El gobierno de Maximiliano Pullaro avanza sobre la redacción de las propuestas que va a plantear en la reforma parcial de la Constitución provincial. Pero antes de eso, analiza la definición de un tema al que no quiere que nadie le dedique ningún esfuerzo ni que se transforme en una bandera electoral: el sueldo de los convencionales.
Aunque el tiempo de campaña formal se iniciará exactamente un mes antes de los comicios del 13 de abril, (que van a consagrar a los 69 representantes que quedarán en la historia por haber reformado la Constitución de Santa Fe después de 63 años), ya algunos candidatos inscriptos en el Tribunal Electoral empezaron a sugerir su postura individual de trabajar ad honorem, renunciar a la dieta que les corresponde o donarla.
Para evitar que el asunto se convierta en un objetivo en sí mismo durante la campaña electoral, que eclipse las verdaderas discusiones sobre qué se hará con los más de 40 temas que fueron habilitados para ser reformados o agregados, es que el gobierno santafesino tiene en estudio una medida que puede resultar polémica. La idea central que se pretende es que la reforma de la Constitución no implique un gasto adicional a la sociedad, más allá del mínimo necesario para llevarla a cabo.
En realidad, se trata de una cuestión que debería ser propuesta y aprobada cuando la Convención redacte de manera soberana su propio reglamento interno de funcionamiento, pero desde el gobierno quieren anticiparse y anunciar algo en breve, para que nadie saque ventaja haciendo campaña con la decisión de donar su sueldo o trabajar ad honorem, incluso antes de saber si van a resultar electo.
La ley que habilitó la necesidad de la reforma también estableció que los convencionales reformadores gozarán de los mismos derechos, prerrogativas e inmunidades inherentes a los legisladores provinciales, por lo tanto les corresponderá una dieta similar a la remuneración de un diputado o senador (que no es lo mismo). Por eso regular ahora que no se pague doble a quienes ya ejercen alguna función pública, tendrá que encontrar la manera de ser implementada sin contrariar las disposiciones legales.
La mayoría de los principales candidatos que encabezan una lista para convencionales ya tienen un sueldo asignado por ser parte del Ejecutivo, o por haber sido elegidos senador o diputado. Vale recordar que los miembros del Poder Judicial, tanto nacional como de la provincia, no pudieron ser candidatos porque así lo estableció la ley de reforma. Son los únicos cargos incompatibles para ser convencional.
A quiénes afecta
Entre los afectados por la decisión que el gobierno madura estará el propio gobernador Pullaro, que encabeza la nómina provincial de Unidos. También otros candidatos que lideran otras listas, como la diputada provincial Amalia Granata (Somos Vida) y el diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza). Lo mismo corre para Marcelo Lewandowski (senador nacional), Juan Monteverde (concejal de Rosario) y la mayoría de los actuales senadores provinciales (de la UCR y el PJ) que buscarán quedarse con la representación de su departamento, al tiempo que ya forman parte de la Legislatura santafesina.
En la misma situación están los dos únicos ministros del gabinete provincial que están en la lista oficialista: Fabián Bastia y Victoria Tejeda, que ocupan lugares expectables para ingresar como convencionales, al igual que otra funcionaria de primera línea, la titular del Servicio Penitenciario Lucía Masneri.
De la misma manera serán afectados algunos intendentes como el de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; el de Funes, Roly Santacroce; el de Reconquista, Enrique Vallejos, o el de Pérez, Pablo Corsalini, candidatos por distintas expresiones políticas que tendrán que resignar alguno de los dos sueldos durante el tiempo que dure la Convención.
Entre los legisladores la decisión afectaría a la segunda de la lista de Pullaro, la diputada nacional Germana Figueroa Casas; a la tercera de esa nómina, Lionella Cattalini; al séptimo y octavo, porque ocupan cargos en el Ejecutivo; y al décimo, el diputado provincial del PS Joaquín Blanco, por nombrar algunos de los casos más conocidos.
Tampoco podrían cobrar dos sueldos la diputada provincial Amalia Granata, al igual que si son electos convencionales los cuatro que le siguen en su lista: los diputados Juan Argañaraz, Silvia Malfessi, Emiliano Peralta y Lucila Lehmann.
A nivel de los legisladores, la medida impactaría en casi todas las listas principales. En Unidos: Pablo Farías (15 en la lista de Unidos), Claudia Balagué (actual diputada y primera candidata por el frente Amplio por la Soberanía), Beatriz Brouwer (cuarta en la lista de Nicolás Mayoraz por LLA), y los tres que siguen en la lista del PJ oficial que lidera Juan Monteverde: Alejandra Rodenas (diputada PJ), Diego Giuliano (diputado nacional) y Lucila De Ponti (diputada provincial).
La idea central es que todos aquellos que sean electos convencionales y ya tengan una retribución mensual por su trabajo actual en la función pública no cobren otro sueldo por trabajar como máximo los 60 días que podría durar la convención, que podría reunirse recién a principios de 2026. (La ley dice que la Convención deberá terminar su cometido en un plazo de 40 días corridos, prorrogable por un máximo de veinte días más, también corridos).
En el caso de quienes ya tienen un cargo público, la medida que estudia el gobierno podría alcanzar también a los gastos y viáticos necesarios para alojarse en Santa Fe durante las jornadas de deliberación, ya que los mismos se les reconocen a los legisladores y miembros del Ejecutivo. Se habría descartado hacer efectiva la medida de otra manera: que cada legislador o funcionario que además sea electo convencional renuncie a su sueldo anterior y más duradero durante los dos meses de la convención. Otra forma podría ser la donación de la dieta de convencional a entidades de bien público, aunque no convence demasiado esa variante. Es lo que algunos ya están anunciando que van a hacer.
Quedarían fuera de esta resolución quienes no tengan un cargo ejecutivo o legislativo, y sus actividades se desarrollen en el sector privado, los que, como dice la ley, deberán percibir una remuneración similar a la de un diputado provincial por el tiempo que demanden las deliberaciones (también gozan de las inmunidades que tienen los legisladores). Se supone que algunos tendrán que tomar licencia en sus actividades habituales.
Uno de los candidatos a convencional que encabeza una lista provincial y que no tiene actualmente un cargo público es Roberto Sukerman, aunque al mismo tiempo impulsa una campaña para que los convencionales electos renuncien todos a la remuneración que establece la ley. Ya dio su compromiso individual en ese sentido.
Resta ver si el gobierno provincial encuentra la fórmula apropiada para implementar esta medida, teniendo en cuenta la desigualdad que puede generar entre los convencionales, que valdrán igual a la hora de votar, pero tendrán distinta condición cuando deban cobrar por su trabajo.
De manera aproximada, un convencional debería ganar como un diputado, un piso de 4 o 5 millones de bolsillo. Una cuestión no aclarada es si deberán pagar el impuesto a las Ganancias y hacer aportes a la obra social y a la Caja de Jubilaciones de la provincia, igual que los legisladores. Algunos diputados y senadores al sumar título y antigüedad, pueden llegar a duplicar ese monto salarial.
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