En la sede de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) de Rosario, en 9 de Julio 3393, atienden tres personas. Es una casa a la que hay que ingresar por la puerta de al lado, como orienta un cartel. Si cualquier interesado en desarme voluntario de armas buscaba en Google sobre el tema, hasta hace unos días aparecía una instrucción que desde hace tiempo no se cumplía: ése era el lugar indicado como puesto fijo para realizar, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30, una entrega voluntaria y anónima de armas de fuego. El único en Rosario. El otro puesto fijo está en la ciudad de Santa Fe, en Francia 3550. Pero en la realidad, ninguna de las dos oficinas está habilitada para esa tarea, que fue motivo de varias e importantes campañas en el pasado. No hay actualmente ningún puesto, ni fijo ni móvil, para realizar esas entregas.
En los locales de la ANMAC (no confundir con la ANMAT, que se ocupa de alimentos y medicamentos) las personas que concurren para deshacerse de un arma suelen llevarse un teléfono corregido a mano (el nuevo es 7772613, distinto del 4389786 que figuraba antes) para que la próxima vez antes de ir personalmente averigüen, y la promesa imprecisa de esperar una futura convocatoria masiva. Si alguien está apurado recibe con ironía un consejo: “entiérrela o tírela al río”.
A raíz de las consultas para producir este texto, ya no está disponible el link a una nota publicada en 2016 y que figuraba hasta el lunes último (28 de octubre) en la página digital del Gobierno de Santa Fe. Allí se incluían los detalles e instrucciones para hacer un desarme voluntario de armas en las dos oficinas de la ANMAC, como si siguieran habilitadas para esa acción. La nota fue bajada a pedido de los delegados en Rosario después de las averiguaciones de Suma Política.
Lo que está en juego son armas de fuego que pueden estar en manos de personas de bien que no quieren seguir conservándolas, y que si no se les da un destino adecuado pueden terminar también en el mercado ilegal. Se calcula que hay unas 160 mil armas legales y otras tantas en la ilegalidad en la provincia de Santa Fe. “Ningún ladrón o asesino va a venir a entregar un arma voluntariamente”, admiten en la ANMAC Rosario como restándole importancia a este tipo de entregas, aunque reconocen que diariamente son varias las personas que se acercan a preguntar.
La recolección de armas era una práctica habitual en la provincia, aunque la decisión de hacerla depende de la autoridad federal. Una de las campañas más grandes se hizo en el 2019, y el resultado fue la inutilización —frente a quien realizaba la entrega— y posterior destrucción de unas 800 armas en toda la provincia. En esa ocasión, como casi siempre que se repitió la campaña, se instalaron puestos fijos y también móviles, que recorrieron clubes y lugares alejados del centro de las ciudades. No sólo incluyeron Rosario y Santa Fe, también Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto y Rafaela, donde se recuerda que la mayoría de entregas realizadas fueron escopetas de gente de campo.
Hay coincidencia en que no es una acción que vaya a resolver por sí sola el problema de la inseguridad, pero sí que debiera formar parte de una política que atienda a combatir el delito con el desarme de la calle, entre otras medidas de un mismo plan.
¿Por qué no se hace?
En agosto de 2012 hubo una campaña nacional que se tituló “Desarmar es honrar la vida”. El puesto móvil de recepción del Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar) recibió 740 armas en toda la provincia, unas 200 solo en Rosario. El incentivo económico en ese año fue entre 200 y 600 pesos, dependiendo del calibre del arma.
En los años siguientes también se repitió esa práctica. En 2021 se instaló también un puesto móvil con incentivos económicos que rondaron los 3 mil y 9 mil pesos por cada arma entregada.
En 2024 se hizo la última campaña voluntaria y anónima de entrega de armas. Fue sobre fines de enero y los primeros días de febrero, los importes pagados oscilaron entre 7 mil y 22 mil pesos, sin importar el estado del arma sino el calibre. Por cada munición se pagaron 10 pesos. En todos los casos los pagos no fueron en efectivo sino a través de un cupón de pago que se cobraba por cajero.
Una vez finalizada la entrega, las armas se trasladan al Banco Nacional de Buenos Aires, de donde pasan a la destrucción definitiva: se funden, y con la fundición se fabrican caños que se venden y lo recaudado se dona a un hospital o instituciones similares.
Todas las campañas solían incluir trabajos en escuelas y organizaciones sociales, en los barrios con talleres de prevención ciudadana, para concientizar a la sociedad civil sobre la importancia del desarme ciudadano para sacar armas de circulación y evitar que ingresen a canales clandestinos.
Se resaltaba que esta “es una política pública que vino para quedarse”, por la importancia que tiene concientizar acerca de los riesgos que implica tener un arma de fuego.
Un proyecto demorado
Salvo insistir, no es mucho lo que puede hacer en esta materia el gobierno de la provincia de Santa Fe. Las atribuciones para organizar una campaña de desarme voluntario dependen del gobierno nacional y del Congreso.
Durante los años que se pudieron hacer las campañas fue porque se prorrogó puntualmente una ley del 2007. En 2023 se dejó de hacer ese trámite legislativo y por eso actualmente no hay ley que regule la entrega de armas. El centro de la escena lo tiene ahora un proyecto que ya consiguió media sanción en Diputados y espera ser tratado en el Senado nacional.
En ese proyecto se plantea una regularización de armas de fuego y una prórroga del programa nacional de entrega voluntarias esta vez por cuatro años, hasta el último día del 2027.
Lo que no incluyó ese proyecto fue un agregado que hizo el diputado nacional del peronismo Roberto Mirabella, que a pedido del último ministro de Seguridad del gobierno de Omar Perotti, Claudio Brilloni, reclamó que se habilite a la provincia a disponer una destrucción más inmediata de las armas entregadas o secuestradas. Lo que pasaba y sigue pasando es que hasta que el gobierno nacional no disponga la destrucción de las armas, estas deben ser resguardadas en un lugar que debe ser destinado a ese fin, con los riesgos de inseguridad que eso implica. “Se ve que no les interesa tanto destruir las armas”, comentó a Suma Política Mirabella.
En Santa Fe, los funcionarios actuales del Ministerio de Seguridad se quejan de que la Nación los deja afuera del tema armas, incluso de las inspecciones que se realizaron recientemente a armerías de Rosario, con un resultado muy celebrado en su visita a Rosario este martes de la ministra de la Nación Patricia Bullrich.
También le reprochan al gobierno nacional que nos les facilita el acceso al registro nacional informatizado de datos que les permitiría saber quiénes están autorizados a portar armas, que material poseen las armerías y otros datos fundamentales para poder controlar ese mercado.
“Es una lucha de todas las provincias”, admite el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira. “No podemos hacer control de las armerías, no tenemos acceso a la base de datos de quienes cuentan con tenencia”.
Aunque se admite que las campañas de donación voluntaria no fueron del todo satisfactorias por sus resultados, valoran cada arma que se saca del mercado negro. “Todas las armas nacen legales, por eso es bueno que se limiten las que no están en el circuito legal, para evitar que sean vendidas o robadas”.
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