Seis maples de huevos prolijamente apilados en la celda de un capo narco, es uno de los detalles de color que desde el gobierno provincial mencionan cuando tienen que contar con qué se encontraron en las cárceles de Santa Fe.
Los presos tenían delivery de comida porque rechazaban los almuerzos y cenas que les repartía el Servicio Penitenciario. Eso explicó como al pasar el gobernador Maximiliano Pullaro en la televisión nacional para que se entienda de qué habla cuando se refiere a poner restricciones en los pabellones de detención.
Las visitas de familiares y amigos no eran como volvieron a ser ahora: a través de un blindex, con una duración de media hora cada una y sólo dos por semana. Hasta el 10 de diciembre los reclusos se reunían sin que hubiera un límite en la cantidad de participantes y se les permitía permanecer durante todo el horario de visita, que era de 9 a 17. “Ni cuando estaban en la casa se veían tanto. Ahora se les terminó el jolgorio”, repiten las autoridades.
Lo que no van a poder resolver con la misma decisión y rapidez desde la provincia es el hacinamiento que hay en las cárceles. Ni el tan promocionado traslado de presos para vaciar las comisarías pudo hacerse totalmente porque las prisiones santafesinas no dan abasto. Las celdas donde estaba previsto que se aloje un preso, hoy las comparten cuatro.
Entre los planes del actual gobierno provincial está además la construcción exprés de una nueva cárcel provincial para alojar exclusivamente a los presos de alto perfil. Se calcula que en un año y medio estaría en condiciones de recibir los primeros traslados y sólo se sabe que se ubicaría en un predio de 3.000 metros cuadrados ubicado en el sur de Santa Fe (¿Melincué?) y que podría alojar a 576 presos. El anuncio se haría en breve.
Para atenuar la espera, y reforzar el traslado de internos de comisarías, el gobierno provincial a tres meses de empezar la gestión ya licita su primera obra penitenciaria. Anunció que construirá cuatro nuevos pabellones (160 celdas) para alojar 320 presos varones en el Centro Penitenciario de Rosario, en 27 de Febrero al 7800. Los trabajos se licitarán el 9 de abril y estiman finalizarlos en diez meses, para marzo de 2025. El CPR ya cuenta con otros tres pabellones; este se llamará Sub Unidad 4.
Una cárcel, casi diez años
El problema del hacinamiento de presos en la provincia viene de arrastre, pero podría paliarse si el gobierno nacional termina cuanto antes la cárcel para alojar presos federales que está casi terminada cerca de Coronda. Por ahora, un pedido concreto del gobierno santafesino para hacerse cargo de la obra, y también de la cárcel, no obtuvo la respuesta esperada. Tampoco hubo una negativa formal, pero sí evasivas y hasta declaraciones que podrían interpretarse como que no se va a autorizar.
Ni se tomó en cuenta un antecedente de hace un año en Mendoza, donde ante una situación similar con la Nación esa provincia se encargó de terminar el Centro Federal Penitenciario de Cuyo, y se hizo cargo de administrarlo.
Por el momento, las novedades en Santa Fe son negativas: se paralizaron los trabajos en la cárcel (faltaban unos cuatro meses para terminarlos), a fines de febrero se suspendió al personal que quedaba de las empresas que llevaron adelante la obra (una UTE entre las firmas Iecsa y Ocsa), y apenas dos serenos privados se encargan, sin gran eficacia, de que no se dañen o se roben algo de lo que ya está levantado. Es un predio de casi libre acceso, salvo porque tiene su perímetro alambrado.
Se calcula que un 90 por ciento de la obra está hecha; desde la provincia estiman que a la Nación los trabajos ya le costaron varias veces más de lo presupuestado si se toma en cuenta que con cada paralización se robaron materiales y hubo que renegociar costos.
La cárcel federal de Coronda es a esta altura una obra que bate un récord de lentitud: pasó ya por cuatro gestiones de gobiernos nacionales. Arrancó la construcción en diciembre de 2015, en el final de la presidencia de Cristina Kirchner, y atravesó los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y ahora está en manos de Javier Milei resolver su finalización. En el medio se prometieron prontas inauguraciones que nunca llegaron.
Está emplazada en un predio de más de 62 hectáreas en el camino conocido con el nombre de “Las Moras”, a la vera de la ruta 64, entre Coronda y Larrechea. Son cuatro pabellones para 462 presos.
El pedido de que pase a la provincia
Para no insistir con los mismos reclamos de siempre, el actual gobierno provincial creyó haber encontrado otra solución y se arriesgó a pedir hacerse cargo de la cárcel. De terminarla y de gestionarla.
El panorama para que sea la Nación la que la termine pronto no parece alentador, a partir del anunciado recorte en inversiones en obra pública que impulsa el presidente libertario. Con todo, en Santa Fe nadie pierde las esperanzas de que finalmente se termine y sea puesta en marcha, o que sea cedida a la provincia.
El pedido de Santa Fe no es un reclamo de simple generosidad. A cambio pone en la balanza los más de 15 años de deuda que tiene la Nación a raíz de lo que se denomina la “manutención” de los presos federales alojados en las cárceles provinciales, que hoy suman alrededor de 700.
Esa deuda, que sólo tuvo dos o tres pagos parciales a lo largo de todo ese tiempo, se acumula desde el gobierno de Jorge Obeid, cuando se firmó el primer convenio para que el gobierno nacional se haga cargo de esos gastos, aunque después casi nunca se cumplió.
Los montos acumulados, su actualización, más los intereses, dan una suma de unos 14 mil millones de pesos —que sigue creciendo—, lo que puede equipararse al costo de hacer una cárcel nueva para 500 presos, como la que se levantó en Coronda. Sería una compensación razonable, una forma de condonar esa deuda, estiman en la provincia, antes de volver a la carga con el habitual reclamo administrativo por lo adeudado.
Rosario tiene una cárcel de 130 años
No sólo por eso la provincia pide hacerse cargo. Considera que a la Nación “le quedan lejos estas obras”. También le interesa habilitar cuanto antes la cárcel federal porque le imprimiría un “estilo santafesino” de hacer las cosas: no sólo podría empezar a funcionar más rápidamente, ya que eso mismo pasó cuando se inauguraron pabellones en Piñero y en otras cárceles en suelo santafesino, sino que se alojarían más presos de los previstos (está pensada para 465). El Servicio Penitenciario Federal es más reglamentarista a la hora de flexibilizar esos límites.
En Santa Fe en cambio saben que lo que está en juego no es sólo descomprimir los pabellones saturados y evitar las habituales protestas de los presos en esta situación, algo que en Casa Rosada no existe como problema, ni aún cuando pasa.
Están convencidos que si los presos federales van a una cárcel nueva, se podrían desalojar las comisarías que faltan (había 1.700 reclusos mal alojados en esas unidades cuando asumió esta gestión y hoy quedan unos 1.400 repartidos en toda la provincia), con lo que se ganarían patrulleros y policías para poner en las calles de Rosario.
“Porque ya lo hemos hecho antes”, dicen a la hora de explicar por qué definieron hacerse cargo de un problema tan grande, como debe ser poner en marcha una cárcel nueva. Y comentan algunos datos de color: la gestión de Omar Perotti casi no dejó obras en marcha en materia penitenciaria y, donde se hicieron y quedaron inconclusas, se comenzó al revés: se hizo primero la parte que se llama de Gobierno, donde va el personal de conducción, para después continuar con lo más importante, los pabellones.
También le achacan al último gobernador peronista que desaprovechó la oportunidad de desalojar la cárcel más vieja (tiene más de 130 años) y precaria que tiene Rosario, la Unidad 3 de Ricchieri y Zeballos, que estaba previsto desarmar para dar lugar a un desarrollo urbanístico en esa manzana del macrocentro rosarino. En marzo de 2018 se anunció que esa cárcel, construida con paredes de barro para ser un fuerte en 1800, iba a ser demolida.
Los pabellones que se habían construido para concretar ese traslado en el Complejo Penitenciario de 27 de Febrero 7800 fueron ocupados por nuevos presos. En los últimos cuatro año, sólo se trasladaron 7 de los 320 internos, con lo que rápidamente se quedaron sin lugar para mudar a los presos de la U3, donde las condiciones de seguridad no son las mejores. En ese momento, ese proyecto se quedó sin planes.
Mientras, Santa Fe cree que frente a la situación de los presos federales, le está solucionando gratis un problema a la Nación.
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