momento de dar el primer paso: solicitar a la fiscal regional María Eugenia Iribarren (que hace dos semanas debió ir a dar explicaciones a la Legislatura por la crisis de su oficina del MPA) el apartamiento de los fiscales Edery (del que ya revisa su comportamiento la bicameral Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa) y su superior Luis Schiappa Pietra, que también podría sufrir las consecuencias de lo hecho por Edery respecto de esa informante y su vínculo personal con otra, pero también por no haber investigado a Ortigala cuando fue señalada en el inicio de la causa del juego ilegal por Leonardo Peiti cuyo testimonio fue clave para la acusación contra Traferri.
¿Un “Yo Acuso”?
El senador quiere ahora ir a juicio y ya sin (parte) de las ventajas de su banca sentarse en el banquillo de los acusados. Sueña con una suerte de “Yo acuso” que lo reivindique frente a lo que considera fueron graves irregularidades. Y por eso pide que haya una audiencia pública con periodistas para probar que “se montó una farsa” en su contra.
Pruebas de la extraña proximidad entre los funcionarios de Sain y el MPA no le faltan, al contrario. Y la fuente de ellas fue la causa contra el ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones que se popularizó como “de espionaje”, porque así es fácil de comprender, pero en realidad es por abuso de autoridad al acceder ilegalmente a información sensible y hacer seguimientos de infinidad de dirigentes políticos del peronismo y de la oposición —el gobernador electo Maximiliano Pullaro entre ellos—, así como a periodistas como Mauricio Maronna que por esos días, en medio de un enfrentamiento casi personal con el ex ministro de Seguridad al que señalaba por “los carpetazos”, falleció de un infarto.
Las conversaciones de los funcionarios de la Casa Gris con integrantes del Organismo de Investigaciones del MPA como Débora Cotichini son parte de esa causa judicial que se tramita en la ciudad de Santa Fe. En sus inicios, es mérito de la por entonces auditora general del órgano acusatorio, es decir, la actual fiscal general María Cecilia Vranicich.
Traferri puede acceder a toda la información contenida en esa causa porque el MPA, como a otros dirigentes, periodistas, empresarios y dueños de medios, lo ha declarado víctima de esos delitos.
El trabajo de los abogados defensores Oscar Romera y Juan Murray es explicar que Edery y Schiappa Pietra eran parte de aquel esquema que no respetó la división de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial. La presentación es contundente y habrá que ver qué dicen en defensa de su actuación los fiscales. La decisión recae en Iribarren en cuya fiscalía regional hay 15 denuncias cruzadas entre fiscales en forma de legajos disciplinarios abiertos en la Auditoría General a cargo de Leandro Mai.
Una Constitución hecha bajo planteos militares
La Constitución de la provincia de Santa Fe fue sancionada en la década del 60 y su contexto es el de la debilidad del sistema político institucional, que los militares permitían en la medida en que no ganara las elecciones el peronismo proscripto.
El país vivía bajo la amenaza de los golpes de Estado de las fuerzas armadas que eran protagonistas de la vida política. Fueron en términos más actuales los más poderosos de “la casta” hasta el juicio a las juntas de los ex comandantes durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
La redacción de sus artículos tan favorables a la gobernabilidad, pero también al Poder Ejecutivo Provincial en detrimento de los otros poderes, son propias de aquel estadio: el de la democracia tutelada por los cuarteles aún sin los extremos del terrorismo de Estado de la última dictadura militar.
Ese temor a otros factores de poder se refleja en la llamada mayoría automática en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe (28 bancas sobre 50 para el partido ganador de esa elección cuando ni se soñaba con la boleta única), en la sola condición de contar con la propuesta del Ejecutivo para que un pliego sea tratado por la Asamblea Legislativa para consagrar a los miembros del Poder Judicial (los concursos son solo una autolimitación con la que cualquier gobernador podría terminar) y la aprobación ficta si no había sesión; y en las muy amplias inmunidades para los legisladores que hoy son un privilegio difícil de digerir.
Los diputados y los senadores provinciales eran ciertamente la representación que proteger, con los fueros, de los factores externos como causas armadas o falsas acusaciones con jueces cómplices de alguna maniobra. Se pensó sobre todo en que la oposición pudiera hablar con libertad. Seguramente, pesaba lo ocurrido con el peronismo entre 1945 y 1955 cuando se envió con falsas acusaciones a la cárcel a dirigentes como el líder radical Ricardo Balbín.
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