La decisión fiscal de desvincular a tres personas detenidas en un auto donde había un arma de fuego, en un procedimiento que se había originado en una actuación policial por amenazas, provocó un fuerte impacto en la Fiscalía Regional de Rosario. Uno de los liberados sin formación de causa es el hijo del presidente de Rosario Central.
A la fiscal que tomó el caso en turno de flagrancia, Raquel Almada, por remisión de la superioridad se le formó un sumario en la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esto porque existe como política general, por la gravedad de la violencia en Rosario, formular imputación contra las personas encontradas con armas de fuego.
Lo más serio en términos de política de persecución es que a las tres personas desligadas del caso se les devolvieron los celulares inicialmente retenidos. Lo que generó malestar dentro de sectores que investigan criminalidad en Rosario.
La situación pegó tan hondo dentro del MPA que el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, emitió tras conocerse este episodio una circular interna para unificar criterios frente a hechos cometidos en flagrancia vinculados con la portación o tenencia de armas de fuego en la vía pública.
Los despegados por decisión de la fiscal de flagrancia Raquel Almada fueron Matías Belloso, de 26, Lautaro Gago, de 25, y Dante Méndez, de 26. El que sí quedó para ser imputado es Fausto Carbajo, de 25 años. El motivo es que el revólver 22 largo que los policías encontraron estaba debajo de la alfombra de la butaca de acompañante que él ocupaba cuando fueron requisados.
Fausto Carbajo es una persona señalada en una denuncia judicial del ex futbolista de Rosario Central Jonatan Gómez por prácticas extorsivas ligadas al cobro de deudas en el juego online, algo que Suma Política refirió detalladamente en dos notas publicadas la semana pasada. Un caso en el que aparecen notorias conexiones de la organización criminal señalada por ejecutar el crimen del ex jefe de la hinchada auriazul Andrés Pillín Bracamonte en noviembre de 2024. Este grupo criminal tiene según una pesquisa del MPA que terminó en condena una facción que maneja el juego clandestino online en toda la zona de Rosario.
La causa que inicialmente recibió Almada en el turno de flagrancia fue asignada ahora al fiscal Fernando Dalmau.
Para determinar responsabilidades o deslindarlas será importante reconstruir la actuación a partir de lo ocurrido con la detención que terminó con el hallazgo del arma. Lo que es como hecho interesante, significativo y cargado de suspicacias.
El incidente se inició el lunes 29 de junio cuando dos patrulleros fueron comisionados a la esquina de Estanislao López y Pancho Ramírez en Granadero Baigorria. Eso lo motivó la denuncia de una mujer que dijo que habían ido a amedrentarla dos personas por el pago de una deuda que, dijo ella, ya había sido cancelada.
Cuando las patrullas 10.999 y 11.280 llegaron, dos personas que estaban en esa esquina entraron apresuradamente a un Peugeot 308. Los policías los cruzaron, los identificaron y requisaron el auto. Allí encontraron el arma de fuego por lo que dieron cuenta del hecho a la Fiscalía.
Algo muy importante es lo que pasó después según fuentes del caso contaron a este medio. La víctima de la denuncia declaró que las dos personas con las que había tenido una deuda se llamaban “Humberto Altamirano y Marlene Neirot”. Pero la mujer luego hizo un agregado. Dijo que las cuatro personas que estaban en el Peugeot 308, que tenían un arma de fuego encima y estaban en el mismo lugar desde donde habían llamado a los móviles, no tenían nada que ver con la amenaza.
Una cosa muy típica de personas que están bajo intimidación es que a veces, por apriete, hagan aclaraciones para desvincular a personas que pueden, como en el caso de los cuatro del auto, quedar comprometidas con un hecho que normalmente implica una acción que termina con imputación y detenciones.
Acá el dilema a determinar con el criterio de la fiscal actuante es qué la motivó a separar a tres de los cuatro implicados, uno de ellos el hijo de Gonzalo Belloso que es una figura destacada de la vida institucional de la ciudad, de un caso donde de modo regular se actúa con mayor rigor contra los involucrados.
Según señalaron a Suma Política, en casos semejantes frente a un llamado con cuatro personas detenidas con un arma frente a una intervención policial por amenazas el protocolo de procedimiento determina varias cosas. Se deja presos a todos, se los ficha con impresión de huellas dactiloscópicas, se remite eso al prontuario policial y se ordena detención.
Luego hay tres días para concretar la audiencia en el Centro de Justicia Penal. Se le indica a la Oficina de Gestión Judicial y a la Defensa Pública que las personas están detenidas. Se envía a peritar el arma de modo inmediato para establecer si tiene aptitud para el disparo. Según los antecedentes de los implicados cada fiscal determina cómo se maneja la medida cautelar, principalmente, si se pide prisión preventiva, que no se pide salvo casos muy excepcionales y extraños. Y salvo esas excepciones los jueces suelen dejar inicialmente a todos privados de libertad mientras avanza el caso.
Lo que además es una medida de rigor, y fundamental para la investigación penal de casos que exceden a este, es consolidar el secuestro para la pericia forense de los celulares incautados. Esto porque, como parece evidente en el caso de uno de los detenidos, Fausto Carbajo, los grupos señalados por amenazas en casos de préstamos suelen están insertos en una red más compleja, de las que suelen aparecer rastros en los contenidos de los teléfonos.
Lo que también desnuda este caso, le cuentan fiscales a este medio, son las condiciones de enorme exigencia en la que se desempeñan los fiscales de flagrancia. Estos indican que a veces tienen que responder hasta a veinte incidentes en dos horas en un turno donde la policía envía un aluvión de casos. También dicen que pese a que existen imputaciones y hasta fallos condenatorios de tenencia compartida, existen también casos en que un fiscal desvincula a personas cuando queda claro que un arma de fuego está en poder de uno de los señalados y no de todos.
Si es así y no se forma causa a los demás, señalan, se debe restituir el teléfono porque no se asigna mérito para imputar, que es lo que hizo la fiscal Almada.
No obstante hay instrucciones generales en el MPA para formar causa por tenencia compartida en una situación así: un hecho de amenazas donde aparece un arma de fuego.
“Si yo soy el que maneja, no pongo el arma conmigo, es de cajón”, le dice un investigador de casos así a Suma Política. “La pongo en otro asiento para diluir la responsabilidad. Sería otra cosa si la persona se hace cargo de que el arma era suya”, agregó.
Pero Carbajo según fuentes del caso no se hizo cargo de que el arma encontrada es suya. No hay interrogatorio policial por lo que eso solo podría surgir cuando lo imputen en la audiencia, que no se celebró ni tiene fecha hasta este lunes.
La opacidad del caso también la aporta el hecho de que la persona que llamó para denunciar el apriete que motivó la intervención policial se apresuró a desvincular a los detenidos, que justamente se metieron en el auto cuando llegó la policía al lugar de la amenaza.
El tremendo sacudón que produce este caso llevó al fiscal regional Matías Merlo a plantear tres instrucciones en los casos de detenidos con armas de fuego en flagrancia. La primera es que los fiscales intervinientes deben evaluar prioritariamente solicitar la medida de prisión preventiva, según los presupuestos previstos en el artículo 220 y relacionados del Código Procesal Penal.
También en todos los casos pide secuestrar los teléfonos celulares de las personas detenidas en esos casos. Por último, el fiscal interviniente deberá consultar con el jefe de la unidad de Flagrancia para solicitar el juicio por flagrancia.
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