Hay un antes y un después en Villa Banana. Donde había casillas desprovistas de servicios y pasadizos con piso de tierra el programa de urbanización iniciado por el municipio de Rosario en 2021 muestra calles asfaltadas, edificaciones y alumbrado público. Desde el mismo año los procedimientos del Ministerio Público de la Acusación y de la Procuraduría de Narcocriminalidad inscriben secuestros de droga, detenciones y condenas. Pero la marca del narcomenudeo y la violencia resiste esas intervenciones y continúa sin que haya un antes ni un después, como demuestra el asesinato del policía federal Rodolfo Arnaldo Manfredi.
La muerte de Manfredi parece tan oscura como la misma noche en que ocurrió. El caso plantea preguntas todavía sin respuestas y también descubre situaciones que desmienten la propaganda sobre los resultados del Plan Bandera. La más notoria es la continuidad de la banda que controla el narcomenudeo y otros delitos en Villa Banana, a pesar de la detención de Dalmacio Saravia y Leonardo Saravia, padre e hijo, considerados los organizadores de la actividad criminal.
Los policías Manfredi, Emilio Gómez Villafañe y Ricardo Barrios Zabala estaban asignados al Plan Bandera. Su misión consistía en hacer patrullajes, no investigaciones. A las 22.30 del 11 de junio bajaron de un patrullero estacionado sobre 27 de Febrero y sin uniforme ni chalecos antibalas se internaron treinta metros en un pasillo donde hasta ahora no llegó el programa municipal de urbanización.
Diez minutos después, según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, se produjo el enfrentamiento en el que murió Manfredi, tucumano de 30 años, y fue herido Gómez Villafañe. Hubo una discusión previa. Un grupo de diez personas abrió fuego desde la calle Gutenberg y los policías respondieron mientras volvían sobre sus pasos hacia 27 de Febrero.
“El Plan Bandera consiste en patrullajes y retenes para identificar personas y controlar vehículos y documentos. Las investigaciones corresponden a brigadas específicas de la Policía Federal. Estos policías no pertenecían a esas áreas. Se impone como mínimo una sospecha sobre los motivos de su presencia en el interior de un pasillo, de noche, dentro de un lugar conocido como zona caliente de Rosario”, afirma un investigador.
El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, declaró que los policías llevaban camperas sobre los uniformes, lo que quedó desmentido. Germán Pugnaloni, director de Normativa y Enlace del Ministerio de Seguridad de la Nación dijo que tenían asignado el patrullaje de Villa Banana y se internaron en el pasillo porque notaron “una situación anómala”, aunque no precisó en qué consistía. Aun así esta versión no explica por qué se despojaron del uniforme y del chaleco antibalas del que estaban provistos, según destacó el secretario de Seguridad Nacional Martín Ferlauto.
“Del informe de la Policía Federal no surge que los policías estuvieran haciendo algo raro ni hay indicios de corrupción”, afirma una fuente de la investigación. Manfredi y sus compañeros “cumplieron órdenes superiores y fueron de civil para ser más eficientes”. Ese habría sido el testimonio de Barrios Zabala, el policía que salió ileso porque alcanzó a resguardarse de la lluvia de balas detrás de un auto.
El otro investigador consultado expone más dudas: “También la respuesta de los narcos es sospechosa. Se supone que son gente con experiencia. Debieron saber que se les venía encima un problema muy grande si mataban a un policía. Pero tiraron a matar a tres federales, ¿por qué? ¿Porque uno de ellos no quiso ser identificado?”
“El Plan Bandera comprende distintas zonas de Rosario con horarios y patrullajes de prevención a cargo de las distintas fuerzas federales —explica la fuente oficial—. Los policías ingresaron a ese lugar de Villa Banana en ese marco. Haberlo hecho sin uniforme ni chaleco habría sido una decisión de ellos, no una orden superior”.
El contexto y los antecedentes
Luis Miguel Muñoz, de 42 años, fue imputado como uno de los diez agresores de los policías e integrante de la asociación ilícita que controla la venta de drogas y ejercería otros delitos con mano dura en Villa Banana. Su hermano Eduardo está prófugo y sería el líder de la banda después de las capturas de Dalmacio y Leonardo Saravia.
La cantidad de droga secuestrada en el búnker al cabo de los treinta y cinco allanamientos simultáneos que emprendió la Policía Federal horas después del crimen no muestra un volumen importante: 98 gramos de cocaína fraccionados en 358 dosis para la venta al menudeo y otros 89 en bolsitas. La investigación federal está focalizada en el contexto narco y también tiene como imputado a Mario Ezequiel Peralta, de 25 años, por haber robado el celular y el arma reglamentaria de Manfredi. Los secuestros incluyeron dos revólveres calibre .44 y .22 y una pistola calibre .22
La anomalía del procedimiento resulta todavía más patente en contraste con otra situación difundida el 16 de junio en la red X por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. A diferencia de lo sucedido en Villa Banana, la intervención de la Policía Federal ante un caso de flagrancia en Santa Fe “combinó inteligencia criminal, vigilancia con drones y el olfato de su perra Gala para entrar en el momento exacto” en un búnker. “Plan Bandera. Guerra sin cuartel”, afirmó la ministra sin aclarar dónde se produjo el procedimiento.
Un antecedente en el mismo barrio muestra similitudes y diferencias significativas. El 14 de octubre de 2021 los policías federales Edgardo Godoy y Lisandro Ojeda, de la brigada contra el narcotráfico, fueron baleados cuando hacían tareas de observación en Valparaíso y 27 de Febrero, Villa Banana. Ambos estaban de civil y se retiraron después que Ojeda recibiera un impacto en una mano; el agresor fue detenido e identificado como Facundo Ariel Pérez.
El ataque adelantó el operativo Cuevas Blancas, resonante por la captura del empresario Guillermo Shanahan, y derivó en el desbaratamiento de una red cuya jefatura fue atribuida al peruano Julio Rodríguez Granthon desde la cárcel de Ezeiza. Aquella causa comenzó con los aportes de un informante cuya identidad no fue revelada por los investigadores. Pero los procedimientos no interrumpieron el narcomenudeo en Villa Banana.
Leonardo Saravia fue detenido en marzo de 2021 por Prefectura Naval pero se fugó de su casa, donde debía cumplir prisión domiciliaria. El 17 de enero de 2023 la Policía Federal lo capturó en un departamento de alquiler temporario en el barrio porteño de Balvanera, donde tenía un documento con su foto pero con los datos de una persona oriunda de Roldán.
“Leo Rey”, como se hacía llamar Saravia, dio impulso a la empresa criminal. Según la investigación de la fiscal Adriana Saccone, estiraba la droga en una casa de Malvinas Argentinas al 100, en Pérez. Además de Villa Banana, tenía vendedores en Vía Honda y los barrios Moderno y Urquiza y en algunas zonas pagaba peaje a Los Monos; a la vez tenía como socio a Iván Maximiliano Giménez, asesinado en el triple crimen de Ibarlucea.
El Ministerio Público de la Acusación tomó el relevo en la persecución de la banda, ahora a cargo de Dalmacio “el Sapo” Saravia y enfrentada con otro grupo vecino. En abril de 2024 la Policía de Investigaciones realizó allanamientos en Villa Banana después del asesinato de un menor de 16 años en Lima y Rueda. El 9 de febrero de 2025 dos gatilleros en moto asesinaron en el mismo lugar a Damián Soplan, de 43 años, Eliana Deasis, de 36, y Fabián Soplan, de 26.
El triple crimen y la evidencia de que el grupo familiar Saravia-Muñoz seguía en actividad condujeron en febrero de 2025 a una nueva tanda de allanamientos, ahora encargados por la Procunar y realizados por Prefectura Naval en Villa Banana y otros domicilios de Funes, Roldán, Álvarez, Puerto San Martín e incluso la celda de “Leo Rey” en la cárcel federal de Rawson. Entonces fueron detenidos Dalmacio Saravia, de 57 años y con una condena previa, y su pareja Marianela Muñoz, de 47, quienes en noviembre de 2025 acordaron penas de prisión en juicios abreviados. Los investigadores confiscaron además los celulares de dos policías provinciales, de las comisarías 5ª y 21ª; ambos estuvieron sospechados por vínculos con la banda, pero los teléfonos no aportaron evidencia al respecto.
La banda asimiló el golpe y vuelve a la escena pública. Las circunstancias del asesinato de Manfredi pasan ahora a segundo plano y su muerte motiva declaraciones de funcionarios sobre la aplicación de la ley Antimafias y la continuidad del Plan Bandera. También remueven otros problemas, como sordos reclamos por la situación salarial de los policías y por las demandas de resultados.
El secretario de Seguridad Martín Ferlauto dijo que la prioridad “es esclarecer quiénes son los autores materiales de este homicidio” y “después habrá tiempo para evaluar si las conductas de las víctimas, que son nuestros policías federales, fue la adecuada o no”. También se trataría de aclarar qué órdenes recibieron, ya que no se internaron en un pasillo a oscuras por su propia iniciativa. Pero el Ministerio de Seguridad de la Nación parece tener una política de secreto sobre sus propias actuaciones. Así lo indican antecedentes como la complicidad de agentes de Prefectura Naval con una red narco, detectada en San Lorenzo, o la fuga de Mauricio Laferrara de la cárcel de Villa Devoto, sobre los cuales no se proporcionó hasta ahora información pública.
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