El diálogo, antes del impacto del avión, antes del impreciso momento de la oscuridad mortuoria, es desgarrador. Los miembros de la tripulación advierten que el Saab 340 de la firma Sol Líneas Aéreas acumulaba hielo en sus alas y que la máquina presentaba ya severas asperezas en el control. “Tranquilo, tranquilo. Dale que lo sacamos”, intenta animar el copiloto a su compañero. “Mirá cómo se está cayendo de nuevo la velocidad. ¡Como calzón de puta!”, le contesta el piloto ya con tono inquietante. Son las 21.17 del 18 de mayo de 2011. Lo que seguirá unos segundos después es aún peor. Se escuchan insultos cargados de desesperación y pánico. “Vamos, no seas hijo de puta”, reclama el copiloto como si la máquina fuese a responder frente a lo imperativo del grito. Instantes después ocurre la tragedia.
El vuelo había partido desde Neuquén y se dirigía a Comodoro Rivadavia, donde debía aterrizar a las 21.58. A las 20.50 emitieron una primera alerta de emergencia. La aeronave cayó finalmente en Caltrauna, un área cercana a Los Menucos y Prahuaniyeu, en Río Negro. En el accidente murieron los veintidós ocupantes: diecinueve pasajeros y los tres miembros de la tripulación.
Las horas previas, algunos detalles del viaje y los antecedentes pasados, exponen las múltiples deficiencias que pudieron evitarse. El vuelo despegó sin un reporte del clima actualizado porque la oficina del Servicio Meteorológico Nacional atendía en la zona de 9 a 16. El último parte era de las 15. Imposible saber, con los datos de esa hora, que las condiciones podían provocar un engelamiento –acumulación de hielo– del avión.
Frente a la adversidad climática podría haberse modificado el trayecto para encontrar condiciones más favorables, pero otro escollo lo impidió: la máquina no contaba con el equipo de comunicación de alta frecuencia para pedir ayuda a la torre de control.
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La causa, que lleva ya doce años de un trámite moroso, estuvo a punto de prescribir y logró reencauzarse por el impulso de las dos únicas familias que quedaron como querellantes: las del piloto Juan Raffo (45) y del pasajero Juan Ruiz (29).
Terminada la etapa de las testimoniales, y a días de que comiencen las indagatorias, Suma Política dialogó con Débora Ferrari y Romina Barreto, las abogadas que quedaron en la solitaria tarea de acusar en representación de dos de las víctimas.
En los últimos meses un fallo de Casación, y la intervención de un juez subrogante designado para trabajar la causa, permitieron un vuelco significativo en el trámite. Se avanzó en la imputación de nueve integrantes de la firma Sol -que pertenecía al grupo rosarino Transatlántica- acusados ahora de estrago doloso agravado, un delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. La absolución o la falta de mérito son los otros dos caminos posibles.
El próximo jueves 22 comenzarán las indagatorias, que se extenderán hasta los primeros días de julio. Estarán en el banquillo de los acusados el expresidente de la compañía, el empresario rosarino Horacio Angeli, Danilo Pojmaevich, Héctor Morbidoni, Horacio Darre, Gustavo Cebreiro, Gustavo Daneri, Stefano Angeli, Héctor Cicchitti y Mario Parrello, todos integrantes de la firma Sol.
“Hay responsabilidades diferentes. Hay una cadena, una jerarquía, distintos mandos, gerencias. Cada uno deberá responder en la medida de su intervención, ya sea por acción u omisión. No queremos a un sinnúmero de personas condenadas, sino que se condene a los que efectivamente sean responsables en base a la prueba”, explica Ferrari, quien trabaja para Marcela Bastit, viuda del piloto.
El jueves pasado, y como parte de las medidas dispuestas por el juez subrogante Gustavo Villanueva, se designó a los profesionales que participarán de nuevas pericias. El trabajo pretende conocer detalles sobre lo sucedido antes y durante el vuelo, fallas y omisiones que pudieron provocar la tragedia.
“La pericia será sobre varios puntos: el tema de las comunicaciones, de la ruta aérea, de la instrucción del piloto. En el caso del despachante, que eso también salió de una testimonial, ver cuáles eran sus habilitaciones, si estaban o no en regla. Es un análisis más integral del caso y no solamente la maniobra que hizo el piloto en ese momento. Es mucho más amplio”, indicó Barreto, quien tomó la representación de Juan Carlos Ortiz, padre de Juan Manuel, uno de los diecinueve pasajeros fallecidos en la tragedia.
“Las pericias anteriores se circunscribieron al avión, a la caja negra. Ahora tiene que ver con los momentos anteriores, qué información tuvo el piloto, cuál fue la actualización del clima, el peso (del avión)”, detalló Ferrari. Lo que se busca es una reconstrucción virtual del siniestro.
Para que el juez requiera esos nuevos informes fueron clave los testimonios propuestos por la querella durante largo tiempo —desatendidos por el anterior juez—, que se escucharon finalmente entre el 11 de mayo y el 2 de junio. Declararon dos ex pilotos de Sol, compañeros de Raffo; un ex mecánico, un ex director de operaciones y un inspector actual de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).
“Las testimoniales fueron muy importantes y definitorias para (pedir) esta nueva pericia. Todo lo que aportaron los pilotos que trabajaban en Sol, pilotos que conocían la ruta. Ellos manifestaron la gravedad de que no hayan tenido comunicaciones, que es una ruta muy larga, que este tipo de aviones no debieran estar destinados a estas rutas tan largas del sur y con estas condiciones climáticas tan adversas”, detalló la abogada de la familia Ruiz.
“Los pilotos fueron una pieza clave al contar cómo trabajaban ellos, la cantidad de horas de vuelo que hacían, la presión que muchas veces recibían para hacer los vuelos. La sobrecarga en los vuelos con lo que eso implica para un avión. Y un montón de cuestiones técnicas que le permitieron al juez tomar esta determinación de una nueva pericia”, detalló.
“Aportaron muchísima información a la causa. Parece algo sencillo, pero para que se pidan nuevas pericias en un juicio tiene que haber mucha evidencia que lleve al juez a tomar una decisión de este tipo”, añadió Barreto.
Para la querella llegar a este punto del proceso, con la expectativa de una condena a los culpables, fue parte de un camino largo y tortuoso. El juzgado de Bariloche, en una decisión que fue ratificada luego por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, había dispuesto el sobreseimiento de los tres directivos de la aerolínea acusados hasta ese momento. El 6 de marzo pasado la Cámara Federal de Casación anuló esa decisión.
La propia fiscalía había culpado a Raffo por el accidente, se retiró de la acusación y sugirió cerrar el trámite. “La única conducta susceptible de reproche penal fue aquella desplegada negligentemente por el fallecido piloto”, planteó.
“Si esto fuera por la Justicia de Bariloche la causa estaría hace años terminada”, criticó Ferrari.
El informe final de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), publicado en 2015, señala que el Saab 340, fabricado en 1985, tenía una última inspección realizada el 22 de abril de 2011, un mes antes de la tragedia.
Sin embargo, puntualiza múltiples deficiencias: a la empresa le achaca que no aportó análisis de riesgo ni capacitó a sus pilotos. No había manuales operativos actualizados ni programas de instrucción adecuados.
Al partir desde Neuquén el avión no contaba con un reporte meteorológico actualizado “ni imágenes satelitales impresas del frente frío”. El SMN, en un informe posterior al accidente, admite que la probabilidad de engelamiento “era alta”.
La tripulación realizó “una evaluación de riesgo adecuada a la información que poseía y fue posteriormente sorprendida por la magnitud del fenómeno meteorológico de engelamiento”, indicó en su trabajo la JIAAC. Con la oficina meteorológica cerrada el dato con el que contaban, indica el trabajo, “no era real”.
El mismo Raffo, en octubre de 2010, había presentado un informe a la empresa advirtiendo por las condiciones severas de engelamiento que podían producirse en el mismo trayecto que terminó en tragedia. Quizás por ello, la noche del accidente, consultó a un colega que regresaba de Comodoro Rivadavia cómo estaba el clima. “Normal”, le informó el otro piloto. La azafata de ese vuelo, sin embargo, lo desmintió. Dijo que sufrieron turbulencias y problemas en el vuelo por la formación de hielo en la máquina.
Lejos de lo planteado por la fiscalía, la JIAAC descartó una conducta “complaciente o despreocupada” del piloto, a quien definió como “profesional, apegado a las reglas, poco comunicativo y reservado”. Dice, además, “que gozaba de prestigio entre sus pares” y “su desempeño jamás fue discutido”.
Suma Política intentó hablar con el juez Villanueva para conocer los plazos que estima para que se conozca una resolución. En el juzgado, sin embargo, evitaron ofrecer cualquier tipo de información. “Por lo general ni el secretario ni el juez dan entrevistas periodísticas. El expediente está en pleno trámite y no es público”, advirtieron.
Veintidós familias aguardan lo que la Justicia no le ha dado en doce años: una respuesta.
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