¿Una medida de buen orden administrativo o un instrumento más en la pelea con la Legislatura? Puede ser las dos cosas la decisión que tomó el gobernador Omar Perotti de cesar desde enero con las adscripciones del personal que tiene nombramiento de origen en el Poder Ejecutivo pero trabaja en otras reparticiones.
No hay un registro para saber a cuántos empleados afecta (hay estimaciones que van de cien a doscientos), pero se sabe que las dos cámaras legislativas hicieron el año pasado unos 300 pedidos de traslados, muchos de los cuales no fueron autorizados y siguen pendientes. También son frecuentes las adscripciones entre ministerios.
¿A quién afecta esta medida? Esencialmente a la oposición y a la Legislatura, incluidos varios legisladores oficialistas que braman porque tienen a su cargo algunas adscripciones.
Un dato que no dejaron pasar desde los sectores que confrontan con el Ejecutivo es que quien estampó la firma junto al gobernador del decreto que dispone cortar con las adscripciones es justamente un caso emblemático de esta situación que se pretende corregir.
Se refieren al ex ministro de Gestión Pública Rubén Michlig, quien ahora sigue en el gobierno como asesor del gobernador, y que tiene su cargo de planta permanente en la Contaduría General de la provincia, pero durante los tres períodos de gobiernos del Frente Progresista (12 años) estuvo adscripto a la Legislatura.
Del otro lado, fuentes del gobierno provincial aseguran que con los beneficiados por esta normativa “se podría armar un ejército”, y revelan que entre las dos cámaras pidieron alrededor de 300, muchos de los cuales están pendientes de aprobación, y le atribuyen la mayoría de esas gestiones al ex gobernador Miguel Lifschitz para llevarse a la Legislatura a personal que designó en los cuatro años que estuvo en la Casa Gris.
No obstante, desde Diputados aseguran que la medida afecta más al Senado que a ellos, porque en la Cámara baja, si bien hicieron pedidos, nunca pudieron avanzar con su aprobación. Según el gobierno, son muchos más de los que declaran en público.
En el Senado lo viven como un capítulo más de una “caza de brujas”, aunque admiten que la mayoría de los legisladores tiene personal adscripto. “¿Quien no tiene alguno? Muchos son pedidos”, justifican, confirmando que el tema se fue desvirtuando de sus objetivos iniciales.
Un senador reconoce que cuando se implemente el decreto lo va a afectar directamente, porque en su equipo tiene a un abogado y a una contadora que trabajan bajo el régimen de adscripciones. “Esto busca aislarnos a los senadores que no somos flexibles”, interpreta.
Desde su mismo bloque enmarcan la medida entre otras que vienen advirtiendo: como que el gobernador baje a recorrer los departamentos sin avisar a legisladores, intendentes y presidentes de comuna, o que los ministros no los atiendan. Pero se preguntan desafiantes: “¡No sé cómo van a hacer para aprobar las leyes!”.
La batalla por las adscripciones
Un empleado adscripto en la administración pública es alguien que cobra en un lugar y trabaja en otro. Una especie de traslado transitorio entre dependencias, que suele durar más de lo aconsejable. Un mecanismo amparado por una normativa que fue pensada para resolver problemas en el Estado, pero que en la práctica se usa más para hacer favores y comodidad de los interesados, para resolver problemas de relación entre el personal o para que alguien no trabaje. Eso sí, el trabajo de cada empleado en esa situación es avalado por una firma, del responsable a cargo que pidió su adscripción, y que será el que tendrá que rendir cuentas.
El 30 de diciembre pasado, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto que ordena cortar con las adscripciones en el gobierno provincial, es decir, ordena que aquellos agentes del Estado deben reintegrarse a sus lugares originales de nombramiento, donde están designados y figuran como titulares. Muchos de ellos trabajan en otras dependencias bajo la figura de adscriptos, comisiones de servicio u otro tipo de afectaciones similares.
La medida afecta a cientos de empleados que fueron designados en su momento en el Poder Ejecutivo y hasta diciembre cumplían funciones en la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, empresas y sociedades del Estado santafesino. Su situación era renovada cada año en una negociación que ahora será más difícil.
El decreto que dispone el cese de las adscripciones se justifica en la necesidad de que todos los organismos organicen las acciones de gestión del 2021 en base a las plantas concretas de agentes con que cuentan.
En apariencia, una medida noble, como lo es la ley que aprobó la Legislatura para que se controlen los gastos reservados del Ministerio de Seguridad. Apunta a la transparencia, pero también puede tener otro objetivo menos declarado.
En su origen, las adscripciones fueron pensadas para favorecer el funcionamiento del Estado. Un agente es desafectado de las funciones inherentes al cargo en el que revista presupuestariamente para pasar a desempeñarse “transitoriamente” en otro organismo, repartición o dependencia. Tiende a satisfacer necesidades excepcionales del área que lo solicita, para resolver necesidades de colaboración, asesoramiento o eventualmente dirección o supervisión en un organismo de la administración pública. En la práctica hoy se reconoce que en muchos casos se utiliza para justificar el sueldo a empleados que no cumplen ninguna función.
El decreto de Perotti ordena que la autoridad que tenga a su cargo la liquidación de los sueldos del personal adscripto deberá suspender el pago de los mismos en caso de que el reintegro a la dependencia de origen no se haga efectivo en la fecha establecida que se disponga.
El decreto de Perotti
Autor
