Efectivos de la Brigada Motorizada de Rosario quedaron presos implicados en un caso de violencia institucional serio. A dos meses de que uniformados de calle fueran descubiertos por la Justicia Federal en un caso de tortura con picana eléctrica en zona oeste, ahora seis empleados de otra fuerza de la Agrupación Cuerpos quedaron privados de la libertad acusados de apremios ilegales en una comisaría céntrica contra dos detenidos, uno de ellos menor de edad.
Los policías detenidos son siete en total porque a los de la Motorizada se suma el responsable de los calabozos de la comisaría 2º, que al menos abrió las puertas del penal para que los involucrados llegaran hasta los detenidos para someterlos a golpes.
Esto ocurrió entre las 18 y las 19 del sábado, cuando efectivos de la Brigada Motorizada llevaron tras un procedimiento en calle a un chico de 17 años que por orden judicial debía quedar detenido. Fue un mismo responsable de la comisaría 2º que dio cuenta a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que había un incidente con violencia.
Eso hizo que el encargado del turno remitiera a la seccional a efectivos de Asuntos Internos que llegaron mientras los implicados en el hecho, tres varones y tres mujeres de la Motorizada, aún estaban allí.
Según el reporte de Asuntos Internos y la reconstrucción de la fiscalía, el chico de 17 años empezó a gritar porque detectó que a otro detenido que se encontraba esposado, de unos 40 años, un grupo de agentes estaba sometiéndolo a una golpiza. El chico les reclamaba airadamente que dejaran de pegarle a la otra persona a la que no conocía.
Según lo reconstruido por Asuntos Internos, frente a los gritos del joven uno de los policías del grupo agresor les dijo: “Ahora seguimos con vos”. El chico les respondió que no iban a pegarle a él porque era menor y les dijo que si llegaban a hacerlo los iba a denunciar cuando llegara “al IRAR”, como se denominaba el establecimiento penitenciario para menores de edad en Rosario.
“Te vamos a pegar igual”, surge que fue la respuesta de los policías. Ante eso, según el sumario de Asuntos Internos, el responsable del penal o cabo de cuarto de la comisaría abrió la celda donde estaba el menor, que recibió golpes.
Las lesiones constatadas en los dos detenidos no revisten gravedad por lo que serían lesiones leves. Pero toda la evidencia colectada dejó al desnudo que efectivamente existieron dos golpizas, lo que incluye no solamente testimonio de testigos, sino también la admisión del jefe responsable de la Motorizada que se acercó al lugar. Este oficial no quedó detenido pero el fiscal actuante, José Luis Caterina, ordenó que se le retuviera el teléfono celular.
Cuatro de los siete detenidos fueron llevados a pedido de la defensa a una audiencia de control de detención este domingo a la mañana, donde la jueza Paula Aguirre constató que el arresto de los policías se concretó con apego a la legalidad. Este martes serán imputados por apremios ilegales. Fuentes del caso señalaron que el fiscal Caterina trabaja para deslindar si todos los policías de la Motorizada están implicados en la golpiza o si pueden distinguirse si hubo quien no participó del incidente.
De acuerdo a los voceros del caso la evidencia de violencia institucional es clara: fue denunciado desde la misma comisaría, los testigos lucen como muy sólidos y lo mismo las dos víctimas de los golpes. “Más vale que paren de pegarle porque si no hacen nada yo denuncio después en el IRAR”, indica el sumario que dijo el chico de 17 años. Allí fue cuando según el sumario abrieron el transitorio donde el chico estaba solo y lo golpearon.
No hay constancia de lesiones graves, lo que para los investigadores no limita la gravedad del hecho. “A veces el daño no es visible porque un rasgo de la violencia institucional es que a menudo el que pega con pericia no deja marcas”, planteó una fuente.
Hace 45 días siete policías de otra fuerza de calle de Rosario, la Policía de Acción Táctica (PAT), fueron reimputados en la Justicia Federal por haber robado 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares a unos dealers en la vivienda donde guardaban la droga. Para llegar a los que tenían la sustancia, que luego robarían, según los fiscales federales dos de los implicados sometieron a tortura con picana eléctrica a dos hombres.
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