Daniel Acosta suele decir en broma que su incorporación a la Justicia fue un efecto secundario de la guerra de Malvinas. Ingresó en octubre de 1982 y a partir de entonces se desempeñó en Rosario y en San Lorenzo hasta retirarse este mes como juez de la Cámara de Apelaciones. “Nunca me alejé de la vida civil, pero ahora es el tiempo real”, dice, y como parte de la nueva etapa despuntan las reflexiones sobre su trayectoria y las de sus contemporáneos en el Poder Judicial: “Pertenecemos a una generación que no ha dado una respuesta satisfactoria. Nos hace cierto ruido, cierta desazón, dejar las cosas en este estado”.
La transición de la dictadura a la democracia fue una etapa de reconfiguración en el Poder Judicial de Santa Fe. “Era otro tribunal —afirma Acosta—. No había muchos postulantes y se juraba en el mismo acto en que se aprobaba el examen. Tampoco existía lo que el imaginario popular piensa sobre el acceso a los cargos públicos por una sencilla razón: los salarios eran bajos”.
La ley de enganche judicial, “que hoy es tan polémica por el no hay plata, la motosierra y la licuadora”, es un logro que Acosta reivindica como parte de su trayectoria y de la militancia gremial junto con Octavio Peralta y Juan Antonio Nucci. Mientras tanto trabajó en el Fuero Civil de Rosario, primero como empleado y después como secretario hasta que en 1991 “hubo un cambio cualitativo”.
—A principios de 1991 fui destinado a una subrogancia como defensor en San Lorenzo —cuenta Acosta—. Hacia fines del mismo año quedé a cargo del Juzgado Penal, que era único, de fuero pleno, con Eduardo Filocco como secretario y Juan José Tutau como sumariante. Estuve cuatro años en San Lorenzo y fueron muy ruidosos por la disputa política y las denuncias cruzadas entre funcionarios. Tuve el primer pedido de juicio político contra un ministro en la historia de Santa Fe (nota: Lorenzo Domínguez, ministro de Salud y Acción Social del gobernador Carlos Reutemann, acusado por delitos contra la administración pública como efecto de la interna peronista en Puerto General San Martín) y contra varios intendentes del cordón industrial. En la disputa nos inclinamos por las pruebas, las leyes, los reglamentos. La política no entiende muchas veces las reglas de juego de la Justicia. Fue intenso, y doloroso: asumí muy joven, a los 33 años, en el juzgado más cargado de tareas de la provincia.
—¿Cómo se desarrollaron los cruces entre política y Justicia?
—En esa época estaban marcados por la interna del peronismo, que hasta hoy se repite: ¿cuántos peronismos hay? Un sector que era oficialismo en una localidad, en la vecina era oposición y había denuncias cruzadas. Las causas se resolvían con el mismo criterio, pero había turbulencias. Se trabajaba mucho y las cosas salían a la luz, lo que no pasaba en otros lugares de la provincia, y eso generaba también tensiones. Por eso estuvo bien que me fuera al poco tiempo de San Lorenzo, y en eso recuerdo una enorme grandeza del gobernador Reutemann. Porque yo pedí el juicio político a un buen ministro, que después fue ministro de Gobierno, y Reutemann me firmó el pliego para Rosario. Hoy eso sería impensable. En esa época había más calidad institucional, si uno ve también el gobierno de Raúl Alfonsín.
—¿Cuándo se perdió la calidad institucional en Santa Fe?
—Hay cuestiones muy claras. Recién estamos revisando las cuestiones economicistas que determinan todos los aspectos de la vida, entre ellos la política. Cuando empiezan a cambiar los modelos de inversión, los negocios cobran otra dinámica. Por un lado estaban las leyes y por otro un mercado que hacía y deshacía, presuponiendo cosas que las leyes no toleraban. Nosotros teníamos que dar las malas noticias. Ahí se produce un quiebre, sobre todo en los modelos políticos. Una vez le escuché decir al juez Ramos Padilla que esta es una profesión para tener problemas. Y se trata de eso, hay que optar: en su camino uno puede encontrarse por ejemplo con una autopista o con un camino de ripio; la autopista es más cómoda, está mejor señalizada y permite avanzar más rápido, pero alguien la construyó para que llegaras a un lugar. Yo elegí siempre el ripio, no por buscar los problemas sino porque siempre desconfié de las autopistas y la incomodidad, me parece, es el camino para ir más liviano en la vida. Un juez puede actuar de dos maneras: condicionado por las presiones, que es una forma de conceder, o por los principios, los precedentes, su historia personal y dentro siempre del menú de opciones que presenta la Constitución. Las leyes son interpretables pero hay un comienzo y un fin de la interpretación. En ese punto, cuando tomás una decisión, lo bueno es hacerlo en virtud del caso sin llevarse por la agenda o por cuestiones institucionales o fácticas. Podés tener mayores inconvenientes, pero a la larga los inconvenientes son sustentables e incluso menores que los de aquellos que tratan de vivir sin problemas.
Los papeles y los hechos
La etapa en San Lorenzo estuvo también signada por un doble crimen en Maciel. La muerte de los hermanos Rosa y Herminio Dominicci, el 13 de enero de 1993, fue atribuida en principio a causas naturales pero la investigación de Acosta comprobó que habían sido envenenados con estricnina y concluyó con la condena de un empleado de las víctimas, Clever Damiani.
—A partir de casos puntuales como el caso Dominicci o de las disputas administrativas que se transformaron en disputas penales comprendí que mi ciclo terminaba —recapitula Acosta—. Uno tiene que entender que los ciclos son más o menos largos no necesariamente porque las cosas se hicieron bien o mal sino por su intensidad y por los cambios que merece la sociedad. En 1995 fui designado juez correccional en Rosario y estuve quince años en esa función hasta que en 2010 accedimos a la cámara penal junto con Carina Lurati, que se acaba de jubilar conmigo, y con Alfredo Ivaldi Artacho.
—¿Cómo analiza el nuevo sistema de enjuiciamiento, a diez años de su implementación?
—Para nosotros fue un fuerte desafío. Lo organizamos de la mejor medida con estos colegas con los que diseñamos la reglamentación —vaya un saludo para Carina y Alfredo— junto con los jueces que ya estaban: Ernesto Pangia, Rubén Jukic, Otto Crippa García, Juvencio Mestre. Tomamos la posta e instrumentamos las leyes, organizamos los Colegios de Jueces. No estábamos de acuerdo con muchas cosas. Para dar un tema puntual, el hecho de que los detenidos estuvieran a disposición de un juez era una garantía que debió haber perdurado sobre todo por el pasado del país. Hoy el detenido está a disposición de algo etéreo como un Colegio de Jueces, algo más administrativo que jurídico donde la responsabilidad se diluye. El preso queda en un limbo ante alguien no identificable. Los sistemas pueden ser muy buenos en los papeles, pero las condiciones tienen que estar dadas en el plano social. Si se habla de autarquía financiera y en la caja no hay un peso, ¿de qué sirve?
—En ese sentido, la implementación de la reforma coincidió con la explosión de la violencia narco en Rosario. ¿Cómo analiza el desempeño del sistema frente al problema?
—No se trata del sistema sino de la respuesta de la agencia estatal y de la sociedad frente al fenómeno. La evidencia está a la vista: no hemos dado la talla. No me asigno la responsabilidad ni se la atribuyo a nadie, pero el resultado está a la vista. Tenemos casi el triple de presos que antes de la implementación del nuevo sistema y las condiciones de seguridad empeoraron. El código anterior, inquisitivo y reaccionario, concedía paradójicamente más libertades que el nuevo, que busca resocializar al preso y resolver pacíficamente los conflictos. Ahora se dan mayores facultades a la policía para detener. La lógica de un sistema democrático es que uno tenga la investigación y las pruebas y después ordene las detenciones. Da la impresión de que ahora se detiene para probar en vez de detener con pruebas.
—Se refiere a la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, que aprobaron los partidos mayoritarios en la Legislatura.
—Esa reforma profundizó un fenómeno que viene de antes. El problema parece insoluble. La academia dice que se puede resolver en el largo plazo, mejorando las agencias estatales, haciendo abordajes institucionales en el territorio con todos los ministerios. ¿Pero cómo se hace eso en un momento en que el cliché es que no hay plata? El Ejecutivo tiene otra perspectiva, otras posibilidades, sus gestiones duran cuatro años con concursos electorales cada dos años. Por ahí la tentación es tomar atajos y hacer otra salida sin modificar el fondo. Mi percepción, por ahí con malas fuentes como diría Jorge Asís, es que si no se tocan las causas a la larga el problema va a replicar, y a replicar peor.
Los debates pendientes
Son los primeros días de julio cuando transcurre la entrevista y el flamante ex juez acaba de desocupar su oficina en los Tribunales Provinciales. Hijo de un trabajador ferroviario que no completó la primaria y de una ama de casa, nacido y criado en San Francisquito, Acosta trabajó desde los 18 años y pudo haberse retirado antes, “pero no estaba en mis planes”. A los 65 años, “empecé a preguntarme hasta qué punto le servía a la sociedad y hasta que punto el trabajo me servía en lo personal” y decidió jubilarse.
—A propósito del “no hay plata”, el gobernador Maximiliano Pullaro dice y repite que la Justicia de Santa Fe es cara. ¿Qué le parece?
—Lo que no podemos hacer como justicia es pensarnos invulnerables a cualquier opinión de otro poder constitucional. El debate es legítimo, como es legítimo que se revise y se mejore la situación, porque el dinero sale del pueblo. En la medida en que gastamos de más y mal desprestigiamos el rol del Estado en la economía. Para los que creemos en el Estado como un actor que debe regular la dinámica social, como el único que puede actuar entre la miseria y el mercado, cada peso mal gastado pone en crisis este principio. Los grandes problemas de este país vienen de la falta de controles. No hay información pública. Si va al presupuesto de la provincia y a la ejecución del gasto no puede discriminar cuánto dinero fue a un medio de comunicación y a otro, porque está desagregado en otros gastos. Eso es falta de transparencia. Y en lo nuestro también, si no hay controles. Como Poder Judicial lo peor que podemos hacer es no permitir el debate.
—Intervino en numerosas causas vinculadas con la violencia narco. ¿Cómo debería enfrentarse a las bandas criminales?
—Tuve las investigaciones de las dos bandas principales y firmé el rechazo al juicio abreviado de Los Monos. No hay estadísticas, pero según los datos que circulan en Rosario había alrededor de mil familias viviendo de la economía criminal. Por eso se necesitan abordajes integrales y progresivos con otras propuestas y seguridades para las personas que están en esa economía. Tenemos que analizarlo en términos de un mercado. La justicia provincial ha hecho mucho por perseguir y encarcelar, pero estamos cada vez peor. El tema ahora son las unidades de detención, tenemos el triple de presos pero con menos controles. ¿Cómo damos una alternativa a los mercados criminales? Yo vengo de un barrio periférico de Rosario. Mi experiencia de salir de ahí hoy es muy difícil. ¿Cómo damos algo sustentable para que la gente tenga otros horizontes? Tenemos tres generaciones de hijos que no vieron trabajar a los padres y eso hace un impacto muy fuerte sobre la construcción de sentido. A mí me tocó conocer esa vida con compañeros de colegio. Entonces se decía que en las villas el hijo del que trabajaba, trabajaba; y el hijo del que robaba, robaba. Hoy no se puede afirmar ni una cosa ni la otra, y no solo en los sectores excluidos. ¿Vamos a seguir con la lógica del encarcelamiento, vamos a tener más y más cárceles? Ese debate no se da. Edgar Morin, el epistemólogo de la complejidad, dice que no hay nada peor que dar soluciones simples a problemas complejos.
—El abreviado de Los Monos pudo haber cambiado la historia de Rosario para algo todavía peor de lo que vivimos. ¿Cómo se dio la decisión del rechazo?
—Fue un momento muy duro. La solución no estaba dada con ese acuerdo y había aspectos jurídicos, los hechos imputados no cerraban por ejemplo con las imputaciones. La Corte marcó la primera jurisprudencia para revisar los acuerdos con este caso. Los abreviados eran la lógica del sistema, el juicio oral estaba previsto para el 2 o el 3 por ciento de los casos y hoy está llegando un porcentaje mucho mayor… La sociedad debe saber qué piensa cada juez al momento de ser nombrado. No está mal que se mire y controle el pasar económico de los jueces pero también debería haber una trazabilidad de sus principios y de cómo los llevan adelante en la función. Los jueces necesariamente deben tener convicciones políticas y lo que diga debe ser trazable con sus decisiones, siempre resolviendo dentro del menú de posibilidades que nos da la Constitución.
—Ahora que terminó la mudanza de la oficina, ¿cómo proyecta su nueva etapa?
—Vamos a dejarla fluir. Seguro será con mucha actividad en la docencia, en la Facultad de Derecho, y tengo un par de ensayos por escribir. Una vida totalmente segura no existe, pero eso es también una invitación a la incertidumbre, a la creación, para estar mejor.
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