Funes autorizó un nuevo barrio privado sobre el valle de inundación del Ludueña

Damfield Estancia Deportiva irrumpió el año pasado como una novedad en la geografía rural de Funes: al este del sofisticado Club de Campo Kentucky, el emprendimiento adecuó para deportes diversos —fútbol, rugby, tenis y hockey, entre otros— unas 22 hectáreas, con una infraestructura sorprendente que incluyó gimnasio, vestuarios, un inmenso club house y propuesta gastronómica. Esos espacios son parte de un campo de 204 hectáreas que tiempo atrás perteneció a una familia tradicional de Funes. La novedad, ahora, es que de ese universo serán urbanizadas unas 70 hectáreas, al margen de la veintena ya dedicada a deportes: se trata de un proyecto residencial, a modo de barrio cerrado —a cargo de la misma firma que impulsó la estancia deportiva—, contiguo a la presa retardadora del Arroyo Ludueña y asentado, como muestran los estudios hidrológicos, sobre el mismo valle de inundación de ese curso de agua.

Sin un debate que haya insumido en apariencia tiempo y rigor necesarios —en audiencias públicas o instancias similares de las cuales hayan podido participar ciudadanos de Funes a través de las organizaciones diversas que los representan—, fuera de todo plan estratégico, con consecuencias medioambientales que nadie puede mensurar —y en unos terrenos que, según alguna vez se conjeturó, iban a ser parte de una gran reserva natural—, el proyecto avanzó de manera sostenida. Las instancias gubernamentales correspondientes del gobierno provincial le dieron el visto bueno, previo y necesario para que el 30 de junio pasado el Concejo Municipal de Funes aprobara, por cinco votos contra uno, la urbanización de la desarrolladora inmobiliaria del grupo Damfield. 

“Definitivamente no debería urbanizarse allí. No sabemos cuál es el criterio técnico del gobierno provincial para aprobar esa urbanización”, dijeron a este medio fuentes calificadas.

Suma Política, en varias notas recientes, subrayó el incierto panorama que presagian urbanizaciones asentadas sobre la mancha de inundación de los arroyos en el ejido metropolitano de Rosario, en este caso del Ludueña. La impermeabilización del suelo que provocan esos desarrollos dificulta el drenaje del agua, algo que ocurrirá en caso de abundantes lluvias o desborde del arroyo. Sólo que, probablemente, las consecuencias serán soportadas por zonas vecinas al barrio privado —receptoras del agua que por éste escurren, y generalmente más humildes y despojadas de infraestructura para soportar esa calamidad—. 

El programa de Damfield contempla lotear 270 predios, de unos 800 metros cuadrados cada uno, distribuidos en esas 70 hectáreas a urbanizar. El emprendimiento le dejará a la Municipalidad de Funes un dinero: como contraprestación recibirá casi un millón y medio de dólares de parte de Damfield, que se traducirá en obras y maquinaria para la ciudad. Esta plusvalía está regulada en Funes por una ordenanza municipal, la número 1213, que establece el cálculo de la contraprestación por cuenta del emprendedor; por lo general, las mismas ordenanzas que autorizan estos desarrollos disponen las obras que se realizarán y su valuación; la empresa aporta los fondos y se ejecutan con visado del gobierno municipal.

En la sesión del 30 de junio pasado del Concejo Municipal de Funes, los cinco concejales que aprobaron el emprendimiento fueron Carlos Olmedo, Ana Martelli y Juan Ignacio Rimini, de Juntos por el Cambio, y Edgardo Frattini y Adriana Arce, del Partido Justicialista. Quien votó en contra fue Mauro Míguez, de Unidad Popular. “Juntos por el Cambio y el Partido Justicialista tienen una alianza respecto del modelo de urbanización de la ciudad: un modelo altamente especulativo y de concentración de la tierra en manos de grandes emprendedores”, sostuvo Míguez, voz discordante entre los seis ediles.

El recurso suelo en la encrucijada

El Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (Ecom), que preside el urbanista y arquitecto Ricardo Kingsland, mostró prudencia respecto de opinar ligeramente sobre el proyecto de Damfield. “No sabemos qué criterios utilizó la Provincia para aprobar esto”, señaló.

Sin embargo, Kingsland mostró extrema preocupación por el tema y recordó que el Ecom “viene advirtiendo sobre la problemática de las urbanizaciones dispersas y con un consumo desmedido del recurso suelo en el área metropolitana de Rosario”. Con una clara carga política en sus conceptos, ejemplificó: “Según datos de Nación con registro de los últimos treinta años en el Gran Rosario, las plantas urbanas han crecido en superficie cerca de un 60 por ciento, mientras la población lo hizo sólo un 19 por ciento, acentuando la brecha entre suelo disponible en el mercado inmobiliario y ocupación real con densidades habitativas relativamente racionales”.

Este pensamiento suministrado por Kingsland puede aplicarse al caso de Damfield: ¿cuántas personas vivirán en esas 70 hectáreas, distribuidas en 270 lotes / viviendas? 

Kingsland señaló que la situación no es similar en toda la metrópoli: “En ciudades cercanas a Rosario, especialmente hacia el oeste (Funes es una de ellas) se verifica un desarrollo más intenso respecto de otros municipios y comunas. Sin embargo —dijo—, la ausencia de agua potable, la provisión de infraestructuras de saneamiento, la saturación de automóviles en autopistas y rutas, la lejanía al transporte público y la falta de una estructura articulada de espacios públicos como modo de hacer ciudad parecen ser una constante a revertir, que requiere de una firme conducta política”.

Respecto de urbanizaciones como la de Damfield alertó, otra vez, que de esta manera “se comprometen riesgosamente variables ambientales que involucran la disminución de la cobertura verde y la impermeabilización de los territorios”. En esa línea, subrayó “la pérdida, en algunos distritos de Santa Fe, del 35 por ciento de suelo vegetal en treinta años a esta parte” y “la ocupación de cuencas de escurrimiento hídricas, como las del Canal Salvat o del Arroyo Ludueña y la balsa de inundación de la presa retardadora de ese curso de agua”.

“El lobby por encima de todo”

Por su parte, el concejal disidente Mauro Míguez, de Unidad Popular, denunció que lo de Damfield “fue un trámite express”, que “llegó sorprendentemente con todo el visto bueno de la Provincia y fue aprobado sin discusión, sin deliberación, excluyendo además la dimensión ciudadana, a sectores de la sociedad que debieron estar debatiendo con las autoridades políticas cómo y de qué manera se planifica la ciudad. El proyecto —amplió Míguez— ingresó a principios de junio y fue tratado dos semanas después, sin los argumentos necesarios, políticos o técnicos, que requiere un emprendimiento de esta escala. Esto adelantó muchos pasos porque vino con una serie de autorizaciones de la autoridad medioambiental de la Provincia. Hubo un fuerte lobby de los emprendedores ante la Provincia que aceleró los plazos de discusión. El lobby pasó por encima de todo…”, lamentó Míguez. 

“Funes no tiene un plan estratégico —recordó el edil, como segundo argumento de su oposición—, entonces todo está fuera de un marco que, de alguna manera, podría moderar el crecimiento urbano desordenado que está teniendo la ciudad y que afecta la posibilidad de acceder a la tierra a cientos de familias funenses. Se consolida así —afirmó— un modelo urbano de carácter especulativo, que hace de la tierra no un bien destinado a la vida de las personas sino una mera mercancía, y que expulsa a muchos funenses de clase media y trabajadora, porque estos emprendimientos son presentados como de élite, destinados a un segmento muy pequeño que tiene el financiamiento para comprar lotes y construir allí”. En este sentido, el concejal cargó contra el Ejecutivo municipal que encabeza Roly Santacroce (Partido Justicialista): “No vemos que el gobierno municipal tenga la misma premura cuando se trata de desarrollar, por ejemplo, proyectos de vivienda destinados a sectores que son mayoritarios: la clase media y la clase trabajadora que buscan respuestas”.

Finalmente, reparó en el “impacto ambiental decisivo y negativo” del desarrollo de Damfield. “Se ubica en la zona de la reserva del Ludueña, concebida allá en los 90 como un complemento al desarrollo de la presa del arroyo para contención de inundaciones; una zona que estaba destinada a preservar la biodiversidad, a garantizar el acceso a los humedales como un derecho ambiental fundamental, como un entorno amable. Esto limita el acceso de los ciudadanos a esta reserva e impacta sobre la fauna y la flora de la cuenca del Paraná, depreda y altera la biodiversidad característica de la eco región y, además, tiene un riesgo específico: la impermeabilización del suelo, que ya no resiste inundaciones. Desde los años 80 en la zona hemos tenido grandes inundaciones y las urbanizaciones han tenido un impacto decisivo en eso”.

Deuda social, deuda ambiental 

La consolidación de un modelo urbanizador que está lejos de satisfacer el acceso al suelo por parte de sectores medios y bajos en el ejido metropolitano de Rosario, por un lado, y el impacto negativo para el medio ambiente son los dos ejes sobre los cuales se asienta la crítica a estas urbanizaciones, entre las cuales la de Damfield, en Funes, parece ser un ejemplo más.

“¿Cuál es la oferta habitacional que se le está dando a los funenses? ¿Qué impacto tiene eso sobre el acceso a la tierra y la burbuja inmobiliaria que se viene dando en torno a su precio en los últimos diez años en la ciudad?”, se preguntó, apesadumbrado, el concejal Míguez.

Pensativo, a su turno, el urbanista Kingsland lamentó “la inequidad social y espacial que se genera con barrios cerrados o de élite de gran valor inmobiliario, con casi todos los servicios, y barrios abiertos con consolidación incipiente y carencias urbanas con reclamos urgentes de los vecinos”. Kingsland fue más allá: “La responsabilidad en guiar este fenómeno de la urbanización, tanto de los gobiernos locales como de la Provincia, es ineludible para reconducir este proceso anómalo; no podemos aumentar nuestra deuda social y ambiental, que más temprano que tarde pagaremos todos los ciudadanos”.