Nada por aquí, nada por allá. La investigación de los fiscales de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez se parece hasta el momento a un número de ilusionismo: no hay documentos a la vista sobre el espionaje ilegal y otros delitos por los que se acusa al ex ministro Marcelo Sain y seis funcionarios que lo acompañaron en la gestión, pero los funcionarios de la Fiscalía Regional Número 1 dejan trascender que podrán sacar de la galera las pruebas necesarias para apuntalar la causa.
El procedimiento ordenado por los fiscales santafesinos en oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario fue impugnado por Sain como un allanamiento realizado sin orden judicial ni testigos. Pero el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, le dio un aval tácito al declarar que la medida se resolvió después de que se constatara la destrucción de presunta documentación en circunstancias en que los funcionarios que acompañaron al ex ministro se preparaban para dejar sus puestos.
No se trata solo de un problema de formas: Sain denunció un “golpe blando” contra el gobernador Omar Perotti e inscribió la causa en el enfrentamiento con “el bloque tradicional de poder” de la provincia y en particular con el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, a partir de su denuncia por irregularidades en la investigación del crimen del empresario Hugo Oldani.
El criminólogo Enrique Font define la situación como “un caso de lawfare a la santafesina” y las críticas también se hicieron oír con fuerza el jueves pasado en la Plaza 25 de Mayo, durante una demostración de apoyo a Nadia Schujman, referente muy apreciada en la lucha por los derechos humanos y en las causas por delitos de lesa humanidad.
“Cuando digo a la santafesina quiero describir algo más grave que el lawfare de (los tribunales de) Comodoro Py —explica Font—, porque en este caso no hay un gobierno persiguiendo al que estuvo antes, o un sector de la política que erosiona a un gobierno con causas judiciales como fue lo que se hizo contra Dilma Rouseff y Lula. Lo que vemos es una estructura de poder estable, porque involucra a sectores de los partidos mayoritarios con representación en la Legislatura, un sector muy amplio de la administración de la Justicia y un conglomerado de medios —no de periodistas— que acompañan esas operaciones. Es un lawfare mucho más consolidado y peligroso, porque es un bloque de poder que tiene más estabilidad que cualquier gobierno que pase por el poder ejecutivo”.
Las notificaciones enviadas a Sain, Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (estuvo a cargo de la Agencia de Control Policial), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (Subsecetario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones, suspendida en su cargo) reavivaron los cuestionamientos ante la magnitud de los delitos que se imputarían: asociación ilícita, espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Otra investigación, por la licitación para una compra de armamentos, tiene en la mira al contador Maximiliano Novas, ex secretario de Finanzas.
El hermetismo de los fiscales no es tan cerrado como parece. Desde un primer momento se supo que los agentes del Organismo de Investigaciones que realizaron el procedimiento se llevaron cinco bolsas de consorcio con papeles destruidos y computadoras, que además secuestraron teléfonos celulares y, en particular, que habían detectado carpetas donde se almacenaba información recopilada en secreto.
Según una fuente ligada a la investigación, “entre hoy (por ayer, viernes 10 de diciembre) y el lunes (los fiscales) terminan una lista preliminar para chequear con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal si había causas que justificara recopilar información sobre esas personas”. Esa lista comprendería los nombres de “empresarios, políticos, sindicalistas, miembros del Poder Judicial, instituciones y algunos periodistas”.
El mismo vocero afirmó a la vez que “lo de las carpetas es una construcción mediática, no es nada que haya dicho el Ministerio Público”. La situación sería que “si se constata por ejemplo que hubo una búsqueda de datos en la base de la Dirección Nacional de Migraciones sobre los viajes que hizo una persona determinada en los últimos cinco años, para los fiscales es secundario si se hizo o no se hizo una carpeta con esos datos: es delito que hayan realizado la búsqueda y acumulado información de un ciudadano proveniente de una base cerrada sin una justificación legal”.
Font rechaza de plano las sospechas. “Habrá que investigar, pero dudo que Sain y su equipo hayan hecho inteligencia ilegal —dice—. Obviamente trabajan con información, porque es un elemento central para las políticas de seguridad. Pero no hizo inteligencia ilegal en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no es una persona que tenga manchas, y su equipo tampoco”.
“Legalmente, es espionaje —insistió la fuente ligada a la investigación—. La ley nacional de inteligencia dice que solo se puede reunir información sobre los ciudadanos en casos autorizados por la ley o en el marco de actividades de la Agencia Federal de Inteligencia o de inteligencia criminal. Acumular información personal siendo funcionario público y sin los fines autorizados por la ley, es un delito”.
El cargo por malversación de fondos públicos apunta hacia otro plano: la administración de gastos reservados en el Ministerio de Seguridad. La lupa puesta sobre el manejo de esos recursos actualiza uno de los objetivos de las llamadas leyes anti Sain. La norma impulsada por el Frente Progresista para que los legisladores controlaran los gastos reservados fue vetada por el gobernador Perotti a fines de mayo.
“Es evidente la operación para manchar la salida del equipo de Sain del Ministerio de Seguridad —destaca Font—. La fiscalía de Santa Fe está más cerca de ser un comité de la UCR que una dependencia de la Justicia. El fiscal de Santa Fe fue punta de lanza en varias de las operaciones contra Sain y fue también el denunciante cuando hicieron la maniobra para sacarlo del Organismo de Investigaciones. ¿Cómo no pensar que esto no es una operación?”.
Entre tirios y troyanos
El gobernador Perotti pidió al Fiscal de Estado que inicie una investigación administrativa por la presunta recopilación de datos en el Ministerio de Seguridad e hizo una declaración en la que reclamó “objetividad” y “respeto” a los investigadores y al mismo tiempo se manifestó a disposición de la Justicia.
Perotti se distanció así al mismo tiempo, discretamente, de los sectores enfrentados alrededor de la causa que impulsan los fiscales santafesinos. Pero la avenida del medio se vuelve angosta en la provincia, y el cambio de rumbo en la política de seguridad parece indicar un cruce de veredas en ese sentido.
El ministro del área, Jorge Lagna, ya había declarado en forma reiterada que el modelo para las fuerzas de seguridad de la provincia es la policía de la ciudad de Buenos Aires, y el nombramiento del comisario retirado Gustavo Pucheta como subsecretario de Seguridad Preventiva se corresponde con esas aspiraciones. Pucheta participó en el proyecto de creación de la Policía Metropolitana, erigida ahora como horizonte de la alicaída policía santafesina.
Perotti se distanció al mismo tiempo de los sectores enfrentados alrededor de la causa. Pero la avenida del medio se vuelve angosta en la provincia, y el cambio de rumbo en la política de seguridad parece indicar un cruce de veredas
El beneplácito de los referentes de la oposición por la presentación del gobernador en la Legislatura y su llamado al “diálogo sincero” se renovó con las designaciones realizadas en el Ministerio de Seguridad y en particular con el nombramiento del ex comandante de Gendarmería Claudio Brilloni como secretario de Prevención y Control. El tuit al respecto de Patricia Bullrich del 7 de diciembre exime de mayores comentarios: “Con el nombramiento de Claudio Brilloni reconocen nuestro trabajo en seguridad y reivindican nuestra gestión. Déjenlo actuar: denle instrumentos, poder de mando sobre la policía, capacidad operativa y ayuda del Estado Nacional. Comandante, usted tiene condiciones. ¡Éxitos!”, escribió la ex ministra de Seguridad de la Nación.
El eslogan de la campaña que anunciaba la paz y el orden retorna como un búmeran que socava la imagen del gobierno provincial. La cifra de homicidios en Rosario —230 hasta la fecha, lo que reedita la estadística de 2014 y es comparativamente peor porque ya no se trata de enfrentamientos localizados entre bandas sino de la dispersión de la violencia en una espiral fuera de control—, las balaceras periódicas y el hartazgo ciudadano ante la ineficacia del Estado y en particular de la policía apremian a la administración de Perotti para lograr soluciones a los problemas de seguridad, y explican el giro que lleva a buscar coincidencias precisamente con aquellos a los que cuestionó y enfrentó la gestión de Sain.
La causa por el presunto espionaje aparece en el reverso de ese acercamiento entre las principales fuerzas políticas de la provincia. No hay certeza sobre la fecha en que se harían las audiencias imputativas. Pero el suspenso no puede mantenerse por mucho tiempo.
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