Desde que quedó al descubierto que veinte años atrás lo echaron del Poder Judicial por ofrecer una coima cuando era empleado, el juez federal de Rosario Gastón Salmain entró en una carrera de obstáculos. Primero le abrieron un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura que puede llevar a su destitución. Casi al mismo tiempo una diputada provincial acumuló evidencia para pedir que cese en el cargo. Y la semana pasada un fiscal federal de Rosario le abrió una causa penal.
Finalmente es el mismo juez el que, con un paso voluntario, parece echar más leña al fuego al excusarse de intervenir en todas las causas previsionales iniciadas en Rosario que llegan a su juzgado.
Esto está directamente vinculado a que el martes pasado el fiscal Federico Reynares Solari abrió de oficio en contra de Salmain una investigación penal por “direccionamiento indebido hacia ciertos actores del sistema judicial” sobre la resolución de expedientes previsionales.
El motivo que originó esta causa fiscal fue una publicación periodística que indicaba que desde que Salmain llegó de Buenos Aires y empezó a ejercer como juez federal en Rosario en 2023 habían crecido los embargos multimillonarios contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias, y que unos pocos estudios jurídicos de la ciudad concentraban los cobros en capital y honorarios.
Esta situación la blanqueó el propio Salmain el jueves pasado, al referir esa causa como motivo para excusarse de manera masiva en lo que se presume suman, según los totales contabilizados en el año en curso en el otro juzgado, más de nueve mil expedientes. Dijo que lo hacía porque el fiscal Reynares había abierto contra él la causa penal 183279/2025. Y mencionó que el tema se daba en un contexto de sensibilidad emocional que aconseja el apartamiento voluntario del magistrado para preservar la legitimidad del proceso y la apariencia de imparcialidad que debe distinguir a toda acción judicial.
De quedar así, esto está llamado a generar un colapso en la jurisdicción de Rosario. Ocurre que la conjueza que está a cargo del juzgado federal civil 2 de Rosario, Natalia Martínez, rechaza el apartamiento voluntario de su colega. A La conjueza le empezaron a llover los planteos de los abogados que litigaban con Salmain para que ella siga los trámites. Y con una clara voz de alarma, le anticipó a sus superiores de la Cámara Federal que si se admitieran excusaciones masivas en causas previsionales en Rosario la circunstancia “ocasionaría el colapso del fuero previsional, en el cual sus actores presentan una especial situación de vulnerabilidad”.
Martínez ilustra la gravedad del cuadro señalando que en el primer semestre de 2025 solo en el juzgado a su cargo hay un total de 9.121 demandas previsionales por lo que, dice, permite razonablemente inferir la existencia de un volumen similar de expedientes en curso ante el juzgado federal Nº 1 de esta ciudad”. Vale decir, en el juzgado de Salmain.
Pero además la conjueza indica que no se entiende por qué Salmain decide apartarse del trabajo cuando, tal como él mismo lo expresa, “no se ha formulado imputación concreta respecto de persona determinada, ni se advierte la configuración de una causal objetiva que comprometa directamente al suscripto”.
El interrogante de Martínez es el mismo que de manera más prosaica la semana pasada se hacían diversos abogados laboralistas en los mostradores de la Justicia Federal. ¿Por qué Salmain con apenas una advertencia parece tirar la toalla? Martínez marca que no está mal que, si hay un manto de sospecha sobre el desempeño, un juez se aparte de sus casos. Pero que en defensa de su propio decoro tiene lógica que no acepte las insinuaciones. Y fundamentalmente cuando excusarse puede derivar en dilaciones indebidas o en privación de Justicia.
Esto es lo que puede pasar en Rosario cuando el planteo de la conjueza deja inferir que puede haber cerca de 20 mil demandas previsionales en curso en la Justicia Federal. Por eso Martínez cuestiona que su colega se excuse y lo rechaza. Ahora es la Cámara Federal de Rosario la que tiene que definir cómo se sale de esta encrucijada.
Y lo tiene que hacer frente a un juez que ya tiene un proceso abierto en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, por haber omitido en su currículum para postularse como juez que en 2002 fue dejado cesante del Poder Judicial por decisión unánime de la Corte Suprema de entonces. La Cámara de la Seguridad Social lo denunció por haber ofrecido una coima a la empleada Florencia Depetris para violar el sistema informático de ese órgano para que expedientes previsionales fueran dirigidos al juzgado donde él trabajaba como agente en la Justicia Federal de Capital Federal.
La omisión de ese antecedente que muy probablemente habría impedido que el Senado hubiera prestado acuerdo al pliego que lo convirtió en juez es, según fuentes judiciales, causal de destitución. El artículo 17 del reglamento del Consejo de la Magistratura donde se indican las causales de exclusión del concurso para jueces deja claro taxativamente que en esas condiciones el interesado no puede participar.
Los montos por embargos en Rosario
Ante un requerimiento periodístico de acceso a información pública, Anses comunicó la evolución de causas previsionales por la Justicia Federal de Rosario, en demandas y montos en los últimos tres años. En 2023 se oficiaron embargos por 2.540.091.693,93 pesos. En 2024 el monto trepó a 7.204.679.661,57. En los siete primeros meses de 2025 la cifra llega a 7.286.763.023,64, es decir, supera el total del año previo.
Esos montos dicen poco en si mismos. Primero porque no está determinado, cosa que puede hacerse, cuántos corresponden a cada uno de los dos juzgados federales de Rosario que tramitan causas previsionales. Además porque el alza de las cifras en 2024 tiene parte de su incidencia en la fuerte inflación de la primera mitad del año. Y por último se trata de juicios que vienen de arrastre aunque se nota, sí, que se liquidaron por intervención de los jueces de este período.
No obstante se advierte que en momentos en que la inflación ya había desacelerado, los montos contra la Anses por embargos judiciales subían al punto que en siete meses en Rosario ya habían equipado el monto de los doce meses anteriores. La litigiosidad previsional subió también en tanto los jubilados son el blanco privilegiado del ajuste fiscal iniciado por Javier Milei en diciembre de 2023. Pero, de nuevo, los montos pagados ahora son por trámites iniciados hace tiempo. Según fuentes judiciales los pleitos se originan en que Anses no cumplió o cumplió mal.
Lo que enfocará la acción del fiscal que actúa de oficio es la advertencia de que hay embargos en crecimiento cuando ya estaba Salmain en Rosario y que es en su juzgado donde grupos de abogados empiezan a concentrar los casos, a veces recusando a la magistrada del otro tribunal.
Fuentes de la Anses y profesionales litigantes dijeron a Suma Política que muchos abogados llegan a litigar a Rosario porque encuentran a la jurisdicción más favorable que otras para pleitos que terminan en embargos contra el Estado. ¿Puede alguien con domicilio fuera de la zona de competencia litigar en Rosario? Fuentes judiciales indicaron que el jubilado puede elegir litigar donde desea. Pero indicaron también que dirime el criterio de la Cámára. Señalan por ejemplo que la ex jueza Aramberri rechazaba a los no residentes en la jurisdicción por incompetencia territorial pero la Cámara Federal daba vueltas esas resoluciones con lo que la litigiosidad aumentaba.
Un expediente en el Consejo
Para la instrucción del proceso disciplinario fue designada como acusadora la consejera Alejandra Provítola, que es una jueza penal. La semana pasada al expediente formado contra Salmain se adjuntó un legajo de 76 páginas remitido por la diputada provincial socialista Lionella Cattalini a Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura. La legisladora hizo este aporte como primer paso de lo que puede ser una denuncia formal contra el magistrado.
Cattalini envía la copia de la resolución de cesantía de Salmain por ofrecer un soborno a una empleada para direccionar un expediente y omitir dar a conocer eso al concursar para el cargo que hoy detenta. También destaca su cercanía probada con el ex jefe de la AFIP Carlos Vaudagna, quien está imputado en una docena de causas por corrupción, una de ellas junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque.
La diputada subraya el vínculo entre Salmain y Vaudagna y destaca que nunca aludió a esa relación cuando quiso intervenir en expedientes que implicaban al ex jefe de la AFIP. “Dicha vinculación incluyó, según surge de distintas actuaciones, el intercambio de favores y gestiones de carácter personal, circunstancia que no fue informada ni declarada por el magistrado al momento de intervenir en causas en las que el Sr. Vaudagna se encontraba directamente implicado”, dijo.
También alude a una causa en donde Salmain favoreció al financista Fernando Whpei que está investigado por lavado de activos.
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