La intensificación de violencia que padece Rosario parece tener siempre un nuevo escalón por delante. El inicio del 2023 alcanzó el mayor número de homicidios desde 2014, incluso por encima del comienzo del 2022, un año que cerró con el récord histórico. Y las consecuencias se sufren en todo el cuerpo social.
A fines de abril, una nueva oleada de robos y balaceras conmovió a los comerciantes de distintas zonas de la ciudad y el titular de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, advirtió públicamente que la inseguridad es una variable que afecta las inversiones. La alarma se disparó tras una Semana Santa con un resultado de actividad económica bajísimo. Pero la desesperación tocó un nuevo techo tras el asesinato de Mauro Villamil, el playero que mataron en una verdulería.
La Asociación Empresaria de Rosario reunió a mediados de mayo a una parte significativa del arco empresarial y comercial de la ciudad y difundió un petitorio de medidas urgentes y efectivas en respuesta a los robos, extorsiones, homicidios y balaceras. En la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el reclamo se hicieron presentes vecinalistas, instituciones intermedias, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni.
Un contexto económico de extremas fragilidades que se ven potenciadas por las turbulencias políticas configura un escenario donde los sucesivos episodios de violencia que golpean de forma directa a los comercios, a los empresarios y a los trabajadores, generan un efecto de repliegue y contracción en los mercados rosarinos. Del problema de los arrebatos y las mecheras se pasó a las extorsiones y amenazas que instalan un clima de temor que repercute sobre los negocios locales.
Los costos del delito
Hablar del costo de los delitos puede sonar hasta frívolo, pero la situación que se vive en Rosario exige considerar todas las variables del fenómeno. Es cierto que muchos hechos no son denunciados y es difícil contar con bases fidedignas para un cálculo económico. Sin embargo, los recursos públicos y privados invertidos en medidas de seguridad, salud, prevención, o las pérdidas ocasionadas por el impacto de la inseguridad son considerables.
El crimen impone costos económicos ligados a las pérdidas de vidas, la disrupción de las actividades productivas, el deterioro del ahorro y la inversión, o los esfuerzos públicos y privados en medidas de seguridad. Ante la escalada de violencia muchos empresarios y comerciantes evalúan trasladar o cerrar sus locales. “La inseguridad está al tope de las variables que generan incertidumbre, aún más que la crisis económica”, señala Fabio Acosta, presidente Asociación Casco Histórico de Rosario.
Pero el efecto de la violencia sobre la actividad productiva y comercial no es lineal, sino que se manifiesta en los distintos umbrales de internalización de costos por parte de los actores. Estos van desde el desaliento y el abandono de oportunidades, el pago de extorsiones, los robos, la adquisición de tecnología para aumentar la protección, la vigilancia privada, los sistemas de blindado e infraestructura, entre otros. Las repercusiones se dan tanto en la oferta como en la demanda laboral. Afecta a empleados y a empleadores. Toda la ciudad ve achicadas sus fuerzas productivas y su dinámica económica.
De esa forma, la actividad criminal reduce el producto de la economía porque es menor el tiempo que se le asigna a la producción y se desalienta la inversión en nuevos emprendimientos, generando menos trabajo, posibilidades de consumo y distribución de la riqueza. En 2023, las balaceras y asesinatos continuaron su escalada mientras la economía se introdujo en un compás recesivo y de aceleración inflacionaria.
La competitividad urbana
El concepto de competitividad urbana refiere a la capacidad de una ciudad para generar crecimiento económico, inserción en mercados nacionales e internacionales y mejores condiciones de trabajo y de vida. La inseguridad es un elemento inhibidor de la actividad económica y, por lo tanto, de la creación de empleos. Una ciudad violenta es cada vez menos un lugar para elegir vivir.
Episodios destacados como las balaceras a la parrilla La Estancia en avenida Pellegrini o contra el supermercado de la familia Roccuzzo son señales que exteriorizan a gran escala una realidad que erosiona rutinariamente la confianza y el espíritu emprendedor en cada rincón de la ciudad.
No solo hace perder competitividad a las zonas comerciales céntricas, sino que genera un resquebrajamiento social con derivadas difícilmente anticipables.
“El centro de la ciudad es una caja de resonancia, y lo que sucede le hace perder competitividad a la ciudad en todos los aspectos: turísticos, migración de vecinos hacia zonas aledañas y de jóvenes profesionales hacia otras latitudes, pérdida de inversiones en general”, detalla Acosta.
Uno de los ejes centrales del reclamo empresarial tiene que ver con la asignación presupuestaria nacional y la asignación de recursos policiales en la ciudad. Edgardo Moschitta, presidente de Federación Gremial, explica que no existen indicadores del impacto sobre la inversión y las ventas, pero hay indicios de qué es lo que pasa. “Se dan todo tipo de circunstancias, desde casos extremos de empleados que han renunciado a su trabajo porque no se atreven a concurrir al lugar, hasta planteos de transporte preferencial para poder llegar a los parques industriales”, apunta.
Por su parte, Acosta detalla que las medidas preventivas que los comerciantes e inversores del área central toman frente a la inseguridad están en función de sus recursos económicos: reforzar accesos, alarmas monitoreadas, cámaras de seguridad, empresas de seguridad las 24 horas en algunas galerías comerciales, pago de taxis o remises para los empleados. Con diversos matices y tonalidades, la toma de decisiones económicas en Rosario se vio seriamente dañada en la última década. En ese sentido, Moschitta indica que es posible medir el impacto al calcular los perjuicios económicos del costo que tiene el aumento de la seguridad privada a través de vigilancia física, electrónica y de todo tipo que cualquier comerciante tiene que tener.
Desde la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Alejandro Pastore, destacó que todas las cámaras proyectan una ciudad más vivible, con mejores servicios y mejor calidad comercial, pero hace diez años que la inseguridad forma parte de la agenda pública y no se le encuentra una respuesta efectiva. Una ciudad competitiva no es la que logra captar inversiones por bajos costos de mano de obra o generosas flexibilidades urbanísticas, sino una capaz de crear mejores condiciones y capacidades de la fuerza de trabajo, elevar la productividad y ofrecer mejores condiciones urbanas e institucionales.
Los daños menos visibles
Uno de los costos menos perceptibles y más dramáticos son las vidas y familias destrozadas, lo que en términos económicos se traduce en el deterioro de las capacidades del capital humano. La inseguridad implica fuertes repercusiones sociales y éstas acarrean costos políticos. Muchas veces el intento de amortiguarlos conduce a la sobreactuación de las dirigencias que exageran con sus declaraciones.
“El impacto que tienen las balaceras y las extorsiones es mayor en los comercios más chicos y alejados del centro, donde la agresión es más personal porque el dueño del comercio y su familia están trabajando y hay mayor exposición física”, apunta Moschitta.
Tanto la infraestructura básica como la calidad de los servicios especializados, las innovaciones tecnológicas, las oportunidades de empleo, el ambiente sustentable y la calidad en las regulaciones constituyen los factores contextuales del combate a la inseguridad y promoción de la cohesión social. Es decir, se trata de la construcción de mejores condiciones generales para la producción económica y para el desarrollo de la vida social.
Una mejor estimación de los costos económicos de la violencia ofrece una información vital para las políticas públicas. No alcanza con incrementar la inversión para disminuir la delincuencia, se requiere también implementar acciones que desincentiven el ingreso al mundo del delito, mejorar la gestión policial y del sistema judicial. El crimen no solo victimiza a las personas, sino que siembra desconfianza en las instituciones públicas.
“Esto ya ha llegado a un estadio que no se puede seguir ocultando más, estamos poniendo toda la buena voluntad de parte nuestra para poder prevenir y extirparlo, pero algo más hay que hacer”, define Moschitta.
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