La democracia argentina entró en zona de agrietamiento y ruptura. Los ataques violentos verbales que surgen desde la cúpula del poder institucional superan cualquier interpretación estilística y ahora ya ecualizan con actos ilegales en los tres poderes del Estado; empezando por el judicial que a esta hora mantiene encarcelados a cinco militantes políticos opositores por presuntas acciones contravencionales menores contra el diputado y principal socio del presidente, José Luis Espert, autor de la consigna “cárcel o balas”, y de decenas de ataques verbales personales dirigidos a integrantes de la oposición peronista.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar una condena a CFK por motivo falso a través de una causa armada y dirigida desde el inicio para provocar la proscripción política de la expresidenta y su detención, el pasado 28 de junio, no era, desde ya, el final de una purificación política de las instituciones de la Argentina. Más bien lo contrario, el inicio de una persecución y rupturas por ahora parciales de la Constitución nacional, verificables con esta simple enumeración: operaciones con falsas acusaciones y denuncia penal para los periodistas Julia Mengolini y Nicolás Llantos (entre otros); encarcelamiento en penales federales de cinco militantes por escrachar al diputado Espert (pasacalle y excrementos en la puerta de su domicilio); despliegue represivo desmesurado, ilegal, en las manifestaciones de jubilados de los días miércoles frente al Congreso; insólito intento de bloqueo de funcionamiento de la comisión de Trabajo y Previsión social y de Presupuesto en el Senado por parte de las presidencias de ambas comisiones (los oficialistas Carmen Álvarez Rivero y Ezequiel Atauche), que se insubordinaron y no prestaron consentimiento al tratamiento de temas sensibles como los dictámenes de aumentos a jubilados y reapertura de moratoria jubilatoria hoy cerrada, y que posibilita que millones de argentinos queden día tras día sin trabajo y sin ningún ingreso de supervivencia.
Alvarez Rivero y Atauche pretendieron levantar las sesiones de las comisiones, pero les faltó resolver un detalle clave: no tenían el número que, al cabo, sí juntó la oposición de UxP y tres ex radicales. El jueves 10 de julio habrá sesión, se aprobará el aumento del 7,2 por ciento a toda la escala jubilatoria y el bono congelado de 70 mil pasará a 110 mil. A partir de ese día, el operativo “veto” de la Casa Rosada se pondría en marcha, pero todo indica que los “87 héroes” que en 2024 le salvaron el capricho al gobierno (el tercio del rechazo), este año ya no están dispuestos al escarnio.
Diputados también dejó una sesión volcánica en la semana que termina. De manera deliberada el oficialismo rompe todas las tradiciones de entendimiento básico procedimental de un cuerpo legislativo como la Cámara baja. El Menem heredero (Martín), que conduce la Cámara, como nunca antes sucedió desde 1983, se arroga las interpretaciones reglamentarias cuando surgen los conflictos sin someter a la votación del pleno cómo resolver el diferendo –un clásico del Congreso–. En una etapa donde lo anormal se normaliza, Diputados se rompe cada día un poco más y ya no hay reunión posible de “labor parlamentaria” que pueda encaminar la disgregación.
Con todo, Diputados juntó quórum, debatió a los gritos por horas, sólo para “emplazar” a las comisiones de Educación y Salud para que tramiten las iniciativas de aumentos presupuestarios tanto en universidades nacionales como, por caso, en el emblemático Hospital Garrahan. Lo normal en el Congreso es que las iniciativas fluyan desde las comisiones al recinto, y no al revés, como transitoriamente impone la mayoría libertaria en alianza con el PRO, radicales y partidos provinciales que continúan apostando a la motosierra.
El próximo martes, tanto las universidades como el Garrahan tendrán un dictamen de mayoría que los socorra. Luego deberá atravesar ambos recintos.
Al clima autoritario creciente que nace desde el mismo gobierno, se suman casos como el allanamiento y detención de un jubilado de 63 años en el Chaco por presuntas intimidaciones en las redes sociales, de nombre Elpidio Sánchez, del gremio docente de esa provincia. Se lo acusa de expresiones antisemitas y pro palestinas.
Alguien que no fue detenido, aunque sí atacado sin piedad por su condición sexual y política por parte de la maquinaria de comunicación oficialista, fue el diputado santafesino Esteban Paulón (PS). El socialista usó un espacio de tiempo en la última sesión en Diputados para denunciar que lo acusan de pedófilo desde el canal del comunicador preferido de Milei, el “Gordo Dan”, donde le desean que se contagie con Sida (el video con las expresiones de Paulón fue repetido e ironizado por el canal Carajo). “El problema de Paulón no es el desorden anal, es el desorden ideológico” publicaron (está accesible) en el canal libertario Carajo.
“Basta de odio”, resumió Paulón y recibió en las últimas horas decenas de firmas de colegas de todas las bancadas que se solidarizan con él.
Desde el 16 de junio, cuatro días después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, por decreto el Ejecutivo aumentó las atribuciones policiales para la detención sin causa, requisas sin orden judicial, seguimiento (espía) sin orden judicial y cruce de datos personales sin control judicial.
La democracia se resquebraja, crece el autoritarismo, aunque opera un cambio respecto de las mismas actitudes del gobierno nacional que ya regían desde 2024: ajuste, crueldad y represión. Pero se insinúa algo nuevo en este 2025: entre la ausencia de votantes generalizada en todo el país, la modesta inserción electoral de LLA Avanza (por caso en las elecciones de la provincia de Santa Fe) y las también más que moderadas perspectivas libertarias para el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el agotamiento del modelo ya se avizora. Y se sabe, cuando las cosas salen mal para la derecha, no hay nada más argentino que cambiarse de vereda, contemplar el derrumbe, y murmurar, “yo no lo voté”.
Autor
