El Concejo Municipal de Malabrigo lleva
un año sin poder constituirse ni sesionar
Ignacio Cagliero
Se aproximan las nuevas elecciones intermedias y en la ciudad de Malabrigo, al norte de la provincia de Santa Fe, aún no asumieron los concejales elegidos en 2019. Por diferentes interpretaciones del reglamento interno los ediles no logran ponerse de acuerdo en quién debe presidir la sesión preparatoria. Desde el Partido Justicialista (PJ) cuestionan una “actitud antidemocrática” del radicalismo, mientras que desde la Unión Cívica Radical (UCR) sostienen que el peronismo busca “obstaculizar” la nueva gestión de gobierno. En medio de la disputa, la “ciudad jardín” lleva más de un año con el Concejo paralizado y con una intendencia limitada en sus funciones, que debe gobernar por decreto.
La insólita situación tiene un origen inusual. En las elecciones de junio de 2019, el día en que todo el país se registró un corte masivo de luz que afectó la práctica electoral, los malabriguenses desdoblaron su voto: por primera vez dos partidos distintos ganaron la elección a la Intendencia y al Concejo Municipal.
En un conteo muy ajustado, el radical Roberto Spontón se impuso con 168 votos de diferencia, cortando así una racha de 12 años de gobiernos peronistas en la localidad del departamento General Obligado. Pero el intendente electo no pudo arrastrar la totalidad de votos a su lista de concejales y el peronismo, a pesar de la derrota en sus aspiraciones al Ejecutivo local, terminó consiguiendo dos de las tres bancas legislativas en juego. De esta manera, el Concejo quedó en tablas con un total de tres bancas para el peronismo y tres bancas para el radicalismo. Y con una inédita mayoría de cuatro concejalas mujeres.
El problema se presentó en diciembre de 2019 a la hora de comenzar la sesión preparatoria para la conformación del nuevo Concejo, donde debían asumir los tres nuevos ediles: María Zorzón (PJ), Marcos Colignon (UCR) y Ainalén Bugnon (PJ). Cuando el secretario dio la palabra al concejal peronista Fernando Berstchi para que presidiera la jornada, desde el radicalismo pusieron el grito en el cielo señalando que la presidencia les correspondía. Finalmente no hubo acuerdo y se terminó cayendo la sesión. A 13 meses de esa discusión las posiciones siguen siendo encontradas y no parece haber una solución cercana. Y pronto habrá nuevas elecciones.
Un reglamento, distintas interpretaciones
Entre los concejales que finalizaron su mandato en diciembre de 2019 se encuentran Efraín Silvestre (PJ) y Luis Carlos Nardín (PJ), presidente y vicepresidente primero del Concejo. La vicepresidencia segunda estaba en manos de Spontón (UCR) que renunció a su banca un mes antes de su asumir la intendencia, para que tomara su lugar Flavia Nardín.
Para los ediles del Partido Justicialista la situación es clara: el Concejo quedó acéfalo. Por lo tanto se apegan al artículo 8 del reglamento interno, donde se especifica que la sesión preparatoria debe ser presidida por el concejal en funciones de mayor edad. En este caso, al concejal peronista Fernando Berstchi.
Sin embargo, desde el radicalismo objetan ese argumento con el artículo 30 del mismo reglamento interno. Allí se señala que cuando alguna de las autoridades deja su banca, por el motivo que fuere, “el concejal elegido para reemplazarlo solo desempeñará la función en ese cargo hasta completar el período”. Es decir que el concejal entrante hereda el cargo de la persona a la que reemplaza. Bajo esta mirada, Flavia Nardín (reemplazante de Spontón) quedaría como vicepresidenta segunda, única autoridad al momento de la sesión preparatoria.
Para Ainalén Bugnon, una de las concejalas que espera por asumir, la postura del radicalismo viola los principios constitucionales: “Nosotros tenemos una República, no una Monarquía. Y los cargos deben ser elegidos, no heredados”. Pero a pesar de esa situación recordó que los cargos legislativos se renuevan todos los años, con lo cual, a enero de 2021 ya habría finalizado el período en que Nardín hubiese ejercido como autoridad. “Ellos siguen manteniendo que todavía se encuentran en poder, porque según el acta de sesiones estamos en diciembre del 2019”, cuestionó.
Por su parte, Flavia Nardín remarcó que, a pesar de las distintas instancias de diálogo que se propusieron durante el año, las posiciones siguen rígidas. Una de las soluciones que propuso el radicalismo fue ejercer la presidencia seis meses cada bloque, pero la idea no tuvo consenso suficiente. “Muy tirado de los pelos”, señalaron desde la oposición.
Otro de los argumentos esbozados por la UCR es el de la línea sucesoria. Al igual que en muchos municipios de la provincia existe un acuerdo tácito en el que el presidente del Concejo debe ser del mismo color político que el Ejecutivo para que, en caso de ausencia del intendente, quede a cargo alguien del mismo espacio. El enojo del radicalismo aumenta cuando repasan que ese acuerdo funcionó estrictamente durante los últimos 12 años de gestión peronista. Pero hoy ya no.
“En los 12 años tuvieron la presidencia del Concejo. Fue algo que siempre se respetó y que el PJ dejó asentado en todas las actas que así debía ser. A la UCR nunca le quisieron dar ni siquiera la vicepresidencia primera, por los mismos fundamentos de la línea sucesoria. Y ahora, en 2019, que cambia la gestión de gobierno, parece que estos acuerdos se borraron, que no sirven más. Quieren cambiar las reglas de juego”, manifestó la edila radical.
Por una letra “s”
“A mí no me cabe dudas que Nardín debe presidir la sesión preparatoria”, consideró el abogado constitucionalista Domingo Rondina, uno de los especialistas que viene siguiendo el tema. Si bien reconoció que la sucesión de cargos junto con la banca es algo “muy inusual”, señaló que el reglamento interno de Malabrigo es claro en ese sentido: “La autoridad más importante que queda con mandato es Nardín con la vicepresidencia segunda”.
“El hecho de heredar los cargos no es algo normal, ni personalmente a mí me gusta mucho porque me parece que cada cargo tiene que ser electo. Pero lo que es cierto es que cuando la concejala Nardín ingresa al Concejo todos aprobaron su ingreso y dejaron constancia de que asumió también la vicepresidencia segunda. Así que en ese momento todos aprobaron que ella era una de las autoridades”, agregó.
Cuando comenzaron los desencuentros entre los bloques, los concejales del peronismo solicitaron la intervención de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia, cuya Asesoría Jurídica dictaminó en principio a favor del PJ aunque haciendo una particular interpretación del artículo que reclaman los justicialistas.
El dictamen del órgano técnico, fechado el 12 de diciembre de 2019, argumenta que como en el artículo 8 del reglamento interno se habla expresamente de que la sesión preparatoria debe ser presidida por el presidente o vicepresidente (no “vicepresidentes”, en plural), estaría dejando afuera de esa atribución al vicepresidente segundo. En este caso, excluyendo el reclamo que viene realizando Nardín.
“El radicalismo no aceptó lo que se dijo desde Jurídica y estamos todavía debatiendo quién preside la sesión”, reclamó Bugnon. A su favor, Nardín destacó que se trata de un dictamen no vinculante —lo cual es cierto— y dejó en claro la disconformidad de su espacio: “No se tiene en cuenta el artículo 29 y 30 que son importantísimos para esta situación del Concejo. Solamente hace un análisis taxativo del artículo 8 y toda ley merece ser analizada en su conjunto, en todo su articulado”.
Para Rondina el dictamen “toma un criterio absurdo” para expedirse sobre el conflicto en Malabrigo: “Como no hay una “s” se elimina la figura del vicepresidente segundo. Es absolutamente improcedente”.
No es la primera vez que se da un conflicto de este tipo. De hecho hay antecedentes recientes en municipios santafesinos como Sastre y Las Toscas que comparten con Malabrigo una característica: son localidades pequeñas que cuentan con Concejos de seis personas, el mínimo establecido. De hecho, Malabrigo es una de las ciudades de la Provincia que no cumple con el requisito de 10 mil habitantes para calificar como Municipio. Según las proyecciones del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), en 2021 la localidad ronda las 8.200 personas.
El quid de la cuestión es que, en parlamentos pares y empatados partidariamente, quien presida la sesión preparatoria tendrá el doble voto para desempatar a su favor. En síntesis: quien logre presidir esa sesión inicial tendrá una suerte de mayoría virtual en el Concejo durante todo el año legislativo.
Ante la imposibilidad de las partes de alcanzar un acuerdo, la Provincia tiene la facultad de mediar e incluso avanzar en la solución del conflicto. Algunas alarmas se encendieron en junio del 2020 cuando, al no haber avances en el armado del cuerpo, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia, José Luis Freyre, advirtió que el Poder Ejecutivo está facultado por la Constitución provincial para intervenir el Municipio “a los solos efectos de constituir sus autoridades”.
“De ningún modo creo que corresponda la intervención provincial al Concejo de Malabrigo”, señaló tajante Rondina. Y agregó: “Estaría bueno que la Provincia convoque al senador del departamento, que es del radicalismo, y que envíe algún funcionario del justicialismo. Y que traten de hablar con los concejales para buscar un acuerdo que destrabe el conflicto. Tiene que resolverse poniéndole un poco más de volumen político a la cuestión”.
Las consecuencias prácticas
Una de las consecuencias de la paralización del Concejo en Malabrigo es la de no contar con un Presupuesto acorde. Por segundo año consecutivo habrá una “reconducción presupuestaria”, es decir que la Intendencia tendrá que manejarse con números similares a los aprobados por la gestión anterior, en 2019. Esto significa una serie de limitaciones para prever los gastos e ingresos que enfrentará el Municipio durante el 2021.
La situación también generó complicaciones a la hora de recibir subsidios provinciales en medio de la pandemia de coronavirus. “Hoy por hoy hay fondos a los que no se está pudiendo llegar. Y es lamentable porque se perjudica a toda la comunidad, no solamente a la gestión”, señaló Nardín. La edila oficialista cuestionó que el conflicto institucional se haya dado en un año en el que se necesitó de una mayor articulación entre fuerzas políticas para dar respuestas a los ciudadanos: “Las diferencias políticas las debemos dejar y pensar en el bien de la comunidad. A la gente no le gustan estas cosas, cuando hay intereses políticos en juego”.
Otro de los inconvenientes tiene que ver con el rol de control que ejerce el Concejo sobre las decisiones de la intendencia. Si bien los concejales señalan que vienen desempeñando parte de su función sin sesionar formalmente, advierten que se complejizó el acceso a la información del Municipio. “El intendente se viene manejando mediante decretos, y hay muchos que no conocemos porque tampoco se nos facilitan. Creo que la última vez que se nos presentaron decretos fue allá por el mes de junio”, objetó Bugnon. “El tema de la legalidad hoy en Malabrigo se está cuestionando”, agregó.
Por el contrario, para Rondina el embrollo no afecta demasiado en la práctica diaria del Ejecutivo. “Hoy por hoy está todo hecho para que el intendente pueda gobernar igual. Es muy poco lo que necesita del Concejo”, señaló y explicó que esto se da porque la ley de Municipios no hace “parte del juego” a los órganos legislativos.
“En todo caso podemos hablar filosóficamente del hecho de que no estén representadas las voces de los vecinos, que al gobernar el Ejecutivo no hay control, y un montón de cosas. Pero en los hechos, los intendentes pueden gobernar perfectamente, porque es una ley ejecutivista, no respeta las competencias del Concejo”, completó.
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