En el marco de un notable descenso en la cantidad de delitos que se cometen en la ciudad de Rosario, el intendente Pablo Javkin aseguró que parte de los resultados se deben a la actividad que desarrolla la Agencia Contra el Lavado de Activos (ACLA), cuyo trabajo se ve reflejado en las más de 608 intervenciones realizadas desde su creación en agosto del 2022. También reveló que colabora en 42 causas judiciales y tiene 26 denuncias de casos sospechosos, muchos de los cuales fueron detectados tras haber capacitado a los agentes municipales.
En los hechos, la ACLA no realiza tareas de investigación sino análisis de datos a través de información recabada por el propio municipio para la habilitación de comercios, concesiones públicas y permisos de edificación. Frente a la detección de inconsistencias en la trazabilidad del dinero, el organismo tiene la obligación de emitir alertas y notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) o el Ministerio Público de la Acusación.
Con este objetivo, la agencia tiene firmados convenios de cooperación para la provisión de información que es utilizada por la Justicia en sus investigaciones. En cuanto a los rubros más frecuentes que disparan las alertas, el sector de la construcción y las licencias de taxis encabezan el listado, aunque recomiendan evitar la difusión de las modalidades de lavado para evitar formas más sofisticadas de ingresar dinero en el circuito formal.
Además, la razón por la que no trascienden a la esfera pública los casos que destapa el organismo —y por lo cual Javkin evitó cualquier tipo de referencia en sus declaraciones— obedece al cumplimiento del artículo 14 de la ordenanza que crea el Sistema de Control Económico Financiero y establece la obligación de confidencialidad a los funcionarios comprometidos.
Sin embargo, fuentes de la justicia federal dijeron a Suma Política que valoran los aportes realizados por la ACLA y subrayaron el hecho de haber encontrado un interlocutor para centralizar la información sensible que proviene de las distintas reparticiones municipales. También la calificaron como “un diseño único en el país” que es mencionado de manera positiva en los informes que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realiza sobre la Argentina.
En cuanto a su estructura, depende orgánicamente del intendente, encargado de la designación de su titular en acuerdo con el Concejo Municipal. Desde octubre del 2022, el cargo lo ocupa María Paula Bruera, abogada y escribana con maestría en gestión de políticas públicas. El equipo se completa con una licenciada en Economía con actualización en combate global de lavado de activos y financiación del terrorismo, y un abogado capacitado en lavado de activos.
El caso Shanahan
Un caso reciente que puede vincularse a las competencias de la Agencia Contra el Lavado de Activos es el del empresario rosarino Gustavo Pedro Shanahan, condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión como partícipe primario del delito de tráfico de drogas en la modalidad de comercio. El ex administrador de Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2013, proveía los dólares para la compra de cocaína de la banda que lideraba Julio “Peruano” Rodríguez Granthon.
Mientras se desarrollaba el juicio, el Concejo Municipal solicitó al Ejecutivo revisar a través de la agencia el convenio que celebró la Municipalidad para la ejecución del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña. Shanahan era la cabeza del Fideicomiso Proyectos Urbanísticos SA, vinculado también al Fideicomiso del Jockey Club. El acuerdo de urbanización privada se firmó en 2005 durante la gestión de Miguel Lifschitz y abarca 186 hectáreas de suelo a la vera del arroyo Ludueña. El texto aprobado solicitaba información sobre los acuerdos firmados con el empresario y datos de las personas físicas o jurídicas que formaron parte del proyecto.
“No puede ni debe existir ningún tipo de vínculo, ni tan siquiera simbólico, con quienes generan violencia en la ciudad”, remarcaron en aquel momento los ediles Pedro Salinas, Jésica Pellegrini, Caren Teep, María Luz Ferradas, Juan Monteverde y Norma López en los argumentos. También pidieron revisar toda normativa “que pudiera ser pasible de estrechar algún vínculo con economías criminales como el narcotráfico, en términos concretos y materiales” y propusieron evaluar la derogación del acuerdo.
La intervención del organismo en un convenio firmado con anterioridad a su propia existencia se justifica a partir del artículo 16 de la ordenanza que da origen a su creación, donde se autoriza al Ejecutivo a fijar “pautas a fin de que la ACLA pueda realizar un análisis de las actuaciones y antecedentes, con los límites y lineamientos de la presente ordenanza”.
Los concejales solicitaron la revisión con el objetivo de detectar si existen indicios que requieran elevar una alerta sospechosa. Sin embargo, la Municipalidad no respondió el pedido de informes, se desconoce si la ACLA tomó conocimiento del caso y la ordenanza 7932 que contiene el convenio con el fideicomiso liderado por Shanahan continúa vigente.
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