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Sociedad

La cara menos visible del tráfico de cocaína: de dónde viene y a dónde va la que pasa por Rosario

Las disputas entre bandas criminales por la venta de drogas en distintas zonas de la ciudad son parte de la vida cotidiana en Rosario. Mucho menos visible resulta la otra escala del fenómeno: el narcotráfico en sus operaciones internacionales. Pero el secuestro de 1.658 kilos de cocaína en un galpón de Juan B. Justo 2885, en el barrio Empalme Graneros, y el decomiso de otros 1.434 kilos en las ciudades de Santos y Rotterdam procedentes del puerto local pusieron este año en primer plano esa dimensión que parece alejada de la violencia callejera y del narcomenudeo cuando en realidad los abastece y encuentra una salida privilegiada a través de la Hidrovía.

Investigadora del Conicet y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional, Carolina Sampó analiza las configuraciones y los métodos del narcotráfico a nivel global. El mercado cambió desde la pandemia, se expande al impulso del incremento en la producción de cocaína y una de sus rutas es la Hidrovía Paraná-Paraguay, un aspecto que Sampó examinó en un extenso informe realizado junto con Valeska Troncoso y publicado por la revista Trends in Organized Crime.

“Tráfico de cocaína desde puertos no tradicionales: los casos de Argentina, Chile y Uruguay”, como se titula el informe, focaliza las rutas actuales del narcotráfico en la región y advierte, entre otras conclusiones, que el tráfico de cocaína se incrementará por la creciente demanda de mercados tradicionales (Estados Unidos y Europa) y emergentes (Oceanía y Asia) al tiempo que las organizaciones criminales pueden volverse más sofisticadas y mejorar su logística. “Tenemos varias líneas de investigación para seguir. Una de ellas, la más importante, es la Hidrovía y específicamente el rol de Rosario”, dice Sampó por teléfono desde EEUU, donde se desempeña como profesora invitada en el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Maryland.


Carolina Sampó

—¿Cómo funciona hoy una organización criminal?

—Hay diferentes tipos, y tienen que ver con el tamaño y la forma que adoptan. Uno podría hablar de mafia y de la ‘Ndrangheta como un tipo de organización criminal que no necesariamente persigue los mismos objetivos que las organizaciones de América Latina. Las organizaciones criminales de nuestra región tienen un perfil volcado hacia la búsqueda del dinero, de los bienes materiales, mientras en la ‘Ndrangueta hay también una búsqueda de poder. La mayoría son pequeñas, y en algunos casos se trata de armadores que se ponen en relación para una operación concreta, por ejemplo para sacar un cargamento de cocaína. A nivel local, del micro tráfico, están los clanes familiares como se ven en Rosario, y la excepción en la región que es el Primer Comando Capital (PCC). Mientras las organizaciones tienden a la atomización, el PCC se expande, pasa de manejar el estado de San Pablo y los estados vecinos en Brasil a convertir a Paraguay en un sitio de acopio y distribución de marihuana y cocaína y a tener cierta penetración en Bolivia. Es el contrajemplo, porque el resto de las organizaciones criminales parecen más fragmentadas y esto es también resultado de una estrategia para tratar de invisibilizarse frente a las fuerzas estatales. En líneas generales, podríamos hablar de organizaciones fragmentadas cuyo objetivo es puramente económico y funcionan como empresas.

—¿Los carteles como los de Colombia ya no existen?

—Carteles eran los de Cali y de Medellín. Se ocupaban de controlar todo el proceso que iba desde el cultivo hasta la comercialización del producto a nivel micro. Controlaban toda la cadena logística. Hoy existen organizaciones que se encargan de diferentes partes del proceso. Si el PCC, supongamos, compra en Bolivia la hoja de coca para procesarla y llevarla a Paraguay y ponerla en alguna vía marítima o aérea, la pregunta es quién la recibe, porque el PCC no tiene capacidad para distribuirla en otros espacios. La respuesta no es compleja: la ‘Ndrangheta maneja entre el 70 y el 80 por ciento del mercado de cocaína a nivel global y se encarga de la distribución en Europa. Hay una discusión sobre hasta dónde llega cada organización. Al momento creo que el PCC llevaba antes la cocaína hasta el puerto, y ahora quizá la mueve un poco más allá. Hay una cooperación entre las organizaciones, pero la ‘Ndrangheta como mafia tiene una estructuración más grande y su presencia en Argentina, Uruguay y Brasil está demostrada.

—La presencia del PCC en Argentina es a su vez objeto de muchas especulaciones. ¿También está comprobada?

—No creo que el PCC tenga presencia en Argentina. Hay jugadores individuales que pueden pretender ser parte de una organización criminal. Era muy claro hace algunos años con las maras centroamericanas: cuando aparecía algún marero en Buenos Aires, se decía que las maras habían llegado a la Argentina. Para mí esto no es tan distinto. No quiere decir que no pueda haber incursiones del PCC, como ocurre en Perú y en Colombia, para negociar o para buscar protección o apoyo logístico de organizaciones locales, pero no creo que haya un desembarco. Primero, porque la llegada del PCC se da a través de lo que ellos llaman “evangelización” dentro de las cárceles, lo que después tiene un correlato fuera de los prisiones, y no parece ser el caso de la Argentina. La segunda cuestión, quizá la más importante, es que ellos tienen muy aceitada la exportación de cocaína a través de lo que denominan la ruta caipira, que vincula Bolivia, Paraguay y San Pablo, básicamente el puerto de Santos y el de Paranaguá, que también le da salida al mar a Paraguay. Brasil es hoy el segundo consumidor de cocaína en el mundo, después de Estados Unidos. El Estado brasileño ha tenido mayor presencia pero el puerto de Santos se sigue utilizando, lo que implica corrupción pública y privada, y para el PCC parecería más lógico cooptar espacios dentro de Brasil, de donde pueden sacar la cocaína desde puertos privados y luego por la Hidrovía.

—¿Como se despliega la “evangelización” en las cárceles?

—El PCC es mucho más que una organización criminal. Nace con el fin de garantizar los derechos humanos de los presos en una cárcel de alta seguridad de San Pablo y se expande. Tiene un código de conducta que implica una forma de vida y máximas a seguir. Para formar parte de manera activa hay que “bautizarse”, y eso determina un compromiso con el crimen para el resto de la vida. El PCC tiene una estructura en anillos cuyo núcleo es la gente bautizada; alrededor se encuentran colaboradores, como si fueran una asociación de amigos, y luego otro círculo más alejado que son los vínculos con la sociedad civil a través de las familias de los bautizados y de los amigos. La organización surge con una misión social, y los bautizados pagan una cuota mensual para colaborar con las familias de los detenidos. Es un sistema de ayuda mutua. No sabemos mucho de la cúpula, cuyos miembros están en cárceles de máxima seguridad desde hace tiempo. Sin embargo, los mandos medios, los que tienen el poder real en el día a día, no arman sus propios negocios y eso tiene que ver con el espíritu que los vincula: una creencia, valores compartidos y un disciplinamiento muy fuerte desde la cúpula hacia abajo. Muchas de las conversaciones grabadas por la policía en Brasil son de disciplinamiento a los miembros, lo que sirve como disuasivo para la fragmentación.



Una situación privilegiada


Los referentes de las pequeñas bandas dedicadas al narcomenudeo son personajes públicos y sus trayectorias pueden seguirse en la agenda mediática. En contraste apenas se conocen los nombres del supervisor de la plazoleta fiscal de los contenedores full, el empleado de Terminal Puerto Rosario y los choferes procesados por la Justicia Federal de Rosario por la contaminación de tres contenedores cargados con maní con los 1.434 kilos de cocaína secuestrados en Santos y en Rotterdam, y se trata del último eslabón de la cadena. Los mayores niveles de responsabilidad asomaron el 30 de noviembre cuando Interpol detuvo a Gabriel Londoño Rojas en el aeropuerto de Abu Dhabi, a punto de ingresar a los Emiratos Árabes; este ciudadano colombiano de 55 años de apariencia pacífica que se alojó en el country Aguadas durante su permanencia en la zona está señalado como uno de los organizadores de los embarques, junto con sus compatriotas Newson Cheung Sabogal y Antonio Ramírez Duque.

Carolina Sampó señala sin embargo que no existen “pruebas concluyentes” sobre actividades de organizaciones colombianas en la Argentina. “Como cono sur estamos relativamente lejos de la zona de producción de la cocaína y venir a la región implica movilizarse más. Como organizaciones criminales buscan maximizar los beneficios y reducir los riesgos. Pero eso también implica desarrollar una logística de apoyo y redes de corrupción pública y privada que tampoco son sencillas de generar”, dice.

—Según el informe sobre el tráfico en puertos no tradicionales, el tránsito de cocaína creció por el incremento de la producción y de la demanda.

—Sin duda. Que no se hablara antes del tema no significa que no existiera. Estaba segura, convencida con respecto a Rosario antes de que trascendieran los casos de este año.

—¿Por qué?

—Porque el emplazamiento territorial de Rosario hacía pensar que era mucho más fácil sacar la producción por el puerto. Si te ubicás en Paraguay, con una frontera tan porosa con Argentina, y te preguntás cómo sacar esa producción de la manera más rápida posible, en cantidad y de forma segura hacia un mercado no tradicional la lógica era ir a Rosario. Hay diferentes modalidades y la que más se utiliza es el rip off, cuando se abre un contenedor y se contamina la carga con o sin anuencia del dueño. Las variantes tienen que ver con los lugares donde se realiza la contaminación: en alta mar, en el puerto, en origen. En el caso argentino una cosa muy loca es que los exportadores pueden pasar por la Aduana en el lugar de origen, por ejemplo Mendoza. Desde ese punto hasta el barco hay muchas posibilidades de contaminación. En otros casos lo que se hace es corromper a algún miembro de la tripulación para que ingrese la droga o se acude a buzos que se encargan de sellar cocaína en los barcos cerealeros.

—¿Las fuerzas de seguridad son incompetentes para las tareas de control y de investigación?

—En realidad el problema va más allá. Tiene que ver con una decisión política. Ningún país de la región, quizá con excepción de Colombia y por influencia de Estados Unidos, parece tener un interés real en combatir el crimen organizado. La cadena está clara: hay producción en un lugar y luego el tránsito que genera pagos en especie; esos pagos presionan al mercado local para que empiece a consumir, lo que provoca rivalidades, disputas por el control territorial entre organizaciones criminales y violencia. No existe una política de combate al crimen organizado en general, no solo contra el narcotráfico; el contrabando, por ejemplo, lamentablemente está normalizado en términos sociales. Las organizaciones criminales no se dedican solo al narcotráfico, muchas hacen otras cosas en paralelo, adaptándose a lo que el mercado demanda: trata de personas, lavado de dinero, tráfico de flora y fauna, explotación de bienes no renovables. Entonces, el problema no es de las fuerzas de seguridad: el problema es de la conducción política. Uno nunca sabe hasta qué punto la clase política está relacionada directa o indirectamente con el negocio. Y en Argentina tenemos intendentes y jueces federales detenidos. Además hay una deficiencia general de las fuerzas de seguridad para generar inteligencia criminal. La inteligencia es mala palabra en nuestro país, porque ha sido utilizada para introducirse en la vida privada de las personas, pero se trata de una herramienta necesaria.

—En diciembre de 2021, en la ciudad de Buenos Aires, hubo condenas de prisión contra varios integrantes del clan Loza por lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional. ¿Fue un golpe importante contra el crimen organizado?

—No. Los actores cambian, pero el negocio sigue. No creo que el clan Loza fuera una gran organización criminal en los términos en los que hablamos. Es cierto que para los parámetros de Argentina era relativamente importante pero a nivel del mercado global es un actor muy menor. Hay una cantidad de cocaína tan grande en la región que las organizaciones buscan alternativas a los puertos tradicionales. Hay un porfolio de rutas y métodos al que las organizaciones apelan y cambian, un know how ya desarrollado y eso también incluye la utilización de puertos no tradicionales y el desplazamiento hacia el sur.

—¿Qué perspectivas podrían plantearse para el futuro inmediato, además del crecimiento del narcotráfico?

—Deberíamos entender como país que este es un problema serio que llegó para quedarse. Para eso es necesario generar una estrategia de combate contra el crimen organizado que no sea meramente discursiva, que realmente implique un plan para frenar el avance y limitar el alcance de las organizaciones criminales.


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