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La igualdad también requiere presupuesto

Los tiempos que corren exigen cambios profundos. En un contexto en el que la pandemia todavía no ha terminado y los aspectos más inequitativos del orden económico parecen ser la marca y el signo de los tiempos, algunas temáticas han sido lamentablemente relegadas. Durante muchos años, las mujeres feministas hemos insistido en que no puede analizarse ni entenderse la estructura social y económica de nuestras sociedades (y principalmente la de los países del mundo no desarrollado) sin hacer hincapié en la injusticia de género que las sostiene. La relación entre el capitalismo y el patriarcado no es ociosa: es la forma histórico-social en la que se han constituido nuestras naciones. Las izquierdas y los progresismos han puesto mucho énfasis en una parte de la ecuación, pero han tendido a olvidar su relación con la segunda. Tras una pandemia que evidenció sobre quiénes recaen las principales tareas de cuidado y sostenimiento económico, es necesario recuperar esa interrelación. Las mujeres, sostenedoras de la vida económica social y principales perjudicadas por la desigualdad, deben ser tenidas en cuenta en los presupuestos de gobierno. El mercado no se modificará sin una acción política contundente.

El desarrollo de presupuestos con perspectiva de género resulta, en ese sentido, una política indispensable. Largamente bastardeadas y relegadas, las mujeres hemos sido excluidas de los presupuestos de un modo singular. No se trata de que no hayamos sido tenidas en cuenta como sujetos sociales, sino de que lo hemos sido en los términos característicos de las estructuras dominantes: como una parte de la sociedad a la que le corresponden determinadas tareas, ámbitos y trabajos. No se los mensura ni se los nombra: simplemente se da por sentada su inclusión, pero en los términos de una estructura que está lejos de incluirnos como sujetos de los mismos derechos. Así, los presupuestos refuerzan estructuras tradicionales y desatienden los nuevos rostros de la pobreza y la desigualdad. Para algunos, consustanciados con una perspectiva excesivamente liberal, esto es correcto. Argumentan que los presupuestos se dirigen a todos y a todas, pensando en un mismo punto de partida. Para otros, consustanciados con una visión generalista de la desigualdad, esto también es correcto: argumentan que lo que deben atacar los presupuestos son las situaciones de desigualdad y pobreza en términos globales. El problema de ambas argumentaciones es evidente:

La aplicación de un presupuesto con perspectiva de género a nivel nacional en 2021 ha sido una política auspiciosa cuya aplicación habrá que evaluar pronto y sobre la que es urgente legislar. Pocas provincias han decidido llevar adelante iniciativas similares, mucho menos legislativas, cerrándose en posturas tradicionalistas y conservadoras que omiten las nuevas dimensiones de la desigualdad. En Santa Fe ahora estamos más cerca de repararlo. La presentación y aprobación de un proyecto de mi autoría en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe (que espera ahora media sanción en la Cámara de Senadores) pretende reparar esta situación. De lo que se trata es de promover la participación de las mujeres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones, de garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a una salud integral en general y a la salud sexual y reproductiva en particular, así como a hacer efectivo el acceso a una educación de calidad e inclusiva que brinde herramientas necesarias para la igualdad de oportunidades y de género. Pero, sobre todo, el propósito último es el de desarrollar una serie de políticas tendientes a reducir la pobreza feminizada, a la vez que a reconocer el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Que las políticas afirmativas tengan presupuesto para dejar de ser meros enunciados y materializarse en acciones concretas.

Y aún más: la aplicación de un presupuesto de este tipo puede distar, en muchas ocasiones, de ser la correcta. Para que estas palabras no queden en papel es necesario monitorear. En tal sentido, nuestra propuesta consiste no ya en monitoreos anuales, sino en auditorías permanentes que vayan, consistentemente, aclarando si los objetivos y los programas están siendo cumplidos o no. La desconfianza social en el Estado, que hace crecer a las derechas de todo pelaje, está dada no solo por una reticencia de ciertos sectores al papel de las instituciones, sino por la falta de seguimiento y de cumplimiento efectivo de muchos de sus programas.

Desarrollar presupuestos con perspectiva de género es el punto de partida, pero no el de llegada. En una provincia como Santa Fe, estamos ahora ante el punto de partida. Sin embargo, las experiencias nos indican que debemos arrancar tomando consideraciones firmes sobre el proceso. Arrancamos, pero con experiencias acumuladas. Necesitamos las leyes, pero también las políticas que las hagan reales. En definitiva, transformaciones verdaderas y palpables. Ahora, vamos a dar el primer paso.


La autora es diputada provincial por el Partido Socialista y ex ministra de Educación de Santa Fe

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