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Política

“Este año, la mayoría de muertes de mujeres se producen en contextos de criminalidad organizada”

Amanecía en Nuevo Alberdi cuando los vecinos escucharon el sonido inconfundible de los disparos. Magalí Páez, de 19 años, y Carla Cabaña, de 33, habían sido ejecutadas en una vivienda de la calle Luzuriaga al 2400 que ni siquiera tenía una cerradura como resguardo. Un crimen parece menos impactante si hay una versión para explicar los hechos y poco después, en la mañana del viernes 16 de setiembre, comenzó a hablarse de una deuda por venta de drogas como móvil del doble homicidio. Pero detectar un contexto narco en la ciudad de Rosario no resuelve ningún caso sino que multiplica los interrogantes.

En lo que va del año 49 mujeres fueron asesinadas en el departamento Rosario (dos se sumaron en las últimas horas). La información se pierde en el vértigo de la violencia y la inseguridad en que transcurre la vida cotidiana de la ciudad, pero es reveladora y no solo porque supera en número a los registros precedentes. La marca es más profunda: “Este año, a diferencia de los anteriores, la mayoría de muertes de mujeres se producen en contextos de criminalidad organizada, de peleas entre bandas y conflictos por territorios”, observa la fiscal Luciana Vallarella, del Ministerio Público de la Acusación.

La pregunta es si hablar de femicidios en contexto narco ayuda a comprender mejor el fenómeno de las muertes de mujeres en Rosario. Marisa Germain, psicóloga y magister en Salud Pública, no está precisamente convencida al respecto. “El contexto narco es un modelo explicativo muy instalado en el sistema de lectura de los medios —dice—; termina siendo una explicación sencilla, predigerida, que produce la impresión de que todos sabemos de qué hablamos aunque en realidad nadie termina de entender qué implica algo así. Es un modo de evitar respuestas más complejas”.

Germain propone ampliar el enfoque: “El contexto sería el proceso brutal de empobrecimiento profundo de la sociedad en su conjunto, que se acompaña de la pérdida de lazos sociales que vinculan a los integrantes de la sociedad en relación al trabajo, a grupos familiares, a un lugar de pertenencia reconocido. Un proceso muy intenso de radicalización del individualismo, al mismo tiempo, por el que se destruyen los soportes que generan el carácter social de la existencia de cada uno de nosotros”.

En esa deriva, “hay una pérdida de vínculos afectivos fuertes, no solo de los familiares, sino del reconocimiento de otros integrantes de la vida colectiva como personas respetadas con algún grado de sacralidad: las mujeres, que en otros momentos de descomposición del tejido social aparecían más resguardadas, ahora son blancos accesibles porque ocupan lugares desprotegidos en las actividades ilegales”, agrega Germain, también profesora en la Universidad Nacional de Rosario.


Víctimas: Magalí Páez y Carla Cabaña, asesinadas en Nuevo Alberdi; las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito y Georgina Maricruz Olguín

Ojo por ojo, muerte por muerte


Los cadáveres de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, fueron arrojados en un camino rural de Pérez. La investigación reconstruyó sus últimos pasos: la noche anterior se prepararon para salir; tomaron algo en un bar de Oroño y Salta y se reunieron con conocidos; aparecieron con ocho y cuatro disparos de bala. Las pistas llevaron a la cárcel de Coronda y a Pablo Esteban Camino, sindicado como organizador de una banda dedicada al narcomenudeo desde la prisión.

Se supone que las hermanas Gorosito estaban ligadas a búnkeres que funcionaban a cielo abierto, como es norma en la actividad, y tenían una deuda cercana al millón de pesos; que habrían tomado alguna decisión contraria a los intereses de la banda. En cualquier caso, erigidos en jueces desde la cárcel, los líderes de la banda habrían decidido su asesinato como castigo por lo que interpretaron como una traición.

“Tal vez lo que falta en las investigaciones, y lo planteamos a la fiscal regional, es analizar las muertes con perspectiva de género. En los casos de criminalidad organizada hay que observar el lugar de las mujeres y sus relaciones con integrantes de bandas: las mujeres suelen ser utilizadas como objeto de venganza hacia otros varones”, señala la fiscal Vallarella, integrante de la Unidad de Violencia de Género del MPA.

Los crímenes de mujeres como modo de venganza entre los hombres surge así de un audio en el que Claudio “el Morocho” Mansilla se refiere a los intentos de un narco rival que pretendió asesinar a su madre. Su respuesta obedece a la lógica de la violencia narco: ojo por ojo, muerte por muerte. El célebre evadido de la cárcel de Piñero encargó otros asesinatos.


[Audio de Claudio “el Morocho” Mansilla]

No toda muerte de mujer es un femicidio, “por lo que debemos analizar si existen razones de género en los crímenes”, aclara Vallarella. El borde puede ser impreciso y dividir opiniones en la justicia, como se verificó en la condena contra Néstor Hugo Sánchez, vendedor de drogas al menudeo, por el asesinato de María del Rosario Vera, apaleada, estrangulada y finalmente carbonizada en un volquete de Felipe Moré y Gaboto: 25 años de prisión en primera instancia, por homicidio simple, y prisión perpetua en la sentencia de un tribunal de apelación que incorporó en junio de este año la figura de femicidio y consideró que la víctima, de 23 años y madre de cuatro niños, “se encontraba en un contexto de suma vulnerabilidad, entre hombres que tenían armas y vendían estupefacientes”.

María del Rosario Vera sobrevivía con un plan social y pasó un tiempo en un refugio municipal para víctimas de violencia de género hasta vincularse con un entorno dedicado al narcomenudeo. Las intervenciones del Estado tampoco fueron suficientes para contener a Georgina Maricruz Olguín, que apareció asesinada en un descampado de la zona sudoeste el 31 de mayo pasado, cuando tenía 24 años y estaba embarazada a término.

La situación de Olguín ya había sido detectada en setiembre de 2017, cuando vecinos de las Cuatro Plazas llamaron a la policía y dijeron que intentaba matar a su bebé. “Ese día me habían echado de mi casa con la nena, me había peleado con toda mi familia, me enteré que mi hermano está enfermo. Compré pastillas, me compré un vino y para la nena masitas y un jugo. Y de ahí quedé perdida”, explicó. La respuesta del Estado fue el encarcelamiento de Olguín durante nueve meses hasta que una junta de salud mental dictaminó que no pudo comprender sus actos por estar bajo efectos del alcohol, las drogas y “una marcada desesperación”, y la fiscalía concluyó que no existían pruebas del intento de homicidio.

La intervención estatal quedó expuesta esta semana en el caso de Francisco, el chico de 9 años que fue alcanzado por una balacera el 25 de agosto, cuando caminaba con su mamá por una zona tan lúgubre y distante del centro de la ciudad que los vecinos la llaman el Puente Negro. El chico salió de alta esta semana del Hospital de Niños Zona Norte y se mudó con su familia a una vivienda “nueva y equipada”, según la información oficial que gestionó el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

La mamá de Francisco se manifestó contenta, aunque la casa fue cedida en comodato, lo que marca una vez más el sello precario de las intervenciones estatales. En los mismos días, como si se tratara de una realidad distinta, la Municipalidad de Rosario impulsa un proyecto para levantar edificios sobre bulevar Rondeau: el negocio de la construcción parece más importante que resolver las necesidades de vivienda de muchos rosarinos.

“Faltan políticas estructurales y sostenidas en el tiempo en lugar de decisiones excepcionales —dice Vallarella en alusión a la casa otorgada en préstamo a Francisco y su mamá—. Me refiero a un problema que aparece tanto a nivel municipal como provincial y nacional, en las gestiones actuales y en las anteriores”.


Francisco, el chico de 9 años que fue alcanzado por una balacera, en su nueva vivienda con su familia

La subsistencia y las expectativas de progreso


La investigación del crimen de María del Rosario Vera dejó cabos sueltos, preguntas que probablemente nunca serán respondidas. La falta de datos es completa respecto a los asesinatos de Georgina Olguín y de Mayra Gabriela Bustos, asesinada el 8 de junio de 2021 en barrio Tablada. Un mismo hilo vincula estas muertes: el narcomenudeo en zonas tan marginales, como la casilla en que vivía Bustos, no están registradas en el catastro de Rosario.

“Lejos de ser voluntaria, la participación de las mujeres en estas economías ilegales se produce bajo coacción”, dice la fiscal de la Unidad de Violencia de Género. Y también por la necesidad de sobrevivir.

El narcomenudeo se consolida como una actividad de subsistencia. “La situación actual puede llevar a muchas mujeres a participar en ese tipo de economías, en los escalones más bajos. El poder de decisión que llegan a detentar está generalmente subordinado a hombres que se encuentran por encima en estas organizaciones, que son claramente jerárquicas y patriarcales”, agrega la fiscal Vallarella.

Pero el valor del narcomenudeo en los anillos crecientes de la marginalidad no se agota en un recurso de supervivencia. “También les ofrece a los jóvenes, a las mujeres, a quienes forman parte del negocio, un modo de inscribirse en una sociedad en la que no tienen inscripción —señala Marisa Germain—. Se trata de quienes van a quedar desatendidos, borrados socialmente. La inscripción como narcos tiene que ver con el reconocimiento, y dependiendo de la escala y de la inserción puede ser visibilizada también como una perspectiva de progreso”.

Las marcas de la exclusión atraviesan a todos los actores: Isaías Ezequiel P., el chatarrero acusado por los asesinatos de Belén Brest y de Cristina Ramona Fernández, es analfabeto, y la falta de escolaridad es un dato repetido en los protagonistas de estos episodios. “Una cuestión más extensa a contemplar es el hecho de que las actividades ilegales aparecen como una posibilidad de ascenso social: es un horizonte de progreso y además de posibilidades filiatorias, de ser alguien socialmente, porque se pertenece a una banda, a una familia, a un grupo que te reconoce y te hace reconocer y en algún sentido te incluye y te brinda un nivel de protección”, agrega Germain.

Crimen organizado, mafia, bandas, redes, crimen desorganizado. Las etiquetas se suceden sin que el fenómeno de la violencia y el narcomenudeo resulte más comprensible. “Si estos sectores, en las condiciones de marginalidad en que viven, tienen completamente arrasado el tejido de los vínculos sociales, la pertenencia a los grupos narcos provee una mascarada de contención —analiza Germain—. Digo mascarada porque la política y la prensa insisten en hablar de mafia y a diferencia de lo que son los modelos de la mafia tradicional, vinculados con lazos familiares en el sentido más atrasado, en nuestro país los que integran esas organizaciones tienen un carácter sustituible y descartable”.

En ese espacio “las mujeres son los eslabones más débiles y por lo tanto son fácilmente reemplazables” y la calificación de mafias es funcional para políticas exclusivamente represivas. “Estos grupos no tienen la constitución de una mafia —insiste Germain, por si quedan dudas—. La represión es una muy mala respuesta política, básicamente porque las estructuras represivas de la sociedad tienen el mismo sustrato que las bandas, con lo cual comparten el mismo grado de marginalidad, pobreza, deterioro, desafiliación, individualismo, como se ve en la policía”.



Lazos de sangre


En un audio recolectado durante una investigación sobre la banda dirigida por Alan Funes desde sus instalaciones en la prisión de Ezeiza, dos jóvenes sicarios dialogan sobre el encargo de matar a una mujer. Lucas O., uno de los tiratiros, rechazó en principio la propuesta porque le pagaban poco: “le pedí ochenta palos, porque es un femicidio”.

Según la misma conversación, revelada en mayo pasado, el que encargaba el asesinato terminó por atender la exigencia y subir el monto de la recompensa. El femicidio, una categoría pensada por la ley para penalizar las muertes de mujeres por razones de género, se convierte así en un servicio diferenciado en la tarifa de los sicarios.

En el cuarto vecino a la habitación donde fueron asesinadas Magalí Páez y Carla Cabaña había cuatro niños. A los 5 y 6 años dos chicos de Tablada ya padecieron el crimen de su madre, Ayelén Tamara Bustos, y fueron testigos del asesinato de su tía, Mayra Bustos. Los niños de la ciudad de Rosario también son asesinados, como sucedió con Elena Giménez, de un año, baleada junto con sus padres, Érica Vanesa Romero e Iván Maximiliano Giménez, en el triple crimen de Ibarlucea.

“La Justicia no puede resolver situaciones de desamparo o de vulnerabilidad —advierte la fiscal Vallarella—. Tener la perspectiva de género en la investigación de las muertes permite ampliar la mirada, lo que en muchos casos no sucede”. La posibilidad de respuesta parece lejana: “Se precisa de otras agencias del Estado que generen políticas en relación a las mujeres. Las autoridades y los políticos hablan sobre violencia de género pero a la hora de asignar recursos para implementar políticas esos discursos no se traducen en la realidad. Las distintas áreas de género están precarizadas o pueden dar soluciones provisorias, no a largo plazo”.

Marisa Germain cita el discurso reciente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la ONU: “la política debería bregar por la legalización de todo tipo de estupefacientes como modo de terminar con este sistema que genera delitos, violencia y corrupción”. Mientras tanto, dice, “no se puede generar un proceso de empobrecimiento brutal y pretender que no tenga estos efectos, y donde tenemos un sistema de lavado de dinero tan consolidado como en Rosario sería una locura pensar que el deterioro social no podría manifestarse”.

Acercarse al fenómeno de la violencia y a las situaciones de marginalidad permite también observar con mayor nitidez lo que ocurre en los centros de la ciudad. “El sistema narco crea los lazos sociales que la sociedad dejó de proveer hace tiempo”, reflexiona Germain. El contexto narco es, en realidad, el contexto de la ciudad de Rosario.



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