Tras un año de fuerte instalación en la ciudadanía, el gobierno provincial comunicó que buscará darle mayor escala a Billetera Santa Fe (BSF) en 2022, con el objetivo de transformarla en una plataforma multiuso que permita no sólo pagar 30 por ciento menos en el supermercado, sino también abonar servicios y gestionar trámites. El anuncio hizo que parte de la oposición renueve sus críticas sobre el manejo de las finanzas provinciales, en particular con respecto a su relación con el Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF), que tiene la exclusividad de operar el aplicativo.
La voz cantante de las observaciones la llevó el ex secretario de Finanzas Pablo Olivares, actual asesor del radicalismo en la Legislatura. Para él, la nueva etapa de BSF abre un escenario peligroso, al servirle en bandeja al banco un batallón de potenciales tomadores de microcréditos, un negocio “altamente rentable” con altas tasas de interés.
En un contexto de alto endeudamiento en la sociedad —según revelaron las sociólogas Verónica Gago y Luci Cavallero—, la “escalabilidad” de BSF le permitiría a la firma del grupo Eskenazi “transformar más de un millón de usuarios de Pluspagos en tomadores de microcréditos”, planteó Olivares, quien volvió a reclamar por hacer del aplicativo un servicio multiplataforma, es decir, que los descuentos puedan aplicarse no importa la billetera virtual que se utilice.
Actualmente, la política de reintegros es exclusiva para quienes realicen sus operaciones vía BSF, que trabaja exclusivamente con Plus Pagos, la billetera virtual de Administradora San Juan SA, entidad subcontratada por el NBSF en su carácter de agente financiero de la provincia. La bonificación de las compras fue regulada a través del decreto 2359 del 30 de diciembre de 2020, que autorizó la contratación directa del NBSF amparándose en el contrato que firmó oportunamente el ex gobernador Miguel Lifschitz.
Para Olivares, la herramienta tiene el potencial de ser “un buen instrumento de política de ingresos”, pero ello se encuentra supeditado a su expansión territorial. Según planteó, BSF “casi no llega efectivamente a sectores pobres”, puesto que dichas franjas “no son de interés” para el banco.
Parece difícil que la Casa Gris atienda el pedido de abrir el juego a otros agentes financieros. Si bien antes de fin de año debe ponerse en marcha la interoperabilidad de los pagos con QR (esto es, que un mismo código pueda ser leído por cualquier billetera virtual o aplicación de pago), nada obliga al gobierno a “socializar” la política de reintegro con el resto de los jugadores del sistema.
En esta línea, diversos miembros de la oposición vienen marcando desde hace un tiempo una estrecha relación entre el gobernador Omar Perotti y el NBSF, en particular con su director Raúl Catapano. Lo hacen no sólo por la política de grandes plazos fijos que tiene la provincia, sino también por un “inexplicable” crédito firmado en la Nochebuena del 2020.
La historia de ese préstamo se remonta al inicio de la pandemia, cuando el Ejecutivo cerró con el NBSF un crédito por 5.000 millones de pesos, que se comprometió a abonar el último día hábil del 2020. Una semana antes de esa fecha límite, Perotti firmó el decreto 2026, en el que hizo lugar a una propuesta de refinanciación del banco, que se hizo a BADLAR + 6 %, una tasa tres puntos más cara de la estipulada inicialmente.
“Si al otro día te diste vuelta y lo metiste en un plazo fijo, porque liquidez en ese momento está claro que no necesitaban porque anunciaron un superávit de 18.000 millones, ¿para qué firmaste la refinanciación?”, se pregunta un ex funcionario del Frente Progresista, que calcula que Santa Fe regala intereses por 300 millones de pesos anuales por esa gestión.
Si bien no hay certezas de que los 5.000 millones hayan ido a parar a las arcas del banco de la familia Eskenazi, los datos oficiales permiten inferirlo. Según reveló oportunamente el propio Olivares, el Banco Central informó en mayo que Santa Fe tenía 90.000 millones de pesos entre depósitos a la vista y plazos fijos. Aunque a esa cifra hay que hacerle algunos ajustes (debe restarse el saldo en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, por ejemplo), la liquidez del erario santafesino no resulta un tema debatible.
Desde el gobierno ya justificaron estas y otras gestiones, indicando que el análisis no debe circunscribirse a lo particular sino al contexto general de incertidumbre que reina desde que el coronavirus se volvió una presencia permanente en el país. “No cuaja que en diciembre hayan tomado ese préstamo por las dudas y en abril hayan preferido no hacerlo, con el argumento de que la tasa que ofrecía el mercado era muy cara. ¿O sea que a Eskenazi sí, pero al resto no?”, machacan los críticos de la gestión económica que realiza el ministro Walter Agosto.
Del otro lado del mostrador, los defensores de Agosto argumentan que fue precisamente la política aplicada por el experimentado dirigente la que le permitió al gobierno ofrecer un 52 por ciento de aumento a estatales y docentes, una cifra que se presume será superior a la inflación. Es cierto, el oficialismo tiene con qué: desde enero del 2020 la gestión acumula un superávit superior a los 27.000 millones de pesos.
En la Casa Gris explican también que la política financiera sirvió para generar un colchón de cara a vencimientos importantes que vienen a partir de 2022. El primero será en marzo, cuando se deban abonar u$s 125 millones, por bonos que tomó Lifschitz durante el festival de endeudamiento en dólares del primer bienio del macrismo. A principios de este año, hubo algunos intentos de Casa Rosada para que Agosto refinancie el vencimiento, pero el ministro no dio el brazo a torcer.
Autor
