La Justicia admitió el amparo legal presentado por la concejala rosarina Daniela León para que la provincia de Santa Fe incorpore a las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) dentro del orden de prioridad establecido para la vacunación contra el covid.
La resolución, adoptada por el juez Luciano Carbajo, del juzgado de primera instancia Civil y Comercial de la 1ª nominación, pide que se agregue en el sitio web del registro “Santa Fe Vacuna” una categoría para las personas con certificado de discapacidad dentro de “grupo poblacional” o de las “patologías de riesgo prevalente”. Hasta el momento solo pueden registrarse para la vacunación a través del listado que la provincia le pide a distintas instituciones.
El gobierno provincial debe contestar en un plazo de 48 horas desde la notificación. La acción judicial impulsada por Daniela León fue presentada el 13 de mayo y lleva la firma del doctor Hernán Martínez. En caso de implementarse, los beneficiarios deberán contar con CUD y domicilio en la provincia de Santa Fe.
“Nos alarma que la provincia de Santa Fe no consideró desde un principio a estas personas como grupo de riesgo, cuando la ONU determinó que el Covid19 tiene un grado de letalidad tres veces mayor en personas con discapacidad”, sostuvo León, integrante del interbloque (UCR/Juntos por el Cambio en el Concejo de Rosario. También precisó que ese informe de la ONU fue ratificado por Agencia Nacional de Discapacidad en septiembre de 2020. Los resultados son elocuentes: el porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad con CUD fue del 7 por ciento frente al 2,2 por ciento entre la población total.
Otro elemento a tener en cuenta es que las personas con discapacidad nunca salieron de la fase 1 de la cuarentena, ya que cualquier contagio de ellos o de sus familiares pondría en riesgo sus vidas. “Estoy en permanente contacto con muchas familias que literalmente no han salido de sus hogares desde marzo del año pasado y notan con dolor y desesperación que no están incluidas”, advirtió León.
Las entidades que acompañan con su firma el amparo son la Asociación Padres por la Igualdad Rosario (Applir), la Asociación para la Inclusión de las Personas con Síndrome de Down de Rosario (Aisdro), Los Pececitos Rosarinos (inclusión a través del deporte) y Mi Lugar, Centro Educativo Terapéutico para Niños y Jóvenes. Además se sumaron como amparistas la doctora Verónica Velasco, Rodrigo Gil, Natalia y Paula Pelillos y Sergio López (en representación de su hijo Gabriel López, que tiene una parálisis cerebral severa).
También adhirieron a la propuesta El Limonero (Centro de día y Centro educativo terapéutico), Personare (estimulación temprana, educación y rehabilitación terapéutica para niños, adolescentes y jóvenes), Centro de Pedagogía y Terapéutica de la Diversidad y Fundación Robles y Robles, y más de tres mil adhesiones de personas con discapacidad y otras instituciones del sector.
Cómo funciona ahora
Lo que motivó la presentación del recurso de amparo de parte de Daniela León es que el actual esquema de inscripción permite, y solo desde hace solo algunos días, anotarse en los ítems “Síndrome de Down”, “Discapacidad intelectual y del desarrollo”, y “Patologías de riesgo prevalentes”, lo que segmenta la población y no la contempla en su totalidad.
“Por eso insistimos en que quienes poseen el CUD con domicilio en Santa Fe, puedan hacerlo sin más trámites”, consideró la edila.
Hasta ahora las personas que han sido vacunadas pudieron registrarse a través de listados que la provincia recibe de centros de día donde concurrían en la etapa pre pandémica.
Si bien en el decreto inicial del aislamiento (ASPO) del PEN en marzo del 2020 incluye a las personas con discapacidad entre los “grupos de riesgo”, no se sigue la misma línea en la resolución del Ministerio de Salud de diciembre de 2020, en la cual se estableció el “Protocolo Nacional para la Vacunación contra la Covid-19”.
Allí se omite ese ítem, aunque deja en uno de sus artículos la potestad de que cada provincia pueda modificar dicho protocolo. “Pedimos entonces que a la hora de anotarse para recibir la vacuna figure directamente entre las opciones. Lo hicimos por la vía lógica del diálogo y ante la falta de respuesta, debimos recurrir a la Justicia”, agregó León.
Recientemente, la provincia de Buenos Aires acató un amparo presentado en el mismo sentido, e incorporó a las personas con CBU al esquema de vacunación. Las provincias de Neuquén y San Luis, por su parte, lo establecieron desde su inicio.
En marzo pasado el Concejo Municipal de Rosario aprobó por unanimidad un proyecto de resolución de León en el cual se insta al gobierno provincial que incorpore a las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad al plan de vacunación. “No hubo respuestas oficiales, incluso después de habernos reunido con la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano”, dijo Daniela León para explicar los pasos previos antes de llegar a la Justicia.
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