Son tres proyectos distintos pero comparten un argumento. La reforma de la ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, la baja de imputabilidad que llevaría a la cárcel a chicos de 14 años y la ley contra organizaciones criminales para agravar las condenas contra cualquier participante de una estructura delictiva, anunciadas y en preparación por el gobierno nacional, invocan como ejemplo y justificación la crisis de la seguridad en la provincia de Santa Fe.
Los tres proyectos se encuentran en distintas etapas. La ley contra organizaciones criminales, o ley antimafia, fue enviada al Congreso Nacional en el mes de marzo con otros proyectos, entre ellos la ley de Orden Público que incluye penas para la organización de piquetes y amplía las garantías para que las fuerzas de seguridad no respondan ante la Justicia. La baja de imputabilidad no trasciende hasta ahora las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich. Y la intervención de militares en la seguridad interna habría dado un paso con la declaración de la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” como “zona militar”.
El nuevo estatus de la Fábrica Militar resulta del decreto de necesidad y urgencia 350/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el pleno de los ministros nacionales y publicado en el Boletín Oficial el 24 de abril. Según las consideraciones, la fábrica “constituye un objeto de valor estratégico, dado que su destrucción o posible daño afecta a la seguridad del Estado” y al declararla como “zona militar”, se trataría entre los principales objetivos de “prevenir y conjurar un eventual ataque”.
Al parecer la Fábrica Militar estaría tan desguarnecida como la Unidad Penitenciaria de Piñero el 27 de junio de 2021, cuando la fuga de ocho presos puso al descubierto groseras fallas de vigilancia y una infraestructura tan endeble que el entonces ministro de Gobierno Roberto Sukerman definió a la cárcel como “un gallinero”. El episodio es el único antecedente en la historia reciente del “eventual ataque” que imagina el decreto presidencial.
Sin embargo, como podría observarse en el juicio por el caso en el Centro de Justicia Penal, la fuga de Piñero no expuso un grado de sofisticación de los grupos criminales sino, al contrario, una estructura aleatoria y precaria y un plan sobre la marcha, desordenado y con pocos recursos. Como en los episodios recientes de inseguridad en Rosario, por otra parte, lo revelador de la fuga fue que se planeó desde la cárcel, un problema que evidencia la necesidad de los controles sobre el Servicio Penitenciario.
Pero no es este el episodio que verosimiliza al fantasma que persigue el decreto sino la saga de crímenes de trabajadores en la primera semana de marzo. Fue entonces cuando el gobierno nacional impuso el término de narcoterrorismo e introdujo la reforma de la Ley de Seguridad Interior en la agenda pública.
“Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, dijo el ministro de Defensa Luis Petri el 21 de marzo, cuando el gobierno envió al Congreso las leyes Antimafia, de Reincidencia y reiterancia, de Registro de ADN ampliado a todos los delitos y de Orden Público. Según agregó entonces el ministro, “las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”; es decir, las mismas tareas de la policía y las fuerzas federales.
El trasfondo de los crímenes de trabajadores sigue mientras tanto sin despejarse, y los vacíos de las investigaciones son la condición de posibilidad de las conjeturas sobre “el crimen organizado”. El equipo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación pudo avanzar gracias al ofrecimiento de recompensa del gobierno provincial, que lo puso en la pista del menor responsable de al menos dos asesinatos. La declaración de ese menor —en condiciones cuestionadas por las defensas— y dos testimonios de identidad reservada permitieron llegar a una acusación contra Alejandro Nuñez, preso aislado en Piñero, mientras el resto de la trama se diluye en especulaciones.
La última aparición de los grupos que desafían al gobierno provincial son los incendios de autos registrados en la madrugada del sábado 27 de abril pasado en la zona sur y el macrocentro de Rosario y el goteo incesante de amenazas contra el gobernador y el ministro de Seguridad. La historia reciente abunda en ejemplos de mensajes que se propusieron y lograron confundir a los investigadores: el más notable, la hipótesis de una unión de bandas de distintas zonas, una especie de cumbre imaginaria del mal que pretendía disputar de igual a igual con el Estado provincial. Al menos el MPA pudo identificar esa ficción. Sin embargo, cada nuevo mensaje parece tomado al pie de la letra y leído en clave de alarma, como ahora parece con “Los rosarinos”, firmantes de las actuales amenazas.
Más allá de la puesta en escena, los atentados incendiarios y también las intimidaciones contra dos coches de la línea 112 son inquietantes porque refuerzan impresiones de larga data en Rosario: las políticas de seguridad no disuaden a las bandas criminales y el espacio público sigue fuera de control por parte de la policía. Un mensaje basta para disparar el miedo a la violencia narco y trastornar el orden, sobre esa sedimentación de la inseguridad.
Los agujeros negros
El 11 de abril la ministra Bullrich apuró un viaje de regreso de Estados Unidos a la Argentina. El motivo era la captura de Jorge Antonio Benegas, ex socio de Esteban Alvarado, lo que definió como “un megagolpe” contra el lavado de dinero en una conferencia de prensa preparada por gráficos ilustrativos.
Benegas fue detenido como resultado de una investigación de la Justicia Federal de Rosario que llevaba más de un año. Bullrich lo puso de ejemplo para alegar por la ley contra organizaciones criminales, pero al precio de distorsionar los antecedentes de la historia. Si el ex socio de Alvarado estaba en libertad después de ser detenido como parte de una asociación ilícita fue porque accedió al juicio abreviado que le propuso la fiscalía y no por haberse beneficiado de la ley.
La detención del menor DMG por el crimen del playero Bruno Bussanich activó la agitación por la baja de imputabilidad. Al igual que la reforma de la Ley de Seguridad Interior, la discusión reedita la que se produjo durante la anterior gestión de Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, en este caso alrededor del asesinato del adolescente Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.
Ahora, como entonces, jueces, criminólogos e investigadores de ciencias sociales alegan sobre la falta de incidencia del delito juvenil en la inseguridad. “Subyacente en la discusión sobre la edad de imputabilidad se encuentra una práctica recurrente de los diferentes gabinetes de seguridad en el país: la construcción de políticas públicas en función de un diagnóstico parcial y poco representativo del problema”, advierte el politólogo Sebastián Cutrona.
La crisis de seguridad en Rosario aportaría otro motivo para la declaración de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán como “zona militar”: la sospecha de que abastece de manera clandestina el mercado negro de armas y municiones y en particular a las bandas criminales. Pero mientras no hay episodios recientes que respalden ese temor, existen en cambio evidencias concretas de agujeros negros en depósitos policiales y de actuación de policías de Santa Fe como mediadores de ese mercado.
La evidencia más notoria es la ausencia de 800 mil municiones, detectadas al inicio del gobierno de Omar Perotti sobre una partida de un millón de municiones calibre 9x19mm provistas al sistema policial santafesino entre abril de 2018 y junio de 2020 y que debían encontrarse en depósitos de la policía. “Presentamos un pedido de informes para saber qué había pasado con el sumario administrativo y dónde estaban las municiones, convencidos de que estaban vinculadas con balaceras que se dieron en la región. Después hicimos un proyecto de ley para que el Estado provincial haga marcaje de armas y municiones”, recuerda el diputado Miguel Rabbia.
Las armas compradas durante el gobierno de Perotti fueron marcadas en la cara lateral derecha de la corredera con la inscripción de la Policía de Santa Fe y un millón y medio de municiones incorporaron un marcaje en el culote con la sigla PSF. Parte de esta partida es la que se utilizó en los asesinatos de los taxistas y en la balacera contra la comisaría 15, en marzo.
“Hace unas semanas hicimos otro pedido de informes —agrega Rabbia—. A mediados de enero el sumario administrativo sobre las municiones desaparecidas fue enviado a archivo. Es una situación peligrosa para la institucionalidad: que un sumario se dé de baja cuando la investigación afecta al poder. Tampoco tenemos detalle de cómo se investiga la aparición de los casquillos con la inscripción PSF en las muertes de los taxistas. Se usaron las balas que compramos con los impuestos que pagamos todos para matar a nuestros vecinos”.
El proyecto de ley de marcaje tuvo media sanción de la Cámara de Senadores pero hasta el momento no entusiasma en Diputados, donde no tiene tratamiento. “Sabemos que hace dos años por cada munición se pagaban mil pesos en el mercado ilegal. Hoy esa suma se multiplica por cinco. Es terrible el incentivo económico del mercado negro”, destaca Rabbia.
Otro agujero negro quedó en evidencia en 2022, en torno a las armas secuestradas en procedimientos y confiadas a la sección Balística de la policía de Rosario. Una auditoría confirmó la falta de controles y el almacenamiento de armas sin registrar, pero la investigación del Ministerio Público de la Acusación pareció tender un manto de silencio sobre las eventuales responsabilidades.
La fábrica de Fray Luis Beltrán produce proyectiles calibres 9 mm, 22, 7.62 y 7.65, cartuchos antidisturbios y chalecos antibala. En un artículo sobre el reciente DNU del presidente Milei, la ex ministra de Seguridad Nilda Garré destacó que la norma contraviene a la ley de Defensa Nacional —al pasar por encima del Congreso de la Nación— y fija “algo que en realidad se encuentra regulado por normativa de nivel ministerial, como el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de delitos contra un establecimiento militar”.
Si el DNU es abstracto para lo que pretende cuidar, como dicen los críticos, el interrogante es cuáles pueden constituir no ya los motivos sino las aplicaciones. El fantasma del crimen organizado podría habilitar la intervención militar en una escala desconocida desde el fin de la última dictadura.
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